Imagine la indignación si una organización no gubernamental (ONG) internacional dedicada a trabajar en el abuso de drogas pidiera a los fabricantes de naloxona que no vendan sus productos en países de ingresos bajos y medianos (PIBM) con el argumento de que confundiría a los reguladores y al público. Sugeriría que, en cambio, estos países acaben el abuso de opioides utilizando únicamente enfoques regulatorios y educativos. ¿Cómo reaccionarían estos países si esta ONG internacional fuera más allá y pidiera a los gobiernos que prohibieran el uso de naloxona? Recuerde que la naloxona tiene una eficacia de entre un 85 y un 95% para prevenir la muerte por sobredosis de opioides.
No hay duda de que, si este fuera el caso, los gobiernos de los PIBM se opondrían enérgicamente a tales exigencias. Incluso terminarían cualquier relación que tuvieran con la ONG. Argumentarían que los medios efectivos para prevenir la muerte y mejorar la salud deben estar disponibles universalmente. Más importante aún, trabajarían para garantizar el acceso a ellos en los países y comunidades más pobres.
Esta ha sido la lógica aplicada al acceso a medicamentos esenciales durante décadas. Y está respaldada por las leyes de derechos humanos consagradas en varias resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) que tienen en cuenta la legislación de muchos países.
La situación no es tan hipotética…
The Union (La Unión) es una importante ONG internacional bien financiada por Bloomberg Philanthropies. Tiene su sede en los Estados Unidos. Esta organización pidió recientemente a los países de ingresos bajos y medianos que prohíban los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados. El argumento fue que los gobiernos deben fortalecer sus políticas de control del tabaco y no distraerse con estos productos de reducción de daños (THR por sus siglas en inglés). La lógica es desconcertante y preocupante.
Parece que creen que es mejor permitir que los fumadores de cigarrillos combustibles, o los usuarios de una variedad de productos tóxicos de tabaco sin humo en la India, continúen muriendo por su uso. Al parecer esto es mejor que tener acceso a una variedad de productos THR considerados menos dañinos por la FDA (en el caso de snus e IQOS ) o Public Health England (en relación con los cigarrillos electrónicos). Además, dan a entender que solo cuando el control haya eliminado todo consumo de tabaco deberían permitirse estos productos.
¿Qué está en juego?
Demos un paso atrás y recordemos lo que está en juego. En India hay 267 millones de consumidores de tabaco. Casi 200 millones de personas consumen productos de tabaco sin humo. Alrededor de 72 millones consumen beedis y 37 millones consumen cigarrillos. El consumo de tabaco provoca un millón de muertes prematuras al año por una variedad de enfermedades que incluyen cáncer oral, cáncer de pulmón, tuberculosis, enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares crónicas. Estas muertes concentran el 9,5% de todas las muertes en India. Millones más sufren problemas de salud causados por estas condiciones. Además, en el contexto de la India, el consumo de tabaco es mayor en las zonas rurales, entre las personas de hogares más pobres y aquellas con niveles de educación más bajos.
Después de haber pasado décadas en la salud mundial, incluida la OMS, me resulta difícil aceptar que no ha habido una demanda seria y concertada para cuestionar y rechazar la posición de The Union. Se sienta un precedente terrible si se permite que una filantropía con sede en EE. UU. pueda influir negativamente en las políticas de los gobiernos sin tener oposición alguna, aunque pueda costar millones de vidas.
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