El tabaquismo, responsable de millones de muertes al año, sigue su curso devastador mientras las políticas de salud pública, influidas por intereses económicos y políticos, perpetúan la exclusión de los más vulnerables. En un mundo donde la salud se ha convertido en un lujo, el acceso a tratamientos convencionales y a productos de reducción de daños es un privilegio reservado para unos pocos, dejando a millones de personas sin opciones efectivas para abandonar el hábito.
Cada año, millones de personas en todo el mundo desarrollan enfermedades graves como consecuencia del consumo de nicotina con combustión.
A pesar de los esfuerzos globales para combatir esta crisis constante, la realidad es que muchos fumadores no logran abandonar el hábito y, lamentablemente, mueren a causa de estas dolencias. La adicción al tabaco, lejos de ser el único culpable, se perpetúa por la falta de acceso a tratamientos de cesación y productos de reducción de daños. En muchas regiones, esta carencia es el resultado directo de mentalidades sociopolíticas y económicas coercitivas e interesadas, que priorizan estrategias restrictivas y lucrativas sobre enfoques más compasivos, efectivos y universales.
Declarar que el tabaquismo es responsable de aproximadamente 8 millones de muertes anuales muchas veces atenúa la realidad de que ello corresponde a la muerte prematura de más de 15 personas cada minuto.
En 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya atribuía 5,1 millones de muertes al consumo de tabaco, es decir el 9% de todas las muertes en el mundo ese año. En 2019, la cifra ascendió a 8,67 millones y en 2024, sigue cobrando vidas a un ritmo alarmante.
Esta situación muestra la urgencia de revisar y fortalecer las políticas de control del tabaco a nivel mundial para evitar que siga escalando en los próximos años. Con aproximadamente 1 de cada 5 hombres jóvenes y 1 de cada 20 mujeres jóvenes fumadores, la OMS prevé que en 2025 aún habrá al menos 1,27 mil millones de personas fumando, lo que representa un decrecimiento de apenas 30 millones desde 2020.
La epidemia silenciosa de las desigualdades en salud
Lo más alarmante es que la carga de enfermedades y fallecimientos derivados del tabaquismo se está trasladando, de manera casi inevitable, a las personas menos visibles de los países de ingresos bajos y medianos.
El 80% de las personas que fuman en el mundo residen en estos países, una realidad que se refleja en las tasas de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco. Uno de cada dos fumadores morirá debido a enfermedades causadas por el tabaquismo. Así, se puede estimar que en el próximo año, más de 6,4 millones de personas en países de ingresos bajos y medianos podrían morir debido al tabaquismo. Esto también significa que la carga de mortalidad relacionada con el tabaquismo afectará desproporcionadamente a estos países, lo que podría agravar las desigualdades en salud y ejercer una presión significativa sobre sus sistemas de salud.
En estas regiones, los recursos sociales, políticos y económicos para combatir esta epidemia son generalmente escasos o tienen una disponibilidad limitada. La salud, que debería ser un derecho inalienable, se ha convertido en un privilegio inaccesible para muchas personas. Las mentalidades prohibicionistas o negacionistas locales, muchas de ellas parte de grupos de presión política, buscan demonizar y restringir el paradigma de la reducción de daños. A esto se suman los servicios de cesación mal implementados y el costo prohibitivo de los medicamentos, productos y servicios para dejar de fumar, revelando la cruda realidad de un derecho que, en la práctica, se ha transformado en un lujo disponible para unos pocos.
Un control integral del tabaquismo, capaz de salvar millones de vidas mediante las tecnologías de administración de nicotina sin combustión según los conocimientos científicos actuales, está siendo frenado por un sistema que antepone las ganancias al bienestar humano.
En muchas regiones del sur global, que incluye a África, América Latina y partes de Asia, los tratamientos indicados para dejar de fumar ―como las terapias de reemplazo de nicotina, medicamentos como la vareniclina y el bupropión y los servicios de apoyo conductual― son escasos, limitados o, en algunos casos, inexistentes. Incluso cuando están disponibles, suelen ser inalcanzables para gran parte de la población debido a sus costos impeditivos o a la burocracia ineficiente. Aunque estos tratamientos son considerados esenciales para reducir la mortalidad relacionada con el tabaquismo, en muchas regiones son los únicos legales y respaldados por la OMS y, aun así, no logran llegar a quienes más los necesitan.
En paralelo, se libra una intensa batalla cultural, política y económica contra las alternativas sin combustión para el consumo de nicotina, que podrían ser más accesibles y eficaces que los tratamientos convencionales. En lugar de facilitar el acceso a estas alternativas, muchas naciones imponen prohibiciones o restricciones severas sobre los productos de reducción de daños, agravando la situación.
Esta oposición, camuflada bajo el manto del cuidado de la salud pública, la prudencia científica y el principio de precaución, revela una dinámica peligrosa que pone en riesgo la salud de millones al negarles acceso a herramientas más asequibles y efectivas para dejar de fumar.
La salud como mercancía: monopolios, poder y precios inflados
El corpulento mercado farmacéutico, dominado por grandes corporaciones y un núcleo insaciable de inversores, celebra los obstáculos a la reducción de daños mientras ejerce un significativo control sobre la industria y las políticas de la salud.
Estas grandes corporaciones, con frecuencia, inflan artificialmente los precios de sus productos, volviéndolos inaccesibles para la mayoría de la población. Las farmacéuticas han sido acusadas de practicar el shadow pricing, o precio sombra, precio social, una estrategia digna de los carteles: la práctica de asignar un valor monetario a bienes o servicios que no tienen un precio de mercado explícito. En esta práctica las compañías competidoras suben los precios de manera coordinada para mantener altos márgenes de ganancia sin enfrentar una verdadera competencia.
Pero la influencia de Big Pharma también se extiende a los procesos regulatorios y las decisiones políticas. Estas grandes corporaciones han sido criticadas por utilizar su poder para influir en los formuladores de políticas, estableciendo regulaciones que les permiten mantener monopolios, precios elevados y evitar la competencia, afectando directamente la accesibilidad de medicamentos y procedimientos esenciales.
Esta captura de las políticas de salud pública también sugiere una obstaculización en la implementación de estrategias de reducción de daños que podrían aliviar la carga de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Se ha normalizado la salud como una mercancía y, como consecuencia, los intereses corporativos a menudo entran en conflicto con las necesidades y objetivos sanitarios colectivos.
En lugar de ser un recurso accesible para todos, los tratamientos convencionales dominantes (así como las opciones que reducen los riesgos del hábito de fumar) se han transformado en bienes de lujo, restringidos por precios elevados y una limitada cobertura por planes de salud privados. Sin la recomendación o el acceso a productos de reducción de daños, dejar el tabaquismo se convierte en una opción heroica o inalcanzable para muchas personas en el sur global.
Para aquellos que no tienen el privilegio de contar con una buena posición económica o un seguro de salud adecuado, el costo de estos tratamientos representa un obstáculo insuperable, una carga insostenible, especialmente para una parte considerable de aquel 80% más vulnerable. Además, las prohibiciones o restricciones significativas sobre productos de reducción de riesgos y daños del tabaco, mientras que los cigarrillos tradicionales siguen estando legalmente disponibles, agravan aún más la situación.
La situación es todavía más crítica en países con sistemas de salud pública deteriorados frente a un sector privado multimillonario y activo social y políticamente. En muchas naciones, especialmente en aquellas de ingresos bajos, los sistemas de salud pública están crónicamente desfinanciados, políticamente manipulados y generalizadamente deteriorados, lo que limita gravemente su capacidad para implementar programas efectivos de cesación del tabaquismo. Estos programas, que requieren infraestructura adecuada, personal capacitado y acceso a terapias eficaces, suelen verse gravemente afectados por la escasez de recursos.
El derecho a la salud erosionado y la reducción de daños ignorada
La salud, un derecho fundamental, se ha convertido en un privilegio reservado para quienes pueden pagarlo. En un paisaje donde la inversión en programas de cesación del tabaquismo es escasa, los sistemas de salud están debilitados o desfinanciados y el paradigma de reducción de daños es excluido, las políticas públicas han cedido al cabildeo que prioriza tratamientos más lucrativos.
Este escenario ha erosionado la capacidad del Estado para ofrecer tratamientos accesibles, sacrificando el bienestar colectivo para maximizar beneficios privados. La mercantilización de la salud ha alcanzado un punto crítico y aquellos tratamientos diseñados para combatir una de las principales causas de muerte prevenible, como el tabaquismo, además de discutible efectividad, están fuera del alcance de las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, la lucha contra el tabaquismo ilustra cómo la salud ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo. La urgencia de replantear el sistema de salud global se hace evidente; es imperativo que el acceso a la salud deje de ser un privilegio. Reorientar las políticas hacia la inclusión del paradigma de reducción de daños y derechos universales, donde la vida humana sea priorizada por encima del lucro, es impostergable. La realidad actual exige esta transformación.
El poder en la salud pública, concentrado en manos de unos pocos, perpetúa desigualdades profundas en el acceso y la calidad de los servicios. Este fenómeno se manifiesta de manera aguda en América Latina, donde las estructuras de poder y los sistemas de salud están íntimamente ligados a factores políticos, económicos y sociales. En México, por ejemplo, la salud pública ha sido capturada por la burocracia y la corrupción, resultando en un aumento de la ineficiencia que deja a la población en una situación de vulnerabilidad extrema. En Brasil, la creencia en la superioridad de la medicina privada ha fragmentado el amplio y ejemplar sistema de salud gratuita y universal del país, creando un obstáculo formidable para las políticas que buscan garantizar la salud como un derecho universal.
La complejidad política de los sistemas de salud, sumada a la opacidad en el financiamiento y la cobertura, dificulta la equidad en el acceso a servicios esenciales. Este desafío evidencia la urgencia de implementar políticas que no solo amplíen la cobertura, sino que también aseguren la equidad y la justicia social. Así mismo, es imperativo que estas políticas incluyan estrategias de reducción de daños, reconociendo que salvar vidas no siempre pasa por la erradicación total de riesgos, sino por minimizar sus efectos cuando la erradicación no es inmediata. Solo así la salud podrá ser rescatada de la mercantilización, garantizando que pueda ser un derecho universal, accesible para todos, y no un privilegio reservado a unos pocos.
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