En marzo de 2021, el Parlamento mexicano se vio envuelto en una controversia significativa cuando se descubrió que un predictamen que proponía prohibiciones al vapeo había sido, en realidad, redactado por Gianella Severini, una abogada argentina y asesora de Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK), una ONG financiada por Michael Bloomberg, conocida por sus acciones antivapeo. Este hallazgo, revelado gracias a los metadatos del documento oficial que circulaba por el Parlamento, parece no haber generado el suficiente debate sobre la ética y la legitimidad de la influencia extranjera en la política nacional de México.
En una vuelta irónica del destino, Gianella Severini Chiappe, una abogada argentina de 32 años, fue una de las galardonadas en los premios del Día Mundial Sin Tabaco 2024 para la región de las Américas. Este reconocimiento, otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca a individuos y organizaciones que han realizado contribuciones excepcionales al control del tabaco.
La lista de este prestigioso premio pone en evidencia su carácter ideológico y resalta la tensión entre los supuestos logros internacionales del control del tabaco y la falta de diálogo con todas las partes interesadas en la regulación de productos alternativos de reducción de riesgos y daños en comparación con los cigarrillos combustibles.
Además, destaca las controversias sobre la soberanía y la ética en la formulación de políticas nacionales para prevenir el tabaquismo. Muchos de los galardonados, como Vital Strategies y Campaign for Tobacco-Free Kids, son organizaciones transnacionales financiadas por Bloomberg Philanthropies, que se enfocan especialmente en promover la prohibición de alternativas a los cigarrillos en los países de ingresos bajos y medios.
Un poco de contexto
Es importante recordar que 1.100 millones de personas en todo el mundo siguen fumando, una cifra que no ha cambiado en los últimos 20 años. Mientras tanto, solamente 120 millones de personas han logrado acceso a alternativas de menor riesgo para la salud. Adicionalmente, muchas de las personas que fuman se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Las muertes prematuras por tabaquismo indican un problema de desigualdad: el 80 % de los fumadores del mundo viven en países de ingresos bajos y medios (PIBM), y en los países de ingresos más altos el tabaquismo se concentra en las poblaciones desfavorecidas y marginadas.
En ese escenario, los premiados son individuos u organizaciones que, con base en sus propias convicciones, crean obstáculos para que cientos de millones de personas que no pueden o no quieren dejar de consumir nicotina accedan a alternativas menos riesgosas.
Un ejemplo de esta problemática es la financiación de campañas supuestamente antitabaco en países de ingresos bajos y medios por parte de organizaciones como Bloomberg Philanthropies. Estas iniciativas han sido criticadas por imponer enfoques prohibicionistas sin considerar adecuadamente las realidades socioeconómicas locales y las posibles alternativas de reducción de daños. En la práctica, ¿esta estrategia no estaría favoreciendo indirectamente la continuidad del tabaquismo?
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) suelen desempeñar un papel fundamental en las democracias promoviendo iniciativas que fomenten el desarrollo y el bienestar social. Sirven como intermediarios entre los ciudadanos, el Estado y el poder económico. Sin embargo, su influencia puede ser problemática cuando imponen ideologías y agendas utilizando recursos, datos y estudios de manera selectiva para respaldar sus posiciones. Esta práctica puede distorsionar la percepción pública y política de ciertos problemas, como el tabaquismo.
La imposición unilateral y excluyente de sus agendas, sin buscar el consenso ni el diálogo con otras partes interesadas, especialmente los consumidores y una parte de la comunidad científica local, agrava aún más la situación. Pero la interferencia va todavía más lejos.
Recordando los hechos de marzo de 2021
Campaign for Tobacco-Free Kids es una organización transnacional con una fuerte presencia en América Latina que ha sido sistemáticamente acusada de inducir y manipular a los gobiernos y a entidades civiles nacionales para establecer políticas públicas alineadas con sus propios intereses ideológicos.
Esta práctica de imponer ideas y agendas sin interlocución es vista por expertos como una lucha por el poder que marginaliza otras opiniones y voluntades, incluyendo las de los consumidores y una parte significativa de la sociedad civil organizada, además de la del propio Estado.
El caso de México es un ejemplo claro de esta dinámica. En abril de 2020, la diputada Ruth Salinas Reyes presentó una propuesta que buscaba prohibir la importación, distribución y venta de productos de vapeo, junto con otras medidas restrictivas. Además de la diputada, la iniciativa prohibicionista la apoyaron los diputados Arturo Escobar y Vega del PVEM, José Salvador Rosas Quintanilla del PAN, Ximena Puente de la Mora del PRI, Juan Martín Espinoza del Partido Movimiento Ciudadano y, en especial, Carmen Medel Palma de Morena.
Para justificar su propuesta, titulada “Prohibición-regulación de productos de nicotina y tabaco novedosos y emergentes” (aparentemente retirada del sitio oficial de la Gaceta de Diputados pero disponible en WayBackMachine), Carmen Medel citó textualmente todo el discurso de tolerancia cero de CTFK, una propuesta que, vale subrayar, solo consideraba las iniciativas que abogaban por la prohibición y que se elaboró sin el conocimiento ni la participación de la sociedad mexicana.
En ese momento, se informó que Carmen Medel Palma citaba sin reparos a Campaign for Tobacco-Free Kids para justificar su propuesta. Además, la diputada transcribía literalmente el decálogo del documento “Cuando prohibir es lo mejor” de The Union, que insta a los países de ingresos bajos y medios, donde según la OMS se encuentra el 80 % de los consumidores de tabaco combustible del mundo, a prohibir las alternativas al tabaquismo en lugar de regularlas.
El escándalo por la autoría del borrador
El escándalo estalló cuando el activista mexicano Antonio Toscano reveló que el documento PDF presentado por los diputados mostraba a Gianella Severini como la autora. Los metadatos del documento (información adicional sobre el archivo que no se ve directamente en el contenido y que incluye identificadores específicos que permiten rastrear su origen) indicaban que Severini era la persona que creó el documento, originalmente en formato de Microsoft Word.
Gianella Severini, coordinadora legal de CTFK y vinculada con Global Health Advocacy Incubator (GHAI), organizaciones financiadas por Bloomberg Philanthropies, actúa como asesora en proyectos de ley de control del tabaco y juicios contra las industrias tabacaleras. Además, coordina la Alianza Global de Control de Tabaco en América Latina y es cofundadora de la red de jóvenes latinoamericanos CREA.
Aunque no ha tenido repercusiones en el ámbito institucional y legal, el descubrimiento de Toscano, divulgado en primera instancia por The Vaping Today, planteó serias cuestiones éticas y jurídicas sobre la interferencia extranjera en la política mexicana. La Constitución mexicana, en su Artículo 33, establece que los extranjeros no pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país. La participación de Severini en la redacción de un predictamen legislativo contraviene claramente este principio, representando una violación a la soberanía y legalidad mexicanas.
Procedimientos irregulares sin consecuencias
En el momento del escándalo, Juan José Cirión Lee, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que, aunque es común que los diputados reciban asesoría para elaborar propuestas, el verdadero problema surgió con el uso de un asesor extranjero en un dictamen que debía ser el resultado de un consenso dentro de la comisión correspondiente. Este hecho, combinado con un procedimiento legislativo irregular, generó controversia.
Cirión Lee nos ha proporcionado una actualización sobre el tema. Cuando se le preguntó si se han tomado medidas institucionales o legales para abordar las cuestiones éticas y de soberanía planteadas por esta situación, él fue claro: «No tuvo ninguna consecuencia más allá de que el dictamen se retiró».
Al considerar la gravedad del hallazgo de la participación de una asesora extranjera en la redacción del predictamen legislativo sobre el vapeo y las implicaciones para la soberanía nacional, Cirión Lee expresó que no le sorprende la falta de reacción significativa por parte del Parlamento y otras instituciones mexicanas. «Este gobierno solapa todo tipo de corruptelas por parte de sus partidarios», afirmó.
Añadió que, aunque se intentó imponer un dictamen sin seguir los procedimientos legislativos adecuados, se demostró la interferencia de ONG internacionales en los niveles más altos del poder legislativo y ejecutivo, señalando a la Dra. Medel como operadora del Dr. López Gatell. Además, mencionó otras coincidencias legislativas, como en el caso del etiquetado de alimentos en Chile, Argentina y México, promovido por Severini y presentado como proyecto legislativo por Medel.
Al preguntarle sobre las causas de la inacción en este caso, como la presión de intereses transnacionales o la falta de mecanismos de supervisión adecuados, Cirión Lee fue contundente: «Sabemos con claridad que todas las prohibiciones promovidas por el presidente fueron puestas por López Gatell». Indicó que este hombre ha sido señalado en varios artículos de prensa por conflictos de interés debido a sus vínculos con Campaign for Tobacco-Free Kids y Bloomberg Philanthropies.
Finalmente, al hablar acerca de los pasos necesarios para garantizar la transparencia y la integridad en la formulación de políticas públicas en el futuro, Cirión Lee se mostró pesimista. «Desafortunadamente, con el gobierno corrupto que tenemos en la actualidad, que lo que busca en todo momento es ocultar la información a la ciudadanía, no vemos un panorama que permita combatir estos actos de corrupción nacionales e internacionales», concluyó.
Las declaraciones de Cirión Lee sobre el caso prácticamente olvidado de Gianella Severini y el predictamen mexicano sobre el vapeo muestran la urgencia de transparencia y ética en la formulación de políticas públicas.
Mientras que organizaciones internacionales pueden ofrecer valiosa experiencia y apoyo, estas intervenciones deben realizarse respetando la soberanía nacional y fomentando un diálogo inclusivo y representativo. La influencia extranjera no debe imponerse sobre la autodeterminación y el debate democrático genuino, principios fundamentales de cualquier sociedad libre y justa.
Por su parte, la creación de políticas efectivas y justas requiere un equilibrio entre la experiencia global y las realidades locales, garantizando que todas las voces relevantes sean escuchadas y consideradas. Este equilibrio, ignorado por organizaciones de las que Severini hace parte, es esencial para evitar la marginalización de sectores vulnerables y poder asegurar que las decisiones políticas reflejen los intereses y necesidades de toda la sociedad.
¿O acaso la transparencia, la ética y el respeto por la soberanía no son pilares indispensables para construir políticas públicas que verdaderamente beneficien a la población y fortalezcan la democracia?
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