(3/3) Cuando el riesgo se vuelve identidad y el control se vuelve virtud, el tratado ya no regula: predica.
Aquí, el control ya no exige pruebas. Basta con la convicción.
Cuando el lenguaje de la evidencia cede ante la retórica de la virtud, la norma se cristaliza en doctrina.
El tratado ya no regula: predica.
Esta parte final traza el circuito moral de la COP11: cómo el riesgo se fusiona con la identidad, cómo la protección codifica la exclusión y cómo el control se vuelve autónomo, incluso mientras las vidas que dice defender permanecen sin voz, sin rostro, sin resolución.
La máquina opera ahora con su propia lógica.
El silencio es su combustible.
La máquina gira antes de que te des cuenta
Algunas cláusulas en los tratados internacionales nacen para vivir en las notas al pie.
El Artículo 2.1 del CMCT parecía ser una de ellas. Redactado hace más de dos décadas, sonaba como un gesto de elegancia diplomática: una invitación a que los países fueran más allá del texto del tratado, siempre que respetaran el derecho internacional. Una breve nota de libertad: simbólica, inofensiva. El tipo de frase que nadie cuestiona, sobre todo porque nadie espera que llegue a importar.
Pero a veces es la nota al pie la que abre el pasaje.
El Artículo 2.1 comenzó a funcionar como una puerta lateral: permite que el alcance del Convenio se expanda sin necesidad de alterar una sola palabra del texto base.
Si el Artículo 5.3 construye el búnker —filtrando quién importa y quién puede hablar—, el Artículo 2.1 abre el corredor por donde el régimen avanza, sin jamás debatir su propia expansión.
Cerrado a las voces. Abierto al deslizamiento.
En la COP11, esa nota al pie se volvió conducto de expansión normativa.
En la decisión FCTC/COP11(5), la Conferencia “acoge con beneplácito” un informe de “medidas con visión de futuro”, redactado por un grupo de expertos y posicionado explícitamente más allá del alcance fundacional del tratado.
Las propuestas, que van desde prohibiciones totales y criminalización hasta restricciones comerciales y normas extraterritoriales, llegan envueltas en un lenguaje suave, aparentemente opcional: “voluntarias”, “de refuerzo”, “expansivas”.
Palabras livianas. Movimientos pesados.
Pero el gesto decisivo se oculta en un verbo administrativo, discreto: la Secretaría queda ahora autorizada a diseminar estas propuestas a través de informes nacionales, talleres técnicos, centros de conocimiento, plataformas de cooperación y misiones de apoyo a países “interesados”.
El texto del tratado no cambia. Pero la práctica se traslada.
Los regímenes internacionales rara vez operan con órdenes explícitas. Funcionan mediante circuitos de invitación y adhesión: la COP “invita”, la Secretaría “apoya”, los centros “implementan”, los países “cumplen”.
Lo que comienza como una sugerencia, impulsada por la lealtad institucional —más papista que el papa— pronto se vuelve el estándar de facto de virtud regulatoria.
El nombre oficial se mantiene.
La sustancia, en silencio, ya es otra.
“En la práctica, lo que se firma hoy no es exactamente lo que se ratificó hace años”, resumió mi fuente, quien ha seguido el Convenio desde sus primeras COP. “El lenguaje sigue diciendo que todo es opcional. Pero eso es solo la forma”.
Pausa.
Y luego, con la claridad de quien ya vio el truco:
“Preservan la forma para proteger el cambio, ¿entiendes?”.
No usó el término, pero describía un fenómeno bien conocido en el derecho internacional: el deslizamiento del tratado (treaty drift), ese desplazamiento gradual del significado o la aplicación de un tratado, alejándose de la intención original sin ninguna revisión formal.
A veces, el deslizamiento es funcional: las cláusulas abiertas deben adaptarse. Otras veces, es corrosivo: reconfigura el tratado desde dentro, mediante sedimentación administrativa, interpretaciones sucesivas y consensos desplazados.
Existen mecanismos para contenerlo: interpretaciones conjuntas auténticas, enmiendas formales, protocolos de revisión, cláusulas de caducidad.
La teoría existe.
Lo que falta es el freno.
En el CMCT, ninguno de esos mecanismos está actualmente activo. Y el deslizamiento continúa, suave, constante y quizás ya irreversible.
Lo que revela la COP11 es un modelo de expansión que ya no necesita convencer. Solo necesita institucionalizar.
Convertir una idea en una directriz.
Una directriz en un taller.
Un taller en “mejores prácticas”.
Las mejores prácticas en expectativa.
La expectativa en presión normativa.
Sin policía. Sin sanciones. Solo algo más eficaz: la vergüenza diplomática de no implementar.
Y cuando esta lógica se combina con el blindaje del Artículo 5.3, la estructura se vuelve clara: un sistema que reduce su permeabilidad al disenso mientras incrementa su permeabilidad a la expansión.
Un régimen que se blinda ante las preguntas y crece a través de la nota al pie.
Un búnker con puerta lateral dentro de un armario.
Así es como el deslizamiento gana terreno en las vitrinas de la virtud: cláusulas redactadas para el humo del tabaco y los campos agrícolas empiezan a moldear un mundo material completamente distinto.
Y desde dentro, el alcance del tratado se reescribe sin reescribir el tratado.
Laboratorios de la virtud
El Artículo 8 ofrece un ejemplo preciso de expansión silenciosa. Originalmente concebido para abordar la exposición al humo de la combustión del tabaco —un riesgo técnico, mensurable, con décadas de consenso científico—, el artículo se ha convertido en una plataforma para otra cosa.
En la decisión FCTC/COP11(9), la COP extiende su alcance para incluir los vapores y aerosoles emitidos por dispositivos electrónicos, incluso sin combustión. El giro ocurre sin modificar el texto base y a pesar de que la mayor parte de la literatura científica apunta a riesgos significativamente menores que los asociados al cigarrillo convencional.
La base textual para esta inflexión reposa en una sola frase, vaga, casi modesta, pero lo bastante fuerte como para desplazar el eje:
“Las emisiones de los sistemas electrónicos de administración de nicotina también pueden representar riesgos para la salud de los no usuarios”.
En el plenario, la frase no llega como controversia.
Llega como procedimiento.
Luz fría sobre mesas largas.
Micrófonos de tallo delgado inclinados hacia bocas entrenadas.
Vasos de papel ya arrugados.
Auriculares ajustados sin contacto visual.
Y ahí —bajo, cuadrado, sin metáforas— el cartel “WHO FCTC LEGAL” recuerda que el texto no solo describe un riesgo.
Dibuja un límite.
Con esa frase, la Conferencia convoca a todo el sistema de Naciones Unidas a prohibir los productos de tabaco y nicotina —combustibles o no— en todas sus instalaciones.
Este es el Artículo 8 en modo expandido: preserva la apariencia de continuidad mientras desplaza el contenido. Lo que antes era un riesgo mensurable, ahora opera como símbolo. “Dar el ejemplo” se convierte en método.
En términos prácticos, con esta decisión la ONU ya no actúa únicamente como empleador protegiendo a su personal. Actúa como vitrina de virtud, un laboratorio simbólico donde el uso de nicotina, en cualquier forma, debe volverse socialmente inaceptable.
La política pública ya no se rige solo por el daño. Empieza a regular el valor moral de la visibilidad.
Aquí es donde las métricas empiezan a difuminarse. Lo que antes era una escala de riesgo, se comprime en una única categoría regulatoria. Niveles de daño diferentes —muy desiguales en términos reales— son tratados como si fueran uno solo.
Fusión del riesgo: la mezcla de distinciones.
La matización desaparece. Los gradientes colapsan. Y con ellos, las distinciones que, en algunos contextos, podrían salvar vidas.
Ya no estás comparando con lo que mata. Estás comparando con un ideal abstracto: el ciudadano libre de nicotina.
La precaución, aquí, ya no es una herramienta.
Se convierte en doctrina.
El paraguas del repudio: del humo al asco
El Artículo 18 sigue un camino distinto, pero llega al mismo destino.
Diseñado originalmente para abordar los impactos ambientales del cultivo de tabaco —deforestación, uso de pesticidas, degradación del suelo—, adquiere un nuevo alcance en la decisión FCTC/COP11(10). El texto extrae el problema del campo y lo traslada, sin disculpas, a otro inventario material: baterías, componentes electrónicos, dispositivos y residuos difíciles de desechar o reciclar.
El FCTC comienza a hablar el lenguaje de los tratados ambientales —Basilea, Estocolmo— y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como si al cambiar de vecindario cambiara también de jurisdicción.
En el plenario, esto no llega con fanfarria. Entra como todo entra allí: mediante recordatorios formales, mediante párrafos que parecen puro contexto.
Luz fría y difusa.
La mesa larga.
Micrófonos delgados.
El mismo silencio entrenado.
Y, en algún lugar de la mesa, la placa que no describe, sino delimita: FCTC/LEGAL.
El medio ambiente ya no es un tema. Se vuelve una vía.
La decisión señala la insuficiencia de infraestructuras legales y regulatorias en muchos países para enfrentar los residuos generados por productos de tabaco y nicotina, incluidos los dispositivos electrónicos relacionados. También empuja al sistema hacia un gesto que, aunque técnico, ya es político: considerar la posible clasificación de dichos residuos, basándose en evidencia científica, incluyendo aquellos que contienen nicotina, metales pesados u otras sustancias tóxicas.
Ahí es donde el alcance se estira de verdad. Porque al mismo tiempo que invita y alienta, la COP solicita que la Secretaría elabore un informe con recomendaciones, incluidos caminos legales e institucionales para la eventual clasificación de estos residuos en el marco de convenciones internacionales sobre medio ambiente y materiales peligrosos.
La redacción es burocrática.
El alcance, potencialmente extraterritorial.
Una ecologización de la prohibición.
El Artículo 18 se convierte en un paraguas de ciclo completo: del pesticida en el campo al desecho de baterías tras el consumo. El residuo pasa al centro. Y ahora se llama a los países a actuar “en casa”, con la bandera ambiental alzada como palanca de legitimidad.
Aquí vale destacar el giro —silencioso, pero profundo—: el argumento sanitario exige demostración; el argumento ambiental opera más rápido gracias a la imagen.
Para sostener afirmaciones causales en salud pública, hay que trabajar los datos: series longitudinales, metaanálisis, plausibilidad biológica, control de factores de confusión. Para sostener un “daño ambiental”, muchas veces basta un objeto descartado en el paisaje adecuado. La estética hace el trabajo de la urgencia.
El punto no es negar que el problema de los residuos sea real. Lo es. El propio texto lo reconoce. El punto es la asimetría: el encuadre ambiental se vuelve un lenguaje eficiente para la prohibición porque genera consenso con menor fricción probatoria. Y por esa vía rápida, el debate sobre riesgo relativo cede paso a un debate sobre repulsión.
Hay también una ventaja táctica: el FCTC extiende su influencia más allá del perímetro del “tabaco” y entra en un terreno donde los tratados ambientales y las agendas de sostenibilidad ya operan con alta legitimidad y baja tolerancia a la disidencia.
El nombre sigue siendo FCTC, pero su contenido ya se mueve como un régimen de gobernanza sobre materiales, residuos, logística y comercio, una infraestructura regulatoria transfronteriza.
Los regímenes como el FCTC necesitan combustible constante.
Aquí, ese combustible viene en forma de basura.
La certeza sanitaria cede el paso al asco estético.
La política ya no se sustenta en evidencia.
Se sustenta en desechos.
La política del déficit es el combustible del búnker
Nada de esto ocurre en el vacío. La expansión normativa viene acompañada de lastre, estructura y presupuesto. Para el bienio 2026–2027, la COP11 aprobó un total de $19,946,395 USD, una suma organizada, como debe ser, en dos columnas morales: por un lado, aportes evaluados (Assessed Contributions); por otro, aportes extrapresupuestarios (Extra-budgetary Contributions).
Más de la mitad proviene de la capa voluntaria: $11,145,302 en contribuciones no obligatorias, asignadas para financiar lo que mueve: misiones, talleres, hubs, plataformas, asistencia técnica, materiales y “herramientas” replicables. El tratado paralelo no necesita enmiendas. Necesita flujo. El dinero no solo sostiene el régimen, lo moldea.
La arquitectura es asimétrica. Las contribuciones obligatorias de los Estados Parte se fijaron en $8,801,093. El resto —alrededor del 56% del presupuesto— depende de recaudación voluntaria. La decisión no menciona donantes; simplemente autoriza a la Secretaría a “buscar y recibir contribuciones extrapresupuestarias voluntarias” para implementar el plan de trabajo.
Así, el régimen adquiere una base estable y una capa expansiva cuya procedencia, en la práctica, escapa a la trazabilidad a través de documentos públicos. Es en esa zona intermedia, entre lo obligatorio y lo voluntario, donde el tratado paralelo encuentra espacio para crecer.
Y es aquí donde entra en juego un mecanismo casi invisible, con un efecto predecible: Voluntary Implementation Peer Review and Support (VIPRS). En el plan de trabajo, aparece como una herramienta “voluntaria” de revisión y apoyo entre pares, con participación limitada y un costo proyectado.
En el papel, es aceptación.
En la práctica, es espejo.
Induce alineación, desincentiva desviaciones, refuerza la ortodoxia sin decirlo jamás de forma directa.
No hay coerción formal.
El país “acepta” ser evaluado.
El informe “sugiere”.
La Secretaría “apoya”.
Y la ortodoxia se consolida a través de la expectativa: una presión normativa disfrazada de voluntariedad.
Ahí es donde la máquina revela su motor: la lógica del déficit.
Cada nueva directriz justifica una misión.
Cada misión confirma que “aún no es suficiente”.
Y ese “aún no” se convierte en combustible.
El sistema se alimenta de su propia insuficiencia.
Una doctrina de la pureza
En teoría, todo esto aún cabe bajo el discreto paraguas de “promover la salud pública”. En la práctica, el lenguaje que emerge de la COP11 apunta a otra cosa: la pureza.
La nicotina deja gradualmente de ser tratada como una sustancia psicoactiva consumida con distintos niveles de riesgo. Está asumiendo el estatus de una impureza moral: algo que debe ser eliminado del espacio social. Ya sea en cigarrillos combustibles, dispositivos electrónicos de menor riesgo o incluso en terapias de reemplazo de nicotina utilizadas para dejar de fumar, tiende a portar la misma marca: presencia indeseable, presunción de culpabilidad por defecto.
Los defensores de la Convención rechazan esta interpretación.
Para ellos, igualar los riesgos no es un error conceptual, sino prudencia histórica. Recuerdan que, durante décadas, la industria tabacalera usó la retórica de la “reducción de daños” para retrasar regulaciones, vendió “cigarrillos light” como una alternativa más segura sin evidencia sólida y apuntó sistemáticamente a adolescentes y grupos vulnerables a través del marketing. A la luz de esa historia, argumentan, tratar cualquier producto de nicotina con máxima sospecha no es una distorsión, sino una vacuna contra la ingenuidad.
El argumento es convincente. Pero también tiene límites.
Hay una diferencia entre desconfiar de un sector con antecedentes de manipulación y tratar cada matiz científico o clínico como un caballo de Troya.
Lo primero es prudencia.
Lo segundo, dogma.
Y cuando el dogma se convierte en política pública, produce un efecto predecible: convierte el mundo en binarios de “sí/no” y lo llama “salud” cuando, en la práctica, opera más como disciplina moral.
En Panamá o en Ginebra escuché la misma frase —con mínimas variaciones— de médicos, investigadores y usuarios de productos de menor riesgo, todos excluidos de los debates formales de la COP:
“No venimos a defender a la industria. Ese argumento es ridículo. Solo queremos hablar de los grados de daño”.
Del otro lado, la respuesta del plenario fue invariablemente la misma:
Si hay riesgo, es inaceptable.
Pero cuando todo lo que no es inofensivo se trata como igualmente intolerable, la idea misma de reducción de daños se vuelve imposible.
La pregunta clave —¿comparado con qué?— casi nunca aparece en las decisiones.
Un cigarrillo calentado no se evalúa en comparación con el hábito de fumar un paquete diario, sino en comparación con un ideal abstracto: el ciudadano libre de nicotina.
Un vapeador en manos de un fumador crónico no se pondera frente a su historial de intentos fallidos con parches y chicles, sino frente a una vida hipotética sin dependencia.
La moral normativa reemplaza a la epidemiología.
En nombre de la salud —o más precisamente, en nombre de un ideal de salud— corremos el riesgo de olvidar que, fuera de los muros de la COP, el mundo está hecho de imperfecciones: recaídas, estrategias híbridas, pequeños pactos de supervivencia, intentos que fallan antes de funcionar.
Una política que ignora ese terreno termina siendo una política para personas imaginarias.
Dentro del auditorio principal, nada de esto aparece como conflicto abierto.
En el último día de la COP11, los textos se aprobaron en bloques.
Ninguna enmienda pasó del pasillo.
Ninguna voz disidente se alzó con suficiente fuerza para romper el consenso.
“Antes había espacio para negociar… durante meses”, explicó el delegado latinoamericano.
“Una vez que llega al plenario, lo que entra ya está listo para aprobarse.
Y quien intenta cuestionarlo en ese punto corre el riesgo de ser visto como obstructor”.
Así es como la máquina mantiene su eficiencia:
Traslada el conflicto al backstage, antes de que se enciendan las luces del plenario.
Cuando el público entra, el guión ya está cerrado.
La COP produce decisiones, agendas, misiones e informes.
Funciona.
Pero su eficiencia técnica oculta una fragilidad política: cuanto más el régimen se blinda de críticas e interferencias, más se aleja de la escucha. Y sin escucha, la salud pública deja de ser política. Se convierte en un teatro de virtud.
La vida continúa en los márgenes del Ararat simbólico
Y entonces el texto regresa —como debe ser— hacia fuera: al paradero del autobús, al cigarrillo encendido sin pedir permiso, al vape escondido en la palma de una mano, al cenicero junto a la entrada del edificio.
El régimen puede borrar los matices del papel.
No puede borrarlos de la vida cotidiana.
Lo que vive en bolsillos, pulmones y hábitos sobrevive a la página —y la supera—.
Cuando salí del edificio por última vez, el viento había soplado.
Barría el estacionamiento como quien borra una pizarra antes del siguiente turno.
No vi a los intérpretes apagando las luces en sus cabinas, ni a los funcionarios desmontando las barreras, ni el tótem de la COP11 siendo retirado.
Pero sé cómo termina esto:
La pantalla se apaga.
El consenso se pliega.
La frase final se vuelve archivo.
Y la ciudad afuera retoma su ritmo, tan indiferente como el Mont Blanc al fondo.
Henri termina otro turno en la cocina del hotel.
Está en la vereda, cigarrillo entre los dedos, esperando el número 8.
Lo sé porque el mundo insiste en repetir sus gestos más simples.
El humo se eleva hacia el frío como un informe que nunca será presentado.
No estamos en la lista de observadores para la COP12.
No existiremos en las misiones de “evaluación de necesidades”.
En el próximo ciclo de informes, nuestros países enviarán a la Secretaría lo de siempre: un paquete limpio de porcentajes, tasas de prevalencia, impuestos, leyes aprobadas, medidas declaradas como “implementadas”.
Sin espacio para la duda. Sin aroma de calle.
La Secretaría apilará las respuestas.
Luego las traducirá.
Convertirá vidas en tablas.
Tablas en hojas de cálculo.
Hojas de cálculo en gráficos.
Los gráficos revelarán “brechas”.
Las brechas se volverán directrices.
Las directrices se volverán talleres.
Los talleres, “mejores prácticas”.
Las mejores prácticas se volverán expectativa.
La expectativa, presión.
Y la presión —con una sonrisa técnica— será llamada voluntaria.
Beneficencia. Benevolencia.
El papel se mantiene limpio.
El bolsillo, no.
Entre el cigarrillo de Henri y la planilla de Excel, algo se perderá.
No un punto de datos:
un mundo.
Recaídas.
Pequeños pactos de supervivencia.
Intentos híbridos.
Ese tipo de decisión que nadie puede traducir al lenguaje de resoluciones sin traicionar la vida real.
La Convención ya está organizando su próxima conferencia, prevista en Armenia.
En Ereván, si todo se confirma, otra fortaleza de vidrio recibirá a delegados de traje oscuro, expertos de traje claro y una sociedad civil preaprobada.
En alguna tarde fría, las decisiones serán proyectadas en pantallas gigantes y aprobadas por consenso: el lenguaje correcto brillando como faro.
Afuera, alguien encenderá otro cigarrillo.
Alguien intentará reemplazarlo con un dispositivo escondido en el bolsillo.
Alguien se cansará de intentar.
Alguien simplemente se rendirá.
Es entre estos dos mundos —el de frases calibradas y el de pulmones y bolsillos que cargan con las consecuencias— donde la pregunta regresa, terca como una colilla que no se apaga:
¿Puede llamarse honestamente política de salud pública un régimen que gobierna sin escuchar?
Y si la respuesta titubea, el problema no está solo en lo que decidió la COP11.
Está en lo que ha pasado a ser aceptable olvidar y en lo que el régimen debe ignorar para seguir funcionando.
Fuentes y documentos
Todos los documentos oficiales, decisiones y materiales complementarios de la Undécima Sesión de la Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, celebrada en Ginebra en noviembre de 2025, están disponibles públicamente en el sitio web del CMCT de la OMS:
- Página principal de la COP11
- Decisiones adoptadas en la COP11
- Documentos principales
- Información complementaria
Entre los documentos clave mencionados en este artículo se encuentran:
- FCTC/COP11(1) Adopción de la agenda
- FCTC/COP11(2) Solicitudes de estatus de observador
- FCTC/COP11(3) Elección de las autoridades de los Comités
- FCTC/COP11(5) Medidas prospectivas de control del tabaco
- FCTC/COP11(7) Contribuciones obligatorias
- FCTC/COP11(9) Naciones Unidas libres de humo y aerosoles
- FCTC/COP11(10) Artículo 18 – Impactos ambientales
- FCTC/COP11(11) Plan de trabajo y presupuesto para el período 2026–2027
- FCTC/COP11(14) Elección del Presidente y Vicepresidentes
La lista completa está disponible aquí.
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