Poner el humo de nuevo en el centro del control del tabaco

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El comentario de Robert Beaglehole, Ruth Bonita y Tikki Pang en Nature Health parece hablar sobre los vapeadores, el snus y los productos de nicotina sin combustión, pero en realidad trata de otra cosa: el poder de decidir qué cuenta como éxito en el control del tabaco.

Durante décadas, el control del tabaco se organizó en torno a una claridad casi moral. Por un lado, un horizonte familiar: dejar de fumar, abandonar la nicotina, romper el circuito de la dependencia. Por el otro, todo aquello que amenazaba ese ideal. La abstinencia permanecía cerca de la virtud; la nicotina, casi siempre, bajo sospecha. Era una arquitectura a la vez normativa y simbólica: el campo sabía nombrar al enemigo con la misma seguridad con la que nombraba la salvación.

Beaglehole, Bonita y Pang, todos con larga experiencia dentro de la OMS, quieren desestabilizar ese orden. Su argumento es fácil de enunciar y difícil de asimilar: el verdadero enemigo no es la nicotina, sino el humo. La política global —sugieren—  debería dejar de tratar a los vapeadores, el snus, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina como extensiones moralmente equivalentes del cigarrillo y empezar a verlos, al menos en parte, como herramientas para acelerar su declive.

Pero eso es solo la superficie del argumento. Lo que realmente está en juego es el poder de redefinir lo que el campo reconocerá como éxito. Durante años, el éxito parecía tener un nombre estable: menos fumadores, menos nicotina, menos dependencia, menos tabaco en circulación. Beaglehole, Bonita y Pang proponen otra jerarquía. La derrota del cigarrillo, sugieren, puede importar más —y con mayor urgencia— que la desaparición de toda forma de consumo de nicotina. Su objetivo es preciso: una prevalencia de fumadores diarios adultos por debajo del cinco por ciento en 2040. El precio es más delicado: aceptar que la dependencia a la nicotina quizá no desaparezca, sino que migre hacia formas menos letales.

Es una propuesta técnica. También una herejía manejable.

No hay casi disenso sobre el diagnóstico. El tabaco sigue siendo una de las principales causas evitables de muerte en el mundo: más de siete millones de personas mueren por su causa cada año. La carga recae con especial dureza sobre los países de ingresos bajos y medios. Incluso donde el consumo ha disminuido, los costos permanecen: cuerpos dañados, sistemas de salud tensionados, desigualdades arraigadas. Entre las distintas formas de consumir nicotina, el cigarrillo sigue siendo, con diferencia, la más devastadora. Y una cifra ilustra la escala geográfica del problema: China e India concentran más de un tercio de los fumadores adultos del mundo, un peso que vuelve incompleta cualquier estrategia global que no los tenga en cuenta.

Nada de esto es nuevo. Lo importante es lo que se deriva de ello. El campo ha logrado mucho y puede que, precisamente por eso, haya alcanzado un punto de fatiga. Desde su entrada en vigor en 2005, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) ha dado al mundo la gramática de la lucha: advertencias sanitarias, restricciones publicitarias, entornos libres de humo, impuestos, apoyo para dejar de fumar. Convirtió el control del tabaco en un lenguaje internacional reconocible. Dio método a lo que antes estaba disperso. Dio legitimidad a lo que antes era resistencia aislada.

Beaglehole, Bonita y Pang no minimizan ese legado. Dependen de él. Su argumento comienza reconociendo que el CMCT fue decisivo. Pero sostienen que el repertorio tradicional ya no produce descensos a la velocidad necesaria. El control del tabaco ha entrado en una fase más dura. El tabaquismo se concentra cada vez más entre fumadores más pobres, de mayor edad y con mayor dependencia, muchos de ellos marcados por intentos fallidos repetidos de abandono. Desde esa perspectiva, el cigarrillo ya no parece simplemente un hábito extendido. Parece un residuo duro, incrustado entre los más vulnerables y los más difíciles de alcanzar con herramientas convencionales.

Un cambio de dirección necesario

La desaceleración no es solo una impresión. Se refleja en metas internacionales que, al ritmo actual, ya no parecen alcanzables. El objetivo voluntario de la OMS de reducir el consumo de tabaco en un treinta por ciento para 2025 no se ha cumplido; el ODS 3.4, que busca reducir la mortalidad prematura por enfermedades crónicas, también está fuera de curso; y la ONU, en su declaración política de 2025, fijó como meta menos de ciento cincuenta millones de personas consumidoras de tabaco para 2030, una cifra que, como señalan los autores, apenas alteraría la magnitud de la carga global.

Si la combustión es el problema central, la política no puede seguir tratando todos los productos de nicotina como equivalentes morales. El cigarrillo deja de ser un producto más en el universo del tabaco. Pasa a ser, explícitamente, el más destructivo. Todo lo demás debe reorganizarse en torno a esa diferencia.

El cambio puede parecer pequeño, casi semántico. No lo es. Durante mucho tiempo, gran parte del control del tabaco operó como si su ideal regulatorio fuera la eliminación progresiva de la nicotina. Beaglehole, Bonita y Pang proponen otro horizonte: no necesariamente un mundo sin nicotina, sino uno en el que el cigarrillo combustible sea residual. Lo que cambia no es solo el instrumento. Es lo que cuenta como éxito.

Saben cuánta resistencia provocará ese cambio. Por eso hacen un movimiento político astuto. La reducción de daños no se presenta como algo importado desde fuera del campo, sino como algo que siempre estuvo allí, al menos de forma latente. El giro se ancla en el propio Convenio. El artículo 1(d) del CMCT —recuerdan— incluye la reducción de daños dentro de la definición amplia de control del tabaco. El gesto importa. Reduce la carga de desviación y cambia los términos del debate. La cuestión ya no es si esto pertenece al campo, sino por qué, si pertenece, ha permanecido tanto tiempo en los márgenes.

Bajo la etiqueta “productos de nicotina sin humo”, reúnen elementos que la práctica regulatoria suele separar: terapias de reemplazo de nicotina, snus, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, bolsas de nicotina. No son lo mismo. Tienen historias distintas, bases de evidencia desiguales, perfiles de riesgo diferentes, orígenes regulatorios diversos e intereses comerciales que no siempre coinciden. Aun así, se agrupan por una razón estratégica: todos desplazan la combustión del centro de la experiencia. De ese marco surge una política tan simple de enunciar como difícil de ignorar: regular cada producto en proporción a su riesgo.

La idea puede sonar casi banal. En abstracto, es difícil defender que el producto más letal reciba el mismo trato que el menos letal. Y sin embargo ahí surge la acusación más incómoda: en nombre de la prudencia, el control del tabaco puede haber generado una incoherencia. Los cigarrillos siguen ampliamente disponibles, mientras que productos potencialmente menos dañinos enfrentan, en muchos contextos, restricciones equivalentes o incluso mayores. El resultado, sugieren, es una política que ha tratado como iguales cosas que no lo son y, al hacerlo, ha protegido el mercado del producto más peligroso.

De ello se desprende un orden regulatorio propuesto. Los cigarrillos combustibles deben soportar todo el peso de la fiscalidad y las restricciones. Las alternativas sin humo deben ser reguladas, sí, pero para garantizar seguridad, limitar el marketing dirigido a jóvenes, evitar su adopción entre no fumadores y reducir daños ambientales, no de modo que pierdan su capacidad de competir con los cigarrillos. No es una invitación a liberar la nicotina. Es una exigencia de una jerarquía distinta de severidad.

Esa exigencia no puede sostenerse sin otra batalla: la batalla por el lenguaje. La comunicación pública es central en todo el argumento. Muchos fumadores adultos, sugieren, permanecen atrapados en una percepción aplanada del riesgo. No distinguen claramente entre los daños del cigarrillo y los de otros productos de nicotina.

Una parte de ello se debe a mensajes ambiguos, otra parte a coberturas mediáticas alarmistas y otra parte a la dificultad, dentro de la propia salud pública, de sostener un lenguaje de riesgo relativo sin parecer indulgente con la dependencia. Lo que buscan, en el fondo, es un nuevo léxico. No complaciente, sino capaz de decir con claridad que el humo mata más que la nicotina y decirlo con suficiente nitidez, incluso desde la OMS.

Aquí la disputa deja de esconderse tras productos y datos. Se convierte en una controversia sobre lo que la salud pública está dispuesta a decir en voz alta. ¿Los mensajes más cautelosos protegen a los adolescentes? ¿O confunden a fumadores adultos que podrían abandonar el cigarrillo? ¿Los mensajes más claros sobre riesgo relativo ayudan a dejar de fumar? ¿O reabren una cultura de normalización de la nicotina? Beaglehole, Bonita y Pang toman posición. Sin un lenguaje más directo, la reducción de daños seguirá confinada a las notas a pie de página de las políticas.

Una mirada a las alternativas

Todo argumento que pretende desplazar una doctrina necesita territorio. Esta no es la excepción. Los ejemplos ya están cargados de significado en el debate internacional.

Suecia aparece como el país donde el cigarrillo parece haber perdido centralidad mientras otras formas de nicotina —sobre todo el snus— ganan terreno. Japón surge como el caso en el que la introducción del tabaco calentado coincidió con una fuerte caída en las ventas de cigarrillos. Estados Unidos aparece como el escenario en el que el descenso del tabaquismo adulto avanzó junto con la expansión del vapeo. Y Nueva Zelanda, más que ningún otro ejemplo, se presenta como un laboratorio del futuro.

Nueva Zelanda cumple dos funciones. La primera es sanitaria. Ofrece evidencia de que las reducciones del tabaquismo pueden acelerarse cuando las alternativas reguladas se vuelven más accesibles, incluso entre grupos históricamente más afectados, como los maoríes y otras poblaciones desfavorecidas.

La segunda es política. En 2022, el país aprobó un paquete de “fin de juego” con medidas contundentes: reducción del contenido de nicotina en los cigarrillos, drástica disminución de puntos de venta y una ley de “generación libre de humo”. Tras el cambio de gobierno, gran parte del paquete fue derogado antes de entrar en vigor. El episodio se interpreta como una lección: quizá las estrategias más coercitivas son demasiado frágiles para perdurar; quizá una transición basada en sustitución regulada sea menos elegante, pero más sostenible.

Esa lectura es inteligente porque convierte la derogación en argumento. Lo que podría parecer la derrota de un proyecto más duro se transforma en prueba indirecta de que se necesita otro camino.

Por supuesto, la resistencia es previsible. Juventud, incertidumbre a largo plazo, uso dual: estos son los límites de lo aceptable en el campo.

Sobre la juventud, buscan debilitar las versiones más duras de la hipótesis de la “puerta de entrada”, señalando que muchos estudios observacionales confunden correlación con una predisposición compartida al riesgo.

Sobre los efectos a largo plazo, reconocen la incertidumbre, pero insisten en que la ausencia de combustión ya cambia la ecuación. También realizan otro movimiento defensivo: la literatura de revisión, señalan, sitúa a los cigarrillos electrónicos con nicotina entre las herramientas más eficaces para dejar de fumar, y en países como el Reino Unido su posible beneficio neto poblacional está bajo evaluación continua.

Sobre el uso dual, rechazan la idea de fracaso automático. Para algunos fumadores puede ser una fase de transición, no un destino. Aquí el argumento se vuelve más específico: estudios con biomarcadores sugieren que los usuarios duales presentan menor exposición a tóxicos que los fumadores exclusivos. Aun así, esa reducción no los equipara a los usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos.

Buscar la equidad

La estrategia retórica es constante. Las preocupaciones no se niegan. Se les quita poder de veto. Se invita al lector a ver un error de proporción: el nuevo riesgo se teme en exceso, mientras que el antiguo se tolera por costumbre.

La parte políticamente más eficaz del argumento puede estar en otro lugar: su fuerza distributiva. La reducción de daños no se presenta solo como un recurso para fumadores adultos que no logran dejarlo. Se le atribuye un papel en la reducción de desigualdades. Eso le confiere mayor peso moral. No solo aceleraría los descensos promedio; ayudaría a desplazar el cigarrillo precisamente donde está más arraigado: entre los pobres, los vulnerables, los dependientes, aquellos más rezagados por los éxitos anteriores del campo.

En este terreno se alza el lema más claro: “libre de humo 2040”. Menos del cinco por ciento de prevalencia de fumadores diarios adultos en 2040.

A la política le gustan los lemas cuando condensan una visión del mundo. Este lo hace. Su fuerza no reside solo en ser medible. Está en establecer un nuevo criterio de éxito. No necesariamente un mundo sin nicotina, sino uno en el que el cigarrillo haya perdido su centralidad. Y el lema viene con cifras concretas: en 2024, la prevalencia mundial de tabaquismo entre personas de quince años o más era del dieciséis por ciento —veintiocho por ciento entre hombres y cinco por ciento entre mujeres—. Si las tendencias actuales continúan, el mundo llegaría a alrededor del diez por ciento en 2040. Su objetivo —por debajo del cinco por ciento— exigiría más que duplicar el ritmo actual de descenso.

La agenda está pensada para ir más allá de los países de altos ingresos. Los países de ingresos bajos y medios enfrentan otra realidad: cigarrillos relativamente más asequibles, escasez de servicios para dejar de fumar, regulación desigual, mercados más opacos, menor capacidad estatal. Aun así, la propuesta se formula a escala global. Sus instrumentos son la fiscalidad diferencial, la investigación adaptada a contextos específicos, el fortalecimiento regulatorio y la innovación institucional, elementos que los autores consideran indispensables para adaptar la reducción de daños a condiciones locales, especialmente donde el Estado es más débil y el mercado informal más fuerte.

También hay aquí una nota de realismo estatal difícil de ignorar. Una transición regulada afecta ingresos fiscales, costos sanitarios y comercio ilícito, y esos efectos —sostienen— deberán gestionarse activamente, sobre todo en países donde el tabaco sigue teniendo peso fiscal. En ese punto, el debate deja de ser solo clínico o cultural. Se convierte en una cuestión de gobernanza.

Por eso la OMS aparece como el verdadero destinatario del argumento. El texto empieza a leerse casi como una carta abierta. No pide solo tolerancia. Pide legitimación. Quiere que la reducción de daños deje de ocupar una zona gris y sea reconocida como componente explícito del control integral del tabaco. En otras palabras, busca desplazar el centro de autoridad en la conversación.

Tal vez esa sea la forma más justa de leer a Beaglehole, Bonita y Pang: no como defensores de un conjunto de productos, sino como quienes intentan reescribir el código de todo un campo. Durante mucho tiempo, el control del tabaco supo decir con claridad lo que condenaba. Lo que ahora se plantea es si está dispuesto a decir, sin incomodidad, qué estaría dispuesto a tolerar para derrotar al cigarrillo.

Porque, al final, esto no es solo una petición para revisar instrumentos. Es una petición para revisar los escrúpulos. Y deja suspendida la pregunta que el campo quizá más rehúye responder: ¿qué debe contar como éxito: la desaparición de la nicotina o la derrota de la maquinaria de enfermedad y muerte del tabaco combustible?

Referencia

Beaglehole, R., Bonita, R. & Pang, T. Smoke-free nicotine products can accelerate the end of the smoking epidemic. Nat. Health (2026). https://doi.org/10.1038/s44360-026-00121-1

REDACCION VT
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