Una retrospectiva íntima y política: ¿qué vimos en Vaping Today durante 2025?
En la sala de espera de una clínica de urgencias en Norwich, el tiempo no pasa, se posa. Es una sustancia que se aferra a un abrigo mojado, que amarga el aire con el mordisco agridulce del desinfectante y que se acumula, inmóvil, en el café tibio olvidado, que no se evapora: simplemente se enfría, lento, ocupando espacio.
Los hospitales fabrican esta clase de fisicalidad mediante una coreografía de pausas. El tiempo ahí no se mide por manecillas, sino por texturas: el pliegue del plástico que deja su marca, el papel que raspa los dedos, la tela húmeda que se adhiere al antebrazo. Y el vaso descartable, aún levemente tibio, insistente, empeñado en ocupar su rincón del mundo.
Lorraine, un nombre ficticio —como tantos que la salud pública inventa para proteger la privacidad real— no vino al hospital para dejar de fumar. Vino a acompañar a alguien.
Pero la ciencia no interroga solo a los enfermos. Interroga a quien esté cerca. Las preguntas llegan por el mismo pasillo que las camillas: impresas en el formulario de ingreso, escondidas en un campo de una pantalla, pronunciadas por la voz que llama al siguiente turno con la calma de quien no llama a personas, sino a números. Una biografía prestada basta. Un cuerpo en espera también.
Ahí, en la pausa entre un formulario y otro, una investigadora con credencial colgada al cuello lanza la que quizás sea la pregunta más simple —y más política— de todas. De esas que pueden torcer el rumbo de una vida.
—¿Fuma usted?
El “sí” no responde. Desbloquea. Es una llave que abre una bifurcación.
Lorraine recibe una conversación breve, una derivación digital al servicio para dejar de fumar del NHS y un kit de vapeo entregado con la mecánica naturalidad de quien simplemente ejecuta el siguiente paso. Un DotPro con cápsulas descartables. Nicotina calibrada: medida, dosificada y ofrecida como promesa de contener el terror del síndrome de abstinencia.
La pregunta que impulsa el ensayo clínico británico CoSTED roza lo indecente por su modestia: ¿pueden unos pocos minutos de intervención, ofrecidos en el punto más improvisado del sistema, cambiar un hábito que ha resistido durante décadas?
No es una pregunta para púlpitos políticos. Es una pregunta desde los márgenes, desde una sala de espera, formulada con apuro, en la que nadie vino por esto: hecha con un objeto en la mano y un enlace en el celular. El método apuesta al intervalo.
Seis meses después, la abstinencia continua fue mayor en el grupo que recibió el kit que en el que solo recibió un folleto.
En salud pública, las diferencias pequeñas no son marginales. Se multiplican. Números modestos proyectan la sombra de miles de cuerpos. Un punto extra en una tabla se convierte en una fila más corta en el futuro. Menos toses al despertar. Menos manos que buscan un paquete por reflejo. Las estadísticas no tienen rostro, pero operan sobre los rostros.
Ese es el punto de partida. También la tensión que atravesó el año.
Porque 2025 fue, una y otra vez, exactamente esto: el momento en que el sistema, sin tocar siquiera al cuerpo, decidió qué prohibir, qué tolerar, qué (y a quién) empujar a los márgenes.
Mientras a Lorraine se le ofrecía tecnología como oportunidad pragmática —un dispositivo en la palma, un enlace en el teléfono, un protocolo que no debatía moralidades—, en las oficinas de los ministerios y comités se trataba como una amenaza. En lugar de un atajo hacia la reducción de daños, se convirtió en blanco a eliminar del mercado por decreto: por restricción, por prohibición directa o por prohibiciones que ni siquiera necesitaban llamarse así.
Durante todo el año, osciló entre esas gramáticas en disputa: cuidado y pureza. De un lado, el lenguaje clínico del día a día: “derivación”, “kit”, “cesación”, “minutos”, “grupo”. Del otro, el lenguaje abstracto de la moral política: “riesgo”, “protección”, “doctrina”, “límite”, “cumplimiento”.
En el pasillo, el cuerpo pide una solución.
En el gabinete, el texto exige obediencia.
Y el aire acondicionado no hace toser a nadie.
Fue entonces cuando empecé a desconfiar de los números pequeños.
No porque no importen, sino porque, en política pública, tienden a actuar como palancas desproporcionadas.
Un límite de miligramos. Un porcentaje en una etiqueta. Un período de gracia. Un decreto que cambia una palabra por otra y, en ese gesto mínimo, mueve el mundo.
Cosas diminutas que, vistas desde lejos, parecen prudencia. De cerca, son ingeniería.
Puertas que se cierran despacio, pero con llave.
La vieja guerra y el nuevo mejor enemigo
Enero
La política sobre el cigarrillo sigue siendo legal. El intento de dejarlo no siempre.
Cuando 2024 se convirtió en 2025, mi trabajo no cambió de marcha. Simplemente se ajustó al mismo ritmo. Revisé una carpeta de notas, subdividida por procedencia: de dónde venía, por cuántas manos había pasado, en qué fecha hizo contacto con el mundo.
Llevaba una hoja de cálculo con eventos y fuentes, filas que alimentaba y que volvía a alimentar. Consultaba el calendario de Clive Bates y dejaba una hilera de pestañas abiertas en el navegador, dispuestas como la cabina de un avión.
WhatsApp para América Latina. Signal para las fuentes que prefieren susurrar: intercambios breves, la pantalla pegada al cuerpo, la huella tratada como un riesgo. El volumen bajo. E-mail para los más valientes, los obsesivos confiables y los burócratas que responden con el cuerpo entero de la ley pegado al pie de página, como si la autoridad habitara en el despliegue vertical del texto.
Con el primer café del año, abrí un cuaderno nuevo. Doscientas páginas, en papel grueso, tapa lisa. Sin ambición de convertirse en objeto querido. Sin deseo de ser guardado.
Sobre la mesa, el residuo de lo cotidiano: el anillo que dejó la taza del año pasado, una lapicera que muere a mitad de palabra, el clic seco de una cuchara contra el vidrio.
Afuera, la gente tiene prisa. 2025 ya se movía como alguien con una cita.
Empecé el mes creyendo que el tema —nicotina, vapeo, bolsitas de nicotina, tabaco calentado— seguía confinado con seguridad a un nicho. Hasta que abrí un documento de salud pública. En casi todos, la contradicción estaba ahí: serena, oficial, repetida. El cigarrillo, el gran asesino, seguía siendo legal. Manejable. Normalizado. Un hábito con lugar garantizado en la estantería y en el lenguaje.
En la entrada del colegio vecino, adolescentes que ya deberían estar de vacaciones fumaban con la naturalidad de quien respira. Sin ceremonia.
Los observaba desde la ventana.
Mientras tanto, las alternativas diseñadas para reducir el daño de quienes no pueden dejar de fumar eran empujadas de nuevo al mismo territorio moral del pecado, no por evidencia, sino por una gramática moral normalizada. Por el encuadre. Por el tono.
En mi cuaderno escribí una frase que no era una conclusión. Era una advertencia.
Este año no será sobre ciencia. Será sobre control.
La guerra contra el cigarrillo tiene una historia de victorias reales. El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) consolidó un consenso global: 183 países se adhirieron como Partes. Una adhesión que se volvió número en los informes y regla visible en puertas de aeropuertos, en bares, en pasillos de hospitales. Ahí está, tajante, en letras blancas: NO FUMAR.
El tratado es papel. Pero también es costumbre.
Su instrumento más emblemático, el paquete MPOWER, se convirtió en un manual canónico de buen gobierno: una guía sobre impuestos altos, ambientes libres de humo, restricciones publicitarias, advertencias gráficas y acceso a tratamiento.
Sin embargo, el acceso al tratamiento sigue siendo escaso, concentrado sobre todo en países ricos. En excolonias y en los sistemas de salud del sur global se vuelve promesa o línea perdida en un documento: retórica, irregular, casi inexistente. Un servicio que, en la práctica, no tiene personal, ni stock, ni puerta de entrada.
Era una arquitectura de control que funcionó, al menos en parte, hasta que el ecosistema cambió. Toda política exitosa corre el riesgo de enamorarse de su propio mito. Cuando el mundo cambia, no cambia con él; intenta forzarlo a encajar. En vez de reescribir el manual, intenta doblar la realidad para que quepa en su doctrina.
Incluso antes de 2025, el tablero ya no se reducía a “cigarrillo versus abstinencia”. Era otra cosa: bolsitas, productos de tabaco calentado, vapers, nicotina farmacéutica, mercados lícitos e ilícitos, desigualdades regionales y una pregunta sistemáticamente ignorada por quienes prefieren eslóganes a la realidad: ¿qué hacemos con quienes no pueden (o no quieren) dejar la nicotina ahora, pero sí quieren dejar de fumar?
Muchos gobiernos respondieron con un reflejo prohibicionista, como si la historia fuera una línea recta y no un laberinto, lleno de retornos, callejones sin salida, elecciones sin escapatoria.
La serie Global Dispatches captaría ese movimiento mientras se convertía en ola a lo largo del año: reglas anunciadas como “protección”, pero que operan como asfixia de alternativas.
El detalle importa. Porque es en el detalle donde la política esconde su gesto.
No tiene que decir “prohibido”.
Basta con trazar un límite imposible.
Febrero
Lo que comienza como vocabulario técnico termina como veto moral. Y el lenguaje no solo regula, también excluye.
Febrero olía a aeropuertos y terminales. Pasé más tiempo en filas que en asientos mientras mi familia terminaba sus vacaciones. La laptop se abría y cerraba con la intimidad de algo que casi se ha vuelto un órgano simpático. Entre una puerta de embarque y la siguiente revisaba los mismos materiales: sitios web, mensajes, comunicados de prensa, borradores de leyes y rumores legislativos.
Comunicados, borradores, rumores. Una fuente en Bruselas, que bien podría haber estado en Lima o en Madrid, una de esas personas que hablan con la cadencia de quien teme ser interrumpido, me escribió por Signal: “Nada va a ser tan diferente. Solo peor. Descubrieron una palabra mágica: juventud. Con eso, todo vale”.
Le respondí con un emoji que no significaba nada. Era el tipo de respuesta que se envía cuando estás en una sala de tránsito y sabes que la conversación es demasiado seria para dejar un rastro.
Después abrí TRIS. Como quien mira al cielo antes de un vuelo turbulento.
TRIS: el sistema europeo en el que los gobiernos notifican propuestas técnicas que, semanas más tarde, pueden convertirse en realidad en veintisiete países a la vez.
TRIS no tiene voz, pero sí tiene una forma de irrumpir. Llega como una ventana emergente que no pide permiso: “se ha publicado una nueva notificación”. El resto es uno, solo, leyendo el futuro en el idioma del Artículo 3, punto (b).
Ese mes lo que más me impactó fue la deriva del vocabulario. Ya nadie hablaba de un continuo de riesgo —combustión versus vapor, humo versus aerosol— ni siquiera de manera oblicua. Se hablaba de “normalización”.
Era una palabra útil. No exige cifras. No exige comparación. Solo pide una intuición moral. Y la intuición moral, por lo general, es mucho más rápida que la evidencia.
Ese día anoté otra frase, casi como si preparara un epígrafe:
Cuando el debate se vuelve moral, la evidencia se convierte en un detalle.
El 11 de marzo estaba en un aeropuerto con una alfombra desgastada y una luz fría. Un solo enchufe peleado por tres personas. Un café tibio. Más amargo que útil.
Abrí TRIS casi por reflejo. Y ahí estaba: Luxemburgo notificaba un proyecto de ley para imponer un límite de 0,048 mg de nicotina por bolsita. Leí el número dos veces. Luego una tercera. 0.048 mg. Cuarenta y ocho microgramos. Un valor que cabe en el filo de una línea, una unidad minúscula, un decimal que parece inocente.
Para quien no está familiarizado, puede parecer una minucia técnica. Para quien sigue el mercado y la mecánica de la regulación, suena a veredicto. ¿Existe algún producto que resista eso?
Cerré la laptop un momento, como si eso pudiera suspender la realidad. Luego la abrí de nuevo y le pregunté a alguien que sabe más que yo:
—Sí. Ese límite vuelve prácticamente ineficaces las bolsitas. En la práctica, es una prohibición.
La explicación llegó de inmediato: las bolsitas comunes contienen entre 3 y 20 mg de nicotina. El límite propuesto —0,048 mg— equivale del 0,2% al 1,6% de ese rango. En una bolsita de 6 mg, por ejemplo, sería solo el 0,8 %. En la práctica, no hay estímulo perceptible. Es un techo diseñado para volver el producto inutilizable.
Ese mismo día, otro movimiento. En Países Bajos, el gobierno ordenó el registro obligatorio de vendedores. El Estado gobernaba por registro: por listas, por mapas de puntos de venta. No era una prohibición. Era la geometría de un asedio.
Marzo
Sabores, envases, gestos. La retórica de la juventud se convierte en la contraseña de políticas que no escuchan a jóvenes ni a adultos.
Marzo empezó a comportarse como una cinta transportadora. El 17, Polonia anunció su intención de prohibir los vapers desechables y restringir los sabores de las bolsitas de nicotina. Una frase así, en política, funciona como la apertura de una autopista: el gobierno anuncia la ruta antes de que se haya vertido la primera capa de asfalto.
En mi WhatsApp, un contacto en Varsovia resumió el dilema con precisión quirúrgica, en un mensaje corto y seco:
“Lo llaman protección. Nosotros lo llamamos “regreso al cigarrillo””.
Ese mismo día, al otro lado del Atlántico, Nueva Jersey presentó un proyecto de ley con una lógica distinta. La propuesta no intentaba demonizar el producto; intentaba responsabilizar al productor de la basura. Me gustó la disonancia. Era como oír, en una sala llena de gritos, a alguien proponer el tono de una conversación.
El 18 de marzo, mi barrio se agitó.
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un proyecto de ley cargado de restricciones: advertencias gráficas grandes, prohibición de ventas online y veto a descriptores sensoriales como “fruta”, “caramelo” y “chocolate”.
Imaginé el texto como una puerta con demasiadas cerraduras. No es que no se pueda entrar. Es que uno lo intenta, se cansa, se rinde y se va a la calle de al lado, donde los cigarrillos siguen a la venta. Sin contraseña. Sin barrera.
El 19, en Emiratos Árabes Unidos, se definieron estándares para las bolsitas: límite de nicotina por unidad, advertencias obligatorias y reglas de composición.
El tono fue técnico, casi burocrático. Menos “pánico moral”, más “manual industrial”. Y, sin embargo, seguía siendo parte del mismo fenómeno: Estados reordenándose para encajar las alternativas en un marco, no para entenderlas.
El 20, en Tailandia, el Parlamento decidió mantener la prohibición total, rechazando cualquier camino hacia la legalización. Narrativamente, fue la escena más paradójica del mes: un país donde los cigarrillos convencionales siguen siendo legales, populares y accesibles, mientras que la alternativa permanece prohibida.
Una prohibición sostenida no por convicción, sino por inercia. Y la inercia, a veces, es la forma más brutal de decidir.
El 24, Malasia decidió posponer la prohibición de la exhibición de vapers en el comercio minorista. Las postergaciones suelen subestimarse. Pero muchas veces es el aplazamiento lo que revela la fricción entre el ideal moral y la realidad bruta: logística, aplicación, comercio. Todavía hay suficiente resistencia en el mundo físico como para frenar el impulso normativo.
Marzo terminó con una sensación nítida, inconfundible: esto ya no era una secuencia de casos aislados. Era como si alguien, en algún lugar, hubiese dado una orden global: aprieten el cerco.
Todo eso antes del Día Mundial Sin Tabaco.
Antes del Día Mundial del Vapeo.
Mientras el cerco se cerraba desde afuera, la pelea se intensificaba dentro.
Aún en marzo, un estudio publicado en JAMA Network Open concluyó que vapear no ayuda a dejar de fumar. El texto sugería que los resultados dependían menos de la realidad social y más de las elecciones metodológicas y de la interpretación.
Este tipo de disputas no es nuevo. Y no es meramente académico. En salud pública, un paper se convierte en titular y el titular se convierte en “evidencia” para legislar. La legislación se vuelve parte de la vida cotidiana. Lo que se rompe en Excel o en Word termina en los pulmones.
El año traería un ejemplo aún más dramático. Un estudio publicado en México afirmaba haber encontrado niveles extremos de BTX (benceno, tolueno y xileno) en vapers desechables. Pero una autopsia metodológica, hecha por críticos independientes, encontró errores graves: unidades cambiadas, comparaciones inválidas, escalas infladas por órdenes de magnitud. La recomendación final fue tajante: la retractación.
El patrón es oscuro. Cuando una disputa ya ha sido moralizada, un estudio endeble no solo se tolera, sino que se vuelve útil.
La urgencia por “impacto” se encuentra con el hambre de justificación.
Y la salud pública, que debería ser un antídoto contra el pánico, a veces se convierte en su propio laboratorio.
Abril
La estética de la pureza: farmacéutica, limpia, estandarizada. La nueva moralidad de la nicotina prefiere el laboratorio a la calle.
Abril comenzó con un pequeño alivio. Bulgaria, al principio, rechazó la propuesta de extender a los vapers la prohibición de consumo en espacios al aire libre. Recuerdo haber pensado: tal vez aún queda espacio para el matiz.
Pero el alivio no duró mucho.
2025 no iba a ser un año amable con los matices.
En Nueva Gales del Sur, Australia, una nueva ley de responsabilidad del productor con el reciclaje fortaleció el argumento ambiental. Ese se convirtió en un subtema recurrente durante el año. Los dispositivos desechables se habían convertido en símbolos convenientes: visibles, coloridos, fáciles de demonizar y aun más fáciles de fotografiar junto a una tortuga.
En otras partes del mapa, tomaba forma un nuevo objeto de poder: la llamada “lista positiva” de ingredientes permitidos en los líquidos para vapear. Todo lo que no figure allí se vuelve, por definición, prohibido.
Eso no es solo regulación.
Es una estética de la limpieza.
El Estado habla en nombre de intereses que solo él puede reconocer y decreta la existencia de aquello que sabe nombrar.
En mi cuaderno dibujé la imagen de una botella que, poco a poco, se transformaba en un vial de laboratorio. Etiqueta blanca, letras negras. Sin excesos.
Al lado, escribí una línea corta, casi como un pie de foto:
El futuro que quieren se parece a una farmacia.
En Hong Kong, un proyecto de ley para prohibir la posesión y el uso de vapers en espacios públicos reveló una ambición distinta. Ya no se trataba solo de controlar el comercio. Era el gesto mismo el que debía ser ilegal.
Abril fue eso: menos “debate” y más “higiene”.
Menos esfuerzo por reducir el daño, más celo por disminuir la visibilidad.
Mayo
La prohibición generacional es hermosa en el papel, pero el mercado informal no lee decretos. La generación sin cigarrillos y la generación del contrabando.
En mayo, las políticas sintieron el impulso de escribir el futuro como si fuera un contrato. La idea de una prohibición generacional —impedir la venta de tabaco a toda persona nacida después de una cierta fecha— ganó atractivo como una forma de ingeniería limpia.
En Maldivas, se ratificó la medida para quienes nacieron en 2007 o después. Hay una especie de belleza matemática en eso: al negar el acceso a las generaciones futuras, el Estado promete un mundo nuevo sin tener que confrontar al viejo. Es la utopía más cómoda.
La factura llega más tarde.
Estaba en el escritorio de un hotel barato —paredes demasiado blancas, aire acondicionado demasiado frío— trabajando en algo que no me interesaba y que no tenía nada que ver con la reducción de daños, cuando leí la noticia.
Mi bolígrafo se quedó suspendido en el aire.
Pensé en cómo la historia del tabaco también es la historia de los mercados paralelos, de la desigualdad, de quienes eluden y de quienes son castigados. Una “generación sin tabaco”, consagrada en la ley, puede muy fácilmente convertirse, en la práctica, en una generación criada con contrabando.
Esa misma semana, en Irak, el gobierno dio marcha atrás con una prohibición de importación de vapers tras admitir que la medida alimentaba el mercado negro. Fue uno de los momentos más honestos del año.
No por virtud, sino por vergüenza, la realidad se impuso, como suele hacerlo cuando ha sido ignorada durante demasiado tiempo.
Y aún en mayo, entró en vigor la ley de Chile —la que mi amigo Ignacio Leiva trabajó tanto para construir—. Pero con un desvío: el enfoque fue más “convencional”. Vapers y productos calentados fueron incluidos bajo el mismo paraguas de prohibiciones y restricciones aplicadas al tabaco. Un hito claro, con fecha sellada.
Me gustan las fechas claras. Hacen posible la rendición de cuentas.
Pero la claridad, a veces, también oculta un error: tratar riesgos distintos como si fueran uno solo.
Junio
El producto desaparece. El hábito —y el deseo— no. Y en el vacío que deja la regulación, florece la informalidad.
Junio trajo un corte en el calendario: el Reino Unido implementó la prohibición de los vapers desechables. La escena parecía sacada de una película del neorrealismo italiano: una fecha marcada en rojo, comerciantes ajustando su stock, comunicados oficiales envueltos en el lenguaje familiar de la “protección” y el “medio ambiente”.
Pero en la vida cotidiana, medidas como estas adquieren cuerpo.
Tienen textura.
El impacto se propaga en pequeñas rupturas: el gesto interrumpido, el hábito de forzar otra forma, el producto que desaparece del estante sin una explicación visible.
A través de una videollamada, visité una pequeña tienda en una calle lateral.
El dueño —un hombre árabe, que siempre parecía alegre, lleno de energía— levantó una caja de vapers desechables como quien muestra un animal muerto.
Dijo solo:
“Sé que esto es basura. Pero ¿sabes qué ocupa su lugar?”.
No estaba defendiendo los desechables. Temía al vacío. Y en un vacío, el mercado informal entra con su elegancia habitual: sin advertencias, sin estándares, sin impuestos, sin supervisión.
Mientras el Reino Unido apretaba el cerco sobre los desechables (el formato más fácil de odiar), el proyecto más ambicioso —Tobacco and Vapes Bill, que propone una prohibición generacional— seguía su lento avance legislativo, todavía inconcluso.
El país del CoSTED parecía vivir en dos tiempos a la vez: el del acto inmediato y el de la promesa histórica. Y en salud pública, el símbolo muchas veces llega disfrazado de resultado.
Julio
El veto se expresa en miligramos. Pequeños límites, consecuencias gigantes: cuando la tecnicidad opera como una prohibición silenciosa.
Julio fue el mes en que dejé de llamarlo “ola”. Empecé a llamarlo sistema.
Es el mes en que el flujo se cristaliza en estructura. Se abandona la imagen de la ola —oscilante, episódica— y se acepta que lo que funciona ahora es un sistema con su propia gramática, cuyos efectos se presentan como detalles técnicos, pero operan como vetos efectivos.
Es, tal vez, el mes más silenciosamente devastador del año. Hasta ahora.
En Dinamarca, entró en vigor un límite de 9 mg de nicotina por bolsita.
Los límites casi siempre se presentan como formas de protección. Y a veces lo son. Pero en salud pública, un límite también puede ser un obstáculo. Puede volver el producto menos útil justo para quienes más lo necesitan: el fumador fuerte, el trabajador agotado, la persona para quien la abstinencia no es una idea, sino un temblor real.
En Australia, como era de esperar, se consolidaba el modelo farmacéutico: reglas más estrictas, sabores restringidos, envases estandarizados y el producto empujado detrás del mostrador clínico. Es una elección política y cultural. Una forma de extirparlo de la vida cotidiana, del placer, de la identidad.
Y luego, Kirguistán. Un país del que, lamentablemente, no sabía nada. Entró en vigor una prohibición total. Las prohibiciones totales tienen una brutalidad simple. No piden matiz. Ni aplicación sofisticada. Ni gradación de riesgos. Solo piden dos cosas: policía y silencio.
En segundo plano, la Unión Europea, con su aire habitual de civilización, debatía impuestos, directivas y la posibilidad de ubicar los productos de riesgo reducido dentro del mismo universo fiscal que el tabaco.
Pocas cosas modelan el comportamiento como el precio. Y pocas cosas modelan el precio como el impuesto. Esa parte del debate siempre es la más decisiva y, casi siempre, la menos atractiva.
Agosto
Higienizar el gesto, no el riesgo. Humo y vapor difuminados bajo una misma mirada. La política del paisaje intenta borrar la adicción del entorno.
Agosto trajo la política del espacio público al centro del escenario.
La idea de zonas libres de humo se amplió más allá de los espacios interiores a playas, parques, perímetros escolares.
La lógica es clara: proteger a los niños, reducir la normalización, cambiar hábitos y, en el límite, borrar del paisaje la estética del humo.
Sanear el entorno.
Y funciona —especialmente con los cigarrillos—.
Pero 2025 hizo algo curioso. Expandió el perímetro de la restricción y, al mismo tiempo, borró la diferencia entre humo y vapor, como si todo gesto visible cargara necesariamente el mismo daño invisible.
Una fuente de salud pública en mi país me dijo por teléfono, cansada: “Estamos tratando de sacar el cigarrillo de escena”. Lo entiendo. Lo apoyo en parte.
Pero también vi otra cosa: cuando retiras todo de escena, puedes terminar desmontando la balsa mientras la corriente aún arrastra gente.
En 2025, se volvió necesario decir lo obvio de forma didáctica, casi vergonzosa: la nicotina no es tabaco.
También hubo que insistir en lo que las políticas tienden a mezclar: consumir nicotina no es lo mismo que inhalar humo de hoja industrial en combustión.
En la jerarquía del riesgo, el humo ocupa un lugar diferente al del aerosol, por ejemplo.
Pero la política suele cambiar gradaciones por absolutos cada vez que encuentra una palabra que funcione.
En 2025, esa palabra fue “juventud”. Y, por si fuera poco, también “niños”. La otra fue “normalización”, repetida hasta convertirse en evidencia por repetición. Una vez que esas palabras se vuelven contraseña, la comparación de daños pasa a ser un detalle técnico.
Y los detalles técnicos son lo primero que se descarta.
Agosto fue el mes en que la política del cuerpo se volvió política de la mirada.
Ya no se trata solo de restringir sustancias, sino de despojar de legitimidad las apariencias, vetar gestos, borrar rastros del paisaje.
Septiembre
Exfumadores, microempresas, intentos solitarios. Vidas fuera del encuadre del papel, del documento oficial y del streaming.
Septiembre trajo dos tipos de documento. No se parecían en nada. Uno era público. El otro, íntimo.
El público: una carta firmada por decenas de expertos, una alerta contra la equiparación fiscal y regulatoria entre cigarrillos y vapers. Un intento de evitar que la política pública se deslice hacia la moral fiscal.
El íntimo: los mensajes que recibí de exfumadores. Algunos se habían convertido en dueños de vape shops. Otros eran defensores ocasionales —sin guión, sin cargo—. Otros simplemente seguían usando nicotina y trataban, a su manera, de mantenerse lejos de la combustión.
Los mensajes llegaban por WhatsApp, sin ceremonia. Y yo soy terrible con estas tecnologías. Mantengo intactos mis reflejos de criatura analógica.
—“No soy activista. Solo dejé de fumar”.
—“Si lo prohíben acá, vuelvo. Así de simple”.
—“Es lo que me funcionó”.
Estas personas no aparecen en ruedas de prensa. No tienen lobby ni comité científico. Tienen lo cotidiano: estrés, trabajo, dependencia. Intento, recaída, nuevo intento.
Ese mismo mes, Nueva Zelanda retrocedió en una exigencia técnica: el requisito de baterías removibles. Evitaron el colapso del mercado.
Fue un recordatorio útil: el Estado puede querer dibujar el mundo como un plano arquitectónico, pero el mundo insiste en ser una obra en construcción. Y, debajo de todo, la desigualdad seguía funcionando como el motor de la combustión.
En el Reino Unido, una estadística se volvió mapa moral: 28.6 mil millones de cigarrillos al año. El consumo se concentra en las clases más desfavorecidas, en regiones marcadas por cicatrices económicas. Ya no es un “hábito de masas”. Es un marcador de desigualdad.
Ese punto es decisivo si se quiere entender la tragedia política del año.
Cuando los gobiernos cierran o dificultan el acceso a alternativas de menor riesgo, la cuenta no la paga una abstracción: “el usuario”, “el consumidor”. La paga un perfil social. Gente con ingresos más bajos, más expuesta al desgaste físico del trabajo y al estrés crónico. Gente con menos acceso a servicios para dejar de fumar. Gente más vulnerable a la informalidad y al mercado ilícito.
Por eso la escena de Lorraine importa tanto. Ahí, el vape no es un dispositivo. Es una política de equidad envuelta en un kit.
Octubre
El cumplimiento como castigo y la tristeza administrativa. Cuando el daño no es un error, sino obediencia: políticas que hacen todo, excepto lo que deberían hacer.
Octubre fue ejecución. Sin sorpresas, sin escándalo, sin resistencia visible. Solo cumplimiento mecánico: la política como sello, la ley como dispositivo autónomo que ya no necesita explicación.
El centro de gravedad del conflicto se desplazó hacia un tipo particular de desgaste: el que produce la obediencia normativa cuando se desprende de la función pública que debe cumplir.
En Luxemburgo, lo que en marzo sonaba como un número surrealista adquirió la textura de ley.
TRIS, que al inicio del año era un presagio, se volvió calendario. Me avisaron por correo. Abrí la notificación una vez más y sentí algo extraño.
No era rabia. Era una especie de tristeza administrativa, como si estuviera presenciando una decisión que ya no necesita justificarse.
Solo necesita ejecutarse.
Y la ejecución tiene una crueldad específica: es silenciosa.
El daño parece solo una consecuencia del cumplimiento.
Noviembre
Prohibir lo que aún no existe. Leyes demasiado amplias para la realidad. El futuro se reguló como si fuera una amenaza.
Noviembre trajo a México. Uno de los países que más admiro, uno que he amado visitar. Vino con una prohibición redactada para alcanzar incluso lo que todavía no existe.
La redacción era lo suficientemente amplia como para abarcar futuros “sistemas de vaporización”. Eso lo dice todo. No se prohíbe solo un objeto. Se prohíbe la categoría mental del objeto. Se prohíbe la innovación por adelantado.
Hablé con un investigador latinoamericano con quien converso a menudo. Se lo notaba cansado de repetir el mismo argumento:
“Puedes odiar el vapeo. Pero prohibirlo no borra la demanda. Solo cambia quién la abastece”.
Eso fue lo que 2025 pareció olvidar en varias esquinas del mundo: la demanda no es un interruptor.
Es una corriente.
En otoño o primavera —según el hemisferio— la OMS publicó la sexta edición de su informe sobre tendencias de prevalencia del tabaco. Incluía estimaciones de 2000 a 2024, proyecciones hasta 2030 y un resumen global del uso de productos entre jóvenes de 13 a 15 años, incluyendo cigarrillos electrónicos.
Ese retrato del mundo permitía dos lecturas a la vez. Y 2025 vivió dentro de esa tensión. La buena noticia era clara: la prevalencia caía en muchas regiones y el control del tabaco —en su sentido clásico— funcionaba en su parte mínima (tímidamente, como una marea que empieza a retirarse).
La zona de conflicto también era clara: los nuevos productos estaban reconfigurando la jerarquía del riesgo, la idea misma de alternativa y el mercado del deseo.
El debate dejó de ser solo sobre combustión. Se volvió una disputa moral sobre la nicotina.
La distinción entre nicotina y humo —que repetí durante todo el año con una insistencia casi pedagógica— se convirtió en una lucha de poder.
¿Quién tiene derecho a nombrar el riesgo?
Debajo de esa lucha hay un dato que nadie puede borrar.
La OMS describe al tabaco como un producto capaz de matar hasta a la mitad de sus usuarios. También dice que mata “a más de 7 millones” de personas al año, incluyendo alrededor de 1.6 millones de no fumadores expuestos al humo ajeno. En otros materiales —de la propia OMS y de la OPS/OMS—, la magnitud a veces se redondea a “alrededor de 8 millones” cuando se agregan estimaciones.
Anoté, para después, si ese redondeo estadístico formaría parte de la anatomía del error político nacido del miedo.
Pero la variación numérica no cambia lo que importa. Lo que importa es la escala de la catástrofe.
Eso es lo que hace tan brutal a 2025.
Los cigarrillos siguen siendo el principal mecanismo de muerte evitable en el planeta.
Pero parte del debate público —y político— prefirió enfocar sus esfuerzos en una guerra de símbolos donde la nicotina, reducida al estatus de molécula maldita, fue puesta en el lugar del enemigo absoluto.
Solo que no es la nicotina lo que mata. Lo que mata, por encima de todo, es la combustión. Lo demás es jerarquía de riesgo. Y decisiones difíciles.
Diciembre
Dos escenas finales: entre el hospital y el despacho del ministro. En la elección de política está la posibilidad de construir el puente o bloquear el camino.
Escribo a finales de diciembre, arrastrado por la atmósfera navideña, cerca de mis hijos. Y una retrospectiva honesta del año tiene que empezar con un reconocimiento simple: sí, hay un problema real que enfrentar.
Existe el mal uso entre jóvenes. Existen productos diseñados con atractivo para adolescentes. Existe marketing disfrazado de influencia. Existen desechables que se vuelven basura y moda al mismo tiempo: una estética que seduce mientras contamina.
Pero 2025 reveló algo más inquietante en lo estructural.
Los gobiernos demostraron ser perfectamente capaces de instrumentalizar la idea de “proteger a la juventud” como un espantapájaros retórico, un fantasma movilizador usado para justificar políticas que, en la práctica, castigan a adultos, adolescentes y personas mayores por igual.
Empujan parte del consumo hacia circuitos informales donde no hay estándares, ni control, ni salida. Y más que eso: la juventud, invocada como argumento, rara vez es vista —o escuchada— como sujeto. Sirve más como escudo y espada moral que como destinatario real de las decisiones.
Esa es la maquinaria del prohibicionismo elegante. No necesitas decir “prohibido”. Solo necesitas trazar un límite imposible. No necesitas arrestar a nadie. Solo necesitas volverlo inviable. No necesitas debatir. Solo necesitas parametrizar. Y no necesitas admitir que elegiste el humo.Solo necesitas decir que elegiste la precaución.
Del otro lado, 2025 también expuso el riesgo del tribalismo provapeo.
Cuando toda crítica se descarta como moralismo y todo regulador se convierte en caricatura o enemigo, se pierde la oportunidad de construir lo que realmente salva vidas: una regulación inteligente, capaz de equilibrar protección y acceso, riesgo y pragmatismo.
En 2025, después de pasar por la alfombra brillante de la COP11 —la Conferencia de las Partes—, por la solemnidad de los discursos, los gafetes plastificados, el zumbido blanco de las promesas y sus puertas cerradas, terminé de vuelta en el pasillo del hospital.
Ese donde Lorraine esperaba, sin saber si esperaba a alguien o algo.
Volví a la calle sin nombre noble, al suelo sucio, al café que ya no calienta. Porque es ahí donde la política deja de ser abstracción. No en el plenario. No en el papel. No en las vidas, los podcasts, los reels con gráficos animados. Las decisiones adquieren densidad en un teatro sin audiencia. Ahí toman forma. Ahí pesan. Porque es ahí donde una elección regulatoria deja de ser lenguaje y se convierte en materia.
Y la materia tiene olor. Tiene cuerpo. Tiene consecuencias.
Diciembre es un cierre. Pero no es un epílogo.
Feliz año nuevo, jerarquía de virtud, economía del silencio
Hay dos posibles escenas finales para este año.
En la primera, la salud pública regresa al hospital —no como símbolo, sino como práctica—. Ofrece herramientas, mide resultados, aprende de sus límites y ajusta el rumbo. El vapeo no se celebra ni se demoniza. Se trata como lo que es: un puente.
Todo puente es un artificio delicado e impuro. Hace más que unir orillas: inaugura desplazamientos. Existe para atravesar lo que aún es abismo, para permitir el paso sobre lo irresuelto, lo que aún arde, duda o permanece. Cruzar un puente es siempre un acto de tránsito: del lugar conocido al que se sospecha o vislumbra, de quien fuimos a quien podríamos llegar a ser. Algunos puentes nos impulsan hacia adelante. Otros nos hacen retroceder. Pero nunca nos dejan en el mismo punto.
En la segunda, la salud pública se queda en la oficina. Legisla como si el mundo fuera un manual bien diagramado. Convierte la nicotina en pecado, al fumador en desviación y a la reducción de daños en una concesión avergonzada. Protege lo que llama juventud con solemnidad retórica, mientras entrega silenciosamente a quienes lo necesitan a la continuidad de la combustión.
Como si la cautela fuera neutralidad. Como si rechazar un puente fuera simplemente esperar. Y no dejar caer a alguien.
Diciembre es siempre el mes de cerrar cuentas. Y, en mi caso, en mi rincón del mundo, en el hemisferio sur, también es el intento de robar algunos días de playa hasta febrero.
Pero 2025 terminó con una coherencia que asusta. Medidas aprobadas con fechas de entrada en vigor diferidas. Definiciones ampliadas hasta devorar sus propias excepciones. Restricciones que parecían pequeñas hasta que se volvieron norma.
Fue un cierre de año en el que la maquinaria ya giraba sola: menos debate, más automatismo. Y más autoritarismo. Como si la política hubiera encontrado su fórmula y solo quedara replicarla.
En la penúltima noche del año, me senté con mi cuaderno —el de enero— ahora arrugado, con las esquinas gastadas, la tapa manchada por el uso y releí frases escritas sin ambición, sin saber que terminarían como resumen.
“Este año no será sobre ciencia. Será sobre control”.
“Cuando el debate se vuelve moral, la evidencia se vuelve un detalle”.
No eran conclusiones. Eran borradores de advertencia, de una realidad que se confirmó poco a poco: primero como hipótesis (quizás ingenua), luego como patrón.
Pensé en el cigarrillo —ese objeto viejo, insistente, que ha atravesado siglos con una inmunidad casi absurda— y en cómo conviví con él durante treinta años.
Pensé en el contraste brutal que 2025 dejó al desnudo. El producto que más mata sigue siendo legal, administrado, disponible. Y el que podría reducir daño es empujado a la sospecha, la inviabilidad, el delito y el silencio.
Como si el hábito consagrado mereciera gestión y el intento de cambio contara como amenaza. Y entonces recordé el número. Ese número pequeño que abre y cierra mundos: 0.048 mg.
En la sala de espera de Norwich, la política cabía en un kit entregado en pocos minutos. En Bruselas, Varsovia, Luxemburgo y Londres, se escondía dentro de un parámetro, una lista, un límite técnico que parece neutral hasta que opera como veto.
Entre una pregunta clínica y una unidad de medida, 2025 dejó una evidencia difícil de refutar, menos científica que narrativa:
Cuando la política abandona la jerarquía del riesgo y adopta la jerarquía de la virtud no elimina el daño. Solo lo desplaza. Elige dónde concentrarlo.
Y casi siempre lo concentra donde la voz es más baja.
Esencialmente, 2025 preservó el cigarrillo y criminalizó sus alternativas.
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