Una ley antitabaco en España podría convertir terrazas y cafés en espacios de vigilancia ciudadana. ¿Protección de la salud o Gran Hermano?
El gobierno español ha presentado un anteproyecto de Ley de Prevención del Tabaquismo que pretende ampliar los espacios libres de humo y endurecer las normas para los productos de vapeo. Sobre el papel suena bien: proteger la salud. Pero al mirar más de cerca aparece otra realidad: prejuicios políticos, decisiones ideológicas y una peligrosa confusión entre fumar tabaco y vapear.
Imaginemos un escenario: ciudadanos vigilando a ciudadanos. Vecinos denunciando a vecinos. Turistas que llegan a España y se sienten observados en cada terraza. Esa es la lógica de la denuncia ciudadana que podría derivarse de esta ley, y es justo lo que vamos a analizar aquí.
España tiene una cultura única de convivencia en terrazas, cafés y plazas. ¿Qué ocurre si esos espacios se transforman en lugares de sospecha? Además de romper la vida social, la medida podría afectar al consumo, a los bares que dependen de él e incluso a la imagen del país frente al turismo.
La vigilancia ciudadana y el panóptico
Para entenderlo mejor, conviene recordar la idea del panóptico. Jeremy Bentham la concibió y Michel Foucault la desarrolló: un sistema en el que las personas actúan como si siempre hubiera alguien observándolas. No hace falta un vigilante real; la mera sensación de ser observados basta para modificar la conducta.
Trasladado al terreno de la denuncia ciudadana, significa que cualquiera puede convertirse en vigilante y cualquiera en sospechoso. Esa tensión no solo cambia nuestra forma de convivir, sino también cómo nos perciben los demás. Nadie quiere estar de vacaciones en un país donde los propios clientes de un bar pueden tomarte una foto y reportarte.
Escenario hipotético en España
¿Qué podría pasar si la denuncia ciudadana se aplicara en España?
- Se habilitarían aplicaciones para subir fotos, ubicaciones y pruebas de infracciones.
- Las multas llegarían con rapidez y, en casos de reincidencia, incluso podrían derivar en cierres de locales.
- Los ciudadanos asumirían el papel de “policías improvisados”, con el riesgo de denuncias falsas o venganzas personales.
Posibles consecuencias:
- Menor confianza entre personas: terrazas convertidas en espacios de tensión, no de disfrute.
- División social: denunciantes contra denunciados, con una mayoría incómoda en medio.
- Golpe económico: miedo a consumir en bares y cafeterías, caída de clientes y pérdida de atractivo turístico.
- Autocensura: la gente limitaría lo que hace en público por temor a ser observada.
Experiencias internacionales
Malasia. En 2024, el Ministerio de Salud lanzó la plataforma JomLapor (“Let’s Report”), junto con ONG como la National Cancer Society Malaysia. El objetivo: permitir que cualquier ciudadano denunciara a otro por fumar o vapear en lugares públicos. Todo de forma anónima, con foto, ubicación y descripción de la infracción.
El resultado inmediato fue mayor control. El efecto secundario: una población que empieza a sentir que siempre hay alguien mirando. Es el panóptico en acción. Aunque no existen aún datos sólidos, se sabe que la plataforma ha modificado el comportamiento de muchos, no por convicción, sino por miedo a ser denunciados.
El problema es que JomLapor no distingue entre tabaco y vapeo, pese a que la evidencia científica ya ha dejado claro que no son lo mismo.
Singapur fue todavía más lejos: prohibió el vapeo en su totalidad. Las sanciones son severas —multas, cárcel e incluso castigos físicos—. Es cierto que el cumplimiento es alto, pero se paga el precio de una sociedad que vive bajo el control y el miedo, no bajo la evidencia científica.
Lección para España: la denuncia ciudadana puede mejorar el cumplimiento normativo, pero al mismo tiempo mina la confianza, rompe la convivencia y pone en jaque uno de los símbolos de la vida española: las terrazas.
Tabaco vs. vapeo
Aquí reside el error de base:
- El tabaco es devastador para la salud. Enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer están directamente asociados a su consumo.
- El vapeo, aunque no es inocuo, se estima que es un 95 % menos dañino y no existe el equivalente a un “fumador pasivo”.
Meter ambos en el mismo saco no es proteger la salud. Es reforzar prejuicios y castigar a quienes buscan alternativas menos dañinas.
Conclusión
Convertir a la ciudadanía en una red de vigilantes no resuelve el tabaquismo, solo genera un clima de sospecha y desconfianza.
La salud pública no debería ser una excusa para imponer ideologías. Si España sigue ese camino, podría encontrarse con menos convivencia, daños económicos y un turismo golpeado por la sensación de vivir bajo un “Gran Hermano antitabaco”.
La salida está en otro lugar: educación pública, campañas de reducción de daños y una regulación que distinga con claridad entre tabaco y vapeo.
Solo así podrá protegerse la salud sin sacrificar lo que hace única a España: su vida en comunidad, sus terrazas y esa forma de convivencia que la gente de todo el mundo viene a disfrutar.
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