La industria del vapeo en Colombia ha sorteado bastantes obstáculos. En los últimos 5 años se han presentado diversas propuestas para su prohibición, más que para su regulación. Los actos desinformativos, proyectos de ley basados en información sesgada y presiones por parte de grupos antitabaco han marcado esta ruta que hasta la fecha no se ha resuelto.
Regulación vs. prohibición
Son varios los proyectos de ley que han buscado detener el vapeo en Colombia. En 2014 el senador Mauricio Lizcano del Partido de la U buscó impedir la venta a menores de edad por medio de la prohibición de publicidad, el uso en espacios cerrados y la aplicación obligatoria de la leyenda “prohibida su venta a menores de edad” en anuncios publicitarios. Sin embargo, sus argumentos se sustentaron en noticias y estudios falsos, así como conjeturas y afirmaciones sin comprobar. Por ese motivo sus posibles aciertos cayeron en descrédito.
Para finales de 2019, se presentaron otros dos proyectos de ley, uno del representante Henry Correal y otro de la representante Norma Hurtado. El proyecto del representante tuvo la intención de ampliar la Ley 1335 de 2009, norma vigente que regula el consumo de tabaco, para adherir el vapeo al rubro de los productos de tabaco. Sin embargo, abogaba por los productos sin nicotina, que por esta condición deberían tener un trato diferencial. Por otro lado, el proyecto de la congresista, dentro del Covenio Marco Antitabaco de la OMS que entró en vigor en 2005, aclara la prohibición a menores de edad, la publicidad y patrocinios, y la prohibición en espacios públicos.
Ambos proyectos, como el del senador Lizcano, se sustentaron en premisas falsas, con el apoyo de la OMS, el Banco Mundial y el Ministerio de Salud. Cabe resaltar que en esa coyuntura sucedió la crisis de EVALI en los Estados Unidos, que tuvo mucha resonancia en medios de comunicación. Los políticos usaron dicha crisis como excusa perfecta, desinformando a los lectores y causando pánico. Ninguno de los proyectos mencionados anteriormente logró la aprobación.
Continúa el mismo juego
La representante a la Cámara por el Valle, Norma Hurtado Sanchez, viene liderando un proyecto que busca modificar la Ley 1335 de 2009, que pretende prohibir la venta de productos de vapeo a menores de edad, aplicar las mismas restricciones sanitarias que al cigarrillo y prohibir cualquier tipo de publicidad. En curso desde abril de 2020, el proyecto se sustenta en premisas como lo atractivos que resultan los colores, sabores y olores para los niños, la incidencia del consumo en el contagio de COVID-19 o que el vapeo es una puerta de entrada para otras adicciones. El 17 de noviembre de 2020, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de Hurtado, acercando aun más la posibilidad de gravar el vapeo de la misma manera que el tabaco.
La representante Hurtado también se basa en equivocaciones. Menciona un estudio publicado por The New England Journal of Medicine que habla sobre la epidemia de EVALI (Ecig or Vaping Associated Lung Injury) producida por la presencia del agente acetato de vitamina E en cartuchos con destilado de cannabis adquiridos en el mercado negro. Es sensato recordar que su proyecto de ley busca regular productos legales, o sea, los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), Productos de Tabaco Calentado (PTC), no un producto ilegal en Colombia.
Mauricio Toro, representante a la cámara del Partido Verde, cambia las fichas de juego y pone la mira sobre la “sustancia”, la nicotina. En el Proyecto de Ley No. 174 de 2018, sumando fuerzas con la representante Hurtado y el representante Correal, sustentan un marco completo para la modificación de la Ley 1335 de 2009, incluyendo las descripciones de los productos de vapeo.
Toro encamina su proyecto de regulación hacia la nicotina directamente, pues asegura que las leyes hablan de los dispositivos y que, con los adelantos tecnológicos, pasan a ser obsoletas. En cambio, al regular la sustancia se le cierran las puertas a cualquier forma de consumo novedoso de nicotina, dice. Sin embargo, hace la salvedad con los dispositivos que no contienen nicotina y es claro al decir que estos son inocuos, pues su vapor no es dañino. Aunque hace una pregunta engañosa —“¿cómo le decimos a una persona que está consumiendo estos vapeadores con agua(sic) que no puede consumirlo en un lugar cerrado cuando es lo mismo que poner una olla con agua”?—, deja claro que el objetivo es la nicotina, mientras que planean regular los sistemas de administración.
Adicionalmente, Toro incluye en el proyecto políticas educativas para la prevención del consumo y la reducción de daños para los usuarios activos.
Derechos para todos
Con respecto a las políticas de reducción de daños, por medio de una carta abierta a los senadores de la República, AsoVape Colombia hace una lista de peticiones y sugerencias respecto al Proyecto de Ley 039 de 2020 que se encuentra en marcha. Hace énfasis en la importancia de la participación de los ciudadanos mayores de edad consumidores de nicotina, así de la consulta a expertos multidisciplinarios para tomar decisiones en políticas públicas. Así mismo, señala la necesidad del debate basado en evidencia científica sólida y comprobada, junto con la intervención en políticas públicas de salud basadas en un trato regulatorio sobre la nicotina, que diferencie los métodos de administración.
Estas exigencias apuntan a que se respeten los derechos de los consumidores mientras se protegen los de la sociedad no consumidora.
Bogotá, sin vapeo en espacio público
A pesar de los esfuerzos, el 19 de febrero de 2021, el Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 038 de 2021 que, bajo la premisa de salvaguardar a los niños y demás población no fumadora, contempla la prohibición del uso de cualquier sistema de administración de nicotina, junto con el cigarrillo, en cualquier espacio público, incluyendo parques. El proyecto afirma que se deben hacer cumplir los planes MPOWER de la Organización Mundial de la Salud, entidad de preferencia antivapeo.
AsoVape nuevamente encara las propuestas del proyecto de acuerdo que emitió el Concejo de Bogotá señalando que se trata de una clara perturbación al derecho del libre desarrollo y de una persecución a la que se ven expuestos los usuarios de vaporizadores. En la carta dirigida al Concejo de Bogotá cita medidas constitucionales que invalidan la norma, pues la afectación a los consumidores es directa. Además, muestra que, de aprobarse el acuerdo, no solo se restringirían las libertades de los vapeadores, sino que estos podrían verse sometidos a actos de persecución y hostigamiento por parte de distintas autoridades.
La asociación presenta un sólido conglomerado de argumentos legales y evidencia científica con la intención de ser tomada en cuenta para aprobar una norma inclusiva, pedagógica y respetuosa. Nuevamente, las premisas de los legisladores carecen de fundamento y respaldo científico, o se basan en argumentos o estrategias refutados por la ciencia, como juzgar al vapeo como una puerta de entrada al consumo de cigarrillo y otras sustancias, presentar estudios sobre prácticas diferentes del vapeo y usar de escudo a los niños.
Este tipo de recursos son un respaldo recurrente en todo el mundo para persuadir y lograr prohibiciones sin antes mirar la evidencia científica y concreta de que el vapeo viene siendo utilizado como una importante herramienta en políticas públicas de reducción de daños del tabaquismo en países como Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda.
Este artículo lo produjo el equipo de Vaping Today. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.
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