Una investigación demuestra que en Panamá, a pesar de la prohibición, el uso de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos sin combustión es del 5 % entre la población adulta y hay un flujo constante de ventas de minoristas y revendedores. ¿Cuáles son las implicaciones?
El informe «Prevención del Comercio Ilícito: Alternativas sin Combustión en Panamá», realizado por la firma Povaddo bajo encomienda de Phillip Morris International, revela la persistencia de la venta y uso de cigarrillos electrónicos en Panamá a pesar de la Ley 315, promulgada en junio de año pasado, que los prohíbe. Aunque están prohibidos, estos productos siguen siendo fácilmente accesibles en el país. Adicionalmente, esta situación se presenta justo cuando Panamá se prepara para acoger la Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que se realizará en noviembre.
Otra prohibición inútil
De acuerdo con expertos, la Ley 315 fue el catalizador que llevó a la consolidación de un gran mercado ilícito, con predominio de dispositivos y productos falsificados. Según la encuesta de Povaddo, alrededor del 5 % de los adultos en Panamá, es decir unos 200.000 usuarios, utilizan cigarrillos electrónicos. Esto denota un flujo de ventas constante pese a la prohibición y contrasta con las cifras de las encuestas nacionales de salud y de la Organización Mundial de la Salud de 2019 y 2020 respectivamente, lo que sugiere que la Ley 315 no ha logrado limitar el consumo de estos productos.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de Panamá de 2020, solo el 0,4 % de los panameños utilizó algún dispositivo de vapeo en el mes previo a la encuesta. Este porcentaje aumenta ligeramente al 0,8 % en el caso de los hombres, mientras que es solo del 0,1 % en las mujeres. El siguiente año, la encuesta de la Organización Mundial de la Salud arrojó resultados similares con un 0,8 % de los panameños usando productos sin combustión, siendo el 1 % hombres y el 0,5 % mujeres. Además, el 6,1 % de la población general consumía productos de tabaco, con un 9,4 % de hombres y un 2,8 % de mujeres.
La comparación de estos datos con el informe de Povaddo, que indica una prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos del 5 % entre la población adulta, indica un aumento significativo en el uso de estos dispositivos a pesar de la prohibición impuesta por la Ley 315. Esto muestra que la ley no ha sido efectiva para limitar el consumo de productos sin combustión en Panamá y sugiere que, por el contrario, ha alimentado un creciente mercado ilegal.
Los productos más populares en Panamá: desechables y falsos
El estudio de Povaddo también señala la preferencia del mercado panameño por los cigarrillos electrónicos desechables. Este tipo de dispositivos, que ofrecen alrededor de 2.500 caladas y cuestan unos 15 dólares, son los más comunes en las tiendas. Aunque también se mencionaron cigarrillos electrónicos con cápsulas y cartuchos, son menos comunes y más costosos, variando entre 20 y 75 dólares.
Un hallazgo alarmante del estudio es que la mayoría de los cigarrillos electrónicos desechables de la marca más popular en Panamá son falsificaciones, como se descubrió al comprobar que sus códigos de producto no coinciden con los del sitio web oficial de la marca. Esta situación genera preocupación sobre la autenticidad y calidad de los productos disponibles, que pueden afectar la salud y seguridad de los usuarios.
Finalmente, el informe destaca que los canales de venta más populares para estos productos son las tiendas en línea y los vendedores en redes sociales, que ganaron popularidad después de la aprobación de la Ley 315. Esto subraya la necesidad de una regulación más estricta y de mayor consciencia por parte de los consumidores acerca de los riesgos de comprar productos falsificados.
El mercado negro y sus consecuencias
Los productos alternativos sin combustión, como los cigarrillos electrónicos, llegan a Panamá principalmente desde China, Estados Unidos, Europa (particularmente España o Suiza) y México a través de puertos en Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. Curiosamente, estos productos no están prohibidos en la Zona Libre de Colón, lo que crea una discrepancia normativa y favorece el mercado negro de cigarrillos electrónicos en el país.
La Ley 315, que sencillamente prohíbe estos productos, ha llevado a la proliferación de productos falsificados que no han pasado pruebas de seguridad y representan un riesgo para los consumidores. Existe una contradicción notable, ya que los cigarrillos combustibles, que son una fuente de daño para los fumadores, siguen permitidos, mientras se prohíben los productos alternativos sin combustión.
Varios expertos, incluyendo a Tomás Sánchez de la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá (ARDTP), Esteban Giudici de TRACIT y Alejo Campos de Crime Stoppers International, advierten que Panamá está dejando pasar la oportunidad de recaudar impuestos con la venta de estos productos. Este ingreso podría utilizarse, por ejemplo, para fortalecer las instituciones que tratan enfermedades relacionadas con el tabaquismo, así como una regulación adecuada podría asegurar la protección de la salud de los usuarios. Además, estos expertos señalan que la prohibición actual solo sirve para ampliar las oportunidades de las organizaciones criminales, proporcionándoles otro producto ilegal para comercializar.
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