La política fiscal puede cambiar el rumbo en la lucha contra el tabaco, pero solo si rompe con el viejo juego de las políticas públicas que insisten en replicar fórmulas agotadas frente a un problema que exige matices, evidencia y coraje político.
El más reciente informe breve del Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) sacude las bases del debate sobre fiscalidad y salud pública: ¿y si la salvación de millones dependiera, precisamente, de cómo se decide gravar los productos con nicotina?
Esa es la provocación —tan pragmática como profundamente objetiva y ética— que articula el documento, que es parte de una iniciativa impulsada por la organización británica Knowledge Action Change (KAC).
Lejos de una simple reforma tributaria, el documento propone una relectura ética —y profundamente necesaria— del impuesto como herramienta de cuidado. El mundo sigue atrapado en el humo y la pregunta, incómoda para muchos, resurge con renovada intensidad en el convulso universo del tabaco y la nicotina.
Publicado en los primeros días de abril, el documento lanza un llamado urgente a los gobiernos de todos los continentes: repensar la fiscalidad como una herramienta estratégica para facilitar el tránsito de los fumadores hacia productos de nicotina potencialmente menos nocivos, como el vapeo o el tabaco calentado —los safer nicotine products (SNP), como suelen denominarlos en el Reino Unido—.
El informe subraya que, desde hace décadas, la fiscalidad ha sido el arma predilecta de las políticas de control del tabaquismo: encarecer el cigarrillo para restringir su acceso. Y, de paso, engrosar las arcas del Estado.
El humo no se disipa: una nueva lógica fiscal más allá del castigo
La estrategia ha dado frutos, al menos en parte, contribuyendo a la reducción del consumo en numerosos países. Pero el presente exige más que replicar fórmulas heredadas del pasado: exige distinguir, con rigor científico, entre el veneno y el paliativo.
Bajo el extenso y revelador título “Fiscalidad de Productos de Nicotina Más Seguros y Estrategias Óptimas para la Salud Pública”, el informe advierte sobre una amenaza silenciosa: las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueven gravar los SNP de la misma manera que los cigarrillos convencionales.
Esa equiparación, solo en apariencia razonable, podría ser, según los autores del informe, un error estratégico de consecuencias graves. Al eliminar la diferencia de precio entre productos de riesgo desigual, no solo se desincentiva la transición del fumador: también se alienta, de forma perversa, la recaída de quienes ya habían dejado de fumar.
Firmado por el economista georgiano Giorgi Mzhavanadze, de la Universidad Estatal de Tbilisi, el informe se centra principalmente en los vaporizadores de nicotina y en los productos de tabaco calentado: las categorías de SNP más extendidas y con mayor respaldo empírico. No obstante, sus conclusiones se extienden también a otras alternativas más seguras, como el snus sueco y las bolsitas de nicotina.
En lugar de reciclar fórmulas agotadas, el documento propone un enfoque distinto, más racional y basado en la evidencia: utilizar la fiscalidad como palanca para acelerar la reducción de daños, ajustando los impuestos al riesgo real de cada producto.
Una cartografía incoherente
El panorama internacional trazado por el informe revela una cartografía fiscal desigual y, en muchos casos, incoherente.
En 2023, al menos 54 países y 33 jurisdicciones en Estados Unidos habían implantado impuestos especiales sobre los cigarrillos electrónicos en aquellos lugares donde su venta es legal. Pero la carga impositiva varía de forma drástica: del 88 % en Bielorrusia, al 85 % en Portugal y el 78 % en Noruega, frente al 4 % en Costa Rica y Paraguay o el simbólico 3 % en Kenia.
En Europa, países como Reino Unido, Francia, Bélgica, Austria y España mantenían, hasta fechas recientes, una tasa del cero por ciento sobre estos productos, una postura que empieza a resquebrajarse bajo la presión por una regulación más estricta, en algunos casos draconiana.
Con los productos de tabaco calentado ocurre algo similar. En 2023, al menos 66 países los gravaban con impuestos especiales. Palestina encabezaba la lista con un 79 %, seguida de Israel (75 %), Corea del Sur (58 %) y Japón (55 %). En el otro extremo, Finlandia y Andorra apenas aplicaban un 3 % y un 2 %, respectivamente.
Sin embargo —revela el informe— el problema no termina en la tabla impositiva. El documento advierte que una fiscalidad más baja no siempre se traduce en precios más accesibles. Esta lógica no solo frustra la efectividad fiscal: también erosiona la equidad. En muchos países, los productos de menor riesgo son, paradójicamente, los menos accesibles para quienes más los necesitan. Así, la opción más segura queda reservada para los bolsillos más profundos, convirtiendo la salud pública en un privilegio y no en un derecho compartido.
Además, con frecuencia es la propia industria la que absorbe ese margen para engrosar sus beneficios, en lugar de trasladar el ahorro al consumidor. De este modo, se neutraliza el impacto previsto de las políticas fiscales orientadas a favorecer el uso de SNP, reduciendo la eficacia de una estrategia que, potencialmente, podría salvar vidas.
Una apuesta ética
Frente a esta realidad, el GSTHR lanza un mensaje inequívoco: incluso aquellos países que dependen económicamente de la recaudación por tabaco deben replantear su enfoque a la luz de los beneficios estructurales a largo plazo.
Reducir el tabaquismo no solo salva vidas, también alivia la presión sobre los sistemas de salud, incrementa la productividad y, paradójicamente, puede traducirse en ahorros sustanciales para los propios Estados.
Entre las propuestas más audaces del informe destaca la subvención directa de SNP para fumadores actuales, una estrategia que, aunque contraintuitiva en apariencia, podría resultar decisiva para acelerar el cambio de hábito. Como ocurre con los parches y chicles de nicotina —ya subvencionados en numerosos sistemas sanitarios—, reducir el coste de acceso a estos productos podría facilitar la transición y ampliar el impacto de las políticas de salud pública.
Para Giorgi Mzhavanadze, la clave está en aplicar la fiscalidad con inteligencia y valentía política. A su juicio, en muchos países, los impuestos han sido una herramienta decisiva para reducir las tasas de tabaquismo y podrían desempeñar un papel aún más relevante si se adoptan enfoques basados en evidencia que distingan claramente entre productos combustibles peligrosos y alternativas significativamente más seguras.
“De este modo —afirma— será posible acelerar el fin del tabaquismo y mejorar la salud pública, tanto a nivel individual como colectivo”.
En última instancia, el informe propone mucho más que una reforma tributaria. Plantea un realineamiento ético: abandonar la comodidad de las soluciones binarias y asumir, con responsabilidad política, la complejidad de la reducción de daños como política de Estado.
En un territorio atravesado por resistencias ideológicas, ausencia de diálogo entre partes enfrentadas y conflictos de interés profundamente enraizados, convertir el impuesto en una herramienta de cuidado puede ser, quizás, la forma más concreta —y urgente— de hacer política para la vida.
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