Más que un análisis prospectivo o un ejercicio de futurología, intentar descifrar lo que será 2022 es un vaivén entre la esperanza y la preocupación.
Creemos que la zona sur de América seguirá en un escenario desigual y errático durante el próximo año. América Latina sigue ocupando un lugar destacado en el mapa de la prohibición global del vapeo, con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y organizaciones negacionistas como Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Vital Strategies, La Unión y sus pares locales.
Por diversos motivos, se espera que la interferencia y presión sobre los gobiernos de la región para optar por restricciones severas o mantener la prohibición de alternativas más seguras para el consumo de nicotina se intensifique en 2022.
El crecimiento continuo de consumidores de vapeo de nicotina en la región es asombroso. Esta demanda, obviamente, crea oportunidades de negocio, más aún en tiempos de crisis. La región tiene un mercado fuerte con fabricantes y comerciantes honestos y responsables que se ven obligados a operar y vivir en una economía paralela cercana al crimen (o dentro de él). El mercado ilícito es imparable y seguramente aumentará en la región en el próximo año.
A pesar de las fuerzas opuestas, las iniciativas de legalización o regulación también aparecerán en 2022. Podemos esperar una ola de regulaciones de productos de tabaco calentado (HnB), debida principalmente a la inestabilidad política y económica en la región, no por razones de salud. Sin embargo, este movimiento podría crear la oportunidad para una discusión social y política algo más madura sobre la reducción de daños.
En 2021, Venezuela fue un faro extraño, pues no prohibió el vapeo. Uruguay optó por mantener la prohibición del vapeo de nicotina, pero aceptó los productos de tabaco calentado. De manera muy heterogénea, algunos países, como Brasil, Argentina y Colombia aún están procesando proyectos de ley y es probable que los productos de nicotina más seguros (SNP) se incorporen a la legislación dirigida al tabaco, como en el caso de Ecuador. Sin embargo, en países como Brasil y Panamá (donde se realizará la COP10 del CMCT de la OMS en 2023), la presión para prohibir el vapeo sin duda aumentará e impactará en el proceso legislativo.
Trágicamente, el continente sudamericano seguirá siendo testigo de violaciones a los derechos de los consumidores bajo la connivencia de poderes ejecutivos y legislativos corruptos, como en el escandaloso caso de la abogada argentina vinculada a la CTFK en la legislatura mexicana.
Finalmente, otra razón que nos lleva a creer que es probable que las organizaciones antagónicas «financiadas por multimillonarios» aumenten la presión en 2021 se relaciona con la creciente capacidad de convicción de las organizaciones de la sociedad civil apasionadas por la reducción del daño del tabaco en todo el continente. Organizaciones como la recién creada RELDAT, que agrupa a médicos y científicos, ARDT Iberoamérica, Pro-Vapeo México, MEXVAP, Direta, las ASOVAPE en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay (con más a camino), ¡están marcando la diferencia!
Estas organizaciones suman su experiencia regional basada en evidencia a redes globales como la Red Internacional de Organizaciones de Consumidores de Nicotina (INNCO) y World Vapers’ Alliance, y juntos ejercen poder y presión para combatir la desinformación, la estigmatización y las regulaciones desproporcionadas.
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