El 17 de noviembre se realizó un foro en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, convocado por la diputada Carmen Medel Palma de Morena (Movimiento de Renovación Nacional), el partido de gobierno. El propósito fue discutir la necesidad de reformar la Ley General del Control del Tabaco (LGCT) de 2008.
Uno de los puntos de discusión fue cómo regular los dispositivos electrónicos para consumo de nicotina sin combustión. Desde que entraron al mercado estos productos, su importación, compraventa y distribución ha sido ilegal, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció en 2015 que esta prohibición es inconstitucional.
Una decisión excluyente
El 19 de febrero de 2020 la Secretaría de Salud (SS) convenció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que firmara un decreto presidencial que endurece esta prohibición. Actualmente hay 11 iniciativas de reforma de la ley, de las cuales 9 proponen legalizar y regular estos dispositivos y dos que proponen prohibirlos (básicamente, transformar el decreto presidencial en ley). La propuesta de diputada Medel pertenece al último grupo y cuenta con el apoyo del subsecretario de Prevención, el doctor Hugo López-Gatell, quien es de facto el ministro de Salud, uno de los funcionarios más poderosos de la administración de AMLO y con acceso directo al presidente.
“Es curioso que Salud Justa acuse a una asociación como ProVapeo México, que carece de cuenta bancaria, de tener conflictos de interés sin que el Señor Ochoa declarara sus fuentes de financiamiento y los conflictos de interés de su propia asociación”.
El mencionado foro excluyó a casi todos los legisladores (diputados y senadores) que habían propuesto iniciativas favorables a la regulación, incluyendo a dos legisladores de Morena: Ricardo Delsol Estrada y Lorenia Valle San Pedro, cuyas iniciativas incluso incorporaban el concepto de reducción de daños y proponían una regulación distinta a la del cigarro de tabaco. También fueron excluidas las propuestas de las dos principales asociaciones civiles que representan a los consumidores de los productos (Pro Vapeo México y México y el Mundo Vapeando).
La diputada Medel nunca explicó las razones de esta exclusión. Sin embargo, se sabe que los funcionarios de la SS afirman constantemente (en privado y en redes) que quienes se oponen o disienten de su posición sobre los vaporizadores son agentes de las compañías tabacaleras. Con este argumento alegan que el artículo 5.3 del Convenio Marco del Control del Tabaco (CMCT) de la OMS prohíbe establecer todo diálogo con ellos.
En el foro en cuestión, el señor Erick Antonio Ochoa, director de la asociación civil Salud Justa, ligada a Campaign for Tobacco Free Kids y a la Fundación Bloomberg, enfatizó en esta idea. Se dedicó a calumniar a Pro Vapeo México como “frente” de la industria tabacalera, sin aportar prueba alguna de sus acusaciones. Es curioso que Salud Justa acuse a una asociación como Pro Vapeo México, que carece de cuenta bancaria, de tener conflictos de interés, mientras que el señor Ochoa no declara sus fuentes de financiamiento y los conflictos de interés de su propia asociación.
“El Dr. Zabicky es meramente un personaje decorativo, parlanchín, discursivo e irrelevante, en un régimen que concentra demasiado poder de decisión (en todos los temas) en una figura presidencial (AMLO) que ha expresado posturas profundamente moralistas y conservadoras, cercanas a los evangelistas protestantes”.
Justo al iniciar el foro del 17 de noviembre el doctor Gady Zabicky Sirot, comisionado contra las adicciones, comentó brevemente las razones de la exclusión de legisladores y asociaciones de consumidores del foro. Frente a las cámaras hizo suyo un comentario del señor Ochoa: “en un congreso sobre paludismo (malaria) no se invita a los mosquitos anofellinos, aunque estos participen en la epidemia, ya que su participación es como transmisores de la misma”.
Mediante esta analogía, el Dr. Zabicky simplemente asume de manera burlona, grosera y arrogante, sin aportar prueba alguna, que los diputados Delsol y Valle y las asociaciones de consumidores somos sujetos cuya integridad es cuestionable por ser viles agentes pagados por las tabacaleras.
¿Quiénes están detrás de la exclusión?
Verdaderamente, esta majadería representa la forma de actuar de este funcionario, y en general de la alta tecnocracia de la SS en México, cuyo fracaso y descrédito (tanto científico como político) se han manifestado en la deficiente y errática respuesta oficial a la pandemia de COVID-19 a cargo del mismo Dr. López-Gatell.
¿Y quién es el Dr. Zavicky? Es un psiquiatra que hasta 2019 expresó opiniones relativamente liberales sobre la legalización del consumo de drogas. En especial, se declaró a favor de la legalización del consumo de cannabis con aplicaciones médicas y prometió un cambio completo del paradigma vigente –altamente punitivo– de atención al consumo de drogas en México. Por sus antecedentes y sus discursos alentadores, su nominación para dirigir la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) generó muchas expectativas. Sin embargo, estas rápidamente dieron paso a la decepción.
El Dr. Zabicky es simplemente un personaje decorativo, parlanchín, discursivo e irrelevante en un régimen que concentra demasiado poder de decisión (en todos los temas) en una figura presidencial (AMLO) que ha expresado posturas profundamente moralistas y conservadoras, cercanas a los evangelistas protestantes.
Aunque AMLO prometió en campaña legalizar el consumo recreativo de cannabis, su administración lo ha obstaculizado tanto como ha podido. Ha mantenido una serie de restricciones inaceptables y de elementos de criminalización del consumo que hacen nula la supuesta intención de legalización.
En este contexto, es vergonzoso constatar la falta de ideas e iniciativas por parte del psiquiatra de los grandes discursos humanistas. Lejos de eso, CONADIC ha impulsado una agresiva campaña moralista que estigmatiza duramente el consumo de sustancias y a los consumidores.
Así las cosas, es vergonzoso (mas no sorprendente) constatar cómo este funcionario contradice sus posturas anteriores y se dirige de manera grosera y arrogante a las asociaciones de consumidores de nicotina y a los legisladores que proponen la regulación de los productos que permiten este consumo causando el menor daño posible.
Un futuro oscuro
“Estas políticas tendrán consecuencias desastrosas: mercado negro, desprotección de consumidores y aumento del tabaquismo al hacer ilegales los productos que compiten contra el cigarro de tabaco”.
Es indudable que la tecnocracia de la SS bajo el mando del Dr. López-Gatell sigue al pie de la letra la agenda que sugiere el documento “Cuando prohibir es mejor” de la Unión Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (The Union). Allí se instruye a los gobiernos de países de ingresos medianos y bajos (PIMB) para prohibir los “SEAN” (sistemas electrónicos de administración de nicotina) en vez de regularlos.
Es una agenda intransigente y autoritaria que pretende imponer, por encima de los procedimientos y el escrutinio legislativo, políticas de salud basadas en una cruzada macartista (todos los que se oponen son agentes de la industria), criterios ideológicos (eliminación del consumo de nicotina, incluso sin humo) y protección de intereses burocráticos (mantener el poder de esta tecnocracia pese a su fracaso en acabar el tabaquismo en los PIMB). Estas políticas tendrán consecuencias desastrosas: mercado negro, desprotección de consumidores y aumento del tabaquismo al hacer ilegales los productos que compiten contra el cigarro de tabaco.
En México las políticas del libreto de The Union cuentan con el apoyo de la SS. Sin embargo, para llevarlas a cabo, el poderoso cabildeo de la SS necesita debilitar las instituciones que han servido de contrapeso al poder.
Una de ellas era la SCJN, que en 2015 sentenció la inconstitucionalidad de prohibir la importación y comercialización del cigarro electrónico. Desafortunadamente, después de un agresivo cabildeo de la SS, el 25 de noviembre revirtió su posición y declaró constitucional esta prohibición. Así, una posición liberal fue descartada por la presión a los jueces por parte del Ministerio de Salud. Se utilizó toda la propaganda antivapeo de CTFK y el susto de EVALI («¿quieres que mueran niños mexicanos?»).
Ahora el Ministerio también está presionando enérgicamente por una reforma de la ley federal del tabaco para introducir formalmente esta prohibición en el sistema legal. Esto, sumado a lo ocurrido en la Corte Suprema, hará que sea prácticamente imposible ganar un juicio de Habeas Corpus contra las prohibiciones de vapear, al menos hasta la próxima administración presidencial (2024).
Curiosamente, la Corte Suprema mantuvo su posición liberal sobre los productos de tabaco calentados argumentando que estos eran productos de tabaco y deberían ser regulados como tales. Sin embargo, rechazó un juicio de hábeas corpus de una importante tienda por departamentos que vende iQOS, y el decreto presidencial prohíbe la importación de dispositivos electrónicos. Por lo tanto, los usuarios de iQOS pueden obtener los heets, pero una vez se agote el inventario electrónico la venta de dispositivos y equipos será ilegal. Una situación kafkiana.
¿Democracia?
“Aquellos de ustedes que viven en países democráticos deberían celebrar y regocijarse. Al menos pueden protestar. Aquí en México el proceso de democratización iniciado en 2000 se ha revertido”.
Como hemos señalado, el funcionario detrás de la prohibición de los cigarrillos electrónicos y de la presión a la Corte Suprema y las Cámaras del Congreso es el ministro de Salud de facto, Dr. López-Gatell, quien tiene fuertes vínculos con la tecnocracia global (OPS y OMS) y con Bloomberg Philanthropies.
López-Gatell rechaza toda crítica de sus acciones y acusa a sus críticos de ser agentes de la industria tabacalera. Repite obedientemente un guion y, por lo tanto, en algunos círculos probablemente será elogiado por todas estas acciones. Sin embargo, hay oposición a esta política agresiva dentro de la clase política. Dejó a 1,5 millones de consumidores de cigarrillos electrónicos varados y presa de los mercados negros, eliminó los ingresos fiscales e hizo más difícil que los fumadores adquieran y cambien a un producto más seguro.
En la práctica, el consumo seguirá existiendo (el uso no está prohibido) y los vendedores seguirán operando en el gran sector informal que ocupa a cerca del 50% de la fuerza de trabajo, ahora bajo un estado de ilegalidad más estricto, con más allanamientos y confiscaciones. No obstante, es poco probable que el gobierno dé prioridad a perseguir el vapeo en medio de la pandemia de COVID.
La pandemia está arrasando: llegamos a las 100 mil muertes oficiales (la cifra real podría ser 2,5 veces mayor). La reacción del gobierno mexicano a la COVID ha sido una de las peores, y el zar de la COVID es López-Gatell, el mismo funcionario que realiza los movimientos antivapeo. Su credibilidad científica es nula por eso, pero es políticamente fuerte (intocable). Es uno de los oficiales favoritos del todopoderoso AMLO.
Aquellos de ustedes que viven en países democráticos deberían celebrar y regocijarse. Al menos pueden protestar. Aquí en México el proceso de democratización iniciado en 2000 se ha revertido. Estamos soportando un gobierno populista que busca centralizar el poder y recrear la dictadura de un solo partido que tuvimos de 1929 a 2000. Desafortunadamente, esta vez parece más una dictadura de un solo hombre.
La Corte Suprema y otras instituciones han sido capturadas y moldeadas según la visión de AMLO. La pandemia podría hacer que el gobierno sea aún más autoritario. El panorama es oscuro, pero a menudo la historia da sorpresas. Es posible que el descrédito de López-Gatell produzca un rechazo a sus “pet projects” y a sus obsesiones, de modo que más adelante sea posible la derogación de las leyes opresivas que ha promovido. Quizá la meta de este funcionario sea obtener una jugosa plaza en la OMS, pero si su actuar llega a causar daños severos a la salud, quizá tendrá que rendir cuentas al público antes de poder lanzarse a ese exilio lujoso.
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