Algunas palabras empiezan describiendo el mundo y acaban diciendo qué puede o no puede hacerse dentro de él. “Humo” es una de ellas. Durante décadas, la palabra dejó de nombrar únicamente un subproducto de la combustión y pasó a cargar con un juicio público: la idea de que nadie debería verse obligado a respirar aquello que otro eligió encender.
De esa transformación nació el prestigio moral y regulatorio de los espacios smoke-free, una de las victorias más duraderas del control del tabaco. El problema, sugiere Roberto Sussman en su ensayo sobre la intensificación global de las políticas vapor-free, comienza cuando esa lógica pasa a extenderse casi automáticamente al vapeo y a los productos de tabaco calentado, como si vapor y humo fueran dos versiones de un mismo fenómeno.
A lo largo de dos décadas, smoke-free dejó de ser apenas un eslogan de salud pública para convertirse en una de las marcas morales más exitosas de nuestro tiempo.
La expresión nació de una batalla concreta, sostenida por evidencia robusta, contra un producto que mataba a escala industrial y exponía a terceros a un riesgo que no habían elegido correr. En muchos países, esa victoria cambió el aire y remodeló la etiqueta social, alterando incluso la propia idea de convivencia. El cigarrillo perdió su glamour y, con él, parte de su imperio cultural.
El problema comienza cuando una categoría victoriosa deja de ser meramente descriptiva y pasa a operar como reflejo. En el ensayo “On the global intensification of “vapor-free” policies Part 1”, Roberto Sussman, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), propone precisamente esa indagación. Se pregunta cómo la lógica que sostuvo la lucha contra el humo del cigarrillo fue extendida casi automáticamente al vaping y a los productos de tabaco calentado, incluso en espacios abiertos, como si estuviéramos ante un mismo fenómeno físico, químico y sanitario.
Su formulación es directa. “La lógica es cruda y simple”. El razonamiento, en resumen, sería este: si el cigarrillo es nocivo para quien fuma y también para quien respira su humo, entonces cualquier nube exhalada en público debe quedar sometida al mismo principio. Lo que Sussman cuestiona no es la idea de proteger el aire compartido. Es el cortocircuito analógico que transforma, sin examen, un problema en otro. “El vapeo pasivo no es tabaquismo pasivo”. Y, dicho de un modo aún más literal: “los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado no emiten ‘humo’”.
Esa distinción, que parece técnica, es también política, porque las regulaciones no nacen solo de las mediciones. Nacen de discursos, de asociaciones compartidas y de imágenes sedimentadas. Y “humo” carga con un peso histórico que “vapor” todavía no carga. Humo remite a combustión, hollín y olor impregnado. Remite a un daño conocido, a décadas de muertes acumuladas, a campañas públicas, a paquetes con advertencias y a pulmones ennegrecidos. Cuando el vapor entra en ese imaginario por la vía de la analogía, la mitad de la disputa ya ha sido ganada antes de que la comparación siquiera empiece.
Sussman intenta interrumpir ese automatismo. Su pregunta no es si el vaping debe circular sin reglas. Es si tiene sentido aplicar al vaping, en bloque, el mismo molde regulatorio creado para el cigarrillo, sin distinguir riesgo, dosis, contexto y naturaleza de la exposición. Detrás de eso hay una disputa que es menos sobre la nicotina que sobre el método. ¿Qué ocurre cuando una política pública aprende a responder por reflejo?
Cuando la ciencia le quitó el glamour al cigarrillo
Sussman comienza reconociendo lo que sí funcionó. Y hace bien. Durante buena parte del siglo XX, la lucha contra el cigarrillo convencional no fue una cruzada histérica. Fue una corrección civilizatoria. Había un adversario concreto, poderoso, rico y profundamente deshonesto. La industria tabacalera normalizó un producto letal mediante publicidad agresiva, captura cultural y negación sistemática de la evidencia. Frente a eso, la epidemiología, la medicina y la salud pública desempeñaron un papel histórico.
La secuencia es conocida, pero conviene recordarla. Richard Doll y Austin Bradford Hill ayudaron a establecer, con la fuerza creciente de los datos, el vínculo causal entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Llegaron después los informes del Royal College of Physicians y del cirujano general de los Estados Unidos, que contribuyeron a consolidar el consenso público. Lo que antes era un hábito elegante pasó a ser considerado un factor de riesgo masivo para el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones respiratorias. Décadas más tarde, ese arco institucional desembocaría en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS. El tratado fue adoptado en 2003 y entró en vigor en 2005. Fue el primer acuerdo global de salud pública de esa envergadura.
Ese pasado importa porque confiere legitimidad a la fase siguiente. La autoridad conquistada en esa batalla no fue gratuita. Fue merecida. Pero, como sugiere Sussman, toda victoria conceptual deja una herencia ambigua. Una causa que vence adquiere no solo razón histórica, sino también prestigio, aparato, lenguaje y autoconfianza.
En algún momento, sin embargo, aparece el riesgo. La evidencia deja de ser solo un criterio de corrección y pasa a funcionar como patrimonio identitario. A partir de ahí, el matiz puede dejar de sonar a escrutinio legítimo. Empieza a ser recibido como infiltración, atraso moral o sabotaje. Basta recordar el enunciado didáctico de la antigua Public Health England sobre “un 95% menos nocivo”, que se convirtió a la vez en contraseña de pertenencia y en blanco de críticas. Lo mismo ocurrió con el Royal College of Physicians. Su prestigio institucional ayudó a legitimar la guerra contra el cigarrillo. Más tarde, al validar la reducción de daños por medio del vaping, la institución atrajo críticas porque una parte del propio campo rechaza esa estrategia.
Es ahí donde, para Sussman, el problema deja de ser solo técnico. Pasa a ser una cuestión de disciplina intelectual. La pregunta ya no es únicamente qué muestran los datos. Es también qué hace un campo de conocimiento cuando se acostumbra a tener razón.
La virtud adquiere una máquina
En la reconstrucción genealógica que propone Sussman, el giro se produce a finales de los años noventa y comienzos de los dos mil, sobre todo en Estados Unidos. La industria tabacalera, antes intocable, ya estaba desacreditada y cercada judicialmente. El antitabaquismo, que durante mucho tiempo había operado como fuerza de resistencia, empezaba a instalarse en el interior mismo del aparato institucional. La causa abandonaba el enfrentamiento frontal y entraba en la administración del poder.
El Master Settlement Agreement de 1998 funciona, en la lectura de Sussman, como un hito de esa transición. El acuerdo impuso pagos multimillonarios de las empresas a los estados. Trajo también restricciones al marketing y una suerte de estabilización del conflicto judicial. Sussman observa, sin romanticismo, que el dinero públicamente asociado a iniciativas antitabaco muchas veces terminó sirviendo a otros fines fiscales. En efecto, informes de la Government Accountability Office señalaron que una parte significativa de esos ingresos fue utilizada para equilibrar presupuestos estatales o financiar prioridades generales, no programas de control del tabaco. El detalle es menos contable que político. Cuando una virtud adquiere presupuesto, también empieza a recibir incentivos para preservarse.
No hay en ello ninguna revelación cínica. Hay sociología institucional. La salud pública no la hacen santos suspendidos por encima de la historia. La hacen instituciones y coaliciones. La hacen carreras, disputas por influencia, agendas, reputaciones y recursos. Eso no invalida la causa, pero sí impide idealizarla. Y, para Sussman, ahí reside el punto ciego de buena parte del debate: imaginar que las buenas intenciones bastan para blindar a un campo frente al uso selectivo de la evidencia.
El argumento incomoda porque golpea una narrativa muy querida por el propio campo: la de que, por estar del lado correcto de la historia, quedaría automáticamente protegido frente a los excesos del método. Pero no lo está. Ningún campo lo está.
El momento en que el “otro” entra en la ecuación
Sussman inserta en ese recorrido un recuerdo mexicano. En 1975, escribe, alrededor del 40% de los hombres fumaba en el país. Entre las mujeres, la cifra rondaba el 3%. En la cultura popular, la asociación entre cigarrillo y cáncer ya circulaba con suficiente fuerza como para producir un apodo callejero: cancer tacos. El punto es relevante porque muestra que la información sobre los riesgos del tabaco precedió, en cierta medida, a parte del endurecimiento regulatorio posterior. Había allí un efecto cultural real de la ciencia.
Pero la curva de descenso de la prevalencia, sostiene él, se desaceleró. Incluso con la alineación de la legislación mexicana con las recomendaciones de la OMS, el tabaquismo habría pasado años oscilando sin gran movimiento en ciertos niveles.
La lectura de Sussman es que la información, por sí sola, forma parte del trabajo, pero no hace todo el trabajo. Se fuma no solo por ignorancia. Se fuma por hábito, placer, contexto, clase, estrés, rutina, vínculo social y autogestión precaria del sufrimiento. La salud pública habla en probabilidades futuras. El cuerpo, muchas veces, decide bajo presión presente.
Es en ese terreno donde entra el “humo pasivo” como dispositivo político decisivo. Mientras el mensaje era “te haces daño a ti mismo”, la regulación se enfrentaba a un límite moral importante: el de la autonomía. Cuando el eje se desplaza hacia “perjudicas a terceros, especialmente a inocentes”, el tablero cambia.
Sussman sitúa un momento importante de ese desplazamiento en 1975, en una conferencia de la OMS, al recuperar una intervención de sir George Godber. Godber defendía la necesidad de fomentar la percepción de que el fumador perjudica a quienes lo rodean, sobre todo a familiares, bebés y niños pequeños.
No cuesta entender la fuerza política de ese cambio. Una vez que el daño deja de ser solo autoimpuesto y pasa a presentarse como algo impuesto al otro, sobre todo al otro vulnerable, las restricciones se vuelven más defendibles, más intuitivas y más abarcadoras. El fumador deja de ser simplemente alguien que asume un riesgo. Pasa a ser alguien que lo distribuye.
El consenso en modo blindado
Sussman retoma en este punto el estudio de James Enstrom y Geoffrey Kabat, publicado en el BMJ en 2003. El trabajo examinó la exposición al humo ambiental y la mortalidad en una cohorte de parejas en California. Él recuerda la formulación cautelosa del propio artículo. Los resultados no sostendrían una relación causal robusta entre la exposición ambiental al humo y la mortalidad relacionada con el tabaco. Aun así, tampoco excluirían un pequeño efecto.
El mérito aquí no reside en tomar ese estudio aislado como refutación del consenso predominante. Y el propio texto debe leerse con esa precaución. Las grandes agencias de salud sostienen, sobre la base de un cuerpo más amplio de evidencia, que el humo ambiental del cigarrillo causa daños relevantes. Eso incluye efectos cardiovasculares y respiratorios, con un impacto poblacional importante. Ese sigue siendo el entendimiento dominante.
El punto de Sussman es otro. Cuestiona el momento en que un campo deja de tolerar la reevaluación de puntos específicos sin interpretarla como herejía. En su formulación, el tema del humo de segunda mano se habría vuelto “quasi-sacralizado”. No sería solo un consenso fuerte. Sería un consenso convertido en identidad moral. Y cuando eso ocurre, la discrepancia deja de ser simplemente refutada. Pasa a ser sospechosa.
Tal vez sea este el pasaje más útil del ensayo. No porque resuelva la disputa, sino porque identifica un patrón recurrente en varios campos: la facilidad con que la ciencia pública, cuando se siente moralmente sitiada, pasa de la firmeza al blindaje.
De la química al reflejo político
Esta historia importa porque, para Sussman, prepara el terreno para la expansión del concepto de smoke-free a contextos en los que la base comparativa es mucho menos evidente. Cuando los e-cigarettes y los productos de tabaco calentado irrumpen con más fuerza, sobre todo a partir de la década pasada, ya existe un repertorio institucional preparado: máxima precaución, lenguaje absoluto, desnormalización como estrategia cultural y protección de los niños como justificación política de alta aceptación.
El problema es que el objeto ha cambiado. El cigarrillo convencional implica combustión. El vaping, no. Eso no convierte al vapor en algo neutro ni en “solo agua”, caricatura tan simplista como la del bando opuesto. Pero sí modifica la física y la química de lo exhalado. Y si el fenómeno cambia, la vara debería cambiar con él.
En esa clave, Sussman discute también el llamado third-hand smoke, los residuos del humo depositados sobre superficies y capaces de reaccionar con compuestos del entorno. No niega la química del fenómeno. Lo que critica es el salto que convierte una plausibilidad de laboratorio en una ubicuidad amenazante sin pasar por el trabajo más difícil: medir dosis, frecuencia, contexto, exposición real, relevancia clínica y magnitud del riesgo. La química no legisla por sí sola.
Lo que debería orientar la norma es la relación entre exposición y daño en condiciones reales.
Del mismo modo, critica el uso totalizante de fórmulas como “no hay nivel seguro de exposición a ETS” cuando funcionan menos como precisión científica que como lenguaje de autorización política. El problema de lo absoluto es conocido: borra las gradaciones y transforma cualquier presencia residual en una justificación potencial para cualquier prohibición. En lugar de gobernar riesgos, se pasa a gobernar por aversión.
Es en ese clima donde Sussman sitúa la expansión de las prohibiciones a áreas abiertas y a diversos espacios públicos, muchas veces con la misma justificación movilizada para el cigarrillo convencional. Su crítica no es que los niños no merezcan protección ni que la convivencia pública deba quedar desregulada. Es que “protección” puede convertirse en una palabra comodín. Una vez activada, parece dispensar de una demostración más fina.
Cuando la ciencia entra en modo campaña
Sussman elige un caso emblemático: el estudio que asoció la prohibición de fumar en Helena, Montana, con una caída abrupta en el número de infartos atendidos en el hospital local. El trabajo circuló rápidamente en la prensa y pasó a presentarse, en muchos contextos, como una prueba de los efectos inmediatos de las políticas smoke-free. El problema, observa él, es que el diseño era demasiado pequeño para sostener conclusiones tan grandiosas sin una cautela extrema. La variabilidad estadística, la coincidencia temporal y el ruido quizá estuvieran desempeñando un papel mayor del que la narrativa admitía.
Los críticos señalaron el tamaño reducido de la muestra, la alta variabilidad estadística y el hecho de que una oscilación semejante ya había ocurrido en 1998, sin ley antitabaco. Comentarios posteriores cuestionaron la solidez de la inferencia causal y la plausibilidad biológica de una caída tan grande en tan poco tiempo, sin acusar a los autores de mala conducta. Revisiones más amplias pasaron a tratar Helena como un estudio inicial de efecto intenso, pero de baja precisión, y otorgaron mayor peso a series más extensas y a metaanálisis posteriores.
Conviene evitar aquí el exceso de lenguaje acusatorio. Términos como “fraud” o “hoax”, utilizados por Sussman, imputan intención y exigen una cautela que el periodismo no puede permitirse pasar por alto. Un estudio no necesita ser un fraude para ser absorbido por una máquina narrativa.
Pero el punto más amplio sigue en pie. Cuando una agenda pública entra en modo campaña, los estudios de fuerte impacto comunicativo tienden a recibir una ventaja selectiva. No porque sean necesariamente falsos, sino porque encajan mejor en el relato.
Ese puede ser el núcleo más perturbador de la genealogía propuesta por Sussman.
Lo que se consolida, sugiere él, no es solo un conjunto de resultados sobre humo ambiental, sino un estilo institucional. Un estilo marcado por la preferencia por un lenguaje maximalista, por la baja tolerancia a la contestación incómoda, por el uso de la desnormalización como ingeniería cultural y por la disposición a convertir la incertidumbre en argumento de endurecimiento.
Cuando ese estilo encuentra un nuevo blanco, el vaping, la transposición es rápida.
Sussman resume la operación de un modo casi literal: los e-cigarettes y los HTP pasan a ser prohibidos “en todos los espacios públicos, incluso espacio al aire libre, donde fumar está prohibido” bajo la justificación de “la protección de la salud”, pese a las “enormes diferencias en las emisiones ambientales”. Su punto no es que esas diferencias eliminen cualquier problema. Es que vuelven la cuestión comparativamente más compleja de lo que la política admite.
Tomarse en serio al otro lado
Aquí conviene frenar cualquier tentación de convertir esta crítica en un panfleto provapeo. La mala ciencia no tiene un bando fijo. Si en el campo más ortodoxo del control del tabaco hay sesgos, sobreinterpretaciones y atajos, también en el campo de la reducción de daños hay conflictos de interés, formulaciones indulgentes y encuadres convenientes. Los estudios con financiación corporativa, o con vínculos directos o indirectos con esos intereses, merecen un escrutinio reforzado. Eso no los invalida automáticamente. Solo eleva el estándar de cautela.
Tomarse en serio al otro lado no debilita la crítica de Sussman. Al contrario: la somete a una prueba de esfuerzo.
Los argumentos más fuertes del campo restrictivo suelen organizarse en dos frentes. El primero es el de la renormalización. Permitir el vaping en espacios donde fumar está prohibido podría reintroducir en el espacio público la coreografía visual del cigarrillo: el gesto, la pausa, la nube, la familiaridad estética del acto. El segundo es la protección de niños y adolescentes. Se trata de reducir la exposición, limitar la publicidad indirecta e impedir que ciertos comportamientos adquieran un aura de normalidad social.
Ninguno de esos argumentos es absurdo. El problema está en tratarlos como suficientes para justificar una equivalencia regulatoria total. Porque, en ese punto, apariencia y sustancia empiezan a confundirse.
Una cosa es discutir la etiqueta pública, los límites contextuales, el marketing, los espacios cerrados o la convivencia en ámbitos compartidos. Otra, muy distinta, es tratar el vapor exhalado como si fuera, por definición, el mismo problema que el humo del cigarrillo.
La respuesta proporcional quizá esté menos en los eslóganes generales que en arreglos contextuales: dónde, cuándo, en qué condiciones, con qué estándar de información al público y con qué distinción clara entre productos de riesgo muy diferente.
La pregunta decisiva no es si el vaping está exento de riesgo. Es si una política pública tiene derecho a ignorar la escala comparativa de los riesgos.
La tragedia de la virtud
Es aquí donde el ensayo de Sussman roza un problema mayor que el vaping. Las políticas públicas pueden fracasar no solo por omisión, sino también por un exceso moral mal calibrado. Una regla diseñada para proteger puede terminar protegiendo menos de lo que imagina. O protegiendo al objetivo equivocado.
El estudio de Saffer y sus colegas aparece como un ejemplo de esa posibilidad. Esa fue, por ejemplo, la dirección observada en el análisis de Abigail Friedman sobre San Francisco, en estudios recientes sobre restricciones estatales a los sabores y en trabajos con grandes paneles de jóvenes adultos en Estados Unidos. Los diseños varían. La amplitud también. Y la magnitud de los efectos dista mucho de ser uniforme. Aun así, la convergencia basta para imponer cautela a cualquier política que trate las prohibiciones amplias de sabores como un beneficio automático. Cuando el consumo migra hacia el producto más letal, el lenguaje de la protección ya no puede prescindir de una contabilidad comparativa.
Esa es la ironía difícil de aceptar. Una política pensada para alejar a los jóvenes de la nicotina puede empujar a una parte de ellos hacia la forma de consumo que más mata. La buena intención, en ese caso, tal vez no desaparezca. Lo que desaparece es su inocencia.
Después de que la política produce efectos colaterales propios —algunos silenciosos, otros crueles— la pregunta cambia. Ya no basta con saber de qué lado está alguien. La cuestión pasa a ser otra: ¿cómo gobernar sin embriagarse con el propio argumento? Sussman empuja esa pregunta hasta el centro. ¿En qué momento “proteger” se convierte en “deslegitimar”? ¿Cuándo la prudencia se convierte en estandarización? ¿Cuándo la incertidumbre, que debería convocar medición, seguimiento y revisión, se convierte en motor de prohibición total?
Estas no son preguntas antirregulatorias. Son preguntas sobre la buena regulación.
En el entorno informativo de hoy, lo absoluto circula mejor que la proporción. “Tolerancia cero” es simple, vendible y moralmente fotogénica. El matiz suena defensivo. La revisión parece debilidad. Pero las políticas públicas serias no pueden diseñarse para caber en titulares pulcros. Tienen que caber en el mundo real.
Al final, esa es la utilidad de la genealogía que propone Sussman. No resuelve por sí sola la disputa sobre el vaping. Pero describe un aprendizaje institucional importante. Cuando el miedo funciona, tiende a reutilizarse. Cuando la palabra “protección” inmuniza una política contra la crítica, tiende a endurecerla. Y cuando un campo olvida que la mala ciencia puede existir en todos los bandos, empieza a perder el derecho a invocar el rigor como principio.
El dilema, por tanto, no sería “prohibir o permitir”. Es algo más difícil y menos satisfactorio que eso. Se trata de construir una regulación proporcional al riesgo, transparente en sus criterios y revisable a la luz de nuevas evidencias. Reglas que protejan sin recurrir a la equivalencia automática. Reglas que distingan sin humillar. Reglas que no transformen, por hábito retórico, vapor en humo antes de medir qué hay en el aire.
Si ese patrón prevalece, el debate sobre las políticas vapor-free quizá pueda salir de la lógica de trinchera y volver a la pregunta que de verdad importa: ¿qué tipo de comparación está dispuesta a hacer una democracia de salud pública? ¿Y quién responde cuando decide no hacerla?
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