La ciencia es clara y la realidad del país también. Entonces, ¿qué intereses hay detrás de la negativa al debate del anteproyecto 209?
Ciudad de Panamá. Seis meses han pasado desde que en octubre de 2020 se presentara ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley 209 que regula el uso, comercialización, publicidad, contenido, calidad y seguridad de los sistemas de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, productos de tabaco calentado y sistemas similares sin nicotina en la República de Panamá.
Pero la iniciativa presentada por el diputado Edwin Zúñiga, que representa un paso adelante en la búsqueda de una alternativa que les permita a los más de 200.000 panameños que fuman tener opciones frente al cigarrillo tradicional, sigue teniendo obstáculos que han imposibilitado su prohijamiento y posterior discusión basados en la nueva evidencia científica.
En los últimos meses este anteproyecto se ha mantenido en el vaivén de la agenda de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. En varias ocasiones se ha retirado del orden de consideración y discusión sin ningún tipo de justificación.
¿Por qué tantos obstáculos?
Estas acciones generan mucha suspicacia y hacen que salten muchas preguntas, como quién o quiénes están detrás de esta negativa y, por ende, de la privación del derecho a los panameños de poder elegir productos de riesgo reducido.
Pero aún más extraño resultaría que esta obstaculización al debate científico viniera del propio Ministerio de Salud (Minsa). Esto tomando en cuenta que en el portal Panamá Libre de Tabaco, una página oficial, afirman que “los cigarrillos electrónicos liberan nicotina y sus efectos en la salud son desconocidos; sin embargo, son ciertamente menos dañinos que los productos de tabaco tradicionales que queman tabaco”.
Añaden que “a nivel individual, los cigarrillos electrónicos son probablemente menos perjudiciales para el usuario que los cigarrillos tradicionales, pero se necesita mucha más investigación sobre los efectos de los cigarrillos electrónicos, las consecuencias a largo plazo de su uso y sus ingredientes”.
Este punto es aún más contradictorio si tomamos en cuenta que en la actualidad hay suficiente evidencia científica a disposición de cualquier ciudadano. A ella tienen y deben tener acceso las autoridades para documentarse, legislar y tomar decisiones con base en los estudios recientes, no en conceptos preconcebidos, caprichos o compromisos particulares o personales.
“¿qué hace falta para debatir este anteproyecto? La respuesta sigue siendo simple: falta de voluntad de parte de las autoridades, o de quienes tienen poder de decisión”.
Dejar de ignorar la ciencia y los derechos
La evidencia científica es clara. En 2020, la Oficina Regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que las personas fumadoras adultas que cambien completamente de cigarrillos combustibles a usar Sistemas Electrónicos de Nicotina y Sin Nicotina no adulterados y apropiadamente regulados pueden reducir sus riesgos de salud.
La FDA también destaca que solo un 7,5 % de los fumadores que intentan dejar el cigarrillo combustible logran la cesación. Por eso es necesario brindarle a ese 92,5 % de fumadores que continuarán fumando una alternativa de menor riesgo.
Por otra parte, el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de EE. UU. considera que los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina son una alternativa potencialmente menos dañina para los fumadores adultos que todavía desean tener acceso a niveles satisfactorios de nicotina sin muchos de los efectos nocivos de la combustión del tabaco.
Entonces, ¿qué hace falta para debatir este anteproyecto? La respuesta sigue siendo simple: falta de voluntad de parte de las autoridades, o de quienes tienen poder de decisión o tienen injerencia en la toma de decisiones. Ellos dan prioridad a sus intereses de reconocimiento y egos por encima del derecho del resto de los ciudadanos a elegir alternativas de riesgo reducido.
Daños a gran escala
Pero esta mezquindad no solo afecta al ciudadano, sino también al Estado. Esto fue reconocido por el presidente Laurentino Cortizo, en su objeción al Proyecto de Ley 178, “que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o nicotina, en la República de Panamá».
Además, señaló que “la adopción de esta iniciativa que prohíbe el uso y la comercialización total de este tipo de dispositivos y sistemas electrónicos impulsará la proliferación del comercio ilícito y promoverá el crimen organizado, el contrabando, la creación de mercados negros y el lavado de activos, afectando nuestra reputación como país y las oportunidades de desarrollo de nuestro hub logístico, y que al ser los cigarrillos electrónicos un producto de alta demanda por fumadores de cigarrillos combustibles que buscan alternativas al cigarrillo tradicional que sí están permitidas en otros países, la prohibición absoluta a la importación, comercialización y consumo de este tipo de dispositivos electrónicos promoverá un aumento exponencial del comercio ilícito y sus consecuencias”.
Todo está claro desde el punto de vista científico y de la realidad del país. Entonces ¿qué intereses hay detrás de la negativa al debate del anteproyecto 209?
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