Sobre cómo Bruselas decide quién respira y quién paga en la nueva cruzada contra la nicotina y los posibles efectos en América Latina.
En Bruselas, las cartas abiertas rara vez alteran el curso de los acontecimientos. Se acumulan como archivos inertes en los cajones del poder o, con suerte, reciben una lectura apresurada antes de ser despachadas con fórmulas tan pulidas como vacías. La capital de Europa perfeccionó el arte de domesticar el disenso: transformar el ruido en murmullo, el conflicto en trámite, la incomodidad en rutina.
A comienzos de septiembre, sin embargo, un manifiesto firmado por 83 especialistas en salud pública resquebrajó —aunque fuera por un instante— esa coreografía del silencio. Su advertencia se expandió como una grieta incómoda: gravar cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsitas orales como si fueran equivalentes al cigarrillo combustible no necesariamente es un avance sanitario. Podría distorsionar la proporcionalidad del riesgo, desalentar la sustitución y convertir la ortodoxia fiscal en triunfo sobre la racionalidad sanitaria. Una vez más, el ciudadano aparece antes como contribuyente que como sujeto de derechos.
La Directiva sobre Impuestos al Tabaco (TED) propone elevar los pisos mínimos, incluir nuevos productos y someter incluso el tabaco crudo al sistema de rastreo electrónico. El discurso oficial proclama dos objetivos: cerrar las grietas del contrabando y “reducir el atractivo” de la nicotina. Pero lo que asoma es otra cosa: una preferencia política que busca desincentivar todas las alternativas, incluso las menos dañinas.
El viento político y jurídico se alineó: gobiernos que presionan, un tribunal que avala más restricciones y un mercado en mutación donde los desechables se expanden con velocidad viral. Mientras tanto, la dimensión social se hace insoportable: en el Reino Unido, más de un millón de niños viven en hogares pobres con padres fumadores; 400.000 caerían aún más abajo si se descuenta el gasto en tabaco del ingreso familiar. La fiscalidad se convierte aquí en frontera invisible entre comer y fumar.
En el debate público, pocos argumentos resultan tan eficaces como el del “efecto pasarela”: el adolescente que prueba el vapeo y termina, inevitablemente, atrapado en el cigarrillo. La imagen funciona porque toca un miedo ancestral: que los hijos repitan la condena de los padres. Pero la evidencia matiza la fábula: al controlar factores de riesgo, la supuesta causalidad se desvanece. El gateway effect es más espantapájaros retórico que causalidad probada.
Mientras tanto, el contrabando no necesita metáforas: florece cada vez que los impuestos suben. Informes de la propia Comisión reconocen pérdidas de miles de millones, así como millones de cajetillas que cruzan fronteras invisibles. Y la incoherencia se vuelve clamorosa: Bruselas exagera un riesgo hipotético y contiene con tibieza un problema tangible que erosiona tanto la salud como la recaudación.
El tabaco siempre fue una fuente codiciada de ingresos. Cada aumento impositivo se anuncia como victoria sanitaria, pero en los presupuestos nacionales aparece como ingreso seguro. El dilema surge cuando esa lógica se extiende a los sustitutos. La elasticidad del cigarrillo es baja, la del vapeo es mayor: igualar precios erosiona el incentivo a migrar y, en ocasiones, aumenta el consumo de lo más letal.
En Bruselas, los lobbies se cruzan en los pasillos: tabacaleras que celebran dividendos del cigarrillo y al mismo tiempo exhiben catálogos de innovación; farmacéuticas que, bajo el manto de la precaución, protegen el negocio de parches y chicles; ONG sanitarias divididas entre evidencia y dogma; Estados miembros adictos a más de 70.000 millones de euros anuales que el humo asegura. El tablero no es sanitario: es político y financiero.
“Reducir el atractivo”: Bruselas convierte un adjetivo en categoría regulatoria. Bajo esa palabra se aplasta la proporcionalidad, que es un principio elemental de la salud pública: la intensidad de la regulación debe guardar relación con el daño. Legislar sin reconocer la diferencia entre riesgos es legislar mal. Es tratar igual a una bicicleta y a un coche de carreras en nombre de la seguridad vial.
La historia del alcohol, las drogas o la sexualidad ya mostró que la ilusión de la erradicación absoluta multiplica daños. Pero Europa insiste. Y en esa insistencia, lo que queda desprotegido son vidas concretas: fumadores que podrían salir del humo, jóvenes que prueban opciones menos nocivas, familias que pagan con su salud y su renta la factura de una política que llama prevención a lo que es, en esencia, recaudación.
La carta de los 83 expertos interrumpe la inercia institucional. Recuerda lo obvio: equiparar riesgos desiguales no es ciencia, es dogma. Y plantea lo que Bruselas prefiere no responder: ¿qué significa proteger la salud pública? ¿Uniformar castigos o abrir vías de escape aquí y ahora?
La TED es más que un texto tributario: es un espejo. Refleja si la Unión Europea gobernará el deseo con la frialdad del control o con la lucidez de la compasión.
¿Qué cambia con la TED?
La propuesta reconfigura la fiscalidad del tabaco en Europa: eleva de forma drástica los mínimos impositivos para cigarrillos —de unos 90€ a 215€ por cada 1.000 unidades, un salto del 139 %—, extiende el marco a cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsas de nicotina e incorpora el tabaco crudo al sistema de control electrónico (EMCS). Los cálculos son ambiciosos: 15.000 millones de euros adicionales en ingresos fiscales, 6.000 millones menos en gasto sanitario y una reducción parcial de los 13.000 millones que cada año se pierden en comercio ilícito.
El nuevo impuesto mínimo será mixto: dos tercios fijos, un tercio ajustado por poder adquisitivo, con revisión cada tres años. Oficializada en julio de 2025, la directiva se aplicaría a partir de enero de 2028, tras un periodo de transición de cuatro años.
El discurso oficial proclama un doble objetivo: cerrar las brechas del contrabando y reducir el atractivo de las alternativas sin combustión. Pero, leído con atención, revela otra capa: un aparato fiscal que extiende su control sobre los gestos cotidianos de los ciudadanos, convirtiendo cada compra en dato tributario.
El trámite sigue el cauce habitual: la Comisión propone, el Consejo debe aprobar por unanimidad y el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social opinan. Hasta ahora, 15 Estados miembros apoyan la reforma; Portugal, entre otros, advierte del riesgo de pérdidas fiscales.
Impacto en los consumidores
- El precio subirá con fuerza: un paquete de cigarrillos podría costar entre un 25 % y un 40 % más.
- Las alternativas perderán el diferencial de precio que hoy las convierte en puerta de salida del tabaco combustible.
- Los más pobres pagarán el precio más alto: destinarán más renta al tabaco o quedarán atrapados entre el humo y el mercado ilícito.
Impacto en pequeños fabricantes y comerciantes
- Los fabricantes emergentes de vapes y bolsas, sin el músculo financiero de las multinacionales, difícilmente resistirán la carga impositiva y burocrática.
- Los minoristas de barrio verán caer las ventas legales, mientras las redes ilegales multiplicarán la oferta más barata y sin control.
Impacto sistémico
- El contrabando, viejo fantasma europeo, encontrará en la brecha de precios un terreno fértil para expandirse.
- La política pública, envuelta en retórica sanitaria, corre el riesgo de convertirse en lo contrario de lo que proclama: un mecanismo que preserva ingresos y protege a los gigantes a costa de consumidores y pequeños actores.
América Latina: el espejo y la advertencia
Lo que ocurre en Bruselas rara vez se queda en Bruselas. La TED puede irradiar más allá de Europa, proyectando influencia sobre América Latina, una región donde el tabaco sigue matando a más de 350.000 personas al año y donde el costo sanitario alcanza hasta el 1,5 % del PIB. La OCDE señala que los ingresos por impuestos representan apenas una fracción del costo económico total del tabaco y que la región aún tiene un amplio margen para reformar sus políticas fiscales y administrativas.
La reforma europea ofrece un referente técnico: impuestos elevados, pisos comunes, indexación a inflación, rastreo electrónico. Para los ministerios de hacienda y de salud latinoamericanos puede ser un argumento legitimador: “si Europa lo hace, es posible”. Pero copiar sin adaptación sería un error. En sociedades marcadas por la informalidad laboral, la debilidad institucional y las desigualdades extremas, las consecuencias pueden ser muy distintas.
Los efectos posibles (y sus dilemas)
Reformas fiscales: La TED refuerza la idea de que subir impuestos, fijar mínimos y armonizar es el camino. En América Latina, puede convertirse en argumento para que Mercosur u otros bloques imiten el modelo europeo. Sin embargo, en contextos con menor capacidad institucional, la medida puede convertirse en fiscalidad extractiva más que en prevención. ¿Será una herramienta de salud pública o un mecanismo de recaudación en Estados ya dependientes de impuestos regresivos?
Controles aduaneros: El modelo europeo de track & trace aparece como referente. Pero su adopción exige inversión tecnológica y coordinación regional. ¿Qué sucede cuando se implanta en territorios donde lo cotidiano es la frontera porosa, la corrupción endémica o la precariedad institucional? Existe el riesgo de que el sistema termine privatizado, con acceso privilegiado para actores corporativos, reforzando desigualdades en lugar de reducirlas.
Mercado ilícito: La OPS y académicos independientes insisten en que la industria suele inflar las cifras del contrabando para frenar reformas. Sin embargo, en fronteras como Paraguay-Brasil o Bolivia-Chile, el comercio ilegal es real y robusto. En Europa, los diferenciales de precio alimentan el contrabando; en América Latina, donde las brechas son mayores y los controles más débiles, el riesgo es aún mayor. ¿Qué relato prevalecerá en los parlamentos: la evidencia o la narrativa?
Productos emergentes: Aquí late la paradoja mayor. En Europa, gravar vapes y pouches igual que los cigarrillos amenaza con perpetuar lo más dañino. En América Latina, donde el acceso a dispositivos electrónicos está restringido a clases medias urbanas y el cigarrillo barato inunda barrios populares, el efecto puede ser aún más desigual. Penalizar a quien busca alternativas es consolidar el mercado de lo más letal. La pregunta incómoda: ¿los ministerios de salud aplicarán proporcionalidad de riesgos o importarán acríticamente el dogma europeo?
Equidad social: El tabaco es un impuesto a la pobreza. En América Latina, los hogares más pobres destinan una parte desproporcionada de su ingreso a fumar. Una política fiscal inteligente podría reducir ese peso, pero una mal diseñada empujará a los fumadores hacia el contrabando, con productos más dañinos y sin control. Las cifras de la OCDE (hasta 1,5 % del PIB en pérdidas sanitarias) deben leerse con cautela: la estadística puede ocultar la vida concreta de quienes, en un barrio pobre de Bogotá o en una villa de Buenos Aires, deben elegir entre una cajetilla o una bolsa de alimentos.
En este espejo, América Latina encuentra tanto una inspiración como una advertencia: lo que se diseña como estrategia de salud pública puede convertirse en refuerzo de viejas desigualdades si no se adapta al contexto. Europa, fatigada en sus utopías higiénicas, se dispone a legislar el deseo a través de la fiscalidad. América Latina observa, cargando sus propias heridas: complejidades geográficas, contrabando, informalidad, desigualdad social, sistemas sanitarios desbordados.
A un lado y otro del Atlántico, la pregunta es la misma y suena brutal en su sencillez: ¿será la fiscalidad un puente hacia la reducción de daños o un muro que perpetúe el humo en nombre de la prevención?
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