Con el pretexto de proteger la salud pública en Filipinas se ha instaurado un régimen asesino, financiado, entre otros, por los antinicotina.
Pensó que era un trueno cuando resonó en el aire húmedo entre el río y las montañas que lo rodeaban. Pero fue un disparo de escopeta y le atravesó la columna vertebral.
Los vecinos, en pánico, corrieron hacia él y, frenéticamente, subieron su cuerpo ensangrentado a un triciclo motorizado para un desesperado viaje de 15 minutos hasta el hospital más cercano. Pero hubo demasiado daño; necesitaba un neurocirujano y el más cercano estaba a horas de distancia.
Con las sirenas de las ambulancias a todo volumen, se apresuraron hacia el sur a través del campo filipino mientras él tosía y se atragantaba con la sangre.
Durante los días y las semanas siguientes, el cuerpo de Brandon Lee permaneció en la delgada línea entre la vida y la muerte, mientras su corazón latía con fuerza y entraba y salía de su ritmo a través de ocho paros cardíacos.
«El circuito cerrado de televisión había estado desactivado de 10 a 15 minutos durante El tiempo que me dispararon».
Meses después, gracias al apoyo inquebrantable de familiares y amigos, se juntaron fondos suficientes para un vuelo de transporte médico de 20 horas que lo llevó lejos de su hogar durante los últimos 10 años y lo llevó de regreso a los Estados Unidos.
En ese momento, Brandon no estaba convencido de que debiera tomar el vuelo. «No quería irme. Pero en retrospectiva, me doy cuenta de que tenía sentido porque mis lesiones eran mucho peores de lo que pensaba y necesitaba atención especializada que simplemente no es una opción allí».
Giro la cabeza mientras me cuenta estas cosas, un año y medio después de su tiroteo, con la esperanza de que no pueda ver mis lágrimas a través de nuestra charla por Zoom.
Brandon, por otro lado, es firme e imperturbable por las verdades que comparte. Aclara que la razón por la que nuestra entrevista tenía que ser al mediodía en lugar de a la mañana no era por su cansancio, como había asumido, sino simplemente por los pasos prácticos y lentos que debe tomar cada día para mantenerse con vida como persona con cuadriplejia, paralizado del pecho hacia abajo.
«Cuando mi familia trató de investigar», continúa, «miraron cerca, donde normalmente está [el circuito cerrado de televisión] que graba cosas, pero había estado desactivado de 10 a 15 minutos durante el tiempo que me dispararon».
Y con su rostro juvenil pegado a la pantalla de la computadora, también explica que esa noche de agosto de 2019, en la casa que compartía con su esposa y su pequeña hija, era el gobierno filipino el que había intentado asesinarlo.
Historias como la de Brandon siguen siendo impactantes incluso cuando, trágicamente, se han vuelto familiares bajo la actual administración filipina. Lo que es mucho menos familiar para la mayoría es que los dólares estadounidenses, incluidos los de intereses antivapeo liderados por Michael Bloomberg, están ayudando a apoyar este régimen asesino.
El etiquetado rojo
Filipinas es un archipiélago del Océano Pacífico de más de 7.000 islas, algunas tan delicadas que van y vienen con las mareas. El país es rico en recursos como oro, petróleo y madera, con largas costas que ofrecen playas de arena y oportunidades para el comercio internacional (especialmente con los Estados Unidos).
Pero el pueblo filipino ha sufrido durante mucho tiempo a manos de colonizadores brutales que buscan explotar estos activos, comenzando con la llegada de los españoles en el siglo XVI (las islas llevan el nombre del rey Felipe II), y seguido por los estadounidenses y los japoneses en el 1900.
Mi educación en los EE. UU. no me enseñó nada sobre Filipinas, su gente o su historia, y fui consciente de las evidentes lagunas en mi conocimiento cuando ingresé desde Baltimore a una reunión en línea del Movimiento Malaya por primera vez hace algunos meses.
Malaya, palabra en filipino para «gratis», se formó, junto con organizaciones como la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP), para educar a personas como yo para ayudar a cambiar las políticas lideradas por Estados Unidos que apoyan los asesinatos políticos y los abusos de los derechos humanos en las Filipinas.
Fue durante una de estas reuniones que conocí a Brandon Lee y me enteré de su etiqueta roja.
El etiquetado rojo es una amenaza de muerte para cualquier persona que critique las acciones del gobierno filipino.
En las puertas de los edificios del vecindario y en las redes sociales, la policía filipina, el ejército o los vigilantes conectados publican listas de etiquetado rojo, con los nombres y rostros de las personas que están siendo atacadas.
Su mensaje es claro: deje de hablar o muera.
“Las tradicionales mantas funerarias se dejaron fuera de sus casas, junto con un mensaje: «Mayo gris, junio sombrío, julio sin cielo»”.
La etiqueta roja de Brandon Lee se produjo en respuesta a su trabajo como periodista y activista ambiental, haciendo campaña contra los daños que los proyectos hidroeléctricos podrían causar a los agricultores locales en su comunidad en la región de la Cordillera del Norte de Filipinas, Ifugao.
Su activismo incluyó su papel como oficial de derechos humanos del Movimiento Campesino Ifugao (IPM), un cargo que asumió cuando su predecesor, William Bugatti, fue asesinado a tiros en 2014 por las fuerzas filipinas después de ser etiquetado en rojo.
Poco después del tiroteo de Bugatti, Lee y varios compañeros activistas recibieron una advertencia ominosa. Las tradicionales mantas funerarias se dejaron fuera de sus casas, junto con el siguiente mensaje: «Mayo gris, junio sombrío, julio sin cielo«.
Un destinatario, Ricardo Mayumi, fue asesinado un año antes de que le dispararan a Lee.
En diciembre de 2020, Lee habló con el Senado de Filipinas sobre sus años de etiquetado rojo y su intento de asesinato. Terminó sus comentarios pidiendo una respuesta a algunas preguntas básicas.
“¿Quién es el monstruo aquí? ¿Quién es el verdadero terrorista?”.
Todos los asistentes sabían la respuesta: el presidente Rodrigo Duterte.
La evolución asesina de Duterte
La evolución de Duterte hacia un dictador asesino comenzó hace décadas con un enfoque aparentemente virtuoso en la salud pública, impulsado por las crecientes tasas de uso de «shabu» (una forma de metanfetamina) entre los ciudadanos más pobres y desatendidos, inicialmente en la ciudad sureña de Davao, donde sirvió tres periodos como alcalde. Fue aquí, donde presuntamente desplegó escuadrones de la muerte contra presuntos delincuentes, donde se ganó su apodo, «El Castigador».
La supuesta adicción ya no es el único foco del odio de Duterte, pero fue el primero. Desde que ganó la presidencia en 2016, este odio se ha convertido en una guerra nacional contra las drogas y una tragedia de derechos humanos inimaginable, de «dejar o morir», como lo señalaron las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de EE. UU. y una investigación reciente e independiente de ICHRP.
Sus tácticas incluyen operaciones de «Tokhang» (golpear y matar), que involucran a la policía yendo de puerta en puerta para localizar a los presuntos delincuentes. No solo ha admitido haber matado a personas con sus propias manos, sino que también ha empoderado a la policía y el ejército, y ha enmascarado a los vigilantes estrechamente vinculados con esas entidades para que hagan lo mismo.
La confianza con la que Duterte ha defendido estos asesinatos masivos y otros abusos cometidos en nombre de la salud pública es aterradora. Su retórica deshumaniza brutalmente a cualquiera asociado remotamente con las drogas, llamándolos los «muertos vivientes» que ya no tienen «valor cognitivo«. En un discurso, se jactó: «Solía hacerlo personalmente solo para mostrarles a los muchachos que si yo puedo hacerlo, tú también puedes».
Duterte ha exclamado grotescamente: «Hitler masacró a tres millones de judíos… Hay tres millones de drogadictos. Existen. Estaría feliz de matarlos».
Y al igual que Hitler, el control y el poder de Duterte sobre su pueblo se ha transformado y expandido con el tiempo, lo que le ha permitido socavar la democracia y atacar a activistas y periodistas como Brandon y la indomable Maria Ressa, así como a abogados, legisladores, universidades e incluso niños (a quienes Duterte ha llamado «daño colateral»).
El mes pasado, en un día ahora etiquetado como Domingo Sangriento, nueve activistas fueron asesinados a tiros cerca de Manila durante una operación de etiquetado rojo de Tokhang que tuvo lugar dos días después de que Duterte le dijera a la policía: «Mátenlos, asegúrense de matarlos y acabar con ellos si están vivos».
“Su odio se extiende más allá de los activistas y opositores, más allá de las personas que usan o venden drogas ilícitas. A los fumadores, por ejemplo”.
Las políticas de Duterte han provocado el asesinato en masa de casi 30.000 filipinos (que se puedan contar) desde que asumió el cargo, y las cifras crecen a diario.
Su odio se extiende más allá de los activistas y opositores, más allá de las personas que usan o venden drogas ilícitas. A los fumadores, por ejemplo. Al argumentar a favor de aumentos en los impuestos al tabaco y al alcohol por razones de salud pública en 2019, Duterte, un exfumador, declaró que los fumadores «deberían ser exterminados de la faz de la tierra».
Sus políticas de drogas, al obligar a las personas a ocultar su consumo (lo que puede significar renunciar al tratamiento), o simplemente eliminar a los consumidores de drogas matándolos, ofrecen la apariencia rápida y visible de un cambio. Y, de manera inquietante, al comercializar esta imagen de cambio en nombre de la salud pública, en lugar de abordar los problemas complejos y sistémicos en torno al consumo de drogas y los daños (pobreza, salud mental, educación, por nombrar algunos), Duterte ha creado un público formidable de seguidores.
Las encuestas han mostrado los índices de aprobación de Duterte entre el 80 y el 90%. Esto a pesar de la evidencia de que sus políticas brutales han sido un «fracaso masivo» en la reducción del suministro de drogas ilícitas, y mientras continúan los asesinatos.
El financiamiento de Estados Unidos y Bloomberg
Sin embargo, el poder de un Duterte no se cultiva de forma aislada. Cuenta con poderosos seguidores y colaboradores.
Y una verdad difícil para los estadounidenses como yo es que somos parte del problema, porque el Congreso de los EE. UU. asigna regularmente asistencia y nuestros dólares de impuestos al gobierno filipino para apoyar la venta de armas, la aplicación de la ley y el entrenamiento militar en nombre de la seguridad nacional (hay esfuerzos actualmente en curso para detener este financiamiento hasta que cesen los crímenes contra los derechos humanos de Duterte).
“Al igual que la prohibición más amplia de las drogas en Filipinas, las regulaciones sobre la nicotina respaldadas por Duterte son muy malas”.
El expresidente Trump encarnó este apoyo en 2017, cuando llamó para “felicitar” a Duterte “por el increíble trabajo” que había hecho con su guerra contra las drogas, y ofrecer una cálida invitación a visitar el Despacho Oval. (Duterte no lo visitó, sino que Trump hizo el viaje a Filipinas más tarde ese año, donde Duterte le cantó una canción de amor durante una cena compartida).
Las alianzas con el sector privado, especialmente entre las industrias minera, agroindustrial, maderera y del carbón, también han alimentado el poder político de Duterte. Estos conflictos de intereses han convertido a Filipinas en uno de los países más mortíferos para activistas ambientales como Brandon Lee.
Bloomberg comenzó a enviar fondos a Filipinas en apoyo de la «gestión nacional integral del control del tabaco» hace casi 15 años a través de la «Iniciativa Bloomberg para reducir el consumo de tabaco». Entre 2007 y 2020, se otorgaron 60 subvenciones de Bloomberg a varias organizaciones filipinas.
Tomada al pie de la letra, la misión de la financiación de Bloomberg -«garantizar una vida mejor y más larga para el mayor número de personas«- parecería la antítesis de las opiniones de Duterte sobre la vida humana.
“Si la prohibición de la nicotina es el enfoque principal de la financiación de Bloomberg, ciertamente está obteniendo un retorno de la inversión.”
Sin embargo, Bloomberg y Duterte comparten una creencia común en las políticas de prohibición de la nicotina, como se refleja en la firma simultánea de las prohibiciones de fumar en público en sus respectivas alcaldías de la ciudad de Davao y la ciudad de Nueva York en 2002.
Y si la prohibición de la nicotina es el enfoque principal de la financiación de Bloomberg, ciertamente está obteniendo un retorno de la inversión. Duterte ha promulgó en 2017 una ley que prohíbe fumar en público en todo el país (que incluye una sanción de cuatro meses en la cárcel y una multa si es atrapado) y una prohibición de 2020 sobre opciones de reducción de daños como el vapeo, productos de tabaco calentados y otras nuevas formas y sistemas de suministro de nicotina.
Y al igual que la prohibición más amplia de las drogas en Filipinas, estas regulaciones sobre la nicotina respaldadas por Duterte son muy malas. Duterte no solo les ha dicho a los fumadores y vapeadores que serán arrestados y encarcelados si fuman o usan nicotina en lugares públicos, sino efectivamente los ha arrestado, incluidos 14,000 fumadores (en una ciudad, en un año) y 200 usuarios de cigarrillos electrónicos.
Es difícil creer que Bloomberg Philanthropies y sus organizaciones afiliadas de control del tabaco, The Union y Campaign for Tobacco Free Kids, no se dieran cuenta de que las subvenciones que se otorgan para hacer cumplir las prohibiciones del tabaco en Filipinas (algunas con títulos inquietantemente agresivos como «Más dientes y herramientas: hacer cumplir e implementar la ley de regulación del tabaco”) podría usarse para agregar una mayor represión a los arrestos extrajudiciales, encarcelamientos y asesinatos que ya están ocurriendo.
Después de todo, la propia organización de noticias de Bloomberg ha perfilado la asesina guerra contra las drogas de Duterte desde su inicio hasta el presente.
Pero la verdad es que Bloomberg y sus afiliados estaban muy al tanto de lo que estaban haciendo. Esto se reveló en octubre de 2020, durante las charlas públicas organizadas por la FDA de Filipinas (P-FDA) sobre el tema de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados. Los ciudadanos filipinos y las partes interesadas que asistieron expresaron su preocupación porque las autoridades de la P-FDA encargadas de tomar decisiones sobre las políticas de nicotina habían recibido subvenciones de la Iniciativa Bloomberg y The Union.
Los representantes de la P-FDA primero negaron y luego confirmaron la afirmación. En respuesta, dos congresistas filipinos presentaron una resolución de la Cámara el 2 de diciembre de 2020, detallando las contribuciones de Bloomberg y el conflicto de intereses inherente a dicha financiación.
Podría decirse que parece ser una violación tanto de la Constitución filipina como de la ley estadounidense, dado que la financiación de Bloomberg puede verse como un agente extranjero destinado a influir en la política filipina. La investigación del Congreso subsiguiente reveló que la P-FDA ha tomado al menos 150 mil dolares de Bloomberg Philanthropies en apoyo de los esfuerzos de control del tabaco.
«Si la subvención estaba destinada a influir en la decisión de la FDA deja poco a la imaginación».
Clarisse Yvette Virgino es la representante filipina de CAPHRA (Coalición de Defensores de la Reducción de Daños del Tabaco de Asia Pacífico) y estudiante de derecho. Viviendo en Filipinas, también es una exfumadora que ha sido vapeadora durante los últimos 10 años.
“El conflicto de intereses surge del hecho de que el receptor del fondo es una agencia reguladora que se encargó específicamente de redactar las pautas para la regulación de estos nuevos productos”, explicó, “mientras que el donante es una organización extranjera antivapeo que promueve su propia defensa del control del tabaco«.
«Si la subvención estaba destinada a influir en la decisión de la FDA deja poco a la imaginación«, agregó. «La P-FDA, por cierto, es una agencia adjunta del Departamento de Salud».
Su resumen de estas implicaciones profundamente preocupantes plantea la pregunta de cómo el movimiento de control del tabaco, que debería estar diseñado para apoyar la vida humana, se ha pervertido tanto que uno de sus mayores patrocinadores está dispuesto a financiar la aplicación de la ley para un régimen asesino en nombre de prohibición de la nicotina.
Desafortunadamente, mis repetidos esfuerzos por obtener comentarios y aclaraciones tanto de las organizaciones Bloomberg como de la P-FDA se reunieron en silencio.
Un lazo de apriete
Cuando hablo con Brandon sobre los conflictos de intereses de Bloomberg, él señala cómo, de manera similar a las restricciones al tabaquismo y la nicotina, la pandemia de COVID-19 ha ayudado a Duterte a tensar la soga sobre el pueblo filipino bajo el disfraz de protección pública.
Los esfuerzos de Duterte han incluido decirle a la policía que «los mate a tiros» cuando se trata de personas que no se adhieren a las restricciones de cuarentena y máscara (otros han sido encerrados en jaulas como castigo por presuntas violaciones de cuarentena).
Este aumento en el poder de Duterte, incluso bajo el virtuoso disfraz de luchar contra el virus de la COVID-19 (nuevamente, «por salud pública»), ha sido desastroso. Ha visto un aumento de las ejecuciones extrajudiciales en más del 50 por ciento con los asesinatos de 7.000 personas en 2020, según Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Estas muertes se han visto alimentadas aún más por la Ley Antiterrorista de 2020 de Duterte, que incluye una definición amplia y ambigua de «terrorista», para incluir a cualquier persona que se considere que representa un riesgo grave para la seguridad pública.
La legislación ha causado indignación, incluso entre los miembros del Congreso de Estados Unidos que han pedido que Estados Unidos deje finalmente de financiar la violencia y la destrucción.
Brandon tiene un sentido de urgencia en su voz cuando relata el creciente número de atrocidades que tienen lugar en Filipinas, un cambio marcado de la ecuanimidad con la que describió su propio tiroteo al principio de la conversación.
“Las restricciones por la COVID son muy militaristas”, dice. “Tienes que usar una mascarilla y un protector facial cuando sales de casa y necesitas un pase de viaje que generalmente solo dura 24 horas para ir al mercado a comprar comida. De lo contrario, la policía podría detenerte o abusar de ti. En julio pasado, en la región vecina donde vivía, una joven de 15 años y su primo de 18 fueron detenidos por violaciones del toque de queda en cuarentena y agredidos sexualmente y violados por los policías que los detuvieron. La joven de 15 años fue asesinada por hombres armados al día siguiente, justo después de que denunciara la violación en la comisaría».
Mientras describe estas insoportables realidades, veo un destello del espíritu de activismo que lo impulsa. Es un verdadero humanitario, lleno de integridad y fiereza e inspirado por proteger a los demás, no a sí mismo. Rasgos que escasean entre los poderosos líderes y donantes estadounidenses que continúan apoyando a Duterte al servicio de sus propios intereses, con insensible desprecio por el profundo sufrimiento y la pérdida de vidas que están causando.
Publicación original: Bloomberg Anti-Nicotine Lobby Among US Backers of Duterte’s Drug War
Este artículo fue traducido y adaptado al español por el equipo de Vaping Today. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.
