El tabaquismo ya no traza un retrato general de la sociedad. Traza la línea que separa a los protegidos de los desprotegidos frente al daño.
El cigarrillo ya no ocupa el centro de la vida social como lo ocupó durante décadas. Ha salido de las oficinas, ha perdido prestigio, ha retrocedido en el espacio público. Hoy convive con un consenso sanitario que, al menos en el plano declarativo, casi nadie discute.
Su declive es real. Pero ese cambio no fue solo epidemiológico. Fue también un cambio de código moral. Fumar dejó de ser un hábito banal y pasó a señalar descontrol, molestia, una quiebra de la autodisciplina.
El error comienza cuando ese retroceso se lee como una victoria uniforme, como si el problema hubiera disminuido del mismo modo para todos. No ha sido así. Lo que ocurrió fue otra cosa: el tabaquismo dejó de ser difuso y pasó a concentrarse. Y, cuando un daño se concentra, cambia de estatus político.
Según un estudio de Sarah Jackson, Sharon Cox, Jamie Brown y Vera Buss publicado en Nicotine & Tobacco Research con datos de 2022 a 2024 para Inglaterra, Escocia y Gales, el consumo medio entre los fumadores alcanza los 10,4 cigarrillos al día, el equivalente a 28,6 mil millones de cigarrillos al año.
Pero el dato más importante no está en el volumen bruto. Está en la configuración social del consumo. El cigarrillo ya no se distribuye de forma relativamente homogénea entre los distintos estratos sociales. Se concentra sobre todo entre los más pobres.
En las clases C2DE, la prevalencia del tabaquismo es del 18,8%, frente al 10% entre los grupos de mayor renta. El consumo diario también es más alto: 11 cigarrillos frente a 9,4. En términos anuales, la diferencia se vuelve aún más nítida: 755 cigarrillos per cápita entre los más vulnerables, frente a 343 entre los segmentos más ricos.
Estas cifras hacen más que medir el consumo. Muestran cómo se distribuye el daño. Eso significa, en la práctica, que el tabaquismo ha dejado de ser un hábito extendido por el tejido social y ha pasado a fijarse en territorios específicos: barrios, rutinas y cuerpos donde dejar de fumar no es solo una decisión, sino una posibilidad más remota.
En ese marco, el tabaquismo ya no puede leerse solo como adicción, hábito o elección individual. Pasa a funcionar como marcador de clase. No porque el cigarrillo haya cambiado de naturaleza o adquirido alguna nueva esencia sociológica, sino porque su permanencia sigue la línea de la desigualdad. Cuando los más protegidos logran salir primero y los más vulnerables se quedan atrás, lo que aparece no es solo la persistencia de una conducta, sino la concentración social del daño y, en el límite, una forma de triaje social.
Ese cambio de configuración exige también un cambio de lenguaje y de enfoque. El debate público sobre el tabaco sigue hablando como si tuviera delante a una población indiferenciada: “el fumador”, “el usuario”, “el consumidor”. Son palabras cómodas.
Borran los ingresos escasos, el territorio, la escolarización interrumpida, el trabajo precario o extenuante, el sufrimiento psíquico, el género, la etnia, la presencia —o la ausencia— de una red de apoyo, el acceso irregular al tratamiento. Borran, en suma, los cruces concretos en los que se organiza la vulnerabilidad.
Quien sigue fumando ya no es una abstracción estadística. Es, cada vez más, el punto de cruce entre distintas formas de desventaja. Y las políticas que fingen no verlo terminan tratando como universales a sujetos que jamás vivieron en condiciones universales.
La abstracción le sirve bien a la retórica moral, porque la culpa individual siempre es más fácil de administrar que la desigualdad estructural. A la política pública, en cambio, le sirve mal.
Hace ya mucho tiempo que quienes disputan, ocupan y dirigen el Estado aprendieron a gobernar menos mediante la prohibición abierta que mediante la inducción a la autogestión. La salud pasó a exigirse no solo como un derecho, sino también como un deber moral: prueba de responsabilidad, credencial de ciudadanía activa.
En ese régimen, el buen sujeto es aquel que calcula riesgos, corrige hábitos, administra su propio cuerpo y responde a lo que se espera de él. Quien falla deja de aparecer como alguien sometido a restricciones materiales y pasa a presentarse como alguien moralmente insuficiente: alguien que fracasó a la hora de gobernarse a sí mismo.
Ahí es donde la retórica de la responsabilidad individual encuentra su límite. Puede producir campañas severas, consignas eficaces y la apariencia de firmeza moral. Pero no explica por qué el tabaquismo retrocede más rápido entre los más protegidos y persiste allí donde la vida es más precaria. No explica por qué ciertos grupos fuman más —y fuman con mayor intensidad—. Tampoco explica por qué, cuando el hábito pierde legitimidad social, no desaparece, sino que se concentra donde la protección es menor.
El tabaquismo no desaparece. Es empujado al margen.
Ese desplazamiento revela otra cosa: la consolidación de una manera de ver que Kirsten Bell y Hilary Graham ayudan a identificar como una hegemonía discursiva. Ciertas ideas sanitarias ya no circulan solo como argumentos; circulan como sentido común. La imagen del fumador como alguien que persiste en el error, pese a toda la información disponible, se ha vuelto tan intuitiva que casi ya no necesita defensa.
Ahí es donde el debate se empobrece: cuando una visión del mundo empieza a presentarse como una descripción neutra de la realidad, la política deja de preguntarse quién sigue fumando y en qué condiciones y pasa a reiterar la exigencia moral de la corrección individual.
Pero el tabaquismo no se distribuye en el aire. Se concentra allí donde ya se han acumulado otras formas de vulnerabilidad: regiones marcadas por la desindustrialización, el trabajo precario, los servicios públicos bajo presión, la vivienda deteriorada, el padecimiento mental recurrente y un horizonte social más estrecho.
En esos contextos, el cigarrillo deja de ser solo un riesgo sanitario. Pasa a funcionar como síntoma de compresión social. No es, evidentemente, la única respuesta al sufrimiento, pero sí una de las más visibles. El humo deja de parecer solo una desviación privada y pasa a registrar un desgaste colectivo.
Hay, entonces, una consecuencia política ineludible. Si el cigarrillo se ha convertido en un marcador de clase, las políticas universales y moralmente abstractas no bastan. No porque el Estado deba relativizar el daño del tabaco. Justo al contrario: para afrontarlo con seriedad, necesita reconocer dónde se ha concentrado.
Las medidas diseñadas para “la población” tienden a fracasar cuando el problema ya se ha asentado en un segmento específico, sobre todo en un segmento social históricamente empujado a la invisibilidad. En ese caso, en el mejor de los supuestos, el universalismo corre el riesgo de no ser más que ceguera con pretensión de neutralidad.
Ese es el punto que debería reorganizar el debate. El problema del tabaco, hoy, no está solo en el producto, aunque empiece por él. Está en la manera en que el daño se distribuye socialmente.
Cuando ese daño se concentra entre los más vulnerables, la política pública necesita abandonar la ficción de que basta con advertir, castigar, gravar y esperar respuestas iguales de vidas desiguales. Las personas no reaccionan del mismo modo porque no viven bajo las mismas condiciones.
Tratar a los desiguales como si fueran iguales puede producir un discurso limpio, pero también una práctica injusta.
Esto no absuelve a la industria del tabaco ni minimiza el estrago sanitario del cigarrillo. Al contrario, obliga a desplazar la pregunta y a poner al descubierto el límite de una mentalidad todavía dominante en el control del tabaco: la que reduce el problema al fallo individual, insiste en la corrección de la conducta y relega a un segundo plano las condiciones sociales en las que el consumo persiste.
No basta con preguntar por qué se sigue fumando. Hay que preguntar quién sigue fumando, dónde, bajo qué presiones y con qué posibilidades reales de salida.
Eso incluye afrontar, sin caricaturas, el paradigma de la reducción de daños. En muchas de las sociedades que concentran a la mayor parte de los fumadores —sobre todo en los países de renta baja y media— las alternativas de menor riesgo siguen bloqueadas por la incertidumbre regulatoria, la ilegalidad, la criminalización y el estigma, como si cualquier alejamiento del ideal de la abstinencia fuera una forma de capitulación moral.
El resultado es una política que habla de protección, pero que con frecuencia deja sin una respuesta proporcional al riesgo precisamente a los grupos más expuestos a la combustión. Y lo hace en nombre de un ideal de respetabilidad sanitaria fuertemente marcado por valores de clase, que también produce marginación.
El tabaquismo ya no traza un retrato general de la sociedad. Traza una frontera. Y, como mostró Hilary Graham, esa frontera no separa simplemente a fumadores y no fumadores, sino a quienes pudieron alejarse del daño y a quienes permanecieron más expuestos a él.
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