El tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte prevenible en el mundo, con una prevalencia alarmante especialmente entre las poblaciones económicamente desfavorecidas en países de ingresos bajos y medios. En este escenario, las estrategias de reducción del daño del tabaco se presentan como una esperanza decisiva, particularmente en comunidades históricamente explotadas y marginadas del ecosistema económico predominante.
Sorprendentemente, la Organización Mundial de la Salud se muestra reticente a adoptar el enfoque de reducción de daños en el ámbito del tabaquismo, que no solo podría mitigar los riesgos para la salud, sino contrarrestar las desigualdades sociales agravadas por políticas de salud que tradicionalmente han priorizado los intereses del capital sobre el bienestar público.
Avanzando en la tercera década del siglo XXI, en un panorama donde las autoridades políticas y sanitarias, junto a las entidades privadas, oscilan entre la cooperación, la manipulación y el conflicto, la implementación efectiva de la reducción de daños enfrenta desafíos significativos pero inaplazables. La coyuntura requiere un compromiso resuelto por parte de la OMS hacia la justicia y la equidad en salud pública para salvar miles de vidas.
Reducción de daño: una deuda con el mundo
La reducción del daño del tabaco (RDT) emerge como un paradigma contemporáneo en el campo de la salud pública, cuyo objetivo es mitigar las devastadoras consecuencias sanitarias asociadas al consumo de tabaco, en particular el hábito de fumar. Este hábito es la principal causa de muertes evitables en el mundo y afecta mayoritariamente a las clases menos favorecidas y a las comunidades marginalizadas, reflejando así la profundidad y magnitud de su impacto en la sociedad.
Según Ariel Bardach, investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), «hay una relación ‘dosis-respuesta’ inversa y constante entre el tabaquismo y el nivel de ingresos de los fumadores y sus familias. Esto quiere decir que los sectores con menores ingresos económicos presentan mayor porcentaje de fumadores. Esta relación está presente en todas las zonas geográficas del mundo, por lo que se trata de un fenómeno global, que además se ve en ambos sexos y en todas las edades». Aún así, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 80 por ciento de los 1.300 millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos.
Desde una perspectiva social, la reducción del daño del tabaco puede ser interpretada no solo como una estrategia de intervención sanitaria, sino como una respuesta necesaria frente a la injusticia de las políticas de acceso a hábitos saludables. Esto incluye desde el consumo de productos más sanos hasta el acceso a recursos médicos y medicamentos. Los sectores que impulsan esta industria, motivados por el lucro y sostenidos por la opresión de las clases menos favorecidas —quienes son simultáneamente la fuerza productiva y desproporcionadamente los más afectados por enfermedades relacionadas con el tabaco—, perpetúan condiciones sociales que fomentan ciclos de dependencia y deterioro de la salud pública. Esto mantiene a millones de personas marginadas de los avances de la ciencia médica y de las nuevas tecnologías sanitarias, a menudo bajo la negligencia de la propia Organización Mundial de la Salud.
Decisiones inaplazables
Nadie puede dudar de que el cuerpo técnico y científico de la OMS reconoce que la reducción del daño del tabaco fomenta el uso de alternativas tecnológicas más seguras para el consumo de nicotina, como los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina y los productos de tabaco calentado. Seguramente saben que estas alternativas pueden reducir o eliminar significativamente la ingestión de carcinógenos como el alquitrán y otros compuestos tóxicos que presentes en el humo del tabaco.
Existe una idea generalizada de que la RDT, mediante el uso de alternativas tecnológicas más seguras para el consumo de nicotina, no solo aborda los daños directos asociados al consumo de tabaco, sino que desafía de manera sutil la hegemonía de una industria de la salud y de la enfermedad que a menudo prioriza sus ganancias sobre el bienestar de la población.
Los responsables de tomar decisiones son conscientes de que este enfoque puede subvertir la lógica capitalista al reducir la demanda de ciertos productos, erosionando las bases económicas que sustentan el poder de grandes corporaciones en el sector de productos de consumo que impactan la salud o reducen ciertas enfermedades. Esta conciencia pone de manifiesto la compleja interacción entre salud pública, intereses económicos y políticas de regulación que moldean nuestra sociedad. Esto puede interpretarse como un reflejo de la tensión entre los intereses capitalistas y las necesidades colectivas en el ámbito de la salud pública y la regulación.
La Organización Mundial de la Salud ha mantenido una postura que generalmente transita entre cautelosa, rígida u omisa respecto a las estrategias de reducción de daños del tabaquismo. Dicha postura varía según el contexto social, político y económico de cada país, pero mirando más su nivel de ingresos y capacidad material que las cargas de salud pública relacionadas con el tabaquismo. Esto muestra que las estructuras económicas y las relaciones de poder influyen en todas las esferas de la vida social, incluida la salud.
La inconsistencia de la OMS en la lucha contra el tabaquismo
En este contexto de injusticias, el desarrollo de políticas humanistas capitaneadas por la Organización Mundial de la Salud sería esencial. La OMS podría desempeñar un papel fundamental al ofrecer directrices claras y basadas en evidencia sobre los riesgos y beneficios de los diversos productos de nicotina, apoyando políticas de salud pública que fomenten la reducción del daño del tabaco. Pero su postura, de un curioso desequilibrio, varía según el ambiente socioeconómico: reservada en el norte y resistente en el sur global.
Algunos lugares del mundo tienen destinos distintos o suerte. Se han observado avances alentadores en Nueva Zelanda, Suecia y el Reino Unido con la RDT. En estos países, los organismos de salud pública respaldan los cigarrillos electrónicos como alternativas más seguras al tabaco, incentivando a los fumadores a cambiar como parte de las estrategias integrales de control del tabaco.
Este apoyo representa un reconocimiento de la necesidad de adoptar enfoques pragmáticos y basados en evidencia para combatir los riesgos asociados al consumo de tabaco, marcando un paso crucial hacia la mitigación del impacto de este hábito en la salud pública. Generalmente, no escuchan críticas o defensas de políticas estrictas con respecto a la promoción de productos alternativos de tabaco debido a la falta de evidencia concluyente sobre su seguridad a largo plazo y su efectividad como herramientas de cesación.
En regiones del mundo como las excolonias en África, ciertas áreas de Asia y América Latina, donde las tasas de consumo de tabaco son persistentemente altas y la infraestructura de salud pública es a menudo deficiente o prácticamente inexistente, la integración de la reducción del daño del tabaco en las políticas de salud pública representa un desafío significativo y urgente. En estos lugares, parece existir una prohibición tácita contra adoptar tales estrategias, dada la continua lucha entre diversas fuerzas socioeconómicas. Estas fuerzas configuran una estructura social que frecuentemente pone los beneficios corporativos por encima del bienestar público, complicando aún más los esfuerzos por priorizar y mejorar la salud pública en estas regiones.
Además de los obstáculos materiales, estas regiones también enfrentan el desafío de cambiar mentalidades y contrarrestar el lobby de poderosos intereses económicos de la industria de la salud y de la enfermedad. Los conceptos erróneos sobre los riesgos relativos de los distintos sistemas de administración de nicotina dificultan la comprensión pública y obstruyen cualquier transición hacia alternativas más seguras. Estos malentendidos, que están profundamente arraigados en un historial de manipulación informativa y explotación, demandan un esfuerzo concertado para educar y empoderar políticamente a las comunidades afectadas. Este proceso, en general combatido por la sociedad civil, es esencial para superar las barreras que impiden el avance hacia políticas de salud pública más efectivas y equitativas.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, operando bajo el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), ha adoptado una postura cautelosa y crítica respecto a la reducción de daños. Esta actitud refleja una notable disparidad en cómo la OMS aborda el tema en diferentes países, lo que pone de manifiesto las variaciones en sus orientaciones y la aplicación de estas dependiendo del contexto socioeconómico y regulatorio de cada nación.
Mientras que la OMS ha manifestado preocupaciones significativas sobre el potencial de los productos de reducción de daños, como los cigarrillos electrónicos, de servir como puertas de entrada al tabaquismo para jóvenes y no fumadores, su recepción varía significativamente entre naciones. Por ejemplo, en naciones como el Reino Unido y Nueva Zelanda, que cuentan con marcos regulatorios robustos, la OMS reconoce y acepta la implementación de políticas de reducción de daños.
Esta aceptación selectiva por parte de la OMS revela una inconsistencia notable, ya que parece sugerir que solo los países con sistemas regulatorios avanzados y recursos suficientes están capacitados para manejar adecuadamente los enfoques de reducción de daños. Tal situación plantea serias críticas sobre la equidad y la universalidad de las políticas de salud global, destacando un sesgo que favorece a las naciones más ricas y deja a los países de ingresos bajos y medios en una situación de vulnerabilidad, sin la posibilidad de regulación.
Dicha situación subraya la necesidad de una política más inclusiva y equitativa que asegure que todas las naciones puedan beneficiarse de las mejores prácticas en la lucha contra el tabaquismo. La regulación, en este contexto, es una herramienta para mediar y resolver las contradicciones entre diferentes fuerzas (en este caso, los intereses de la salud pública y del capital económico) en favor de una orientación más comunitaria.
Políticas de tabaco y justicia social: priorizar la salud sobre los intereses corporativos
La presencia activa del sector público, aunque a menudo se vea debilitada por los fuertes intereses económicos privados o por las orientaciones divergentes de las autoridades sanitarias, es fundamental para orientar y fortalecer los esfuerzos destinados a la promoción de la salud pública.
La integración efectiva de la reducción del daño del tabaco en las políticas de salud pública, especialmente aquellas dirigidas a poblaciones marginadas o económicamente explotadas, constituye un desafío complejo pero ineludible. Este proceso demanda un enfoque cuidadoso, detallado y matizado que tenga en cuenta las realidades socioeconómicas y culturales de los diferentes grupos afectados, prestando especial atención a su situación material y sanitaria.
El papel del Estado es fundamental no solo en la regulación (en el más amplio sentido de ‘protección’), sino también en la supervisión rigurosa de la participación de las entidades privadas en las políticas sanitarias, con el objetivo de asegurar que los intereses comerciales no eclipsen los beneficios para la salud pública. Este enfoque, con transparencia y participación ciudadana, asegura que las medidas implementadas no solo cumplan con los objetivos sanitarios, sino que fomenten la equidad y la justicia social dentro de la comunidad.
La participación necesaria de los actores del sector privado en la Reducción del Daño del Tabaco crea un panorama complejo y a menudo contradictorio, que requiere una mediación efectiva por parte del Estado para asegurar que se protejan los intereses públicos:
Por un lado, las empresas farmacéuticas han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de terapias de reemplazo de nicotina (TRN), como parches, gomas de mascar y pastillas. No obstante, estas mismas empresas parecen esforzarse por conservar su hegemonia y dominio comercial sobre las alternativas disponibles para la cesación del tabaquismo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios.
Por otro lado, la implicación de la industria tabacalera en la reducción de daños provoca un escepticismo justificado, debido a su prolongada historia de minimizar los riesgos asociados al consumo de tabaco. Paradójicamente, esta misma industria, que es en gran parte responsable del problema, también dispone de los recursos necesarios para ofrecer soluciones. Esto se manifiesta en la transformación comercial de sus productos más nocivos a opciones con menores riesgos, que son más atractivas y económicas, planteando un desafío ético y regulatorio significativo.
Aunque las industrias involucradas poseen la capacidad de contribuir significativamente a la reducción de las tasas de tabaquismo, surgen preocupaciones importantes en relación con sus estrategias de marketing y sus metas centradas en la maximización de beneficios, algo particularmente notable en la industria farmacéutica y la tabacalera. Estos enfoques pueden socavar los esfuerzos por promover la salud pública y ponen en tela de juicio el compromiso real de estas empresas con la reducción del daño del tabaco.
Estas preocupaciones hacen evidente que estas realidades pueden socavar los esfuerzos más amplios de control del tabaco y la promoción de la salud pública, de modo que son un desafío crucial a la efectividad de las políticas de salud diseñadas para proteger y mejorar el bienestar colectivo. Estos dilemas indican la necesidad de establecer un marco regulatorio más estricto y transparente que garantice que las acciones de estas industrias se alineen efectivamente con los objetivos de salud pública global.
Priorizar el bien común, el diálogo y la acción
La participación activa y transparente del Estado, junto con la sociedad civil organizada y las demás partes interesadas, es fundamental para orientar los esfuerzos de promoción de la salud pública. Esta colaboración debe estar en consonancia con los objetivos y finalidades de una Organización Mundial de la Salud que acepta su propio concepto moderno de salud, que abarca el bienestar físico, mental y social completo, no limitándose únicamente a la ausencia de enfermedad.
La integración efectiva de la reducción del daño del tabaco en las políticas de salud pública, especialmente aquellas que afectan a poblaciones vulnerables, representa un desafío complejo pero esencial. Este proceso requiere un enfoque detallado y cuidadoso que tenga en cuenta las realidades socioeconómicas y culturales de los grupos implicados, así como el desarrollo de políticas asertivas que fomenten un diálogo abierto y constante con todas las partes interesadas.
El papel del Estado es fundamental no solo en la regulación, sino en la promoción de este diálogo inclusivo y en mantener un equilibrio y supervisión estricta sobre la participación de las entidades privadas en las políticas públicas. Es crucial asegurar que los intereses comerciales no superen los beneficios para la salud pública, garantizando así que las medidas adoptadas favorezcan más el bienestar general y menos los intereses particulares.
En ese sentido, sobre todo en el sur global, donde se encuentran la mayoría de las personas afectadas por el tabaquismo, es fundamental que el sector público ampliado ejerza un control efectivo para garantizar que las estrategias de reducción de daños sean inclusivas, estén fundamentadas en evidencia sólida y se adapten adecuadamente para satisfacer las necesidades de los más vulnerables.
Adoptar un enfoque colectivo que priorice el bienestar común sobre los beneficios privados es crucial para promover una salud pública equitativa y efectiva. Este enfoque garantiza que las políticas cumplan con los imperativos de salud definidos y muchas veces ignorados por la propia OMS, contribuyendo a la justicia social y al progreso hacia una sociedad más saludable y justa.
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