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El vapeo en América Latina: Ecuador

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La regulación de productos de consumo de nicotina más seguros podría evitar millares de muertes anuales y a la vez promover el desarrollo socioeconómico en Latinoamérica. Sin embargo, varios países de la región van todavía en contra de esa perspectiva y durante más de una década han optado por el prohibicionismo, dejando de recibir importantes ingresos fiscales y tributarios y, lo más grave, perdiendo la oportunidad de promover el cuidado sanitario relacionado con esos productos de consumo.

En muchas ciudades de la región, se pueden encontrar fácilmente productos adulterados o copias de líquidos importados
en cualquier mercado o feria, lo que representa un riesgo directo para la salud del consumidor y un problema inapreciable de salud pública. De hecho, en la mayoría de los países de Suramérica millones de consumidores siguen utilizando productos de vapeo no regulados y sin ningún tipo de control de calidad. 

Las iniciativas de regulación en la región podrían garantizar la protección de la salud de un número creciente de vapeadores con una oferta de productos legales que cumplan con estándares de seguridad y calidad para minimizar o extinguir los problemas relacionados con los mercados ilícitos, además de contribuir a superar la crisis económica.

En esta serie de artículos se analizará la situación del vapeo en varios países de América Latina para conocer, de la mano de representantes de organizaciones de la sociedad civil, sus perspectivas actuales y futuras. 

Tabaco ilegal y datos no confiables

El consumo de tabaco en Ecuador ha disminuido de manera significativa durante las dos primeras décadas del siglo XXI, tanto que se logró llegar a una tasa del 7% en 2015. Sin embargo, este proceso ha sufrido una desaceleración notable en los últimos 5 años.

El sentido común ecuatoriano suele afirmar que en parte esto se puede atribuir a los fuertes estatutos legales y fiscales que recaen sobre el cigarrillo, que llevan al aumento de precios y, consecuentemente, al incremento del mercado ilícito. Se estima que en estos últimos 5 años el 79% de los cigarrillos que se han consumido en Ecuador son de procedencia ilegal. Mientras que una cajetilla legal cuesta 5,77 dólares, las que llegan de China, Colombia o Paraguay, principales “proveedores” ilegales, pueden costar tan solo 1,5 dólares. 

Es así como la venta irregular y no fiscalizada del tabaco influye sobre los índices de disminución de consumo, generando datos no confiables acerca de las ventas de cigarrillos, así como resultados falsos y contradictorios entre la reducción en las ventas y el aumento o persistencia del consumo de tabaco en el país.

El portal Tax Stamp & Traceability News, especializado en temas de importación y comercio internacional, advirtió recientemente que tras el cierre de plantas tabaqueras de Philip Morris International en Colombia y Ecuador se viene registrando un excesivo aumento en las importaciones del producto desde México hacia Colombia, muchísimo más de lo que se consume en el país cafetero. Además, la trazabilidad se pierde allí, pues la cantidad de productos de esta marca que ingresan legalmente a Ecuador no corresponden a la cantidad real que se consume.

De acuerdo con el doctor Enrique Terán, miembro de la Red Latinoamericana por la Reducción de Daños Asociados al Tabaquismo (RELDAT), en la realidad entre el 30% y el 35% de la población ecuatoriana es fumadora.

La situación del vapeo en Ecuador

Con datos de 2016, el Atlas del Tabaco atribuye cerca de 3.600 muertes al año relacionadas con el consumo de tabaco en Ecuador: 1.200 mujeres y 2.400 hombres. Tristemente, el consumo de tabaco entre los jóvenes empieza a muy temprana edad: el 14,5% de los jóvenes entre 10 y 19 años ha consumido cigarrillo y, de este grupo, el 28% continúa fumando durante la vida adulta. Vale recordar que el país andino cuenta con 17,5 millones de habitantes y el 38% de su población son niños y adolescentes (0-19 años).

Ecuador hace parte de la corta lista de países latinoamericanos que tiene regulado por ley el vapeo. Sin embargo, esta legislación no es la más amable hacia el consumidor. De hecho, se considera a los cigarrillos electrónicos como productos de tabaco (un sucedáneo del tabaco, como menciona la ley) y se los regula dentro de la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco (LORCT). 

La tasa impositiva para el mercado del vapeo en Ecuador es del 250%, una de las más elevados de la región (teniendo en cuenta incluso los impuestos al tabaco). La publicidad de los productos de reducción de daños está prohibida en canales de difusión masiva, aunque son permitidas las infografías dentro de las tiendas de vapeo y los establecimientos exclusivos para mayores de 18 años. Adicionalmente, el consumo de vapeo tiene las mismas prohibiciones que el cigarrillo por combustión: no está permitido en oficinas y lugares cerrados públicos o privados. 

A pesar de que la normatividad en este país resulta más amigable en comparación con otros países de la región, la desinformación es habitual en los medios de comunicación y no es raro que un consumidor de tabaco piense que los cigarrillos electrónicos son igual o hasta más perjudiciales que los tradicionales. 

En la actualidad, alrededor de 10 mil personas son usuarias activas de un vaporizador en Ecuador. Con una población de más de 17 millones, no representan más del 0,1%. La poca aceptación de esta tecnología puede estar ligada al bajo costo que tiene el cigarrillo de tabaco de contrabando que se consigue e inunda el mercado ecuatoriano, en contraste con los precios más elevados del vapeo. Ahora bien, las campañas masivas de desinformación y demonización de esta alternativa de consumo de nicotina seguramente también han hecho su parte. 

Una regulación inadecuada también alimenta el mercado ilegal

Pese a toda la presión a la que está sometido este mercado, la oferta de productos es amplia y la cultura del vapeo parece crecer cada día. El mercado ecuatoriano se encuentra consolidado y es común ver tiendas en las ciudades principales, así como ventas a través de las redes sociales. La pandemia ha cambiado un poco las dinámicas y tristemente ha obligado a cerrar algunas tiendas físicas, pero hay una gran oferta para los usuarios.

“Recién se está respetando el vapeo”, advierte Boris Platonoff, presidente de ASOVAPE Ecuador. “El vapeo se está considerando en ciertos segmentos que pueden buscar información, aunque el precio de los productos de vapeo, debido a la sobretasa fiscal, tiene un altísimo costo para los consumidores, impidiendo así el acercamiento de los fumadores a una alternativa menos nociva”. 

Como suele ocurrir en la gran mayoría de los países de América Latina, el acceso a los cigarrillos electrónicos es una cuestión de justicia social, ya que económicamente son inaccesibles para la mayoría de los fumadores, generalmente de bajos ingresos. Boris explica que para solucionar esta cuestión es necesario diferenciar la regulación del tabaco y del vapeo. “Todavía no existen ideas ni proyectos de ley en curso que se preocupen por esto”, afirma. Por cuestiones económicas, a la gente que más consume cigarrillos le resulta difícil pasarse a la opción más sana. Un líquido de 60 ml solamente se puede conseguir por contrabando y cuesta 15 dólares, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, asegura Platonoff.

La raíz del problema también está en el mercado negro, que ha tomado fuerza gracias a la legislación actual y ha demostrado que las políticas de pesadas tributaciones llegan a generar más daño, en diferentes niveles socioeconómicos, que controlar el consumo. Las normas vigentes no se acatan. Por el contrario, se crean rutas alternativas para ingresar mercadería, tanto de cigarrillos como de productos de vapeo, a través de fronteras que es casi imposible fiscalizar de manera efectiva. Según nos cuenta un consumidor y vendedor de productos en redes sociales, las denuncias de corrupción en el sector aduanero son frecuentes en la prensa nacional, que informa cómo se permite, por medio de “sistemáticos sobornos”, el ingreso irregular de mercancías.

Este comportamiento no solo afecta al Estado, sino que recae sobre la población ecuatoriana, particularmente en los sectores de ingresos medios y bajos, que debe consumir productos sin control de calidad y procedencia.

La sociedad civil organizada lucha por una regulación justa y adecuada

Ecuador es un ejemplo más de lo inútil y costosa que es una legislación fiscalizada y restrictiva en exceso, pues, sumada a la ‘tradicional forma latina de hacer política’, la corrupción termina promoviendo la prevalencia en el consumo de tabaco al propiciar un entorno socioeconómico que favorece el consumo de cigarrillo barato y de baja calidad. De la misma manera, se enriquecen algunos sectores al mismo tiempo que se pregona el descenso del consumo de cigarrillo ante la OMS, aunque esta información se basa en estadísticas con métodos ineficientes y, por ende, arroja resultados disfrazados.

La Asociación de Vapeadores del Ecuador manifiesta sus expectativas para el futuro con campañas y seguimiento a la regulación, que buscan crear consciencia acerca del vapeo como una herramienta de reducción de daños por tabaquismo que debe clasificarse en un rubro completamente distinto al del tabaco. 

También señalan que el problema del contrabando de cigarrillos afecta directamente el acceso al vapeo por la abismal diferencia de precios y porque promueve el mercado irregular, lo cual motiva a la industria a rechazar cualquier signo de regulación. “Es por esto que es urgente un cambio de perspectiva para darle tranquilidad y seguridad a los consumidores”, comenta Boris.

La ASOVAPE, que fue fundada el 11 de febrero de 2020, busca velar por el derecho de los vapeadores y los fumadores a tener una alternativa segura, accesible y justa como puerta de salida del tabaquismo. A la cabeza de la Asociación están Boris Platonoff, presidente, y David Merino, vicepresidente. Ambos defienden un enfoque que esté del lado de la ciencia y el acceso seguro e informado a los temas de reducción de daños y riesgos por tabaquismo. 

Sobre la labor de la asociación, su presidente explica:

“Son dos años que venimos trabajando. Entre la pandemia, y pese a las limitaciones que esto nos ha presentado, hemos conseguido en este tiempo lograr contactos importantes en el enfoque científico; avanzando de a poco, esperamos pronto tener contacto con la Asamblea.

“Las expectativas que tenemos para el fortalecimiento de la comunidad de vapeadores del Ecuador son bastante conservadoras. El incremento siempre ha venido siendo muy reducido debido a las condiciones actuales de regulación en el país para importación, con aranceles que logran superar el 250%. Además, el tema del cigarrillo de contrabando es perjudicial debido a su bajo precio comparado con los insumos del vapeo.

“Nuestra principal meta es socializar con las autoridades todo el respaldo científico que tiene el vapeo como la mejor alternativa para dejar de fumar. Partiendo de ahí, lograr una reducción en la carga arancelaria actual, lo que es bien complicado revertir, pero con la esperanza de conseguirlo.

 “La ASOVAPE ha estado al tanto de los movimientos sociopolíticos para apoyar el camino a una regulación correcta, logrando alianzas científicas y legales como respaldo a un enfoque en salud pública en reducción de daños por tabaquismo. Necesitamos el apoyo de la sociedad. Pueden contactarse a través de nuestras redes sociales, en Instagram como @asovapeec, vía Facebook como AsoVapeEcu y también en Twitter. La página web pronto estará disponible”.


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Redacción VT / Carlos M. López
Redacción VT / Carlos M. Lópezhttp://500px.com/cmiguel
Carlos Miguel López es miembro del equipo editorial y corresponsal en América Latina para The Vaping Today, comunicador social-editor de la Pontificia Universidad Javeriana, fotógrafo y emprendedor en Flavorchaser Handcrafted E-liquid, GreenQueen y Bicannans.

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