En el incierto cruce de caminos entre la salud pública y la política del miedo, los productos de nicotina emergen como el nuevo campo de batalla de una Europa que oscila entre la prudencia sanitaria y la pulsión prohibicionista. No se trata solo de regular sustancias, sino de definir qué entiende una sociedad por daño, por libertad y por responsabilidad individual.
Bajo la retórica de la protección de la juventud, gobiernos de latitudes diversas despliegan estrategias que, en ocasiones, confunden la intención con la eficacia, relegando la ciencia del riesgo relativo a un papel secundario frente a las urgencias morales del momento. Este pulso —que resuena en debates sobre envases, licencias, registros y umbrales químicos— revela hasta qué punto las decisiones regulatorias no son meros actos técnicos, sino espejos donde se reflejan los temores, valores y contradicciones de cada país.
Mapa del conflicto: Europa frente al dilema de la nicotina
En Dinamarca, el 7 de mayo, el gobierno anunció que su próxima Estrategia Nacional contra el Cáncer incluirá un análisis para restringir o reducir el número de establecimientos autorizados para vender tabaco y bolsitas de nicotina. La propuesta contempla, además, elevar las tasas de licencias, limitar horarios de apertura y concentrar las ventas en tiendas especializadas.
Aunque el objetivo declarado es proteger a los jóvenes, la ausencia de un análisis de riesgo relativo trae una sombra: ¿no podría esta política empujar a los adultos consumidores hacia canales no regulados, revirtiendo los avances logrados?
En los Países Bajos, el mismo día, se publicó en el Boletín Oficial la enmienda a la Ley de Productos del Tabaco que impone el registro obligatorio de minoristas de tabaco y nicotina. Se establece un plazo de seis meses para que los comercios existentes formalicen su inscripción, mientras que los nuevos deberán registrarse antes de iniciar la venta. Esta medida, en principio orientada a mejorar la trazabilidad, enfrenta un desafío crucial: su éxito dependerá de una implementación ágil, capaz de equilibrar el control sanitario con la necesidad de no obstaculizar el acceso a alternativas menos nocivas.
También el 7 de mayo, el Comité de Salud del Parlamento polaco aprobó por unanimidad un proyecto de ley para regular las bolsitas de nicotina: se prohíben mensajes y ventas a menores, se veta la venta a distancia, se fija un umbral máximo de 20 mg/g de nicotina y se exige un 30 % de advertencia sanitaria en el envase.
La transparencia regulatoria es, sin duda, un avance, pero la eficacia de estas restricciones depende de su integración en una estrategia de reducción de daños. Un umbral demasiado severo, si no se acompaña de vías de acceso guiadas, podría terminar desincentivando productos eficaces para dejar de fumar, desvirtuando así su propósito original.
En Italia, el 9 de mayo, la Agencia de Aduanas y Monopolios confirmó la extensión de las normas de advertencias en texto y envases a prueba de niños —originalmente concebidas en 2023 para la marca RED MUULE— a todas las bolsitas de nicotina comercializadas en el país. Esta ampliación fortalece la protección infantil, pero al aplicar un enfoque indiscriminado que no diferencia el perfil de riesgo de cada producto corre el riesgo de imponer cargas desproporcionadas a fabricantes y minoristas.
Por su parte, el 24 de abril, la Comisión Europea objetó el reglamento noruego que imponía envases lisos para dispositivos de vapeo y vapeadores, limitando sus colores al negro, blanco, gris plata o Pantone 448 C.
Así mismo, prohibía incluir insertos informativos, en contradicción con el artículo 20 (4) de la Directiva de Productos del Tabaco, que exige la presencia de información obligatoria en el embalaje. Bruselas instó a Oslo a ajustar su reglamento para garantizar el derecho de los consumidores a recibir advertencias clave, subrayando así la tensión entre la estética regulatoria y la necesidad de acceso a información vital para la salud pública.
El debate sobre las prohibiciones absolutas alcanza su punto álgido en Francia, donde el 7 de mayo Rumanía y Grecia presentaron opiniones detalladas en contra del proyecto de ley que pretende prohibir la venta, importación y posesión de bolsitas de nicotina.
Ambas naciones advierten que un veto total no solo generaría barreras comerciales dentro del mercado único, sino que, en términos de salud pública, podría producir un efecto boomerang: forzar a muchos adultos a regresar al tabaco combustible, sabidamente más dañino.
En España, el 12 de mayo, la Comisión Europea publicó las observaciones de seis Estados miembros —Rumanía, Chequia, Grecia, Italia, Croacia y Suecia— respecto al borrador de Real Decreto que limita la nicotina a 0,99 mg por bolsita y prohíbe sabores en vaporizadores y pouches, incluido el mentol.
Estas objeciones convergen en un diagnóstico común: las restricciones, tal como están planteadas, suponen obstáculos al mercado único y adolecen de falta de proporcionalidad. El periodo de espera para resolver estas discrepancias concluirá el 28 de julio, dejando en suspenso el desenlace de una regulación que podría redefinir el acceso a productos de nicotina en España.
Estrategias en disputa: del prohibicionismo al pragmatismo
La volatilidad regulatoria se hace evidente en Lituania, donde Lina Šukytė-Korsakė, presidenta del Comité de Salud del Seimas, anunció que presentará en la semana del 12 de mayo un “gran proyecto de ley” para regular los vapeadores desechables.
Esta iniciativa llega tras el retiro, en febrero, de una moción que proponía su prohibición total. El cambio de rumbo refleja las tensiones entre la necesidad de control sanitario y la búsqueda de soluciones pragmáticas, capaces de equilibrar salud pública y realidad del consumo.
En Indonesia, el 9 de mayo, Faisol Reza, viceministro de Industria, reveló la existencia de debates internos sobre la retirada de un proyecto que pretendía imponer empaques neutros a todos los productos de nicotina, incluidas las bolsitas y los productos de tabaco calentado.
La medida, que enfrentaba presiones cruzadas entre el sector salud y el manufacturero, ilustra cómo la política de control del tabaco se convierte, a menudo, en un terreno de fricción entre intereses económicos y objetivos sanitarios.
La tendencia hacia regulaciones punitivas se manifiesta con particular dureza en Irak. El 5 de mayo, el Comité de Salud y Medio Ambiente del Parlamento aprobó un artículo para incluir la Ley de Protección contra Daños del Tabaco, que prohibiría la importación, venta, comercialización, fabricación y uso de vapeadores.
La medida también veta toda forma de comunicación comercial y fija los 18 años como edad mínima para el consumo. Aunque la intención declarada es frenar la epidemia de vapeo juvenil, la normativa omite considerar el principio de riesgo relativo, corriendo así el peligro de empujar a los consumidores hacia productos aún más nocivos.
En el extremo opuesto del enfoque, Nueva Gales del Sur (Australia) ofrece una perspectiva más matizada. El 9 de abril se sancionó una ley que faculta al gobierno estatal a exigir esquemas de responsabilidad extendida del producto para los fabricantes, abarcando el uso, recolección y reciclaje de dispositivos de vapeo.
Aunque la medida prioriza la sostenibilidad ambiental, también abre la puerta a normativas específicas que permitan minimizar daños y residuos, sin socavar la eficacia del vapeo como herramienta de abandono del tabaquismo.
Más allá de las disposiciones concretas, la cuestión que subyace es simple y, a la vez, profundamente incómoda: ¿puede la regulación salvar vidas sin arrebatar libertades? La respuesta no se encuentra en vetos absolutos ni en gestos punitivos que buscan resolver con la fuerza lo que requiere matiz.
La reducción de daños es, ante todo, una pedagogía de la complejidad: exige aceptar que no todos los riesgos son iguales y que la eficacia sanitaria no siempre coincide con la corrección política. Entre la tentación de prohibirlo todo y la necesidad de proteger, Europa —y el mundo— se enfrenta a una decisión ética de largo aliento: regular para transformar, no para expulsar a las sombras aquello que no desaparece por decreto.
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