Casi quince años después de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) implementara una prohibición sobre la venta, importación y publicidad de cigarrillos electrónicos, el debate sobre esta política es más vigente que nunca. Aunque el uso personal y la posesión de estos dispositivos no están restringidos, la decisión de ANVISA de reafirmar la prohibición en 2022, luego de un exhaustivo proceso de revisión regulatoria y una consulta pública, ha generado opiniones encontradas entre la población. Los datos de la última consulta muestran que un creciente número de consumidores y una parte significativa de la sociedad civil demandan una regulación más abierta y basada en evidencia.
En 2009, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), ejerciendo su función reguladora en pro de la salud pública y basándose en el principio de precaución ante la escasez de evidencia disponible por aquel entonces sobre los cigarrillos electrónicos, estableció prohibiciones sobre la venta, importación y publicidad de dichos dispositivos. No obstante, la normativa no extendió la prohibición al uso personal y la posesión de estos productos. Es decir, si un individuo adquiría cigarrillos electrónicos en el extranjero para uso personal, no incurría en ninguna penalidad o infracción legal.
Trece años después, en 2022, durante un proceso de revisión regulatoria que había comenzado en 2019, la Agencia evaluó si debería regular los cigarrillos electrónicos o mantener la prohibición existente. Esta deliberación culminó con una decisión unánime por parte de los directivos de la Agencia, quienes tras realizar una extensa consulta pública optaron por reafirmar las restricciones establecidas en 2009.
Además, se decidió aumentar el rigor de la regulación, complementándola con medidas educativas y campañas de concientización. De acuerdo con la Agencia, estas iniciativas, dirigidas principalmente a niños y jóvenes, buscan informar sobre los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos. Estos esfuerzos se amplificarían mediante una vigilancia reforzada en los medios digitales, en las fronteras y en los puntos de venta gracias a una cooperación más estrecha con el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y organismos como la Receita Federal, la Policía Federal, la Policía Rodoviária Federal, así como el Ministerio Público a nivel federal y estatal.
Para sustentar la decisión de preservar la prohibición, ANVISA emprendió consultas públicas y consultó a instituciones e investigadores externos renombrados, entre ellos la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de California en San Francisco, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad de São Paulo y el Centro de Estudios sobre Tabaco y Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz.
Es importante subrayar que entidades asociadas con la Iniciativa Bloomberg, tales como La Unión, la Campaña por Niños Libres de Tabaco (CTFK, por sus siglas en inglés), la Fundación Interamericana del Corazón y Corporate Accountability tuvieron una presencia significativa durante todo el proceso.
Un aumento del 600 % en usuarios de Cigarrillos Electrónicos en Brasil enciende el debate sobre su legalización.
Percepciones en contra
A medida que se aproxima el 15° aniversario de la publicación de la Resolución de la Dirección Colegiada que prohibió los dispositivos de reducción de riesgos y daños del tabaquismo en el país, se fortalece la percepción pública sobre el efecto contraproducente de dicha prohibición, sugiriendo que está generando más problemas de los que pretende solucionar.
Una percepción que se destaca es que, al decidir mantener el veto a la venta legal de cigarrillos electrónicos y otras alternativas no combustibles a los cigarrillos tradicionales, la agencia omite la protección de millones de ciudadanos que ya recurren a estos productos a través de canales ilícitos extendidos por todo el territorio brasileño. Además, parece pasar por alto las implicancias de fomentar indirectamente un vasto comercio ilegal controlado por el crimen organizado.
Recientes estadísticas señalan que en Brasil el número de usuarios de cigarrillos electrónicos ha registrado un aumento cercano al 600 % en los últimos seis años, alcanzando los 2,9 millones de usuarios en 2023. La Encuesta Telefónica sobre Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Covitel 2023, reveló que la prevalencia más elevada del consumo de cigarrillos electrónicos está en el grupo de edad de 18 a 24 años. Sin embargo, desveló que dentro de este grupo etario se estima que el 17,3 % ha probado los cigarrillos electrónicos, un 6,1 % los utiliza de manera ocasional y un 0,5 % los consume diariamente.
Estas cifras sugieren que, aproximadamente, en el primer trimestre de 2023, 4 millones de personas en Brasil habían utilizado cigarrillos electrónicos en algún momento de su vida. La motivación principal para el uso de estos dispositivos fue «probarlos o por curiosidad», que representa el 20,5 % de los usuarios.
Esta situación ha intensificado el debate sobre la prohibición y el uso de productos de reducción de daños del tabaco, a los que los reguladores denominan «dispositivos electrónicos para fumar«. Este tema se mantiene como un punto de discusión bastante controversial en la sociedad brasileña.
Un indicador de la controversia fue una nueva consulta pública, que concluyó el pasado 9 de febrero, para recopilar nueva información técnica y científica sobre estos dispositivos. Según los datos suministrados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la mayoría de las cerca de 14 mil personas que participaron en esta consulta poseen una visión contraria a la legislación actual. El 58,8 % de los participantes expresó que es viable buscar una forma distinta de regular estos productos que vaya más allá de su simple prohibición, mientras que el 57,7 % considera que la prohibición de la venta y consumo de estos dispositivos en el país tiene impactos negativos.
Además, la consulta sacó a la luz variaciones regionales en las percepciones de los ciudadanos. En regiones como el nordeste, sur y centro-oeste se mostraron más inclinados hacia la regulación, mientras en el norte y sudeste parecieron favorecer la prohibición. Dicha variación puede deberse a factores socioculturales, económicos y de salud pública que difieren significativamente de una región a otra en el país. Entre ellos están la prevalencia del tabaquismo, el historial de políticas progresistas o intervencionistas en lo que respecta al tabaquismo y la salud pública y la influencia de grupos activistas, tanto a favor como en contra de la regulación de los cigarrillos electrónicos.
Expertos y ciudadanos prefieren regulación a prohibición en el debate sobre cigarrillos electrónicos.
La posición de la sociedad civil organizada
En una reciente conversación con Miguel Okumura, presidente de THR BRASIL, discutimos los resultados de la Consulta Pública N.º 1.222/2023 realizada por Anvisa. Okumura resaltó que el periodo de consulta, del 5 de diciembre de 2023 al 9 de febrero de 2024, se destacó por una notable participación social que incluyó a expertos, organizaciones civiles nacionales e internacionales y ciudadanos. Este notable interés subrayaría la complejidad y el significado del debate en torno a la prohibición de lo que reguladores y algunos científicos en Brasil denominan dispositivos electrónicos para fumar.
Okumura compartió percepciones importantes sobre la recepción de la propuesta de Anvisa por parte de la sociedad. Se manifestó una clara tendencia en contra de la prohibición sugerida, con una mayoría pronunciándose a favor de una regulación que facilitaría la comercialización de cigarrillos electrónicos en Brasil. Esta posición indica un reconocimiento cada vez mayor de los beneficios potenciales que ofrece la reducción de daños como estrategia para combatir el tabaquismo, evidenciando las deficiencias de una política de prohibición.
El activista brasileño resaltó la respuesta de los consumidores a la propuesta regulatoria de Anvisa: alrededor del 61,5 % expresó su oposición. Esta reacción reitera el llamado a formular políticas que ofrezcan alternativas menos nocivas que el tabaco convencional. En una línea similar, la actitud de la comunidad científica, aunque dividida, mostró una leve preferencia por la regulación con el 53,5 % de los investigadores respaldando este enfoque. Esto demuestra una predisposición a adoptar la reducción de daños como una estrategia viable en la lucha contra el tabaquismo.
Por otro lado, los profesionales de salud demostraron reservas: un 64,9 % se pronunció a favor de mantener la prohibición, reflejando preocupaciones válidas respecto a los impactos en la salud pública. En ese sentido, Okumura subrayó la importancia de incrementar la educación y el diálogo sobre la reducción de daños entre estos profesionales.
Al concluir, Okumura reiteró la necesidad de implementar políticas orientadas a la reducción de daños y criticó las medidas que se centran exclusivamente en la prohibición. Sostuvo que dichas políticas ya han probado ser ineficaces para abordar el problema del tabaquismo e incluso podrían agravarlo al fomentar el mercado negro.
Sobre el complejo entramado de opiniones y evidencias que rodea este debate en Brasil, Okamura señala la necesidad de un diálogo informado y de matizar las políticas de salud pública. La situación, dijo, resalta la urgencia de una política sólida que considere tanto la evidencia científica como las voces de la sociedad civil para abrir un camino hacia un enfoque más equilibrado y efectivo en la lucha contra el tabaquismo.
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