No es solo nicotina: es la historia que la sostiene. Durante décadas, la lucha contra el tabaco se concentró en un enemigo visible: el cigarrillo combustible. Pero en el siglo XXI, los productos con nicotina se transforman más rápido que las políticas que intentan controlarlos y el mapa del riesgo se ha vuelto más ambiguo y más político. Curvas, voces, matices y tensiones configuran hoy el nuevo campo de batalla de la salud pública.
En Estados Unidos, el mapa del consumo juvenil de nicotina vuelve a cambiar de contornos y colores. Tras el ascenso vertiginoso del vaping, que alcanzó su punto álgido en 2019 —año en que un 27,5 % de los estudiantes de secundaria declaró haber utilizado cigarrillos electrónicos en el último mes—, las curvas estadísticas comenzaron, por fin, a inclinarse a la baja.
La tentación inmediata es leer ese descenso como un veredicto favorable a las políticas restrictivas. Pero las cifras, por sí solas, raramente narran causalidades. Entre la cúspide y el repliegue se entrelazaron reformas regulatorias, oscilaciones en la oferta, mutaciones culturales y, no menos relevante, la irrupción de sustitutos.
En 2024, la prevalencia descendió al 7,8 % entre estudiantes de secundaria y al 5,9 % en el conjunto del alumnado. Una victoria parcial. El éxito de una medida no se mide solo por lo que logra desalojar, sino también por aquello que ocupa el hueco que deja. Y en ese hueco, casi a contraluz, se deslizaron las nicotine pouches: pequeñas bolsas de nicotina en polvo —sin tabaco, sin combustión— que se colocan discretamente entre la encía y el labio.
En Suecia, un patrón análogo con el snus —pariente cercano de las pouches— ha contribuido a registrar la menor tasa de tabaquismo y una de las más bajas de cáncer de pulmón de Europa. Sin embargo, trasplantar ese modelo a otros contextos implica afrontar resistencias culturales, fricciones regulatorias y estrategias comerciales profundamente distintas.
En la última edición del Encuesta Nacional sobre Tabaco en Jóvenes (NYTS por sus siglas en inglés), las bolsitas de nicotina ya ocupan el segundo lugar entre los productos más consumidos por adolescentes: un 1,8 % en el total y un 2,4 % entre estudiantes de secundaria. Para algunos, representan la señal temprana de un riesgo en gestación; para otros, la evidencia de que la nicotina —despojada de humo y llama— puede mutar de forma sin perder su magnetismo, mientras reduce de manera sustancial el daño asociado.
En este cruce de caminos, la salud pública se enfrenta a una paradoja tan antigua como persistente: cómo gestionar un producto que, al mismo tiempo, promete reducir el daño frente a alternativas más letales y amenaza con reconfigurar el mapa de la adicción entre los más jóvenes.
Regular demasiado pronto puede sofocar una herramienta potencial de reducción de riesgos; hacerlo demasiado tarde, en cambio, deja la puerta abierta a que el mercado imponga sus reglas, con frecuencia guiadas por el interés comercial más que por el bien común.
En ese espacio incierto, donde la ciencia avanza más despacio que la mercadotecnia, el desafío no es solo decidir qué prohibir o permitir, sino anticipar qué formas —y qué rostros— adoptará la nicotina en los años por venir.
El núcleo de la disputa: voces y narrativas
Recientemente, una de las voces más estridentes que encendió el debate fue la de Leana S. Wen, médica de urgencias y columnista de The Washington Post. En su artículo del 15 de julio de 2025, Wen advierte que las nicotine pouches representan una amenaza emergente para la salud juvenil. Su argumentación se articula en torno a tres pilares:
- Neurotoxicidad en adolescentes, respaldada por estudios que vinculan el consumo temprano de nicotina con déficits de memoria, atención y control de impulsos, así como con una mayor vulnerabilidad a la ansiedad y la depresión.
- Tendencia ascendente del uso juvenil, citando una investigación publicada en JAMA Network Open, que detectó una duplicación del consumo entre estudiantes de 10.º a 12.º grado: del 1,3 % en 2023 al 2,6 % en 2024. A ello se suma el lugar destacado que ocupan las pouches en el NYTS 2024.
- Marketing heredado del auge del vapeo, sabores atractivos, incluso de corte infantil en el mercado ilícito; promoción indirecta a través de influenciadores; presencia en festivales y revistas de moda y una estética que coquetea con la transgresión.
El enfoque de Wen, aunque firme en su advertencia sobre riesgos potenciales, se mueve en un terreno donde la evidencia aún es fragmentaria.
Su diagnóstico tiende a proyectar escenarios de alto impacto a partir de señales iniciales, un patrón recurrente en salud pública cuando el objetivo es la prevención total. Este encuadre, sin embargo, corre el riesgo de sobredimensionar correlaciones incipientes —aún no probadas como causalidad— y de subestimar la heterogeneidad en los patrones de uso entre adolescentes. Si bien su advertencia puede ser útil como impulso para una vigilancia temprana, también puede reforzar una narrativa alarmista que clausure prematuramente el debate sobre el potencial de reducción de daños en adultos. En otras palabras, Wen se alinea con una lógica de riesgo cero que, históricamente, ha tendido a concebir cualquier nueva forma de nicotina como una amenaza a neutralizar, más que como un vector que, bien gestionado, podría desplazar prácticas más nocivas.
En el extremo opuesto del debate se sitúa Matthew Holman, director científico y de estrategia regulatoria de Philip Morris International (PMI) en Estados Unidos. En su respuesta formal publicada en The Washington Post, Holman recurre a los informes de la FDA que autorizaron la comercialización de veinte productos ZYN. Según estos documentos:
- Los productos presentan un bajo atractivo para personas que nunca han consumido nicotina o que la han abandonado.
- “Una proporción sustancial” de adultos que los prueban sustituye por completo el consumo de cigarrillos.
- El riesgo de iniciación juvenil, aunque no nulo, fue evaluado como bajo.
- La sustitución total se asocia a mejoras significativas en salud, incluyendo reducciones marcadas en biomarcadores de exposición.
Holman subraya, además, que PMI no comercializa cigarrillos combustibles en Estados Unidos y presenta como prueba de su compromiso una serie de políticas de marketing responsable: ausencia de influenciadores pagados, uso de modelos mayores de 35 años y contenido digital limitado a mayores de 21. Sin embargo, estos compromisos, aunque plausibles sobre el papel, no están exentos de ambigüedad: dependen exclusivamente de la autoevaluación de la propia compañía y carecen de auditorías independientes que verifiquen su cumplimiento efectivo. La ausencia de mecanismos externos de control convierte esas políticas en promesas más que en garantías.
Su intervención se inscribe en un discurso corporativo que, aunque respaldado por datos validados por la FDA, opera bajo un doble marco: por un lado, legitimar el producto como alternativa de menor riesgo frente al cigarrillo; por otro lado, consolidar una posición estratégica en un mercado donde la transición del tabaco combustible a la nicotina sin combustión representa tanto una oportunidad de salud pública como una vía de expansión comercial. Esa coincidencia entre interés sanitario y beneficio económico —inusual, pero no imposible— exige un escrutinio constante, precisamente para evitar que la narrativa de la “reducción de daños” se transforme en un escudo retórico contra regulaciones más exigentes.
Entre ambas posturas se sitúa Brad Rodu, profesor de medicina en la Universidad de Louisville y figura destacada en la investigación sobre reducción de daños vinculada al tabaco. Rodu cuestiona las cifras citadas tanto por Leana Wen como por Mitch Zeller, exdirector del Centro para Productos de Tabaco (CTP/FDA), relativas a los elevados porcentajes de uso dual. Basándose en microdatos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud (NHIS por sus siglas en inglés) de 2024, sostiene que el 40 % de los adultos que vapean son exfumadores, el 26 % fumadores actuales y el 34 % nunca fumadores. Una distribución que, según él, contradice la narrativa dominante del “usuario dual” como mayoría.
Para Rodu, la persistencia del uso dual no refleja tanto una falta de eficacia de los dispositivos alternativos como un fracaso en la comunicación institucional. Señala que las campañas oficiales han equiparado de forma sistemática los riesgos del vaping y de la combustión, transmitiendo así la idea de que cambiar no aporta beneficios significativos. Este mensaje, sostiene, desincentiva la transición completa hacia productos de menor riesgo y contribuye a perpetuar el consumo combinado.
Su perspectiva, aunque respaldada por análisis de datos representativos, parte de un marco claramente definido: prioriza la reducción de daños como eje central de la política sanitaria, incluso si ello implica aceptar una cierta tasa de iniciación entre no fumadores. Este enfoque, a menudo en tensión con el principio de precaución que orienta a figuras como Wen, parte de la premisa de que los beneficios netos para la población fumadora superan el coste potencial de una nueva generación de usuarios.
El desacuerdo, por tanto, no se resuelve en las cifras: es, en el fondo, un enfrentamiento entre filosofías regulatorias. Una aspira a minimizar cualquier riesgo emergente; la otra privilegia el desplazamiento del daño más severo, aún si la erradicación total permanece como horizonte inalcanzable.
En última instancia, el debate actual sobre las bolsas de nicotina no se reduce a una disputa técnica ni a un desacuerdo cuantitativo: se trata de una batalla por el marco desde el cual decidimos qué riesgos tolerar, a quién proteger y con qué herramientas hacerlo. Entre el rigor del principio de precaución y el pragmatismo de la reducción de daños se despliega una tensión irreconciliable, pero no nueva. La historia reciente del control del tabaco está marcada precisamente por estas inflexiones: momentos en los que la definición del “enemigo” cambia, se transforma, se disfraza.
La curva y sus inflexiones
En las décadas de 1990 y 2000, el enemigo era claro: el cigarrillo convencional. Entre estudiantes de secundaria, la prevalencia superaba el 30 %. Campañas agresivas, impuestos elevados, prohibición de la publicidad y restricciones en espacios públicos provocaron un descenso sostenido hasta inicios de la década de 2010. Entonces llegó el ascenso vertiginoso de los cigarrillos electrónicos, impulsado desde 2014 por dispositivos más sofisticados y sabores que iban más allá del tabaco y el mentol.
Entre 2017 y 2019, la Encuesta Nacional sobre Tabaco en Jóvenes (NYTS) registró un salto abrupto: del 11,7 % al 27,5 % de uso reciente de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de secundaria. La respuesta regulatoria —restricciones parciales de sabores, campañas de disuasión— coincidió con un giro en las tendencias culturales y con la irrupción de productos sustitutivos, factores que, en conjunto, ayudaron a invertir la curva. Para 2024, solo un 7,8 % en secundaria y un 5,9 % del total declaraban uso reciente de cigarrillos electrónicos. El consumo de cualquier producto de tabaco descendió al 10,1 % en secundaria y al 8,1 % en el conjunto del alumnado: menos de un tercio del pico alcanzado por el vaping.
Pero las estadísticas también proyectan sombras. La irrupción de las bolsitas rompió la sensación de control: superaron en consumo juvenil a los cigarrillos combustibles y a los puros, repitiendo —según sus críticos— las mismas estrategias de seducción que impulsaron el auge del vapeo. Para los defensores de la reducción de daños, sin embargo, la diferencia es sustancial: el vector de riesgo es mucho menor y el desafío no consiste en prohibir de forma indiscriminada, sino en regular con precisión, maximizando la sustitución en adultos y minimizando la atracción entre jóvenes.
En este punto, los principios bioéticos se entrelazan y colisionan: beneficio, no perjuicio, autonomía y justicia. Fumar es, de forma incuestionable, mucho más dañino que usar pouches, pero si estas no logran sustituir por completo los cigarrillos, los beneficios potenciales se diluyen. Entre permitir sin restricciones y prohibir de plano, se abre un pasillo estrecho que exige políticas capaces de cerrar puertas peligrosas para los menores sin bloquear salidas vitales para los fumadores adultos. Experiencias como la del Reino Unido —donde se promueve activamente el vaping entre fumadores, al tiempo que se imponen severas restricciones al marketing juvenil— sugieren que un equilibrio no solo es deseable, sino posible.
Durante medio siglo, la salud pública combatió el tabaquismo con imágenes de pulmones ennegrecidos. Fue eficaz. Salvó vidas. Pero también fundió, en la narrativa pública, la nicotina —adictiva, sí, pero no letal por sí sola— con la combustión que mata. En ese hiato entre química y política germina hoy la controversia en torno a las pouches. Para algunos, son un caballo de Troya para la iniciación juvenil; para otros, un puente hacia un territorio menos letal. Ambas metáforas son, en última instancia, artefactos retóricos: dependen del marco desde el que se cuente la historia.
Entre el alarmismo y la complacencia se abre un camino regulatorio, ético y narrativo que exige no solo evidencia sólida, sino una revisión crítica de las historias que contamos sobre lo que nos amenaza. A veces, la sustancia importa menos que la narración que la domestica o la condena.
La historia reciente del consumo de nicotina entre adolescentes revela una curva que no solo sube o baja: se bifurca, se retuerce, se redefine. Cada descenso ha sido celebrado como un triunfo; cada ascenso, como una amenaza. Pero la pendiente no es solo epidemiológica: es también semántica, política, ética. Lo que entendemos por “riesgo” y lo que decidimos combatir depende tanto de las cifras como del relato que las acompaña.
Del cigarrillo combustible al vaping, y de ahí a las pouches, la salud pública ha transitado un paisaje en mutación, donde las categorías que antes ofrecían certezas —fumador, no fumador, adicto, protegido— ya no bastan. Lo que alguna vez fue un enemigo claramente delineado se ha fragmentado en productos, prácticas y discursos que desafían las lógicas binarias de prohibir o permitir.
En este terreno, la regulación ya no puede limitarse a reaccionar: debe anticipar, discriminar matices, calibrar con precisión. Necesita ciencia, sin duda, pero también mirada crítica, sensibilidad narrativa y coraje ético. Porque a veces lo que pone en riesgo la salud no es solo la sustancia que se inhala o se absorbe, sino la historia que nos contamos sobre ella.
La historia de las últimas tres décadas muestra que la lucha contra el tabaquismo no es una guerra de victorias definitivas, sino una cadena de desplazamientos: de la combustión al aerosol, del aerosol a la bolsita. Cada paso ha sido, al mismo tiempo, una retirada del daño máximo y una irrupción de nuevas incertidumbres. Pretender erradicar cada nuevo formato con la contundencia que se usó contra el cigarrillo convencional ignora una verdad incómoda: donde persiste la demanda, la oferta muta.
La reducción de daños asume este hecho y lo convierte en estrategia. No parte de una resignación, sino de un principio activo: alejar a los consumidores del humo, donde reside el mayor daño, sin por ello abandonar la protección de quienes aún no han comenzado. No es indulgencia, sino pragmatismo regulatorio. Implica construir un marco vigilante, con compuertas calibradas que regulen edad de acceso, límites de publicidad, composición química y fiscalidad, en proporción a la magnitud del riesgo.
No hay equilibrio perfecto, pero sí puede haber un equilibrio vigilante: incómodo, tal vez, pero más sostenible que la ilusión de una erradicación total. Entre lo ideal y lo posible se abre un espacio que no niega la ética, sino que la transforma en arquitectura normativa. Y en ese espacio —como en toda política de salud pública— lo que está en juego no es solo cómo se regula una sustancia, sino cómo se regula una sociedad.
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