El siglo XXI promete avances sin precedentes en salud pública, pero el poder para implementar cambios significativos se ve secuestrado por intereses económicos que perpetúan un sistema de desigualdad y muerte. La ironía es trágica: en vez de aprovechar la ciencia y la tecnología para salvar vidas, los mecanismos del lucro convierten las soluciones en privilegios inaccesibles para quienes más las necesitan.
Es irónico, casi cruel, que en una era donde la ciencia y la tecnología tienen el potencial de revolucionar la salud pública sean las dinámicas políticas y económicas las que obstaculicen su implementación efectiva. El poder para transformar los sistemas de salud y conseguir una vida más sana no está en los científicos y expertos que deberían liderar ese cambio, sino en manos de actores económicos y políticos cuyas prioridades rara vez se alinean con el bienestar común.
Esta paradoja se manifiesta no solo en la lucha contra el tabaquismo, una de las principales causas de muerte prevenible a nivel global, sino en diversos aspectos de la salud pública. En lugar de priorizar el acceso a tratamientos efectivos respaldados por la ciencia y a alternativas menos perjudiciales para el consumo de nicotina, las políticas sanitarias se ven frecuentemente capturadas por intereses privados claramente contradictorios.
De este modo, al tratar los medicamentos y tratamientos como productos financieros y no como parte del derecho a la salud, se prioriza la creación de fármacos más rentables que necesarios, promoviendo la financiarización de la salud. Inventos que podrían salvar millones de vidas se convierten en productos de lujo o, peor aún, en soluciones de consumo ilegales, especialmente inaccesibles para las poblaciones más vulnerables en países con economías frágiles y sistemas de salud debilitados.
El sacrificio de la salud pública en el altar del beneficio corporativo
La influencia de las grandes corporaciones no es una novedad. A lo largo del tiempo, las grandes corporaciones han moldeado las políticas de salud globales, no solo al fijar precios o dirigir la investigación y el desarrollo, sino también al dictar las prioridades de estas políticas. En su conferencia “Corporaciones, conflicto de interés y defensa de la salud pública”, el profesor Nicholas Freudenberg explora cómo estas corporaciones influyen negativamente en la salud pública a través de sus productos y prácticas comerciales.
Freudenberg subraya que, al impulsar productos de consumo poco saludables, las empresas desempeñan un papel decisivo en la exacerbación de problemas de salud a gran escala: «Las corporaciones son una fuerza dominante en la economía global, y hay evidencia creciente de que sus prácticas contribuyen significativamente a las causas de muerte prematura y a lesiones prevenibles en todo el mundo». Además, aboga por una mayor transparencia y una regulación más rigurosa de las corporaciones para salvaguardar la salud pública.
La prestigiosa publicación The Lancet ha abordado este fenómeno en una serie de artículos sobre los «determinantes comerciales de la salud», un concepto que desnuda cómo los intereses privados, especialmente los de las multinacionales, erosionan la salud pública y amplían las desigualdades sociales.
Estos determinantes comerciales son, en esencia, estrategias corporativas que, bajo la fachada de la innovación, minan el bienestar social. La promoción de productos nocivos como inofensivos, la manipulación de políticas públicas para atender a los mercados y la distribución de bienes que deterioran la salud son tácticas recurrentes que perpetúan su dominio. La evidencia es contundente: grandes corporaciones y organizaciones privadas transnacionales no se limitan a orientar procesos políticos, sino que muchas veces los controlan y con frecuencia contribuyen al deterioro de la salud humana y del planeta, exacerbando las desigualdades que asfixian a los más desfavorecidos.
Mientras algunas empresas ―como las criticadas tabacaleras― han comenzado a incluir productos menos nocivos en su portafolio, aunque sea por razones comerciales, otras industrias ―como la de alimentos ultraprocesados― continúan operando sin mostrar señales de cambio. Estas corporaciones, que son fundamentales en la epidemia global de obesidad, cáncer y en el aumento de enfermedades no transmisibles como la diabetes y las cardiovasculares, se benefician de regulaciones laxas y de una crítica política y social insuficiente. De manera similar, la intocable industria del alcohol no genera el mismo pánico social que la nicotina y las compañías de combustibles fósiles continúan degradando el medio ambiente y contribuyendo significativamente al cambio climático sin enfrentar la presión necesaria para modificar sus prácticas.
En el ámbito de la salud, y en particular en el control del tabaco, la influencia de los multimillonarios es evidente, aunque sus verdaderos intereses a menudo sean menos transparentes. En lugar de apoyar y financiar políticas globales que aborden de modo realista las raíces del problema del tabaquismo o que fortalezcan la atención médica primaria, estos actores promueven enfoques selectivos que reflejan sus matices ideológicos, priorizan el beneficio económico de sus agenda y actúan abiertamente contra mercados que no pueden controlar, como el de los productos para la reducción de daños por tabaquismo. De esta manera terminan perpetuando la epidemia de tabaquismo que dicen combatir.
Esta dinámica es un claro ejemplo de los «determinantes comerciales de la salud» y de cómo la maniobra del sistema de patentes, entre otros factores, ha restringido la disponibilidad y el acceso a tratamientos esenciales, incluidos aquellos destinados a dejar de fumar.
La privatización de los beneficios del conocimiento científico
Hasta la década de 1970, muchos países permitían la producción de medicamentos genéricos sin el pago de regalías, lo que permitía un acceso más amplio a los tratamientos. Sin embargo, la aprobación del Bayh-Dole Act en Estados Unidos en 1980 transformó radicalmente esta realidad. Esta ley permitió registrar patentes sobre invenciones financiadas con fondos públicos, priorizando el lucro sobre la misión educativa y de investigación en universidades y centros científicos.
El complejo mercado de patentes ilustra cómo las dinámicas de poder contribuyen a la mercantilización de la salud. El derecho de patente otorga el control exclusivo sobre la creación, producción y comercialización de un invento por un mínimo de 20 años. Sin embargo, ese procedimiento va más allá del producto final. Cada pequeño proceso involucrado en su desarrollo puede ser patentado en lo que se conoce como «arquitectura de patentes». Esto, en la práctica, extiende la exclusividad del producto mediante decenas o incluso cientos de patentes adicionales, impidiendo la producción de versiones genéricas más asequibles por un periodo mucho mayor que los 20 años originalmente establecidos. Además, la protección de la propiedad intelectual incluso antes de la publicación de los resultados ha limitado el desarrollo científico de interés público, ha restringido la colaboración académica y ha reducido el acceso a información crucial para la comunidad científica.
La consolidación de este sistema se reforzó con la implementación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), firmado en 1994 bajo la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este acuerdo obligó a todos los países miembros a adoptar leyes de patentes más estrictas. Como resultado, en lugar de promover la investigación en áreas críticas para la salud, el enfoque se ha desviado hacia productos que ofrecen mayores márgenes de ganancia para las grandes corporaciones. De este modo, en lugar de basarse en criterios sanitarios y científicos, el sistema de patentes ha perpetuado un statu quo en el que la salud pública se ve sacrificada en beneficio del interés corporativo.
Al bloquear la competencia y mantener los precios elevados, restringiendo el acceso a productos que podrían salvar vidas, este modelo ha acentuado las desigualdades en el acceso a tecnologías esenciales. Los beneficios se reservan solo para quienes pueden pagarlos o se limitan a los mercados más rentables, lo que amplía la dependencia tecnológica y farmacéutica de los países más pobres. Las áreas de investigación que no prometen una rentabilidad inmediata o significativa simplemente no reciben financiamiento, dejando desatendidas muchas necesidades de salud pública.
Reformar el sistema de patentes alejándolo de la lógica empresarial es un paso crucial para avanzar hacia un modelo de salud pública más justo y equitativo. Es esencial promover un marco legal que facilite la producción de medicamentos genéricos accesibles y que estimule una innovación genuina, enfocada en las necesidades urgentes de la salud pública.
Solo al reducir la influencia de los oligopolios que tratan los productos de salud como objetos de especulación podremos asegurar un acceso más equitativo a las herramientas necesarias para atender a las personas y salvar millones de vidas. La salud debe ser reconocida como lo que es: un derecho fundamental, no una mercancía.
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