En la reciente COP10, la exclusión de representantes brasileños del estado de Rio Grande do Sul, epicentro de la industria tabacalera, generó una ola de críticas por el secretismo, la exclusión y la falta de transparencia. El incidente, marcado por la negativa a acreditar a diputados, un secretario de Estado y prensa, revela tensiones profundas en el debate sobre el control del tabaco y pone en duda la inclusión y apertura del proceso de toma de decisiones en el ámbito internacional. La controversia en la COP10 muestra una vez más el desafío de refundar la lucha contra el tabaquismo sobre la base del respeto a las personas, economías y tradiciones locales.
En el primer día de la décima Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), un incidente con un grupo de parlamentarios de Rio Grande do Sul, un estado del extremo sur de Brasil, resaltó la exclusión, opacidad y falta de transparencia de este importante evento internacional, además de las tensiones entre la política global de salud y los múltiples intereses en juego.
El evento, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como objetivo avanzar en las políticas de control del tabaco, un tema de importancia global dada la repercusión del tabaquismo en la salud pública. Pueden participar las delegaciones de los Estados miembros. Sin embargo, según el reglamento, la COP puede invitar o permitir a otras partes interesadas, como organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a participar como observadoras en sus reuniones. La exclusión de representantes oficiales y de la prensa brasileña del encuentro generó controversia y acaloradas discusiones sobre democracia, transparencia, la necesidad del diálogo y el futuro de toda una cadena productiva.
Rio Grande do Sul, una región con una profunda tradición en la producción de tabaco, se encontró en el epicentro de este debate. En este estado sureño de Brasil, el tabaco no es solo un cultivo agrícola; para muchas familias rurales representa la columna vertebral de su economía, con el sector generando significativos 2.400 millones de dólares en exportaciones en 2023. El tabaco ocupa una posición estratégica en la economía regional y solo la soya lo supera en volumen de exportaciones.
La exclusión de los representantes políticos y de la prensa brasileña de la COP10 provocó una ola de indignación, pues evidencia un choque entre quienes pueden decidir cómo se darán los esfuerzos globales de salud pública y las realidades sociales y económicas locales.
Diputados estatales y federales, junto con el secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, expresaron su frustración, calificando la acción de la OMS como «lamentable», «autoritaria» e «intransigente». La negativa a permitir su participación en el evento fue vista no solo como un acto antidemocrático, sino como una señal de desprecio hacia las comunidades que dependen económicamente del cultivo del tabaco.
El legislador federal Marcelo Moraes se mostró enfático en su declaración, subrayando la necesidad de expandir el debate para abarcar dimensiones adicionales, como la económica y la social. Puso como ejemplo la situación de su región, donde la producción de tabaco sustenta la vida de más de 70 mil hogares y genera más de 40 mil puestos de trabajo.
Moraes expresó su escepticismo sobre la seriedad y la democracia de la Convención, criticando su tendencia a marginar a los sectores directamente implicados en el tema en discusión. «(…) Este debate debe ser más amplio… no creo que esta Convención sea seria, no creo que esta Convención sea algo democrático… simplemente excluye a aquellos que tienen un interés directo en esta discusión que ocurre aquí».
El congresista también expresó su inquietud sobre la persistente prohibición de los cigarrillos electrónicos en Brasil, señalando el considerable número de usuarios que recurren al mercado ilegal para obtener estos dispositivos. Destacó cómo esta situación resulta en una pérdida de ingresos para el país, que podría beneficiarse incluso de la exportación de estos productos. Moraes afirmó que la prohibición no reduce la cantidad de usuarios y abogó por una regulación que permita ajustar aspectos del producto, que a su vez podría mitigar riesgos para la salud y hacerlo menos atractivo para los menores de edad y no fumadores.
Respecto a la negativa a otorgar acreditaciones para participar en el evento, el diputado señaló como responsable a la organización del mismo, destacando el papel de Vera Costa e Silva, ex secretaria general del evento y actual líder de la CONICQ (la Comisión Nacional para la Aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco) en Brasil. El diputado sugirió, con aires de certeza, que su influencia dentro del grupo organizador podría ser la razón de la exclusión, dado su rechazo a permitir voces contrarias en la discusión.
Heitor Schuch, un diputado federal respetado por su dedicación a los derechos e intereses de los trabajadores y las comunidades rurales, parece tener un compromiso profundo con estos sectores, debido a su frecuente participación en diversas comisiones legislativas, abordando temas cruciales como la agricultura familiar, el desarrollo rural y la conservación ambiental.
Cerca del sol abrasador, fuera del predio del Centro de Convenciones de Panamá, el actual líder de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios en la Cámara de Diputados no ocultó su descontento y malestar por la negativa a permitirle el acceso a la COP10 como observador. El legislador gaucho ha expresado claramente su percepción de que existe una falta de bienvenida hacia ellos, reflejando el clima de tensión y exclusión que rodeó el evento.
Schuch destacó que la Organización Mundial de la Salud, a través de la Secretaría del CMCT, parece enfocarse unilateralmente, ignorando la necesidad crítica de diálogo y transparencia en las conversaciones internacionales sobre el control del tabaco, donde todas las voces, especialmente aquellas directamente afectadas, deben ser escuchadas y consideradas. Subrayó que la OMS está omitiendo las voces de los productores rurales, trabajadores industriales y residentes de los municipios donde se encuentran las empresas de las zonas productoras de tabaco. Para Schuch, la exclusión de estos importantes sectores de la conversación no sorprende, ya que evidencia una vez más el desinterés por incluir múltiples perspectivas en el debate.
En este mismo día, la visita nocturna de los diputados a la Embajada reveló una postura compleja por parte del embajador brasileño, Carlos Henrique Moojen de Abreu e Silva, respecto a la exclusión de la delegación. Inicialmente, Abreu e Silva ofreció su apoyo a la comitiva, pero luego, en la Plenaria de la COP10, enfatizó la importancia de adoptar políticas dirigidas a la reducción de la producción de tabaco, incluidas las reformas tributarias y la continuación de la prohibición del vapeo en Brasil.
Estas declaraciones añadieron una nueva dimensión al ya tenso debate sobre las políticas de control del tabaco, evidenciando la dificultad para alcanzar un consenso en un tema que requiere un diálogo inclusivo y considerado, que tenga en cuenta tanto a los consumidores de nicotina como a aquellos involucrados en la cadena productiva del tabaco.
El diputado Heitor Schuch compartió que, aunque había enfrentado situaciones similares en el pasado, la reciente exclusión de ocho periodistas brasileños lo tomó por sorpresa. Subrayó una diferencia crítica esta vez, destacando que, a diferencia de ocasiones anteriores, en Panamá se impuso una prohibición explícita contra la presencia de medios de comunicación.
Este hecho resalta una nueva capa de opacidad y control sobre la información que emana de eventos cruciales como la COP10, donde la transparencia y el acceso a la información deberían ser pilares fundamentales. La decisión de bloquear el acceso de la prensa no solo afecta la libertad de expresión, sino que también cuestiona la apertura y la rendición de cuentas de las discusiones internacionales sobre políticas de salud pública.
Schuch manifestó su descontento ante esta medida, calificándola de «lamentable», sobre todo porque Brasil se involucra activamente en la promoción de la libertad de prensa, asegurando el acceso de los periodistas a todo tipo de eventos y actividades. La prohibición de participación en este contexto, según el diputado, representa una preocupación evidente que merece un diálogo serio y urgente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Este llamado a la acción subraya la necesidad de defender los principios de transparencia y libertad de información, fundamentales en cualquier sociedad que se precie de ser democrática, especialmente en foros internacionales donde se debaten políticas de gran impacto global.
Entre los medios de comunicación cuya acreditación quedó con el estatus de «pendiente» se encuentran nombres como Olá Jornal, Folha do Mate, Rádio Acústica FM, GZH, RBS TV y C3PRESS/The Vaping Today. La retención de acreditaciones para estos medios resalta aún más la opacidad con la que se manejó el evento, generando interrogantes sobre la voluntad de facilitar un diálogo abierto y una cobertura mediática amplia sobre temas de salud pública y políticas de control del tabaco a nivel mundial.
Una de las periodistas excluidas es Letícia Wacholz, la respetada editora de Folha do Mate, un periódico arraigado en la vida de la ciudad de Venâncio Aires por su dedicada cobertura a los asuntos de interés local. Su exclusión marca un precedente desconcertante, especialmente considerando su participación anterior en la COP7 en India y la COP8 en Suiza, donde fue acreditada sin contratiempos.
Esta vez, en la COP10, la falta de una justificación clara por parte de los organizadores deja incertidumbre sobre las razones de esta decisión. «Hemos cumplido meticulosamente con todos los requisitos, enviando la documentación necesaria dentro de los plazos establecidos y, aun así, se nos ha negado la entrada», explica Wacholz, palpablemente frustrada por esta barrera inesperada que le impide ejercer su labor periodística desde Panamá, a donde se desplazó con el objetivo de informar a su comunidad sobre un tema decisivo.
La periodista subrayó la importancia de representar a una región conocida por su industria tabacalera, insistiendo en su compromiso por ofrecer una cobertura equilibrada que incluya tanto las implicaciones para la salud pública como los intereses de su comunidad. «Sabemos, claro, que somos periodistas de una región productora de tabaco, pero también queremos escuchar el lado de la salud; es muy importante escuchar también el lado de la salud», añadió Wacholz. Ella sabe que las decisiones tomadas en Panamá repercutirán significativamente en su comunidad.
Su empeño en conseguir acceso refleja una inquietud extendida hacia la transparencia y el derecho a la información, piedras angulares en el debate público y el ejercicio democrático. Letícia señaló que todavía esperaba una resolución definitiva en cuanto a su exclusión. Comentó que la comitiva de diputados estaba en el proceso de establecer comunicaciones que pudieran abrir camino a un diálogo, posiblemente con la Comisión Nacional de Implementación del Convenio Marco, que representa a la delegación del país en la conferencia.
La posibilidad de una reunión que abra puertas a un entendimiento no pudo confirmarse, manteniendo en suspenso la oportunidad para que representantes y medios excluidos participen como observadores y cubran el diálogo global sobre el control del tabaco.
Esta incertidumbre subraya la importancia crítica de un compromiso firme con la inclusión y la transparencia frente a la prensa en los foros internacionales, donde se discuten políticas que afectan a comunidades y economías en todo el mundo. La falta de acceso de la prensa brasileña en la COP10 pone de manifiesto la necesidad crítica de una revisión de los procedimientos de «aprobación» de la Secretaría del CMCT.
Un periodista que prefirió mantener su anonimato comentó: «No solo a las personas consideradas non gratas, sino que todas las voces contrarias son etiquetadas bajo el artículo 5.3 del CMCT, que excluye la participación de organizaciones o representantes con cualquier conexión con la industria tabacalera. Un periodista proveniente de una región agrícola e industrial del tabaco, como Rio Grande do Sul, que desea trabajar e informar a su comunidad sobre lo que se debate aquí, parece automáticamente puesto en ese conflicto de intereses, aunque nada tenga que ver con la industria del tabaco».
Esta declaración pone de relieve las complejidades y las sensibilidades alrededor de los debates en el marco de la COP, ilustrando cómo la interpretación de los conflictos de interés puede no solamente limitar la diversidad de perspectivas, sino restringir la cobertura mediática esencial para una comprensión completa de los temas en discusión.
En Rio Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil, de donde son originarios estos periodistas y representantes oficiales del parlamento, el cultivo de tabaco se sitúa en la cúspide de los emprendimientos de la agricultura familiar. La región cuenta con 65.000 productores dedicados a este cultivo que, en la temporada 2022/2023, lograron una producción impresionante de 300 toneladas que se traducen en ingresos de 4.600 millones de reales. Adicionalmente, la industria tabacalera provee empleo directo a aproximadamente 25.000 individuos, lo que demuestra su influencia predominante en la economía local.
El incidente en la COP10 pone de relieve un punto central en la redefinición del Control del Tabaco: la imperiosa necesidad de replantear las estrategias mundiales y de incorporar innovaciones en el control del tabaco que generen un impacto tangible en la disminución del índice global de enfermedades atribuidas al consumo de tabaco. Los organizadores, bajo el pretexto de evitar la influencia de la industria tabacalera, han optado por silenciar cualquier voz crítica o divergente y las solicitudes de debate, evadiendo así el escrutinio democrático.
El interrogante surge espontáneamente: ¿Cómo es posible implementar políticas de salud pública efectivas sin transparencia, en un diálogo cerrado y total secretismo?
El desafío radica en encontrar un equilibrio que beneficie la salud pública sin comprometer las economías locales, especialmente aquellas que giran en torno a cultivos controvertidos como el tabaco. La exclusión de los representantes de Rio Grande do Sul en la COP10 destapa no solo una falta de compromiso con los principios democráticos y la diplomacia, sino que subraya la urgencia de que la OMS fomente un diálogo abierto y elabore estrategias políticas que armonicen las metas de salud global con las necesidades económicas de las comunidades.
Esto conlleva la implementación de estrategias integradoras que abarquen la realidad de las personas. Se trata de invertir en educación, en garantizar el derecho a la información, en la promoción de alternativas más seguras a los cigarrillos, en establecer un foro de diálogo abierto y constructivo, donde todas las partes interesadas, desde los consumidores de nicotina hasta los pequeños agricultores productores de tabaco y los políticos que representan a miles de personas, tengan asegurado que sus voces y necesidades sean consideradas.
En respuesta a esta situación, los diputados federales Heitor Schuch, Marcelo Moraes y Rafael Pezenti, junto con legisladores estatales como Edivilson Brum, Zé Nunes, Marcos Vinícius y Silvana Covatti, manifestaron su protesta a través de una nota de repudio, posicionándose oficial y firmemente ante la postura antidemocrática de la Secretaría del CMCT, ya que el evento se financia con fondos públicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no proporcionó una justificación específica de por qué se impidió a los diputados brasileños asistir a la COP10.
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