Protegidos hasta asfixiar: el mito de la prevención perfecta y la reducción de daños como nuevo fantasma de Europa

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Entre el 1 y el 6 de julio, una cascada de decretos, vetos y restricciones recorrió Europa y más allá. Países del norte, centro y este del continente endurecieron su postura frente a las nuevas formas de nicotina. La promesa era proteger. El resultado, sin embargo, podrá dejar más personas atrapadas en el humo.

En la primera semana de julio de 2025, mientras el calor del verano europeo apretaba las costuras del continente, una ráfaga de decretos, leyes y mociones se desplegaba desde los parlamentos hasta los quioscos, desde las farmacias hasta los cuerpos de inspectores. Bajo el estandarte de la salud pública, Europa avanzaba hacia una regulación más severa de las alternativas al tabaco. Pero lo que parecía un gesto preventivo comienza a dibujar el contorno de una paradoja: ¿podría esta cruzada normativa, en nombre del bien, empujar a millones de fumadores de vuelta al abismo del cigarro combustible?

El país del norte del continente que eligió la neutralidad… incluso en el sabor

En Copenhague, el 1 de julio amaneció con una ciudad ordenada, limpia, casi estéril. No solo por sus calles, sino por sus vitrinas: los productos de nicotina alternativos habían perdido su identidad. Los colores brillantes, las tipografías modernas, incluso las evocaciones sensoriales, fueron sustituidos por envases planos, idénticos, mudos. Como soldados con uniforme gris, marchando hacia la invisibilidad.

Seis órdenes ejecutivas del gobierno danés entraron en vigor ese día. 

Las bolsas de nicotina quedaron limitadas a 9 mg por unidad, se prohibieron todos los sabores salvo tabaco y mentol y los comerciantes —incluso los digitales— tuvieron que blindar sus sistemas con verificaciones de edad. El empaquetado plano se extendió a dispositivos de tabaco calentado, mientras se añadían advertencias sanitarias en un 30 % del envase. También se regularon las dimensiones de las bolsas y cigarrillos calentados.

La lógica detrás de estas medidas es simple y parece incuestionable, al menos en apariencia: proteger a los más jóvenes. Pero bajo ese pretexto —tan noble como inapelable— se erige una arquitectura reguladora que, más que prevenir, termina por excluir.

¿Qué ocurre cuando el remedio bloquea la transición hacia formas menos nocivas de consumo de nicotina? ¿Cuando el adulto que intenta dejar el tabaco se convierte en sospechoso crónico? ¿No es Dinamarca, acaso, quien está empujando a estos usuarios al limbo de la nicotina clandestina o, peor aún, de regreso al humo del cigarro tradicional?

Francia: el modelo de la calidad sin represión

En un tono mucho más matizado, Francia adoptó un enfoque menos prohibicionista y más técnico. 

El 2 de julio, la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) publicó una norma voluntaria para bolsas de nicotina: 16,6 mg por bolsa, ingredientes de grado farmacéutico o alimentario, evaluación toxicológica, estándares de empaquetado y un etiquetado claro que informe, mas no aterrorice.

En esta escena, la alternativa al tabaco no se criminaliza, sino que se acompaña, como si el Estado dijera: “No confío plenamente en ti, pero tampoco quiero hacerte caer”. Es una vía intermedia que recuerda al modelo sueco, donde las bolsas de nicotina han logrado reducir drásticamente la prevalencia de fumadores. Francia no prohíbe: ordena y sugiere.

Balcanes, Alpes y fiordos: el mapa de una guerra asimétrica

En Atenas, el Parlamento heleno debatía entre columnas jónicas y murmullos ancestrales. El 4 de julio, se aprobó una ley que prohíbe las ventas a menores, exige verificación de edad y limita el comercio transfronterizo. La medida entrará en vigor tras su publicación oficial.

En Viena, los ecos del vals dieron paso a los de la burocracia: el Comité de Salud del Parlamento austríaco aprobó la transposición de una norma de la UE que prohíbe sabores en productos de tabaco calentado y exige advertencias gráficas. Si se ratifica, habrá un período de transición hasta mayo de 2026 para agotar el stock legal.

Mientras tanto, Países Bajos y Noruega avanzan con envases anónimos y nuevas zonas libres de humo: en Oslo, los patios de recreo se convirtieron en trincheras de regulación. En enero de 2026, comenzará una nueva oleada de restricciones al comercio digital.

En Varsovia, el 5 de julio marcó un viraje regulatorio fuerte: Polonia prohibió ventas a menores y la publicidad de vaporizadores y bolsas de nicotina. También estableció límites de 20 mg/g de nicotina y advertencias del 30 %, con una prórroga de seis meses para la adaptación del mercado.

En Sarajevo, más exactamente en la Asamblea Nacional de la República Srpska, se aprobó el 3 de julio una ley para definir nuevas categorías regulatorias para las alternativas al tabaco, prohibiendo su venta a menores y restringiendo su uso en espacios públicos. Las ventas de tabaco oral también fueron vetadas.

Los países donde el “no” aún resuena

No todos cedieron a la lógica del control absoluto. En Sofía, el parlamento búlgaro rechazó un proyecto de ley que buscaba equiparar las restricciones del tabaco tradicional con las del vapeo, incluyendo espacios abiertos como parques infantiles.

En Berna, el gobierno suizo adoptó una ley que prohíbe la publicidad de productos de nicotina en espacios accesibles a menores, tanto físicos como digitales. Sin embargo, se permiten anuncios en publicaciones de suscripción con al menos un 98 % de audiencia adulta y en plataformas online con verificación de edad efectiva. La entrada en vigor dependerá de un eventual referendo ciudadano, una rareza democrática en esta materia que podría desactivar o legitimar el nuevo marco legal.

En Vaduz, el Gobierno de Liechtenstein aprobó el 1 de julio una moción para elevar la edad mínima de compra de productos de tabaco y vaporizadores de 16 a 18 años. La reforma —que modifica la Ley de Infancia y Juventud— será debatida por el parlamento en septiembre. La medida también redefine legalmente el concepto de producto de tabaco para incluir los cigarrillos electrónicos.

Fuera del radar europeo: grietas y resistencias

En Katmandú, el 28 de junio, el Tribunal Superior de Patan interrumpió la narrativa oficial. Emitió una orden que obliga al gobierno a suspender la prohibición de importación y venta de vapes, alegando que las circulares ministeriales carecían de base legal suficiente. La batalla judicial sigue abierta, como una grieta legal por donde podría colarse la legitimidad del vapeo.

En Australia, las medidas son extremas: sabores prohibidos (salvo menta, mentol y tabaco), nicotina limitada a 50 mg/ml, tanques de 5 ml como máximo y empaques en gris o blanco mate —tres tonos como máximo, en estilo farmacéutico—. Desde el 1 de julio, solo las farmacias pueden vender estos productos y todo lo que no cumpla ha desaparecido de los estantes.

Y en Kirguistán, el 1 de julio entró en vigor una ley que prohíbe toda forma de vapeo —venta, importación, uso— incluso en espacios libres de humo. El 4 de julio se reforzó con una resolución ejecutiva que blinda la frontera contra estos productos.

Finalmente, en Moscú, la oposición se reorganiza no para liberar, sino para prohibir aún más: el Partido Liberal Democrático (LDPR) presentó el 6 de julio un proyecto para que el gobierno elabore una lista de saborizantes y aditivos prohibidos, tanto en vaporizadores con nicotina como sin ella. La meta no declarada, según su líder Leonid Slutsky, es “una prohibición total en cuanto las condiciones lo permitan”.

Una pregunta incómoda: ¿a quién estamos protegiendo realmente?

La narrativa dominante apela a la infancia y la adolescencia. Pero el daño colateral, concreto y urgente, es para los adultos. Millones de personas que intentan dejar el cigarro ahora encuentran que sus alternativas se convierten en ilegales, inaccesibles o estigmatizadas. La ironía se espesa: los productos que no matan se prohíben; los que sí continúan disponibles, tributados, tolerados.


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