La recién aprobada Ley de Tabaco y Vapeo del Reino Unido ha generado un torbellino de críticas en redes sociales por su enfoque restrictivo y posiblemente ineficaz en la lucha contra el tabaquismo en las generaciones futuras.
El pasado 16 de marzo, la Cámara de los Comunes del Reino Unido dio luz verde a la Ley de Tabaco y Vapeo, una iniciativa encabezada por el primer ministro Rishi Sunak y considerada un paso audaz hacia la «erradicación del consumo de tabaco» en las futuras generaciones. Con una votación favorable abrumadora —383 a favor, 67 en contra—, la ley no busca hacer ilegal el fumar de manera abrupta, sino elevar gradualmente la edad mínima legal para adquirir productos de tabaco. Se trata de una política novedosa y controversial propuesta y abandonada antes en Nueva Zelanda y Malasia.
La legislación es piedra angular en la estrategia de Sunak para gestar una «generación libre de humo» estableciendo una regulación que impide la venta de productos tabacaleros a quienes nacieron después del 1 de enero de 2009. Con el correr de los años, la edad mínima para comprar tabaco se incrementará anualmente, escalando a 19 años en 2028 y así sucesivamente hasta que la compra legal de tabaco quede fuera del alcance de quienes hoy son jóvenes o aún no han nacido. De esta manera, las personas nacidas a partir de esa fecha no podrán comprar tabaco legalmente. De acuerdo con el gobierno, esta progresión asegura que quienes actualmente fuman no se vean afectados directamente por esta prohibición.
Aunque la medida enfrentó la oposición de 57 miembros del Partido Conservador de Sunak, tuvo el respaldo significativo de 178 legisladores conservadores y el apoyo unánime del Partido Laborista. Se anticipan enmiendas adicionales que podrían modificar los requisitos de edad y las normativas de licencias para las tiendas de vapeo, con una votación final programada para junio en la Cámara de los Lores.
¿Dónde está el problema?
A pesar de estos argumentos y de la abrumadora mayoría con que fue aprobada, muchos críticos argumentan que la ley no solo falla en abordar las raíces del problema del tabaquismo juvenil, sino que podría estar sobrestimando sus beneficios mientras ignora las consecuencias no deseadas de las prohibiciones y restricciones impuestas. Adicionalmente, la oposición señala que, en lugar de fomentar alternativas menos dañinas como los cigarrillos electrónicos, la ley podría cerrar las puertas a estrategias de reducción de daños más efectivas y realistas, generando un ambiente de control excesivo sin garantías de éxito.
Además del tabaco, la ley establece restricciones estrictas en la comercialización y el empaquetado de los dispositivos de vapeo y otros productos de nicotina con el objetivo de reducir su atractivo entre los jóvenes.
Entre los críticos destaca Clive Bates, quien sostiene que el problema del tabaquismo juvenil se abordará en gran medida gracias a la innovación en productos alternativos, como los vaporizadores. Señala que los efectos perjudiciales del tabaquismo suelen manifestarse tras varias décadas y predice que casi ningún individuo nacido después de 2008 continuará fumando al llegar a los 40 años, cuando los riesgos asociados al tabaquismo comienzan a incrementarse significativamente.
Además, Bates cuestiona la efectividad de las prohibiciones relacionadas con la edad, pues a pesar de la prohibición de venta a menores de 18 años la prevalencia del tabaquismo entre jóvenes de 16 a 17 años sigue siendo del 12,2% en 2023. Argumenta que, en el mejor de los casos, las restricciones de edad actúan como un impedimento friccional más que como una barrera real.
El verdadero problema, según Bates, reside en el grupo de fumadores adultos existente, que a menudo enfrenta desventajas socioeconómicas. Para este grupo, cambiar a vaporizadores o bolsas de nicotina es una estrategia de reducción de daños que puede salvar vidas. Sin embargo, critica que los planes del gobierno de hacer el cambio a estos productos menos atractivo y más costoso solo complicará la situación.
Finalmente, Bates critica al gobierno y al director médico en jefe de Inglaterra por sobreestimar los beneficios de la prohibición del tabaco segmentada por edad, mientras que los riesgos asociados con las prohibiciones, impuestos y restricciones a los vapeadores se minimizan, ignorando las necesidades de la población más vulnerable: los fumadores adultos actuales.
A pesar de las dudas y problemas previsibles, la ley ha encontrado un vasto apoyo en el sector salud. Neil O’Brien, ministro de Salud Pública, y Cancer Research UK han elogiado la legislación como un avance crucial para proteger a las nuevas generaciones de los daños asociados con el tabaco. Mientras tanto, la opinión pública se encuentra dividida: una encuesta de YouGov revela que un 33 % de los británicos apoya la eliminación gradual del tabaco, mientras que un 29 % prefiere una prohibición total.
En medio de este debate, el tabaco sigue siendo un grave problema de salud pública en el Reino Unido, responsable de cerca de 80.000 muertes anuales. El gobierno estima que la nueva ley podría prevenir más de 470.000 casos graves de enfermedades relacionadas con el tabaco hacia finales de siglo. Sin embargo, en el comunicado a la prensa, no se explican las medidas para evitar que quienes deseen fumar encuentren medios para conseguir tabaco, ya sea del extranjero o a través de canales no autorizados. En lugar de favorecer el cambio a alternativas menos dañinas, el gobierno busca frenar también el vapeo juvenil mediante una regulación más restrictiva de los vaporizadores desechables, sus sabores y empaquetados bajo el argumento de hacerlos menos atractivos para los menores de edad.
Una alternativa más realista y eficiente
El economista Michael Pesko en su artículo «Leyes sobre la edad de venta del tabaco de combustión: ¿una oportunidad?» (2021) argumenta a favor de ajustar la edad mínima de venta de productos de tabaco para promover la reducción de daños entre los jóvenes. Inteligentemente, Pesko propone una ley (Combustible 21 o C21) que elevaría la edad mínima para la compra de tabaco combustible a 21 años, pero mantendría la edad mínima para productos no combustibles, como cigarrillos electrónicos y snus, en 18 años.
Esta estrategia busca disminuir el uso de productos de tabaco más dañinos al incentivar legalmente alternativas menos perjudiciales. La propuesta se basa en estudios que sugieren que las leyes de edad mínima para cigarrillos electrónicos han aumentado el consumo de cigarrillos entre los jóvenes en lugar de reducirlo.
Pesko también destaca la importancia de corregir las percepciones de riesgo sobre los productos de tabaco. Según él, muchas personas en Estados Unidos y Europa creen erróneamente que los cigarrillos electrónicos son tan o más peligrosos que los cigarrillos combustibles y considera que leyes como la C21 podrían ser efectivas no solo para ajustar estas percepciones, sino para fomentar el cumplimiento de las leyes de edad mínima, especialmente para formas de tabaco más dañinas. Este ajuste en las leyes también podría combatir la apatía pública y mejorar la participación en la prevención del acceso juvenil al tabaco.
Cuando en 2006 se votó la prohibición sobre fumar en espacios cerrados, más de 125 diputados conservadores votaron en contra. Ayer solo 57 de los 347 diputados conservadores se opusieron a prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de 2009.
Por su parte, Bob Blackman, presidente del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre el Tabaquismo y la Salud, expresó su entusiasmo en Twitter tras la aprobación de la segunda lectura del proyecto de ley de Tabaco y Vapeo. Blackman ha abogado consistentemente por una «generación libre de humo», un tema que le toca de cerca personalmente, ya que lamentablemente perdió a ambos padres debido a enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Su compromiso con la legislación refleja una profunda motivación personal para combatir los efectos devastadores del tabaquismo.
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