La regulación de productos de consumo de nicotina más seguros podría evitar millares de muertes anuales y a la vez promover el desarrollo socioeconómico en Latinoamérica. Sin embargo, varios países de la región van todavía en contra de esa perspectiva y durante más de una década han optado por el prohibicionismo, dejando de recibir importantes ingresos fiscales y tributarios y, lo más grave, perdiendo la oportunidad de promover el cuidado sanitario relacionado con esos productos de consumo.
En muchas ciudades de la región, se pueden encontrar fácilmente productos adulterados o copias de líquidos importados en cualquier mercado o feria, lo que representa un riesgo directo para la salud del consumidor y un problema inapreciable de salud pública. De hecho, en la mayoría de los países de Suramérica millones de consumidores siguen utilizando productos de vapeo no regulados y sin ningún tipo de control de calidad.
Las iniciativas de regulación en la región podrían garantizar la protección de la salud de un número creciente de vapeadores con una oferta de productos legales que cumplan con estándares de seguridad y calidad para minimizar o extinguir los problemas relacionados con los mercados ilícitos, además de contribuir a superar la crisis económica.
En esta serie de artículos se analizará la situación del vapeo en varios países de América Latina para conocer, de la mano de representantes de organizaciones de la sociedad civil, sus perspectivas actuales y futuras.
Cada año 7.700 peruanos pierden la vida por enfermedades relacionadas con el tabaquismo
Cerca del 8% de la población total del país andino, empieza su consumo de cigarrillo antes de los 15 años. Además, entre la población entre 12 y 65 años, 5 de cada 10 reconoce haber fumado al menos una vez en su vida.
Pese a que es uno de los países con el índice de consumo más bajo de la región entre hombres (7,3%) y mujeres (5,1%), el contrabando de cigarrillos en Perú, como es costumbre en Latinoamérica, inunda el mercado entrando por el sur desde Bolivia y Paraguay y por el norte por Colombia y Ecuador, que son las dos fronteras permeadas por el tráfico de cajetillas.
El 48% del humo que exhalan en Perú es de procedencia ilegal. Según Kantar Worldpanel, la región sur es la más consumidora, con 74%, seguida de la zona centro oriente con un 52% de consumo de cigarrillos de contrabando. Registrando un aumento del 3% en el último trimestre de 2021, los peruanos han gastado $1,2 soles por cigarrillo legal y $0,8 soles por uno irregular, lo que deja la compra de productos legales a un segundo plano. Siendo así, el ratio de compra legal es de 6,4 unidades y el consumo de 2,7 al día, mientras en el ámbito irregular es de 13,3 unidades compradas y 5,8 consumidas. Ese aumento se debe al fácil acceso a las cajetillas ilegales. Además, ambas son idénticas, de modo que el consumidor no puede tener certeza de su origen.
El aumento en la carga impositiva a los productos de tabaco también ha empujado a los peruanos a gastar más por sus cigarrillos o a consumir de contrabando. Es necesario recordar que, en toda la región, el sector de ingresos bajos y medios es quien sufre directamente con las políticas de control de tabaco actuales.
Desafortunadamente alrededor de 7.700 personas pierden la vida por enfermedades relacionadas al tabaquismo, 3.100 mujeres y 4.600 hombres, lo que representa el 5,99% de las muertes anuales en Perú.
El país inca cuenta con cerca de 33 millones de habitantes. De ellos, el 9,6% son fumadores (adultos), lo que significa que hay cerca de 2,3 millones de fumadores. Además, el 7% de los jóvenes entre los 13 y 15 años son fumadores activos y acceden a los cigarrillos en quioscos y ventas ambulantes, pese a la restricción de la Ley 28705 de 2006. Según los datos oficiales, el 61% de los estudiantes no tienen dificultades para comprar cigarrillos. Por otra parte, el 6,3% son usuarios de cigarrillo electrónico.
El estado del vapeo en el país
Perú se encuentra caminando sobre un limbo legal, pues no existe ninguna ley que prohíba o regule el vapeo. Estos productos incluso están fuera del radar fiscalizador, ya que ni siquiera se encuentran recaudando el Impuesto Selectivo al Consumo, nos informa Jorge Palma, presidente de ASOVAPE.
Debido a la ausencia de regulación, es común encontrar tiendas de vapeo con publicidad y anuncios fácilmente reconocibles. Al no estar dentro de ninguna legislación, los establecimientos no sufren prohibición explícita, así como tampoco la viven los usuarios en los espacios públicos cerrados o abiertos. El mercado virtual empezó a tomar fuerza principalmente tras las restricciones locales por la pandemia, llegando hasta las emergentes aplicaciones de domicilios, como Rappi.
La desinformación sobre la epidemia de vapeo importada de Estados Unidos llegó a Perú en 2019 y provocó un descenso importante en las ventas: “acá hay un antes y un después muy marcado; antes del EVALI el crecimiento [de vapeadores] era increíble”, aclara Jorge Palma. La estrategia del gobierno fue seguir el juego del alarmismo y la incertidumbre basados en información muy tergiversada que venía de los EE. UU. y que, incluso, llegó a ser material de alerta para los médicos que atendieron a pacientes vapeadores.
Pese a la ya larga trayectoria del vapeo en territorio peruano, ASOVAPE estima que en todo el territorio no existen más de 150 mil usuarios diarios y frecuentes. Sin embargo, Palma explica que, debido a la existencia del mercado informal del vapeo y el desinterés del gobierno por comprender y reconocer la cuestión, resulta realmente complicado conseguir un dato certero sobre la predilección por el cigarrillo electrónico. “Nosotros [desde] la Asociación asumimos que tenemos alrededor de 100 mil vapeadores en el Perú, pero no hay manera de confirmarlo, aunque no sería raro ser muchos más… pero nunca menos de 25 mil”, afirma Palma.
Como se mencionó, este país cuenta con la ventaja y desventaja de no tener una legislación que acoja al cigarrillo electrónico (y, por lo mismo, tampoco hay una regulación que lo asigne erróneamente al sector del tabaco). Esto ha permitido que la industria se desarrolle a pasos cortos y empiece a insertarse en la sociedad peruana.
A pesar de lo anterior, han sido varios los intentos de regular este rubro, aunque no han concluido en leyes. De hecho, los ataques con las ya repetidas acusaciones falsas sobre el peligro del vapeo han estado presentes, sobre todo luego del caso de desinformación sobre el brote de EVALI, que hizo más frágiles los intentos regulatorios.
Hoy por hoy, circula en el Congreso peruano el Proyecto de Ley No. 7630 de 2020 presentado por el congresista Antonhy Novoa. Este pretende imponer a “las soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina o similares sin nicotina” una carga adicional de entre el 20% y el 100% de su valor comercial. Así, el gobierno está demostrando su preocupación real y, al mismo tiempo, su desconexión total frente a las estrategias de reducción de daños por tabaquismo.
¿La ausencia de regulación favorece la ilegalidad?
La industria peruana del vapeo cuenta con cerca de 25 tiendas legales en todo el territorio del país. Debido a la inexistencia del rubro fiscal, aduanero o salubre en torno al vapeo, se ha masificado el sentimiento “anti-regulatorio” entre los propietarios de las tiendas, puesto que la ausencia de regulación, así como la falta de interés del gobierno sobre el vapeo, proporciona una ventaja económica traducida en mayores ganancias.
Esta actitud es peligrosa y puede hacer que el gobierno tome medidas drásticas sobre el asunto y decida declarar ilegal al vapeo, acabando tajantemente con el negocio, alerta Jorge Palma. Por otra parte, si la industria aboga por una regulación justa, con un enfoque en de reducción de daños por tabaquismo, incluyente, accesible y con una carga fiscal coherente y baja, se puede lograr un blindaje para el rubro para evitar así futuros abusos económicos, como los que ha habido con el cigarrillo.
Afortunadamente, el trabajo de la Asociación de Vapeadores ha tenido una influencia positiva en los intentos de fiscalización que se han dado, logrando también una cercanía con el poder desde lo legal y lo científico, estableciendo un espacio para la voz de los vapeadores peruanos ante el Congreso.
Al mismo tiempo, la mayoría del sector comercial local apoya regularmente a la Asociación, “particularmente aumenta el contacto cuando el bolsillo se ve amenazado por algún intento de fiscalización, pero suelen ser un poco lejanos cuando se trata del enfoque legal y de reducción de daños”, admite Palma.
La Asociación de Vapeadores de Perú (ASOVAPE) nació a mediados de 2019 como respuesta a la ola desinformativa sobre la epidemia de EVALI en los Estados Unidos. Sebastián Tovar, como vocero de la Asociación, empieza una campaña en contra del ataque mediático al vapeo peruano, con un enfoque en la desmitificación del vapeo y la tergiversación de los hechos en Norteamérica. Jorge Palma, actual presidente de la Asociación, ha continuado con ese rumbo de esclarecer a la opinión pública la seguridad del vapeo, así como de evitar una regulación que atente contra los derechos de los consumidores, fumadores y empresarios del vapeo.
“si se establece un impuesto, es prácticamente imposible que lo prohíban”
El interés que tiene el gobierno peruano sobre el vapeo sale a relucir muy casualmente como ficha política, con su preocupación notable por los impuestos que pueden establecerse, y acompañado de un marcado desinterés de la industria por aportar a la correcta regulación. Estos son los ingredientes perfectos para que ocurra un giro desafortunado para la industria del vapeo peruana.
Los mismos órganos gubernamentales se han encargado de desprestigiar e infravalorar al vapeo por medio de la desinformación, logrando increíblemente un rechazo generalizado, lleno de miedo, entre los peruanos frente al cigarrillo electrónico.
“Nosotros les hemos propuesto a las tiendas, como camino a la regulación, presentar un proyecto de ley que establezca un impuesto de entre el 0% y el 20%. Casi se mueren los de las tiendas. Es muy simple: si se establece un impuesto, es prácticamente imposible que lo prohíban [el vapeo], porque ya está legislado”, recuerda Palma. A esto se suman los beneficios de tener la garantía de hacer una importación correcta y segura, un producto legal, así la tranquilidad de no estar a la deriva, sujetos al antojo de un mal gobierno.
Las redes sociales de ASOVAPE Perú están abiertas para recibir las consultas de los usuarios. En Instagram están como @asovapeperu y en Facebook como /asovapeperu, tienen una página web y también cuentan con presencia en Twitter.
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