Vapear es igual que fumar, o por lo menos así lo consideran en el archipiélago más grande del mundo, que tiene una de las diez economías más importantes del planeta. La nueva legislación integral en Indonesia, que trata de manera equivalente a los cigarrillos combustibles y electrónicos, es un retroceso alarmante en la regulación del consumo de nicotina.
Hace un año, Indonesia aprobó la regulación de los cigarrillos electrónicos y unificó su política de salud pública a través de la Ley Ómnibus de Salud, la cual reemplazó 11 leyes anteriores. Recientemente, el gobierno ha reforzado esta iniciativa con el Reglamento Gubernamental No. 28, que sustituye 31 regulaciones previas para ofrecer «un marco más coherente» en la implementación de la ley.
El nuevo reglamento impone normativas más estrictas que no distinguen entre productos de tabaco y vapeo, unificando así la regulación para ambos. Entre las principales medidas se han redefinido los límites de nicotina y alquitrán, se ha implementado una lista de materiales prohibidos, se han limitado los tamaños de empaque y se han endurecido las restricciones de venta, que ahora incluyen el aumento de la edad mínima de compra y la prohibición de ventas en plataformas digitales. De acuerdo con la nota divulgada a la prensa, la regulación impone controles más severos bajo la supervisión del Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Asuntos Culturales, junto con otros ministerios.
Aunque el objetivo es reducir los riesgos asociados al consumo, expertos en salud pública advierten que estas medidas podrían desincentivar el uso de alternativas menos nocivas, como el vapeo. El desafío clave frente a medidas como estas es encontrar un equilibrio que proteja la salud pública sin desalentar la reducción de daños en el tabaquismo.
Desde Yakarta, Garindra Kartasasmita, secretario general de la Asociación de Vaporizadores Personales de Indonesia (APVI), expresó su preocupación respecto al desarrollo de la legislación. «El Proyecto de Ley de Salud n.º 17 de 2023 se elaboró correctamente, separando los productos del tabaco de los cigarrillos electrónicos y estableciendo que estos últimos deben regularse en función de su perfil de riesgo para la salud. Sin embargo, su reglamento derivado, el Reglamento Gubernamental n.º 28 de 2024, impone las mismas restricciones a los productos del tabaco y a los cigarrillos electrónicos, lo cual consideramos inadecuado y un obstáculo para los productos menos nocivos», señaló.
«Estamos trabajando para fortalecer nuestra relación con cada ministerio involucrado y proporcionar aportaciones y argumentos más precisos, basados en nuestra experiencia. Actualmente, estamos exigiendo ajustes e intentando movilizar a todos los sectores afectados, incluidos el parlamento, los minoristas y las empresas de publicidad, que también se ven impactados por el Reglamento Gubernamental n.º 28 de 2024», agregó.
La nueva normativa: ¿un laboratorio de Bloomberg?
La regulación sobre materiales peligrosos ha dado un giro significativo al reemplazar la lista de sustancias permitidas con una lista de materiales prohibidos, diseñada por el Ministerio de Salud.
Aunque la intención es reducir los riesgos asociados al consumo, esta medida ha suscitado preocupación por posibles efectos adversos, como el incremento del contrabando o el retorno de usuarios de vapeo al tabaquismo convencional, lo que podría socavar los avances en la reducción de daños. La efectividad de esta política dependerá de su capacidad para prevenir tales desvíos y garantizar un control riguroso sobre los productos en el mercado.
Las regulaciones sobre el empaque de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos se han endurecido, con nuevas normas que limitan el tamaño de los paquetes. Estas medidas, alineadas con estándares conservadores de control del tabaco, buscan restringir la comercialización y accesibilidad. Sin embargo, preocupa que estas restricciones puedan disminuir la atractividad de alternativas menos dañinas para quienes intentan reducir o dejar de fumar. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre una regulación efectiva y el acceso a opciones más saludables, un aspecto que el texto no enfatiza lo suficiente.
Las nuevas restricciones de venta también representan un cambio significativo en la regulación, elevando la edad mínima de compra de 18 a 21 años y prohibiendo la venta en plataformas digitales. Estas medidas, orientadas a limitar el acceso de menores, podrían, sin embargo, generar efectos no deseados. Por ejemplo, en áreas rurales, donde las opciones de compra son limitadas, la prohibición de ventas en línea podría dificultar el acceso para quienes dependen de este canal, fomentando la aparición de un mercado negro fuera del control sanitario y legal.
De nuevo, el éxito de estas políticas dependerá de la capacidad para proteger a los jóvenes sin crear barreras que obstaculicen el abandono del tabaquismo o el acceso a alternativas menos perjudiciales.
La nueva normativa exige que los lugares de trabajo y espacios públicos incluyan áreas designadas para fumadores, en un intento por equilibrar los derechos de los fumadores con la protección para los no fumadores frente al humo de segunda mano. Sin embargo, al equiparar fumar con vapear en estos espacios, surgen preocupaciones sobre un posible desincentivo para quienes han optado por el vapeo como una alternativa menos perjudicial.
Esta equiparación podría desdibujar las diferencias en los riesgos asociados a cada práctica. Las políticas propuestas no reconocen estas diferencias y no fomentan la transición hacia comportamientos más saludables sin reforzar involuntariamente el consumo de nicotina.
Las restricciones sobre la publicidad de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos se han endurecido igualmente, con una prohibición total en redes sociales y plataformas digitales. Esta medida, diseñada para proteger a los jóvenes de la influencia de la publicidad, busca reducir su exposición a contenidos que podrían incitarlos a comenzar a fumar. Sin embargo, esta prohibición presenta un desafío significativo: limita la difusión de información sobre alternativas menos nocivas, como el vapeo.
Al restringir el acceso a esta información se corre el riesgo de que los fumadores que desean reducir o abandonar su hábito no estén al tanto de las opciones disponibles. El reto para los reguladores será encontrar un equilibrio que proteja a los jóvenes sin impedir que los fumadores accedan a la información necesaria para una transición hacia opciones más seguras.
Una oportunidad perdida
Indonesia, donde más de un tercio de la población adulta fuma (35,4%), es uno de los mayores mercados de cigarrillos del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras que en el mundo se anticipa una disminución del consumo de tabaco al 18,1% para 2023, en Indonesia se espera que la prevalencia aumente al 38,7% en 2030. Paralelamente, el porcentaje de usuarios de cigarrillos electrónicos ha crecido del 3% en 2014 al 11,9% en 2024.
Esta situación destaca la necesidad urgente de políticas que no solo regulen, sino que también promuevan alternativas más seguras para mitigar el impacto del tabaquismo en la población.
En un país donde el tabaquismo continúa en aumento, sería imperativo adoptar un enfoque equilibrado que incorpore la reducción de daños como una herramienta clave para salvar vidas. Facilitar la transición hacia opciones más seguras, como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, podría disminuir las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. La nueva ley integral, al regular el vapeo de manera similar al tabaco tradicional, ha provocado críticas y ha desencadenado un debate necesario sobre cómo integrar de manera efectiva las estrategias de reducción de daños en las políticas nacionales de salud.
«En su forma actual, las regulaciones podrían, sin quererlo, frenar el crecimiento de estas alternativas, que de otro modo podrían desempeñar un papel en la reducción de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo», destaca un directivo de la industria tabacalera que prefiere mantenerse en el anonimato. «La regulación equiparada con los productos de tabaco tradicionales ignora las diferencias fundamentales en los riesgos asociados y podría desincentivar a los fumadores de hacer la transición hacia estas opciones menos nocivas», concluye.
La falta de investigación en Indonesia: un desafío para la regulación del tabaquismo
Las políticas públicas deben fundamentarse en la evidencia científica y ajustarse a las realidades locales, promoviendo un enfoque de salud pública que no solo limite el acceso al tabaco, sino que también impulse alternativas de menor riesgo. Kartasasmita subrayó que influencias externas, como las de Bloomberg y la OMS, pueden haber sido determinantes en la normativa actual, que equipara los cigarrillos convencionales y electrónicos.
No obstante, advirtió que la falta de investigación local en Indonesia es un desafío crucial que debe abordarse, ya que el gobierno indonesio suele confiar más en pruebas locales que en investigaciones globales. Además, sugirió que contar con el respaldo de la FDA de EE.UU. podría ser beneficioso, dado que las normativas en Indonesia a menudo se ven influenciadas por las políticas regulatorias estadounidenses.
Un marco regulador equilibrado debería integrar herramientas de reducción de daños, protegiendo a los jóvenes y brindando a los fumadores adultos opciones más seguras. Este debate exige un cambio de paradigma en la salud pública, de modo que gobiernos como el de Indonesia ajusten sus políticas para enfrentar el tabaquismo con una estrategia integral que salve vidas.
Este debate trasciende la regulación en Indonesia, pues encarna un cambio de paradigma en la salud pública que requiere una evaluación cuidadosa y un compromiso firme por parte de los gobiernos para adaptar las políticas a las necesidades reales de la población. Solo así, países como Indonesia podrán enfrentar el desafío del tabaquismo con una estrategia integral que, además de proteger a los no fumadores, permita salvar vidas al facilitar la transición desde el tabaquismo hacia alternativas más seguras.
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