Entre evidencias, contradicciones e intereses en disputa, Francia y el Reino Unido siguen caminos opuestos en la regulación del vapeo. Pionero en la reducción de daños, el Reino Unido retrocede bajo presión política, mientras Francia avanza con pasos cautelosos, entre la tolerancia pragmática y una desconfianza persistente.
El verano de 2025 llega a la península de Crozon como una postal perfecta: el mar brilla con su color azul metálico, los niños levantan fortalezas de arena, las familias descansan bajo sombrillas de colores vivos.
Pero un detalle interrumpe la suavidad del paisaje; el escenario no es solo turístico, también es pedagógico: en postes y vallas, carteles blancos y rojos advierten a los bañistas que allí no se fuma.
La pedagogía cívica francesa se ejerce a la sombra de esos avisos: no con estridencia, sino con firmeza. La multa de 135 euros, insignificante para algunos, pero un golpe sensible para buena parte de la clase trabajadora, rara vez se aplica, porque la mayoría acata sin resistencia. “Es mejor así. Nadie quiere colillas en la arena”, comentaba una señora a Le Télégramme el 19 de agosto de 2025.
El decreto francés trasciende la escena idílica de Crozon. Se extiende a parques, escuelas, paradas de autobús, instalaciones deportivas. En todos esos espacios, el tabaco encendido está prohibido. El cigarrillo electrónico, en cambio, no.
Esa excepción revela una política ambigua. Se reconoce que el dispositivo electrónico es menos nocivo, pero se evita promoverlo como una alternativa legítima. La contradicción no es solo normativa, sino también simbólica: se admite la diferencia, pero se eluden sus consecuencias.
Los municipios aplican la medida con pragmatismo. En Crozon y Camaret-sur-Mer abundan las señales y una presencia policial más simbólica que coercitiva: se trata más de educación cívica que de sanción selectiva. En otras ciudades, donde fiscalizar resulta inviable, la responsabilidad de cumplir recae directamente en los ciudadanos.
En el discurso oficial, la medida se justifica en dos ejes: la salud pública y el medio ambiente. El humo pasivo es un argumento recurrente, pero también lo son las colillas: residuos diminutos y casi indestructibles que se infiltran en playas, ríos y estómagos de aves marinas. Cada cigarrillo apagado encierra metales pesados y contaminantes persistentes; basura tóxica que revela, en su mínima escala, la incapacidad de la sociedad para hacerse cargo de sus propios desechos.
Francia vigilante
Pese a la serenidad aparente, la relación francesa con el vapeo está lejos de ser pacífica. Encuestas de la Alliance contre le Tabac y del IFOP revelan que un 15 % de los adolescentes de entre 13 y 16 años ya ha probado los vapes desechables, aunque no necesariamente los usan de manera habitual. Entre quienes los consumen, un 43 % asegura que recurriría al cigarrillo tradicional si se restringieran los sabores.
Para las autoridades sanitarias, esta estadística es un recordatorio incómodo: la promesa de un futuro sin tabaco, evocada por la ministra Catherine Vautrin, choca de frente con la realidad y con la popularidad creciente de dispositivos baratos, coloridos y aromatizados.
El consenso científico, sin embargo, se muestra (un poco) más nítido. Como apunta el investigador sueco Karl Fagerström: “Fumar, en cualquier circunstancia, siempre será peor que vapear”. La nicotina —incluso en dosis elevadas— presenta un perfil de riesgo muy inferior al del humo del tabaco, que concentra más de siete mil sustancias tóxicas derivadas de la combustión.
Esa diferencia ayuda a explicar por qué, entre los adultos, seis de cada diez fumadores franceses recurren al vapeo al intentar dejar el cigarrillo. Hablan de menos fatiga, de respirar mejor, de un alivio económico. Para ellos, el vapor no representa una amenaza, sino un aliado.
El gobierno, sin embargo, mantiene su línea de precaución: combate implacable contra el tabaco, tolerancia vacilante hacia el vapeo. Una convivencia incómoda. Es aceptado a medias por las estadísticas y observado con recelo en las instituciones.
El giro restrictivo de Westminster
çA unos 150 kilómetros de Crozon, al otro lado del Canal de la Mancha, el horizonte se transforma.
En agosto de 2025, The Guardian abría con alarma: los jóvenes que usan vapes tendrían “tres veces más probabilidades de empezar a fumar”, además de enfrentar una lista de supuestos riesgos —asma, trastornos de salud mental, complicaciones diversas—. Un catálogo de miedos.
El mismo reportaje reconocía que la mayoría de los estudios citados son observacionales y no prueban causalidad. Pero la alarma ya estaba desatada. Bajo presión mediática, la OMS y el propio Departamento de Salud británico exigieron urgencia en la aprobación de la Ley sobre Tabaco y Vaporizadores.
Westminster se movió con rapidez. Desde junio de 2025, los vapes desechables fueron prohibidos, los sabores restringidos, los envases estandarizados. En el discurso oficial, se hablaba de una “epidemia juvenil de nicotina”, una fórmula que evocaba descontrol más que evidencia. La política se convertía así en un gesto dramático: un intento de aplacar la sensación difusa de que el país había perdido el control, más que una respuesta a riesgos comprobados.
La paradoja es evidente. Durante casi una década, el Reino Unido fue el laboratorio mundial de la reducción de daños. Desde que Public Health England declaró en 2015 que el vapeo era “un 95 % menos nocivo que fumar”, el NHS lo integró a sus programas de cesación, los hospitales comenzaron a distribuirlo y las campañas públicas alentaron el cambio del cigarrillo al vapor.
Los resultados fueron contundentes: en 2015, el 17,2 % de los adultos fumaba; en 2022, solo el 12,9 %. Para 2025, las proyecciones sitúan el tabaquismo apenas por encima del 10 %, un descenso poco común en el mundo desarrollado.
Hoy, sin embargo, ese modelo parece tambalear. La profesora Ann McNeill, del King’s College London, desmontó la revisión que dio sustento a la nueva ley: 53 de 56 revisiones sistemáticas fueron calificadas como de “calidad baja o críticamente baja”. Según McNeill, el problema es metodológico: confundir correlación con causalidad.
Paradójicamente, los estudios poblacionales muestran lo contrario: en los lugares donde aumenta el vapeo (incluso el juvenil), el tabaquismo tiende a descender. Pero el debate científico fue desplazado por la inercia del discurso político.
Dos lógicas en tensión
El contraste entre Francia y el Reino Unido revela no solo políticas divergentes, sino también fuerzas distintas en movimiento.
En Francia, ONG como la Liga contra el Cáncer presionan por prohibiciones más estrictas, acusando al vapeo de seducir a los adolescentes. El gobierno responde con cautela: reconoce que es menos nocivo que el tabaco, pero se resiste a promoverlo. Es una política de equilibrio inestable. Una ambigüedad cultivada como estrategia.
En el Reino Unido, la lógica se invierte. El NHS continúa defendiendo el vapeo como herramienta eficaz de cesación, respaldado por revisiones Cochrane que así lo confirman. Pero en Westminster prevalece el pánico político: los vapes desechables —símbolos perfectos de la basura contemporánea— se convierten en enemigos públicos.
Se consolida así la contradicción: en el Reino Unido: se anima al adulto a cambiar el cigarrillo por el vapeo, mientras el adolescente queda atrapado entre alarmas y prohibiciones infladas bajo la etiqueta dramática de “epidemia juvenil”, una caricatura que oculta más de lo que revela.
En Francia, en cambio, el tabaco sigue siendo el gran enemigo, mientras que el cigarrillo electrónico habita un espacio incierto: tolerado en silencio, vigilado con desconfianza.
Entre ciencia y pánico moral
En el fondo, lo que se despliega es un choque de paradigmas y de intereses.
Por un lado, el de la reducción de daños: pragmático, consciente de que la nicotina difícilmente desaparecerá de la experiencia humana. Parte de la premisa de que no es razonable —ni como política pública ni como horizonte de salud— insistir en la utopía de la erradicación, sino que es necesario actuar sobre lo real: tolerar imperfecciones para salvar vidas, incluso al precio de legitimar el hábito de vapear.
Por el otro lado, el paradigma de la precaución absoluta: rígido, sostenido por la promesa de erradicación total de la nicotina, aunque a costa de desestimar herramientas que podrían, precisamente, salvar vidas.
Ambos enfoques sostienen razones legítimas. El tabaco sigue siendo la principal causa de muertes evitables en Europa y negar el potencial del vapeo podría resultar costoso. Pero también es cierto que los dispositivos desechables ejercen sobre los adolescentes una atracción difícil de contener.
La disputa, en última instancia, no es solo científica: es cultural, política, ética y económica. Un campo de batalla donde se dirime no solo la eficacia y la pertinencia de las políticas de salud, sino también la forma en que una sociedad elige convivir con sus propias contradicciones.
Mientras tanto, en las playas de Bretaña, la arena se libera de las colillas que durante décadas se incrustaron entre conchas y castillos infantiles. Al otro lado del Canal, el Parlamento británico se enreda en debates encendidos sobre sabores de fresa y envases uniformes.
Europa parece suspendida entre dos gestos: oscila entre la pedagogía de la responsabilidad y la política del miedo. El desenlace de esa oscilación definirá el futuro del vapeo, pero sobre todo la capacidad de las democracias para gestionar sus propias contradicciones sin rendirse a la histeria.
El mar prosigue indiferente. Pero los gobiernos europeos no pueden permitirse esa indiferencia. La pregunta incómoda persiste: ¿la nicotina será regulada como una droga imposible de erradicar o será demonizada como si el deseo humano pudiera prohibirse por decreto?
Línea de tiempo
Francia y Reino Unido: entre la reducción de daños y el miedo al vapeo
2015. Dos puntos de partida
Reino Unido: Public Health England publica el informe que se convertirá en un referente global: el vapeo es “alrededor de un 95 % menos nocivo que fumar”. Comienza la era de la reducción de daños. El NHS incorpora los cigarrillos electrónicos en sus programas de cesación, los hospitales empiezan a distribuirlos y las campañas nacionales animan a sustituir el tabaco por vapor.
Francia: El debate aún gatea. El gobierno equipara los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional: restringe la publicidad, prohíbe la venta a menores y evita cualquier gesto de incentivo. El dispositivo se percibe con cautela: más incógnita que solución.
2016–2019. Estrategias divergentes
Reino Unido: Los hospitales comienzan a permitir el uso de vapes en espacios exteriores. Las autoridades locales forjan alianzas con tiendas, ofreciendo descuentos y kits de inicio. El país se consolida como referente internacional, celebrado como pionero de la reducción de daños.
Francia: Salud Pública de Francia concentra sus esfuerzos en campañas de prevención juvenil, mientras ONG como Alliance contre le Tabac advierten sobre los riesgos de los sabores atractivos. La presión social aumenta, pero el gobierno opta por un paso cauteloso: tolerar sin promover.
2020. Pandemia y distracciones
Reino Unido: El Brexit y la COVID-19 reordenan las prioridades del gobierno. El tabaquismo pierde centralidad política, aunque las cifras revelan una caída histórica: menos del 14 % de la población adulta fuma. Paralelamente, y casi sin ruido, el consumo juvenil de vapes desechables comienza a crecer, señal de que una nueva ola se aproxima.
Francia: El gobierno refuerza las restricciones al marketing y el debate sobre la prohibición de los desechables empieza a ganar espacio. Aunque la pandemia acapara la atención pública, las encuestas detectan un aumento discreto en la experimentación adolescente, manteniendo viva una preocupación latente.
2021. Ambigüedad institucional
Reino Unido: La Office for Health Improvement and Disparities (OHID) reemplaza a la histórica Public Health England. El cambio inaugura un discurso fragmentado: por un lado, se anima al fumador adulto a adoptar el vapeo como herramienta de cesación; por otro, crece la cautela frente al uso juvenil, ya extendido entre quienes consumen desechables.
Francia: ONG como el Comité National Contre le Tabagisme intensifican el lobby contra los sabores y los dispositivos desechables. El Ministerio de Sanidad reconoce al cigarrillo electrónico como menos nocivo, pero se mantiene en la línea de la precaución: admite la diferencia, sin traducirla en política pública de cesación.
2022. Ecos estadounidenses
Reino Unido: El pánico estadounidense en torno a JUUL y al síndrome EVALI (una enfermedad pulmonar asociada a líquidos ilegales con THC), que había cruzado el Atlántico, se renueva en la prensa británica. El discurso de la “epidemia de vapeo” comienza a importarse disfrazado de preocupación sanitaria y de políticas activas, sembrando las bases de un giro político más severo que contrasta con la tradición británica como referente en reducción de daños.
Francia: La Liga contra el Cáncer intensifica las campañas contra los sabores dulces y los dispositivos desechables. Al mismo tiempo, el país consolida un nuevo eje argumentativo: el ambiental. Colillas y puffs pasan a ser denunciados no solo como amenaza sanitaria, sino también como residuos tóxicos y persistentes, símbolos de una sociedad que se intoxica y se contamina al mismo tiempo.
2023. El boom de los desechables
Reino Unido: Productos baratos, coloridos y aromatizados inundan el mercado, convirtiéndose en tendencia entre los adolescentes. El consumo juvenil se dispara y el gobierno de Rishi Sunak anuncia su intención de imponer restricciones severas: prohibir los desechables, limitar los sabores y estandarizar los envases. Aun así, el NHS mantiene materiales oficiales que recomiendan los cigarrillos electrónicos como la estrategia más eficaz para dejar de fumar —una evidencia de un país dividido entre ciencia pragmática y pánico político—.
Francia: Un estudio del IFOP revela que el 15 % de los adolescentes de entre 13 y 16 años ya ha probado vapes desechables. La estadística domina los titulares y refuerza la presión ejercida por ONG y especialistas a favor de medidas más estrictas. El tema gana centralidad en el debate público, cristalizando la imagen de los desechables como nueva amenaza juvenil y ambiental.
2024. La batalla de las narrativas científicas
Reino Unido: Investigadores vinculados al King’s College London, como Ann McNeill, publican revisiones que muestran que, a nivel poblacional, el vapeo ha contribuido a reducir el tabaquismo. Pero la OMS y las ONG antitabaco sostienen la visión contraria, insistiendo en los riesgos y la incertidumbre. La prensa —en particular The Guardian— amplifica el discurso del gateway effect, según el cual los jóvenes que vapean estarían condenados a migrar al cigarrillo. El resultado es un escenario de voces discordantes, donde ciencia, política y medios se entrelazan en direcciones opuestas.
Francia: El gobierno anuncia la prohibición nacional de los vapes desechables. Paralelamente, encuestas del IFOP revelan que el 53 % de los fumadores considera recurrir al vapeo para dejar el cigarrillo. Entre los adultos, crece la percepción positiva del dispositivo; entre las ONG, se intensifica la presión ante el riesgo juvenil. Francia cristaliza así su ambigüedad: legitima parcialmente el electrónico, pero cierra la puerta a su formato más popular.
2025. El año del giro
Reino Unido: La Ley sobre Tabaco y Vaporizadores finalmente se aprueba, inaugurando la fase más restrictiva jamás vista en el país. La ley se implementará de forma escalonada:
- Fase 1. Prohibición progresiva del tabaco: a partir del 1 de enero de 2027 será ilegal vender tabaco a quienes hayan nacido en o después del 1 de enero de 2009. La edad mínima aumentará año tras año, bloqueando el acceso a las nuevas generaciones.
- Fase 2. Vapes: desde junio de 2025, se prohíbe la venta de desechables. El proyecto también restringe sabores y envases llamativos, buscando reducir su atractivo entre los jóvenes.
- Fase 3. Licencias y fiscalización: se crean esquemas de licencias para la venta de tabaco y vapes, con multas de hasta £2.500 para quienes infrinjan la normativa.
- Fase 4. Medidas complementarias: ampliación de las zonas libres de humo y vapeo (parques infantiles, escuelas) y expansión de los registros obligatorios para minoristas.
La narrativa dominante adopta el tono de una cruzada por la protección juvenil ante una supuesta “nueva epidemia de nicotina” —una expresión inflada, más reveladora de la retórica política que de la realidad epidemiológica—. El contraste es evidente: mientras el Parlamento levanta barreras, el NHS continúa recomendando los cigarrillos electrónicos como la herramienta más eficaz para los adultos que desean dejar de fumar.
Francia: El decreto nacional amplía las restricciones al tabaco en espacios abiertos —playas, parques, instalaciones deportivas—, pero mantiene el vapeo fuera del alcance de la ley. En Crozon, los vecinos celebran las playas libres de colillas, como registró Le Télégramme. Al mismo tiempo, una encuesta indica que el 43 % de los jóvenes volvería al cigarrillo si se limitaran los sabores. El contraste resume la ambivalencia francesa: civismo ecológico en la arena, pero un terreno cultural inestable cada vez que el vapor se mezcla con la juventud.ç
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