(2/3) A puerta cerrada, el glosario se convierte en muro. Lo que no puede decirse, no puede oírse y lo que no puede oírse, no existe.
La liturgia da paso a la arquitectura: nombres, títulos, cláusulas, glosarios —el rostro más concreto, y más opaco, del régimen—. Este es el blindaje institucional del Convenio: un diseño de protección que transforma el vocabulario en barrera, el disenso en amenaza y la participación en riesgo. La disidencia no se enfrenta. Se neutraliza de antemano.
Rígido por fuera, elástico por dentro
Camino a la estación central, reviso notas y fotos bajo el resplandor tenue de mi celular. El autobús va casi vacío, recalentado frente al frío de afuera.
La ventana vibra con cada unión del asfalto. Silencio de transporte público: una tos amortiguada, un abrigo rozando el vinilo, aire caliente subiendo desde el suelo. Y el motor, cumpliendo su función sin pedir permiso.
El edificio que alberga la COP11 es, formalmente, solo una sede temporal de deliberación.
Temporal.
Pero en la práctica funciona como un centro de mando: desde allí, capas de lenguaje fluyen de la pantalla a la vida. Y hace tiempo que esto dejó de ser solo sobre “control del tabaco” en sentido estricto.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco fue concebido a inicios de los 2000, en un mundo donde la industria aún financiaba legisladores, seducía médicos y cultivaba la duda científica como estrategia de supervivencia. La duda como producto. Retrasó meticulosamente el reconocimiento de una verdad ya expuesta por el Colegio Real de Médicos [Royal College of Physicians] en los años 60: los cigarrillos matan.
El objetivo fundacional parecía obvio, casi irrefutable: blindar las políticas de salud pública de la interferencia de un sector demasiado poderoso como para ser ignorado.
Dos décadas después, el mundo alrededor del Convenio se ha vuelto más complejo. Gran parte de la industria ahora se reconoce a sí misma y busca reconfigurarse para transformar su portafolio y poder sobrevivir.
El tratado también lo hace: rígido por fuera, elástico por dentro. Ya no se limita a subir impuestos, imponer ambientes libres de humo o prohibir publicidad. Ahora opera como una corporación tecnocrática dentro de un ecosistema regulatorio creciente, compuesto por comités temáticos, grupos de expertos, misiones técnicas, informes de implementación y mecanismos de revisión entre pares.
Cada dos años, la COP agrega otra capa: directrices “voluntarias”, recomendaciones “reforzadas”, decisiones que, sin modificar una sola línea del texto fundacional, amplían silenciosamente su campo de acción, infiltrándose en ámbitos que van desde la agricultura hasta la gestión de residuos electrónicos.
Y sin embargo, en el pasillo, en la acera junto a la salida lateral discreta, nada de esto carga con la solemnidad de la página. El consenso llega con el cansancio. Con ojos que evitan la cámara. Con sesiones cerradas. Con personas entrenadas para no decir nada.
Pienso en esto mientras recuerdo al delegado que cruzó frente a mí en la salida lateral: ojos resecos de tantas horas bajo luces blancas.
Bajó la voz para decir que no tenía permitido hablar con la prensa. No dijo quién se lo prohibió. No hizo falta. La prohibición ya estaba ahí, en la forma en que aceleró el paso y en cómo emergió la frase: no como advertencia, sino como disculpa.
El otoño como protocolo
En Ginebra, el poder rara vez entra por la puerta principal. Entra por la agenda. Y afuera, la historia misma de la ciudad lo cuenta, sin pedir permiso.
Del mismo modo, yo regreso: sin credencial, sin invitación, sin autorización.
Llegar al Centro Internacional de Conferencias de Génova conlleva la neutralidad de un lugar entrenado para albergar al mundo: concreto, vidrio, un toldo demasiado ancho para cualquier gesto espontáneo. Las banderas no decoran. Marcan jurisdicción.
La lluvia reciente deja el asfalto con un brillo de archivo: una superficie que ya parece leída, sellada, devuelta a su lugar.
En la fachada, el nombre del edificio se extiende con la serenidad de una institución que ha visto mil urgencias ir y venir. La COP11 aparece como un logo colgante, una calcomanía con fecha sobre una arquitectura que promete permanencia.
El edificio no celebra. Autoriza.
Ahora que recorro el camino en reversa, lo noto: desde la parada del tranvía hasta la entrada, el mundo parece dispuesto para no alzar la voz. Rieles. Aceras limpias. Señalética. Un azul normativo indicando prioridad peatonal; un pictograma de un adulto y un niño resumiendo la pedagogía de la obediencia.
Y justo ahí, en el mismo barrio, el acrónimo UNHCR, en grandes letras azules sobre un edificio bajo y curvo, recordatorio de que, en esta parte de la ciudad, el sufrimiento humano también se gestiona mediante siglas, protocolos, comités.
El mundo se convierte en sigla.
El cuerpo, en dato.
Otro cuerpo, en caso.
El inicio del invierno, gestionado.
Hojas caídas —amarillas, insistentes— se acumulan en el suelo bajo la disciplina del viento, como si la ciudad estuviera almacenando el otoño para uso administrativo.
La agenda de quienes controlan el tiempo
Pero la herida está en el detalle menor y, por eso mismo, gobierna. En la entrada, ya no encontré el cenicero metálico desbordado de colillas que una vez estuvo frente a una conferencia dedicada a erradicar el tabaquismo en el mundo. La naturaleza muerta de Edoxie Allier debió ser retirada con rapidez.
El residuo del hábito frente al emblema de la norma: filtros aplastados, papel húmedo, ceniza acumulada. La política deja páginas limpias. El cuerpo siempre deja restos.
En la fría mañana del 22 de noviembre de 2025, bajo la luz difusa del plenario —fría e institucional—, la COP11 realizó uno de sus rituales más discretos y más trascendentales: la selección de quién operaría la máquina. No hubo suspenso visible. No se alzaron voces. Hubo procedimiento.
La coreografía fue breve, aséptica: auriculares en su lugar, micrófonos de tallo fino apuntando a bocas entrenadas, laptops abiertas como estaciones de control en miniatura, vasos de papel arrugados como si incluso el agua debiera parecer provisional.
Al fondo, una pared color borgoña hacía el trabajo de la institución: rígida, repetitiva, haciendo que lo humano pareciera transitorio, la estructura, inamovible.
Ahí, la puerta no es la puerta. Es la agenda.
Desde fuera, la conferencia se vende como una democracia diplomática: cada país con su cartel, su traducción simultánea, su minuto para hablar. Su superficie.
El plenario ofrece igualdad como escenografía. La decisión real ocurre antes y alrededor.
El mecanismo no es el micrófono; es lo que decide quién llega al micrófono. Qué entra en la agenda. Cuándo llega. En qué forma textual. En qué momento se declara “cerrado” el debate. Qué párrafo vuelve para revisión y cuál muere por falta de tiempo. Y, sobre todo: qué tipo de disenso el sistema aún está dispuesto a tolerar antes de cerrarse.
El arte de hacer que algo exista
Formalmente, quien “rige” es la Conferencia de las Partes. Operativamente, se da a sí misma un cerebro: la Mesa.
La Mesa no es un ornamento ceremonial. Administra la agenda, reparte el tiempo y decide cuándo un tema ha sido “suficientemente discutido” como para convertirse en texto… o morir de agotamiento.
En la COP11, este mecanismo se estableció en menos de una hora, mediante una decisión de una página: seca, logística, impecable. Allí, el poder recibe nombre y título.
Presidente electo de la Mesa: Jawad Al Lawati (Omán).
Vicepresidentes por región: Pedro Gullón (España), Hekali V. Zhimomi (India), Judith Segnon-Agueh (Benín), Derrick Heng Mok Kwee (Singapur) y Vera Luiza da Costa e Silva (Brasil).
La misma decisión designa a Vera Luiza, entre los vicepresidentes, como Relatora.
Aquí es donde muchos informes se equivocan: subestiman el rol menos vistoso. El relator no adorna la conferencia. La certifica. La organiza. La enmarca. La consolida.
En un cuerpo multilateral, quien certifica el texto también certifica el evento: qué entra como “decisión”, qué se convierte en “registro”, qué se relega a una nota al pie y qué desaparece sin hacer ruido.
Si controlas el flujo, controlas el resultado. No solo porque moldeas la evidencia, sino porque, en una conferencia, el resultado raramente emerge del argumento más fuerte. Emerge del párrafo que sobrevive.
La maquinaria intacta de los martillos
El segundo núcleo de poder reside en los comités. Aquí, la anatomía queda al desnudo. Es en los comités donde el debate toma forma, pierde exceso y se convierte en redacción. Aquí, el martillo entra en acción. Y accionar, en este caso, es decidir qué sigue existiendo.
Al comienzo de la semana, la COP11 eligió a los presidentes de los comités A y B. La decisión fue aún más breve: media página de nombres. En papel, un gesto administrativo. En la práctica, la selección de quién arbitra qué es “sustantivo”, qué es “financiero” y qué puede posponerse sin costo moral. Quién controla el tiempo. El tiempo no firma; veta.
En el Comité A —donde se concentran los temas sustantivos y políticamente cargados del tratado— la presidencia fue para Damini Mohur (Mauricio), acompañada por las vicepresidencias de Nuntavarn Vichit-Vadakan (Tailandia) y Maya Roumani (Líbano).
En el Comité B —responsable de la arquitectura institucional y el nervio presupuestario— la presidencia fue asignada a Marcos Dotta (Uruguay), con las vicepresidencias de David Yim (Unión Europea) y Mary Ann Palermo-Maestral (Filipinas).
El documento que formaliza estas elecciones ocupa poco más de una página. No registra controversias. No contiene disenso. No revela fracturas. Es la estética de la gobernanza perfecta: todo aprobado, todo “en orden”.
Pero “en orden”, aquí, describe la caligrafía del texto, no la política. Parece burocracia. Pero es un mecanismo.
El presidente controla el micrófono y el reloj. Decide el orden de las intervenciones. El momento exacto en que “la sala” ya ha hablado lo suficiente. El instante en que un párrafo vuelve para ajustes y el momento en que la agenda avanza, arrastrando a los indecisos consigo.
Así es como el disenso se convierte en lenguaje neutro.
Cómo la discrepancia se entierra bajo el cansancio y el procedimentalismo.
Quienes conocen la gramática interna de la COP lo saben: cada nombre lleva una cartografía de antecedentes.
No es conspiración. Es sociología institucional. Un Estado miembro no llega a la mesa como un cuerpo neutro. Llega con victorias morales, traumas, obsesiones burocráticas, alianzas y fronteras invisibles. Lo que cambia no es solo quién sostiene el martillo, sino qué se considera ahora “razonable”, “inadmisible” o “fuera de alcance”.
“Estuvo bien calculado”, me dijo un actor político latinoamericano bajo condición de anonimato, alguien que siguió de cerca las negociaciones. “Mauricio, Tailandia, Uruguay, Unión Europea, Brasil… todos son considerados confiables para mantener la cohesión del Convenio”.
La palabra cohesión carga con peso. En estos escenarios, cohesión suele significar menos ruido. Menos ambigüedad. Menos espacio para los matices. A veces, menos diálogo. A veces, menos acuerdo —del tipo que se considera innecesario—.
La verdadera pregunta es: ¿cuál es el costo de esa cohesión?
Le pregunto si eso no estrecha demasiado el margen del debate.
Duda, no por falta de opinión, sino para calcular lo que va a decir.
“Es el precio”, responde.
Y se detiene justo antes de tomar partido en su propia frase.
Protección, para algunos.
Cierre, para otros.
El método del glosario cerrado
Desde ahí, el resto fluye. La COP no necesita decir “no” en voz alta. Solo necesita decidir quién organiza el “sí”. Y organizar el “sí” significa diseñar el tutorial del vocabulario permitido: las frases que pasan, los términos que se fijan, las premisas que ya no necesitan debate.
Tailandia entra al Comité A con la autoridad de una prohibición total del vapeo como vitrina exportable. Un gesto que circula bien porque no necesita demostrar eficacia sobre el terreno; solo necesita exhibir firmeza en el texto.
Uruguay trae el prestigio de haber enfrentado —y vencido— a Philip Morris. Una batalla legal convertida en mito fundacional: el Estado heroico contra la corporación depredadora.
La Unión Europea llega con el peso de su aparato jurídico y su gusto por la estandarización, una forma de poder que no grita, pero avanza redactando, armonizando, siendo consistente.
Y Brasil, con su postura histórica de prohibir en lugar de regular productos de riesgo reducido, suele desempeñar el papel de guardián: cualquier matiz corre el riesgo de ser etiquetado como laguna legal.
Laguna legal es una palabra policial.
Todo esto encaja elegantemente en el léxico oficial: participación equitativa, cooperación internacional, promoción de la salud.
Pero la equidad aquí no se distribuye por el mundo. Se distribuye por el lenguaje.
Para entrar en la sala, hay que hablar el idioma correcto. Y más que hablarlo, aceptar las premisas que ese idioma carga y esconde. El régimen opera a través de un filtro de representación. No es solo exclusión administrativa. Es selección formal.
Quien llega al micrófono ya ha sido filtrado. Escuchar, cuando sucede, ya viene preeditado. En la práctica, hay poco o ningún espacio para fumadores, usuarios de productos de riesgo reducido, médicos de primera línea o científicos que no compartan la ortodoxia del control. Estos grupos aparecen como estadísticas. Y como amenazas. Rara vez como sujetos.
El resultado es una paradoja: un tratado global que gobierna miles de millones de cuerpos sin consultarlos. Un régimen que se autodenomina salud pública y sin embargo opera, al mismo tiempo, como un sistema de pertenencia: todo aquel fuera del glosario se convierte en un riesgo.
“Eso tenía sentido en su momento. Pero ahora se ha vuelto un defecto histórico”, dijo el mismo delegado, todavía off the record. “El Convenio nació en un contexto donde la urgencia era blindar las políticas públicas de la interferencia de la industria”.
Hace una pausa, midiendo la temperatura de su propia frase.
“El escudo se volvió un sistema de exclusión. Para muchos, sigue siendo una protección necesaria. Para algunos, es un exceso”.
Y luego suelta la frase que explica todo el edificio:
“Pero nadie quiere tocar ese tema”.
Porque tocar ese tema es tocar el mecanismo que mantiene cohesionada a la Conferencia: la idea de que cualquier interlocutor fuera del marco del Control representa un riesgo. Y cuando un sistema convierte el riesgo en identidad, cuando el sospechoso se vuelve una categoría moral, las normas dejan de ser herramientas. Se vuelven fronteras.
En ese punto, la Secretaría deja de ser un detalle. Se vuelve arquitectura.
La COP gobierna no solo mediante sus decisiones, sino mediante lo que vuelve indecidible.
Y eso se ve en las cosas más pequeñas, donde el método aparece sin retórica:
el delegado que ajusta sus auriculares sin levantar la vista de la mesa;
el cartel que reduce un país entero a cinco letras;
la mano que flota sobre el teclado, luego se retrae;
el aplauso sordo que valida el procedimiento, no a la persona.
La institución fabrica su propia óptica.
La óptica, repetida, se vuelve hábito.
El hábito, repetido, se vuelve suelo firme.
A partir de ahí, el texto oficial ya no necesita registrar la controversia.
Sin votación. Sin disenso.
El desacuerdo ya fue filtrado antes del plenario.
Llega reclasificado, domesticado, convertido en un lenguaje que el sistema sabe procesar.
Interferencia.
El término para esto no es “conspiración”.
Es método.
Y el centro de ese método, la línea que sostiene toda la estructura, cabe en unos pocos caracteres: Artículo 5.3.
El búnker 5.3
Nada aquí es casual. Todo está estructurado.
Casi todo toma forma de número: cláusula, artículo, directriz.
Con el peso de una escritura sagrada.
En el corazón del escudo del CMCT yace una regla lo bastante concisa como para caber en un párrafo pequeño, pero lo bastante fuerte como para sostener toda una estructura de exclusión.
El texto del Artículo 5.3 insta a los países a proteger sus políticas de salud pública de los “intereses comerciales y otros intereses creados” de la industria tabacalera.
Las directrices oficiales van más allá y cristalizan la idea fundacional del régimen en una frase sin concesiones:
Existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria y los de la salud pública.
Esto no es solo una advertencia.
Es una división.
Una cosmología: un mundo dividido por contagio.
De un lado, lo aceptable. Del otro, lo comprometido.
Y la frontera pasa por el lenguaje.
En términos prácticos, el 5.3 funciona como un código de conducta: evitar reuniones, rechazar asociaciones, descalificar investigaciones financiadas por la industria y tratar cualquier contacto como potencial infiltración.
La norma no solo dice qué hacer. Dice con quién no estar.
Higiene institucional, en papel.
Y la historia proporciona justificación suficiente: décadas de engaño, manipulación científica y filantropía estratégica. Durante mucho tiempo, esa vigilancia no fue una sobrerreacción. Fue supervivencia.
El problema comienza cuando el escudo se convierte en trinchera y la trinchera deja de ser una medida para convertirse en una identidad.
La implementación del Artículo 5.3 expandió su alcance y endureció su control. Lo que nació para bloquear abusos, ahora también bloquea el disenso y el diálogo.
Cuando el principio de precaución se transforma en principio de exclusión, el sistema empieza a corroer su propia legitimidad, reemplazando el debate por triage y el diálogo, por pruebas de pureza.
En la COP/CMCT, esa pureza no aparece como eslogan. Aparece como práctica. Un filtro de admisibilidad que separa “aceptable” de “sospechoso”, “dentro” de “fuera”.
Bajo la regla 5.3, no solo se excluye a ejecutivos de la industria tabacalera. El filtro se extiende a investigadores de productos de riesgo reducido, defensores de consumidores, médicos en la primera línea y científicos que no se alinean con la ortodoxia del control y el prohibicionismo.
La prensa —apostada en el perímetro— cae bajo la misma lógica de contagio.
No importa qué pregunta haga, sino en qué cajón puede archivarse.
Hay un detalle que captura el mecanismo sin levantar la voz:
una plaquita de escritorio que dice WHO FCTC LEGAL.
Acrílico bajo, letras negras, firmemente colocada entre micrófonos delgados y vasos de papel.
Aquí, el derecho no es solo un conjunto de normas; es una función.
Marca.
Frena la palabra cuando amenaza con cruzar la línea.
Legal no arbitra la pluralidad. Custodia el límite.
“Es difícil,” admitió el mismo delegado latinoamericano.
“Ya sabes… Cuando intentas proteger una política, corres el riesgo de aislarla de la misma realidad que dice proteger”.
La frase es simple. Y también lo es el mecanismo.
Una política pública puede blindarse tanto que pierde contacto con el objeto que buscaba servir.
Cuando la premisa de conflicto irreconciliable se convierte en el único lente, todo se interpreta por origen, no por evidencia.
El diálogo científico se enfría.
La cooperación se endurece.
Todo actor sospechoso de contaminación es mantenido a distancia.
Y el sistema empieza a operar con una pregunta silenciosa, repetida:
¿De dónde vienes?
En lugar de la única que debería regir la salud pública:
¿Qué muestran tus datos?
El 5.3 deja de ser cláusula.
Se vuelve práctica.
Una rutina de clasificación.
Una forma de ver y filtrar.
En la COP11, se asignaron casi un millón de dólares para expandir su aplicación capacitación nacional, kits de comunicación sobre “tácticas de la industria”, códigos de conducta, manuales adaptables a otras agencias de la ONU.
Ya no es solo una regla.
Es presupuesto.
Es plano.
Es réplica.
La cláusula se convierte en infraestructura.
Y la infraestructura tiende a alimentarse de sí misma: cuanto más se entrena para detectar amenazas, más amenazas se aprende a ver. Y cuando las amenazas están en todas partes, la respuesta se vuelve automática:
Expandir el búnker.
Conflicto de interés, interés en el conflicto
No fue la primera vez.
Al igual que en la COP10 en Panamá, Ginebra repitió el gesto. A miembros de organizaciones vinculadas a la agricultura y a la cadena productiva del tabaco, así como autoridades políticas electas de la principal región tabacalera de Brasil, se les impidió participar en la conferencia. Incluso como observadores.
La justificación oficial llegó con la forma familiar: potenciales conflictos de interés.
Entre los directamente ligados a la cadena política: Valmor Thesing (SindiTabaco), Romeu Schneider (Afubra, Cámara Sectorial del Tabaco), Edimilson Alves (Abifumo), Rangel Marcon (Fentitabaco), Gilson Becker (Amprotabaco y alcalde de Vera Cruz, RS) y Éder Rodrigues (Stifa). Una lista que no necesita adjetivos. Las filiaciones hablan por sí solas.
Pero, como pude presenciar, la exclusión fue más allá de representantes de la industria o trabajadores. Alcanzó a secretarios de Estado, alcaldes, legisladores federales y regionales —todos electos, todos excluidos—.
Según el propio informe de la delegación, también se negó el acceso a representantes de los gobiernos de Rio Grande do Sul y Santa Catarina: Edivilson Brum (Agricultura/RS), Vilson Covatti (Desarrollo Rural/RS) y Celles Regina de Matos (Cidasc/SC).
También fueron bloqueados alcaldes de municipios clave del cinturón tabacalero de Brasil: Jarbas da Rosa (Venâncio Aires/RS), Emerson Maas (Mafra/SC), junto a funcionarios municipales ligados a agendas locales de salud y desarrollo.
En este punto, el término conflicto de interés se revela como más que un filtro técnico. Se convierte en un instrumento. Y, no pocas veces, en un obstáculo al interés público.
A siete diputados federales —Afonso Hamm, Heitor Schuch, Marcelo Moraes, Dilceu Sperafico, Rafael Pezenti, Zé Neto y Zé Rocha— también se les impidió ingresar. También a varios diputados estaduales de Rio Grande do Sul: Marcus Vinícius, Silvana Covatti, Zé Nunes, Airton Artus, Dimas Costa, Pedro Pereira.
La lista, según se informó, incluyó más de treinta nombres, entre ellos Marco Antonio Dornelles, Marcos Augusto Souza, Joel Maraschin, Romano Scapin, Ricardo Landim.
Este episodio expone una tensión que el texto oficial se rehúsa a admitir, pero que moldea el proceso desde dentro:
Legitimidad democrática vs. tecnocracia internacional
Cuando representantes electos son tratados como sospechosos por defecto, lo que está en juego ya no es solo el control del tabaco. Es el propio criterio de representación legítima y la capacidad del sistema para blindarse no solo frente a la industria, sino frente a cualquier actor que traiga fricción, arraigo, ambigüedad o complejidad al debate. Incluyendo a los territorios más afectados por sus decisiones.
Y es aquí donde el búnker muestra lo que realmente protege:
no solo una política, sino un campo de preguntas permitidas.
No solo se bloquea a actores. Se bloquean preguntas.
Y sin preguntas, lo que queda es solo forma, no pensamiento.
A menos de dos kilómetros del plenario oficial, se desarrollaba un evento paralelo: Good COP.
Médicos, científicos y usuarios de vaporizadores y productos de tabaco calentado se reunían para compartir experiencias, no doctrina.
Hablaban de riesgo relativo. De recaídas. De intentos fallidos por dejar de fumar. De éxitos con dispositivos de menor riesgo.
Hablaban otro idioma, moldeado por historias individuales, por la matización, la incertidumbre y el método científico.
Un lenguaje menos preocupado por la pureza, más atento al proceso.
En el régimen de la COP, ese vocabulario no tenía voz.
Ni placa con nombre.
Ni micrófono.
No fue contabilizado.
No existió.
“Sabíamos que estarían aquí, igual que en Panamá, ¿no?”, me dijo mi fuente, poniéndose de pie. “Pero como no tienen estatus formal, se los trata como ruido. Hay muy poco espacio para la contradicción”.
Le pregunté si el silencio institucional a veces actúa como una forma discreta de censura.
Pausa. Tres, cuatro segundos.
Luego respondió:
“La estructura de la COP es muy cerrada. Poco permeable. Ya sabes”.
Miró su reloj. Mencionó una reunión en cinco minutos. Y cerró con un educado:
“Buen trabajo para ti”.
En el lenguaje del búnker, eso no es una opinión.
Es una regla, dicha en voz baja.
Próximo: De la estructura a la escritura. La Parte 3 explora cómo la técnica se convierte en doctrina y cómo la pureza, que alguna vez fue un principio de precaución, se transforma en una práctica de exclusión.
Fuentes y documentos
Todos los documentos oficiales, decisiones y materiales complementarios de la Undécima Sesión de la Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, celebrada en Ginebra en noviembre de 2025, están disponibles públicamente en el sitio web del CMCT de la OMS:
- Página principal de la COP11
- Decisiones adoptadas en la COP11
- Documentos principales
- Información complementaria
Entre los documentos clave mencionados en este artículo se encuentran:
- FCTC/COP11(1) Adopción de la agenda
- FCTC/COP11(2) Solicitudes de estatus de observador
- FCTC/COP11(3) Elección de las autoridades de los Comités
- FCTC/COP11(5) Medidas prospectivas de control del tabaco
- FCTC/COP11(7) Contribuciones obligatorias
- FCTC/COP11(9) Naciones Unidas libres de humo y aerosoles
- FCTC/COP11(10) Artículo 18 – Impactos ambientales
- FCTC/COP11(11) Plan de trabajo y presupuesto para el período 2026–2027
- FCTC/COP11(14) Elección del Presidente y Vicepresidentes
La lista completa está disponible aquí.
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