Cuando la cruzada global contra la nicotina olvida a quienes más necesitan alternativas, la salud pública se convierte en un espejismo.
En un tablero global donde las legislaciones compiten por ostentar severidad, la reducción de daños se desvanece como una nota olvidada. París recorta los límites de nicotina, Londres veta el vapeo desechable, Madrid camufla los paquetes, Yakarta silencia las redes. Pero en medio de este ruido regulatorio, ¿quién piensa en el fumador adulto que intenta escapar del humo letal?
El eco de una misma melodía resuena desde Europa hasta Asia: gobiernos que, en nombre de la salud pública, imponen restricciones cada vez más rigurosas sobre los productos alternativos de nicotina. Susurros burocráticos en París, deliberaciones parlamentarias en Madrid, decretos en Bucarest, regulaciones en Jerusalén y Yakarta, todos afinados en una partitura normativa que parece inalterable.
Sin embargo, bajo esta apariencia de coherencia regulatoria se agitan tensiones más profundas: la narrativa urgente de proteger a los jóvenes, el temor latente al aumento del consumo de nicotina y el anhelo político de alinearse con los dictados internacionales. Y, al fondo, casi inaudible, persiste la esperanza que incomoda a tantos: la lógica de la reducción de daños, esa estrategia que ha salvado —y podría seguir salvando— miles de vidas, pero que rara vez encuentra lugar en el escenario grandilocuente de las políticas públicas contemporáneas.
Francia: de los límites de nicotina a la “generación libre de tabaco”
A partir del 1 de julio, el gobierno francés prohibirá fumar en espacios públicos al aire libre frecuentados por niños —playas, parques, jardines, entornos escolares, marquesinas de autobús y recintos deportivos—. La medida, anunciada por la ministra Catherine Vautrin, contempla una multa de hasta 135 euros para quienes la infrinjan, bajo el argumento de que “el derecho de los menores a respirar aire limpio debe prevalecer”. El perímetro exacto alrededor de los centros escolares se definirá mediante decreto, con el asesoramiento del Consejo de Estado y la implementación práctica a cargo de los ayuntamientos. La prohibición abarcará también colegios y liceos, buscando evitar que los estudiantes fumen frente a sus instalaciones. Sin embargo, por el momento, las terrazas de los cafés y el uso de cigarrillos electrónicos quedan excluidos de esta restricción.
Simultáneamente, en París, Vautrin anunció que el gobierno planea “reducir el nivel permitido de nicotina” en los líquidos para vapeo, actualmente fijado en 20 mg/ml conforme a la Directiva de Productos de Tabaco (TPD) de la Unión Europea. Según la ministra, se buscará tomar decisiones con base en “asesoramiento científico y técnico” para definir los detalles de la medida, que deberá entrar en vigor “antes de que concluya el primer semestre de 2026”.
En paralelo, senadores del partido gobernante Renaissance presentaron un proyecto de ley para regular las bolsas de nicotina (nicotine pouches), estableciendo un límite de 16,6 mg de nicotina por unidad, prohibiendo su venta a menores, vetando aditivos que alteren la absorción de nicotina o atribuyan propiedades energéticas, exigiendo advertencias sanitarias gráficas (formato aún por determinar) y prohibiendo cualquier descriptor que genere “una impresión errónea sobre las características, efectos o riesgos del producto”.
Este movimiento legislativo revela, por un lado, el reconocimiento de que existen productos alternativos al cigarrillo con potencial terapéutico para fumadores adultos; por otro lado, el temor de que estas mismas opciones alimenten el mercado gris o seduzcan a los jóvenes. La paradoja es manifiesta: mientras se pretende reducir el nivel de nicotina, algunos críticos advertían ya en febrero de 2025 que el decreto gubernamental buscaba prohibir directamente las bolsas de nicotina, medida que, según ellos, solo fomentaría el mercado negro.
Respecto a un posible aumento de impuestos al tabaco, Vautrin declaró que no hay nuevas subidas previstas, citando su preocupación por el contrabando y la necesidad de apoyar a los estancos en la diversificación de sus actividades comerciales.
De cara al primer semestre de 2026, el gobierno también proyecta disminuir el nivel de nicotina permitido en productos de vapeo y reducir el número de sabores disponibles, aunque los detalles dependerán de futuras recomendaciones científicas y técnicas. Estas medidas se enmarcan dentro del Programa Nacional de Lucha contra el Tabaquismo 2023-2027, que persigue el objetivo ambicioso de “liberar a una generación del tabaco para 2032”.
Los movimientos antitabaco llevaban tiempo exigiendo acciones concretas: 1.600 municipios franceses, de manera experimental, ampliaron las prohibiciones locales a unos 7.000 espacios al aire libre. Una encuesta realizada por la Liga contra el Cáncer revela que el 62 % de los franceses apoya la expansión de las zonas libres de humo.
La agenda regulatoria francesa adquiere un cariz aún más radical con la iniciativa del diputado ecologista Nicolas Thierry, quien propone prohibir la venta de tabaco y productos de tabaco calentado a toda persona nacida a partir del 1 de enero de 2014.
Respaldado por la organización Alliance Against Tobacco (ACT), su proyecto aspira a crear de facto una “generación libre de tabaco”. Aunque todavía sin fecha de presentación formal, esta propuesta empuja los límites tradicionales: no basta con regular contenido o empaques, es preciso impedir por completo que la nicotina llegue a quienes, idealmente, crecerán inmunes a sus riesgos.
España: el ocaso del color en los paquetes de tabaco y el silencioso y duro golpe contra los vapeadores
En Madrid, Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, ha confirmado que el gobierno se encuentra en la “fase intermedia” de un proyecto de ley que impondrá el empaquetado neutro, una medida que promete redibujar el paisaje de las cajetillas en España.
En su versión inicial, el borrador presentado a la Unión Europea en enero también perseguía la prohibición de sabores distintos al tabaco en vaporizadores, pouches y herbales para calentar. No obstante, tras recibir asesoría legal, se decidió retirar temporalmente la disposición de empaquetado neutro y enmarcar la reforma dentro de la ley principal de control del tabaco.
Aunque el empaquetado neutro es un paso lógico dentro de la tradición prohibicionista en materia de control del tabaco y, en seguida, la eliminación de sabores —dotando de coherencia a España frente a países con normativas más estrictas—, su implementación no está exenta de costos implícitos, como penalizar a aquellos fumadores que han encontrado en las alternativas libres de combustión una vía real para abandonar el cigarrillo convencional.
El Ministerio de Sanidad español parece ignorar dos estudios fundamentales liderados por Abigail Friedman que analizan los efectos de las restricciones de sabores en estos dispositivos.
El primer estudio (2023) examinó datos de ventas minoristas en más de 375 localidades y siete estados de Estados Unidos que adoptaron restricciones permanentes sobre la venta de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (ENDS) con sabores. Al cruzar políticas locales con cifras de ventas, los autores detectaron un efecto paradójico: por cada cápsula de 0,7 mL de ENDS que dejaba de venderse debido a las restricciones de sabores se vendían 15 cigarrillos combustibles adicionales. Además, observaron un incremento en las ventas de marcas de cigarrillos especialmente populares entre menores de edad.
Estos hallazgos sugieren que los beneficios para la salud pública derivados de la reducción en el uso de ENDS podrían verse anulados por el incremento en el consumo de cigarrillos tradicionales, cuyas consecuencias sanitarias son ampliamente conocidas y devastadoras.
Un estudio anterior (2021), también firmado por Friedman y centrado en la prohibición de cigarrillos electrónicos con sabores en San Francisco, corroboró un fenómeno similar. Utilizando un enfoque de análisis de diferencias en diferencias (difference-in-differences), el estudio mostró que, lejos de disminuir, el tabaquismo juvenil aumentó en San Francisco en comparación con áreas donde no se habían implementado restricciones similares.
Adicionalmente, una investigación conjunta de la University of Bristol y la agencia gubernamental británica Office of Health Improvement and Disparities concluye que las restricciones sobre los aromas podrían impactar a quienes fuman y vapean de formas imprevistas, haciendo que fumar resulte más atractivo que vapear. No obstante, la orientación de la actual administración española parece tender hacia un marco regulatorio homogeneizador que desatiende la evidencia científica más reciente.
En conjunto, estos estudios revelan un posible efecto no deseado de las prohibiciones de sabores: al limitar el acceso a productos de nicotina menos nocivos, las políticas restrictivas podrían estar empujando a ciertos grupos —incluidos los más jóvenes— a regresar al consumo de cigarrillos combustibles. Una ironía inquietante que plantea serias dudas sobre la efectividad real de estas iniciativas en términos de reducción de daños.
Reino Unido y Escocia: el fin de los desechables y la utopía de la “generación sin cigarrillos”
El 1 de junio de 2025 entró en vigor en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte (consulte los enlaces individuales para conocer las normativas aplicables a cada país) la prohibición de la venta de vaporizadores desechables, una medida celebrada con entusiasmo por el gobierno británico. El argumento esgrimido es claro: es necesario para frenar la denominada “epidemia” de vapeo juvenil, pues estos dispositivos, accesibles por su bajo precio y amplia gama de sabores, resultaban particularmente atractivos para los adolescentes.
En el Parlamento escocés, el 21 de mayo se aprobó una moción de consentimiento legislativo que permite la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Tabaco y Vapes en Escocia. Esto incluye una futura prohibición generacional de tabaco y productos de tabaco calentado. La ley, aún bajo revisión en la Cámara de los Lores, confiere al Ejecutivo amplias facultades para regular contenido, empaques, diseño y comercialización de todos los productos que contienen nicotina.
Sin embargo, detrás de los anuncios rimbombantes, los datos científicos invitan a matizar el panorama de esta supuesta “crisis”. El mercado real de la nicotina sigue firmemente en manos de los adultos. En Gran Bretaña, la proporción de vapeadores adultos frente a jóvenes es abrumadora: once adultos por cada joven. La distancia se amplía aún más si se incluye a los fumadores tradicionales. En este contexto, cualquier discusión seria sobre el vapeo juvenil debería enmarcarse en esta escala demográfica, recordándonos que el fenómeno, lejos de ser una epidemia juvenil, es principalmente una práctica adulta.
Intentar erradicar el vapeo entre los jóvenes mediante políticas prohibitivas revela, más que determinación, una visión ingenua de la realidad social. Algunos de esos jóvenes, al ser privados del vapeo, buscarán refugio en prácticas más dañinas, como el consumo de tabaco convencional o en mercados ilícitos. Otros, quizás, simplemente estén de paso, explorando un hábito efímero que abandonarán con la misma fugacidad con que lo adoptaron.
¿Hasta qué punto resulta legítimo imponer restricciones severas a toda una población adulta en nombre de proteger a quienes tal vez no precisan ser salvados? La cuestión desborda los límites de la salud pública para adentrarse en terrenos más profundos: los de la justicia y la libertad. Sin una estrategia de transición basada en la reducción de daños, por ejemplo, promoviendo el vapeo regulado con nicotina, muchos adultos jóvenes podrían verse empujados hacia los márgenes del mercado, a zonas grises donde los productos carecen de controles sanitarios y los riesgos son, en el mejor de los casos, desconocidos.
Moldavia y Bulgaria: rutas divergentes hacia el control del vapeo y los calentados
En Chisináu, el Parlamento de Moldavia aprobó el 29 de mayo un proyecto de ley gubernamental que prohíbe la venta de bolsas de nicotina y de tabaco calentado con sabor. La iniciativa exige, además, advertencias sanitarias gráficas que ocupen el 65 % del empaquetado y establece nuevas restricciones sobre etiquetas, comunicación pública y uso de dispositivos de vapeo y productos calentados en espacios públicos. El texto ahora espera el veto o sanción presidencial. De ser aprobado, el Ejecutivo dispondrá de 12 meses para dictar los reglamentos secundarios correspondientes.
Mientras tanto, en Sofía, el comité de salud del Parlamento búlgaro rechazó, el 4 de abril, una iniciativa legislativa que pretendía extender las restricciones aplicables al tabaco convencional a los vaporizadores y productos de tabaco calentado en espacios públicos. El proyecto, impulsado por varias formaciones opositoras, proponía prohibir el vapeo en zonas al aire libre frecuentadas por menores, como parques infantiles y polideportivos. La negativa del comité, aunque de carácter meramente consultivo, dejó en evidencia el debate interno: ¿es más urgente proteger a los jóvenes o preservar un espacio regulado para consumidores adultos que han apostado por la reducción de daños?
La dicotomía entre Moldavia y Bulgaria revela dos visiones contrapuestas: una que reclama un control abarcador, confiando en cortar toda ruta de acceso al consumo, y otra que reconoce el valor de conservar opciones menos dañinas para los adultos, siempre dentro de marcos regulatorios estrictos.
En Moldavia, la implementación de advertencias gráficas del 65 % en los paquetes contrasta con el rechazo búlgaro y muestra cómo un pequeño país europeo puede abrazar sin matices la línea dura de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que cuando se prohíbe sin ofrecer alternativas seguras, los consumidores tienden a regresar al cigarrillo convencional o a migrar hacia los márgenes del mercado, allí donde la regulación no alcanza y los riesgos aumentan.
Israel e Irak: etiquetas, prohibiciones y aperturas contradictorias
La Knesset de Israel, a través de su Comité de Asuntos Económicos, aprobó el 28 de mayo un reglamento que impondrá advertencias gráficas cubriendo el 75 % del empaquetado de vaporizadores y tabaco, incluidos los productos de tabaco calentado. La cifra supone un descenso desde el 90 % inicialmente previsto, buscando aislar un espacio para la marca y evitar que las cigarras (cigarrillos delgados) queden exentas. Estas nuevas disposiciones, basadas en la ley de marzo de 2024, entrarán en vigor en junio de 2026.
Aunque las advertencias gráficas son una herramienta validada en políticas de salud pública, la rigidez israelí insiste en una sanción visual hacia el consumidor, más que en la promoción de una información equilibrada sobre la reducción de riesgos. Cuando el etiquetado emplea imágenes dramáticas, pero omite orientar sobre alternativas menos dañinas, el efecto puede ser paradójico: el usuario, saturado de estímulos negativos, desatiende el mensaje y, en ocasiones, recurre a productos prohibidos a través de rutas clandestinas.
En contraste, en Bagdad el Consejo de Ministros acordó el 27 de mayo levantar la prohibición de importación de vaporizadores y tabaco calentado, vigente desde mayo de 2025, como enmienda a la Ley de Protección contra el Daño del Tabaco. Esta flexibilización sorprende en un contexto global de creciente endurecimiento. El propio Ministerio de Salud iraquí reconoció que la prohibición absoluta no detuvo el consumo, sino que encareció precios y fomentó la falsificación.
La decisión iraquí reabre un espacio de esperanza para el paradigma de la reducción de daños: experimentar, en terreno árido, si la incorporación controlada de alternativas puede efectivamente disminuir el consumo de combustibles tradicionales.
Indonesia: el sigilo de la comunicación y el control digital
En Yakarta, el Ministerio de Salud prepara para finales de 2025 un reglamento que restringirá la comunicación digital sobre vaporizadores, amparándose en una normativa exhaustiva aprobada en julio de 2024. Aunque los detalles aún se encuentran en borrador, la intención oficial es clara: limitar los anuncios, las promociones en redes sociales y cualquier mensaje que pueda “glamorizar” el vapeo.
Este asedio digital al vapeo expone una de las paradojas más inquietantes de la comunicación contemporánea: en un entorno donde el acceso a la información debería empoderar al ciudadano, la censura de mensajes basados en evidencia corre el riesgo de dejar al usuario informado a merced de narrativas simplistas y alarmistas.
Cuando se restringe el debate en foros abiertos, comunidades científicas y plataformas de divulgación, no disminuye el consumo, solo muta. Los consumidores, privados de información fiable, migran hacia grupos cerrados, espacios opacos donde circula contenido desprovisto de rigor científico y proliferan mitos, medias verdades y desinformación.
Así, en lugar de proteger, el control excesivo fragiliza: convierte el conocimiento en clandestino y, al hacerlo, erosiona la posibilidad de un debate público informado sobre la reducción de daños y las alternativas menos nocivas.
Entre la moralidad y la ciencia
A simple vista, estas normativas parecen dispares: límites de nicotina en París, prohibición generacional en Londres, empaquetado neutro en Madrid, advertencias gráficas en Jerusalén, restricciones digitales en Yakarta. Sin embargo, al entrelazarlas, emerge una lógica común: regular, prohibir, estigmatizar. El denominador compartido es una visión punitiva de la nicotina, concebida como un veneno que, insisten, “no admite matices”. Pero la ciencia narra otra historia: la nicotina, aislada de la combustión, es considerablemente menos dañina. Su principal riesgo reside en el potencial de generar dependencia, no en el cáncer.
Cuando un Estado decide, de forma arbitraria, recortar los niveles de nicotina, prohibir sabores, formatos, publicidad, y lo hace sin articular un programa robusto de educación, asesoría y supervisión sanitaria, abre un vacío. Y en ese vacío proliferan los vendedores de pouches adulterados, los líquidos de contrabando con niveles tóxicos, los dispositivos clandestinos de origen incierto. Lo que es peor: muchos usuarios, privados de sus herramientas de transición, terminan regresando al enemigo más letal que pretendían dejar atrás: el cigarrillo convencional.
París, Madrid, Londres, Chisináu, Sofía, Jerusalén, Bagdad y Yakarta trazan un mapa de prohibiciones y restricciones que, aunque heterogéneas en apariencia, comparten una convicción: que controlar la nicotina equivale a ejercer control social. Pero la nicotina no es un enemigo monolítico; sus efectos son modulados por contextos corporales, trayectorias personales, entornos socioeconómicos. Ignorar esta complejidad es cerrar los oídos a décadas de investigación interdisciplinaria que clama por respuestas situadas, éticas y científicamente informadas.
El camino, lo sabemos, no es sencillo. Implica admitir que, para cada fumador adulto, la nicotina puede ser tanto un veneno como un alivio: veneno cuando se inhala entre humos de combustión; alivio cuando se administra sin fuego ni alquitrán. Defender esta perspectiva es apostar por la complejidad, por la compasión, por la posibilidad de una redención sanitaria que no empuje al usuario a la clandestinidad. Es reconocer que las políticas de tolerancia cero al vapor no logran sus fines: antes bien, precipitan a los más vulnerables hacia mercados inseguros y marginales.
Quizá la gran lección sea aprender a escuchar el susurro de la evidencia en medio del estruendo de la moral pública. Porque si persistimos en demonizar todo lo que huela a nicotina, corremos el riesgo de clausurar la única salida posible para quienes más la necesitan. Y cada rendija cerrada se traduce en vidas hipotecadas por enfermedades prevenibles.
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