La COP10 dejó muchas preguntas sin responder y mostró la necesidad de un diálogo más inclusivo y transparente en futuras conferencias. Nunca ha sido más clara la importancia de abordar la regulación de productos de tabaco y nicotina emergentes de una manera que equilibre la protección de la salud pública con la innovación y el acceso a alternativas de riesgo reducido. La esperanza es que en futuras reuniones se adopte un enfoque más colaborativo y basado en evidencia para enfrentar los desafíos del control del tabaco a nivel mundial.
La décima Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) cerró sus puertas en Ciudad de Panamá entre críticas por el manejo de sus debates, marcados por su carácter cerrado y la exclusión de ciertos participantes y perspectivas.
La conferencia, que tenía el potencial de ser un foro para el intercambio abierto y constructivo sobre políticas de control del tabaco, se vio empañada por la falta de consenso. Un punto crítico en la agenda fue la discusión sobre los productos de tabaco y nicotina emergentes, que se convirtió en el foco de una división significativa entre los delegados.
La disputa giró en torno a la mejor manera de evaluar estos productos. Un grupo promovía la formación de un grupo de trabajo para analizar los datos existentes, mientras que otro prefería encargar el análisis a un panel de expertos. La incapacidad para llegar a un acuerdo en este asunto llevó a posponer la decisión hasta la próxima reunión, COP11, dejando en suspenso una política integral frente a estos productos.
Ejemplos de mal debate
Como se mencionó, el evento recibió duras críticas por su falta de democracia, transparencia y accesibilidad. La notable exclusión de representantes oficiales de Brasil, así como de la prensa, planteó serias preguntas sobre la apertura de las discusiones y procedimientos. Denegar la acreditación a periodistas, en particular, señala un movimiento hacia una mayor opacidad, limitando el escrutinio público y la cobertura mediática de debates cruciales para la salud pública mundial.
Un tema particularmente ilustrador fue el tratamiento dado al «caso sueco». Suecia, reconocida por tener la tasa más baja de consumo de cigarrillos a nivel mundial, representa un caso de estudio en la reducción del daño del tabaco. Sin embargo, este enfoque fue en gran medida ignorado o menospreciado durante la conferencia, a pesar de su potencial como modelo para políticas de salud pública efectivas.
Durante los debates de la COP10, se registraron tensiones y desencuentros significativos. Uno de los puntos más conflictivos fue la difusión de desinformación, que fue notable en la declaración infundada de un delegado que vinculaba el vapeo con el cáncer, a pesar de la falta de pruebas científicas sólidas que respalden tal afirmación. Este incidente subraya la necesidad de una orientación científica en los debates que permita distinguir entre hechos y ficciones en el ámbito de la salud pública.
Intransigencia en la COP
El cierre de la conferencia estuvo marcado por discusiones en torno a temas polémicos sin que se alcanzara un consenso claro entre los países miembros. Este ambiente puso de manifiesto las divisiones y la falta de una estrategia unificada en la lucha contra el tabaquismo.
Un episodio que ilustra estas tensiones ocurrió cuando se silenció a un delegado por proponer la reducción del daño como estrategia central contra los efectos adversos del tabaquismo. A pesar del respaldo científico que señala los beneficios potenciales de adoptar productos menos dañinos, esta sugerencia encontró una fuerte resistencia, llegando a ser considerada casi herética por algunos participantes.
Esta reacción refleja un rechazo generalizado a explorar alternativas de reducción de daños dentro del control del tabaco, incluso cuando estos enfoques podrían ofrecer soluciones efectivas para mitigar los impactos negativos del consumo de tabaco y nicotina. La evidencia científica actual, como la revisión sistemática de Cochrane y otros estudios, sugiere que ciertos productos de nicotina, como los vapeadores, pueden ser herramientas efectivas para dejar de fumar, ofreciendo una opción de riesgo reducido en comparación con el cigarrillo tradicional.
Sin embargo, el debate en la COP10 muestra una tensión entre la adhesión a políticas de control estrictas y la consideración de estrategias basadas en la reducción del daño, una dicotomía que continúa influyendo en el discurso global sobre el control del tabaco.
La satanización del tabaco
Adriana Blanco Marquizo, secretaria del Convenio Marco para el Control del Tabaco, manifestó optimismo respecto a los resultados de la reciente conferencia, a pesar de los desafíos y las divisiones que hubo. Reconoció que, aunque no se logró un consenso universal en todos los temas, esto no es un retroceso en los esfuerzos de control del tabaco. Subrayó el compromiso continuo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la mejora de la salud pública y anunció la adopción de medidas provisionales para abordar los asuntos pendientes.
Blanco Marquizo también señaló la falta de evidencia científica consolidada en temas específicos como la toxicidad y la adicción relacionadas con los productos de tabaco y nicotina emergentes. No obstante, destacó los avances logrados en el acuerdo sobre cómo gestionar el atractivo de estos productos a través de las directrices. Reveló que varios países ya han comenzado a implementar recomendaciones sobre advertencias sanitarias, lo que, en su percepción, indica un progreso tangible en la regulación de estos productos.
La directora del CMCT ha destacado la amenaza significativa que la industria tabacalera representa para el medio ambiente. Subrayó cómo las prácticas de cultivo de tabaco agotan los nutrientes esenciales del suelo y dependen intensivamente de los plaguicidas, lo que contribuye a la contaminación ambiental. Este impacto negativo en el suelo, dijo, dificulta su uso futuro para otros fines agrícolas, señalando un problema ambiental crítico asociado con la producción de tabaco. Sin embargo, no se han mencionado el impacto económico y social en la vida de millares de personas que viven de esta cadena de producción.
«Las tierras utilizadas para el cultivo de tabaco son tierras que no pueden reconvertirse rápidamente para ser utilizadas de nuevo porque el tabaco, por un lado, es muy exigente en nutrientes del suelo, pero también requiere el uso intensivo de plaguicidas, por lo que el tabaco es realmente muy contaminante», alertó la Dra. Blanco Marquizo.
¿Dónde quedaron la reducción de daños y los derechos humanos?
La omisión de la estrategia de reducción de daños en las discusiones de la COP10 ha sido motivo de preocupación, pues indica la resistencia del CMCT a adaptarse e innovar en sus políticas de control del tabaco.
La reducción de daños, que busca minimizar los efectos negativos del consumo de tabaco ofreciendo alternativas menos perjudiciales, ha recibido apoyo en ciertos círculos científicos y de salud pública. Sin embargo, su exclusión en las deliberaciones sugiere una negativa a considerar enfoques que se desvíen de la abstinencia tradicional.
Una de las decisiones destacadas de la COP10 fue reforzar el Fondo de Inversión del CMCT e, irónicamente, el impulso de incorporar la promoción de los derechos humanos dentro del marco del CMCT. Esto indica la necesidad de integrar consideraciones de salud pública y derechos humanos en la lucha contra el tabaquismo, reconociendo el impacto profundo del consumo de tabaco en la salud global y el bienestar social.
Este enfoque hacia la integración de la salud pública con los derechos humanos se puede comprender como un compromiso renovado para abordar el tabaquismo de manera holística, considerando tanto sus efectos sanitarios como sociales, lo que en estos momentos parece existir solamente en el discurso.
Sin embargo, el interés por promover los derechos humanos y, al mismo tiempo, negar la reducción de daños por tabaquismo resalta una paradoja en las políticas de salud pública global. Por un lado, se observa un compromiso ético con la protección y el mejoramiento de la salud humana, pero, por otro lado, la reticencia a integrar plenamente el paradigma de la reducción de daños en las estrategias contra el tabaquismo parece contradecir ese compromiso al limitar las opciones disponibles para quienes buscan alternativas menos perjudiciales al tabaco combustible.
Desde una perspectiva de derechos humanos, negar el acceso a estrategias de reducción de daños podría interpretarse como una falla en reconocer la dignidad y la autonomía de las personas, especialmente aquellas que luchan contra la adicción al tabaco. La capacidad de tomar decisiones informadas sobre su salud es un derecho humano fundamental, y las políticas que restringen el acceso a información y recursos para una elección más segura pueden verse como una infracción de ese derecho. Además, la reducción de daños no solo tiene implicaciones para la salud individual, sino también para la salud pública en general. Al negar o limitar el acceso a alternativas menos dañinas, las políticas pueden inadvertidamente mantener a las personas en patrones de consumo más riesgosos, perpetuando así los daños asociados al tabaquismo a nivel de la población.
Esto plantea cuestiones éticas sobre el equilibrio entre la protección de la salud pública y la promoción de la autonomía individual, especialmente en contextos donde las alternativas de reducción de daños podrían ofrecer caminos viables hacia la reducción del consumo de tabaco.
La alternativa: abrir el debate
La Declaración de Panamá, que busca señalar un conflicto inherente entre los intereses de la industria tabacalera y la protección de la salud pública, va en dirección de no proponer ningún tipo de debate con la industria que ha generado el problema y que se muestra, por lo menos en parte, dispuesta a transformar su mercado.
Para abordar de manera más matizada, efectiva y realista el problema del tabaquismo en el siglo XXI es crucial adoptar una perspectiva crítica que explore cómo las políticas de control del tabaco podrían beneficiarse de integrar estrategias de reducción de daños. Este enfoque permitiría desarrollar respuestas más comprensivas y adaptables a la complejidad del consumo de tabaco, brindando soluciones más alineadas con las realidades de los fumadores.
Finalmente, la undécima edición de la Conferencia de las Partes (COP11) para el Control del Tabaco enfrentará un desafío inusual: la falta de un país anfitrión para el próximo encuentro en 2025. A diferencia de años anteriores, cuando el anuncio del país anfitrión era parte de las conclusiones de la conferencia, esta vez no se presentaron candidaturas. La Secretaría del CMCT ha informado que la decisión se comunicará hacia finales de este año mediante un comunicado de prensa.
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