En marzo, de Polonia a Tailandia, pasando por Luxemburgo y Paraguay, creció el impulso global por prohibir o restringir severamente las alternativas al cigarro combustible. Pero mientras los gobiernos endurecen las regulaciones sin tener una base científica sólida, la ciencia insiste: reducir el daño no solo es posible, es urgente.
En medio del zumbido constante de los engranajes institucionales que giran en Europa, Asia y América Latina, una corriente silenciosa pero implacable y aberrante comienza a tomar cuerpo: la normalización de la criminalización de la innovación en nicotina.
Allí donde la salud pública debería apoyarse en la evidencia más reciente y en la complejidad de los contextos sociales, lo que emerge con fuerza es una lógica prohibicionista, muchas veces alimentada más por el pánico moral que por el conocimiento científico.
Gobiernos que deberían liderar una transición hacia modelos más humanos y realistas, optan en cambio por levantar muros frente a tecnologías que podrían salvar millones de vidas.
El enemigo ya no es únicamente el cigarrillo tradicional —ese artefacto letal que, según la Organización Mundial de la Salud, provoca más de ocho millones de muertes cada año—, sino también las herramientas que ofrecen una alternativa tangible para quienes no logran abandonar estos mismos artefactos por completo.
La paradoja se instala: lo que podría reducir el daño es condenado con la misma dureza que aquello que lo perpetúa.
Polonia: el sabor de la represión
El 17 de marzo de 2025, el Ministerio de Sanidad de Polonia confirmó la intención de presentar un proyecto de ley para prohibir los vapeadores desechables y restringir los sabores no tabáquicos en las bolsas de nicotina. Se espera que la iniciativa llegue al Consejo de Ministros durante el tercer trimestre del año.
El proyecto marca un giro regresivo frente a lo que podría haber sido una regulación sensata y proporcional. A finales de 2024, el mismo gobierno había avanzado con una ley para regular las bolsas de nicotina y, en el último momento, las restricciones a los sabores fueron eliminadas a pedido de ministros más moderados. Hoy, esa racionalidad cede paso al reflejo prohibicionista: lo que antes se discutía, ahora se censura.
La medida ignora deliberadamente un aspecto clave: los sabores no son un lujo superfluo ni un anzuelo infantil, sino una herramienta decisiva para miles de adultos que buscan alejarse del cigarrillo tradicional. Al prohibirlos, no se protege al consumidor vulnerable, se lo empuja, una vez más, hacia el único producto que permanece siempre disponible: el tabaco combustible.
Paraguay: regulación con sombras
Al otro lado del planeta, el 18 de marzo, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un proyecto de ley promovido por el diputado liberal Luis Federico Franco que busca establecer un marco normativo para los vapeadores. La propuesta regula, pero impone una batería de restricciones que dificultan su viabilidad. La iniciativa, presentada en agosto de 2023, avanza con una serie de medidas que, aunque no eliminan el producto del mercado, construyen un cerco cada vez más estrecho a su alrededor:
- Advertencias gráficas obligatorias en el 60% del envase,
- Prohibición de toda referencia sensorial en los sabores —como “frutas”, “caramelo” o “chocolate”—,
- Límite de nicotina de 20 mg/ml,
- Prohibición de ventas en línea,
- Licencias obligatorias para todos los puntos de venta,
- Restricción del uso de aditivos como vitaminas o estimulantes,
- Prohibición de vapear en espacios públicos cerrados o en presencia de otras personas,
- Responsabilidad extendida para los fabricantes en la gestión de residuos posconsumo.
El proyecto ahora será revisado por el Senado y, de ser aprobado, las agencias gubernamentales dispondrán de un plazo máximo de 90 días para reglamentar su aplicación.
A primera vista, podría parecer una política de control sensata, pero en la práctica lo que se perfila es una regulación que asfixia sin llegar a prohibir. Un modo de neutralizar sin confrontar. Las restricciones no sólo podrían desalentar a los consumidores adultos que buscan alternativas al cigarrillo, sino a los comerciantes legítimos, dejando la puerta entreabierta al mercado ilícito, que ya domina buena parte del continente.
En lugar de construir una regulación inteligente que distingue entre daño y riesgo, entre uso adulto y acceso juvenil, Paraguay avanza hacia un modelo que parece más preocupado por el castigo que por la prevención. Aunque no prohíbe el producto, el efecto podría ser el mismo. La regulación se convierte en un cerco: neutraliza sin declarar la guerra abiertamente.
Luxemburgo: prohibición disfrazada de regulación
Luxemburgo no prohíbe con palabras, pero sí con números. Utiliza el umbral técnico como un instrumento de censura; una estrategia sigilosa y peligrosamente efectiva.
El 11 de marzo, el gobierno de Luxemburgo notificó a la Unión Europea un proyecto de ley que establece un límite de nicotina de apenas 0,048 mg por bolsa, una cifra tan baja que, en la práctica, equivale a una prohibición encubierta del producto.
Pero no se detiene ahí. El texto también introduce restricciones severas en el etiquetado, la comunicación comercial y las advertencias sanitarias. En algunos casos va incluso más allá de lo que exige la Directiva Europea sobre Productos del Tabaco (EC TRIS database).
La Comisión Europea, Grecia y Suecia calificaron la medida como “desproporcionada” y contraria al mercado común: advirtieron que “excluye todos los productos relevantes del mercado” y cuestionaron su compatibilidad con los principios del mercado único.
Grecia fue clara al señalar que la norma propuesta “obstaculiza el funcionamiento del mercado interior”, mientras Suecia se preguntó por qué no se consideraron medidas menos restrictivas. La Comisión, por su parte, recordó que las advertencias gráficas a las que Luxemburgo pretende obligar son aplicables sólo a productos de tabaco para fumar y no a las bolsas de nicotina, subrayando que esa diferencia debe ser respetada.
El período de suspensión para comentarios se ha extendido hasta el 10 de junio, abriendo una ventana para nuevas objeciones jurídicas, científicas y políticas. Pero lo que está en juego va más allá de un tecnicismo regulatorio. Luxemburgo intenta aplicar una prohibición sin nombrarla como tal, utilizando el umbral de nicotina como instrumento de veto. No se prohíbe el producto; se vuelve inviable. Y así, bajo el ropaje de la legalidad, se bloquea el acceso de los consumidores adultos a alternativas de menor riesgo sin ofrecer a cambio una política real de cesación.
Tailandia: prohibición por inercia
El 20 de marzo, el Parlamento tailandés debatió el informe de un comité especial creado para estudiar posibles marcos regulatorios sobre los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. El documento —no disponible públicamente— delineaba tres escenarios:
- Fortalecer la prohibición existente,
- Permitir solo los productos de tabaco calentado bajo regulación o
- Legalizar ambos productos con controles estrictos.
El resultado del debate no dejó margen de duda: el consenso político fue rechazar cualquier forma de legalización.
Los argumentos, repetidos como un mantra burocrático, fueron los mismos de siempre: “riesgos para la salud”, “uso juvenil”, “dificultad para hacer cumplir las restricciones”. Pero detrás de esa retórica se esconde otra verdad: el miedo ha desplazado a la evidencia como principio rector de la política sanitaria.
Al optar por la inacción, Tailandia consolida un status quo profundamente contradictorio. Mientras los productos de menor riesgo siguen prohibidos, el cigarrillo combustible —responsable de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y millones de muertes prevenibles— permanece legal, accesible y normalizado.
No hay paradoja más violenta en salud pública: negar al ciudadano adulto la posibilidad de elegir una alternativa menos dañina en nombre de una protección simbólica que, en realidad, perpetúa el daño real.
Alemania vs. Europa: el escepticismo racional
En diciembre de 2024, el Consejo de la Unión Europea recomendó extender las restricciones al uso del vapeo y productos de tabaco calentado incluso en espacios abiertos, lo cual encendió una alarma en Berlín.
El Bundesrat, la cámara alta del Parlamento alemán, cuestionó la solidez de los datos científicos que sustentan la recomendación y su posible impacto en la vida pública y económica. En su carta, publicada en 2024, los legisladores expresaron dudas sobre la fiabilidad de los datos utilizados para justificar la expansión de las restricciones y advirtieron sobre posibles efectos colaterales en el sector de la hostelería y la vida pública. ¿Es proporcional esta política? ¿Está basada en evidencia sólida o responde a un reflejo ideológico más que a una urgencia sanitaria?
La Comisión respondió el 17 de marzo que las recomendaciones no son vinculantes y se basan en informes del Comité Científico de la Comisión sobre Riesgos Sanitarios, Ambientales y Emergentes (SCHEER), así como de la Organización Mundial de la Salud. Pero esa respuesta no elimina el problema: muchas recomendaciones acaban convertidas en ley sin debate público, normalizando políticas sin base científica robusta.
En el contexto político actual, la no vinculación legal es una defensa frágil. Muchas veces, las recomendaciones de Bruselas se convierten en leyes nacionales sin el debate público que merecen —y sin que se evalúen adecuadamente sus efectos sobre derechos, contextos y poblaciones diversas—.
Alemania, al menos esta vez, optó por el escepticismo racional. Una posición incómoda en una Europa que, con demasiada frecuencia, confunde el principio de precaución con el dogma preventivo. Así, corre el riesgo de cerrar el espacio cívico y científico en el que debería discutirse, con matices y pruebas, el futuro de la salud pública.
Estados Unidos: residuos sí, productos también
En Nueva Jersey, el 17 de marzo, tres senadores demócratas presentaron un proyecto de ley poco común en el actual escenario global: regular sin prohibir, responsabilizar sin demonizar.
La propuesta exige que los fabricantes de cigarrillos electrónicos formen o se integren a una organización de responsabilidad extendida del productor. Esta entidad deberá presentar, en un plazo de cinco años, un “plan de gestión de residuos de cigarrillos electrónicos” que elimine los costes que hoy recaen sobre el sector público por la recogida, el transporte y el procesamiento de estos productos tras su consumo (New Jersey State Legislature).
Aquí, la lógica no es sanitaria ni moral, sino ambiental. Y justamente por eso es doblemente interesante: se reconoce que el problema no es el producto en sí, sino lo que ocurre después de su uso. Se regula desde la corresponsabilidad, no desde el castigo. Es un enfoque maduro y coherente: el Estado no criminaliza, exige que quien se lucra también repare.
En un momento en que muchos países optan por atajos prohibicionistas, Nueva Jersey ofrece una vía distinta: responsabilizar a la industria sin condenar la herramienta. Un recordatorio de que es posible diseñar políticas públicas que equilibren salud, sostenibilidad y libertad individual.
Marzo en movimiento: control, pero con matices
Mientras algunos países endurecen sus políticas hasta la asfixia, otros optan por regular con más precisión, sin caer en el reflejo prohibicionista.
En los Países Bajos, el 11 de marzo, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que establece un sistema obligatorio de registro para todos los minoristas de productos de nicotina bajo la supervisión de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y de Productos de Consumo (NVWA). Se trata de una medida que, sin prohibir, busca transparencia y trazabilidad, pilares básicos para cualquier mercado regulado.
El 19 de marzo, los Emiratos Árabes Unidos avanzaron en una regulación técnica de las bolsas de nicotina: límite de 20 mg por unidad, advertencias sanitarias del 30% en el etiquetado y prohibición de aditivos nocivos. Las normas, adoptadas bajo una resolución de enero, entrarán en vigor el 29 de julio de 2025 (ESMA).
Por su parte, Malasia decidió posponer la entrada en vigor de la prohibición de exhibición de vapeadores en puntos de venta. Prevista originalmente para abril de 2025, se aplicará finalmente en octubre (Ministry of Health Malaysia). Es un aplazamiento que, más allá de lo técnico, sugiere que la implementación apresurada de ciertas medidas puede ser contraproducente.
Son movimientos pequeños pero relevantes, pues muestran que es posible regular sin extinguir, proteger sin asfixiar.
El futuro no espera
Hoy, más que nunca, necesitamos regulaciones proporcionadas, informadas y sensatas. No porque debamos promover el uso de nicotina, sino porque tenemos una obligación ética ineludible: reducir el daño en un mundo donde el cigarrillo sigue matando a millones de personas.
El paradigma de la reducción de daños del tabaquismo no es una teoría marginal ni una concesión a la industria: es una estrategia de salud pública respaldada por décadas de evidencia empírica y científica. Aplicarla a la nicotina no es una herejía, es coherencia histórica. La historia reciente ya lo ha demostrado: el prohibicionismo nunca salvó a nadie.
La ciencia, en cambio, sí.
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