Edwin Zuñiga del partido Cambio Democrático presentó ante la Asamblea Nacional de Panamá un proyecto de ley (PL 209) que busca introducir un marco regulatorio para los productos de vapeo y tabaco calentado.
A pesar de haber aproximadamente 175 mil fumadores y 910 muertes anuales relacionadas con el tabaquismo, el comercio del vapeo y del tabaco calentado está prohibido en Panamá desde el Decreto Ejecutivo No. 1838. Ahora el diputado Edwin Zuñiga del partido Cambio Democrático presentó ante la Asamblea Nacional de Panamá un proyecto de ley (PL 209) que busca introducir un marco regulatorio para los productos de vapeo y tabaco calentado.
¿Qué dice la propuesta?
El proyecto de ley establece definiciones reglamentarias específicas para los productos para calentar tabaco (“productos de tabaco calentado”), así como para los productos de vapor (“sistemas electrónicos de administración de nicotina”) y el acto de “vapear”. Además, legalizaría la venta y crearía reglas comerciales claras. Las empresas tendrían que obtener un «aviso de operaciones» del Ministerio de Comercio e Industrias y una autorización especial del Ministerio de Salud para vender productos de vapeo y tabaco calentado. Igualmente, el PL prohíbe la publicidad de productos, excepto en el punto de venta “a través de comunicaciones verbales directas”.
Está prevista también la exigencia de etiquetas con textos de advertencia en todos los productos. Esto incluye los líquidos de vapeo, cuyo empaque debe indicar que el “producto contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva” y que es “solo para adultos”. El texto prohíbe el uso del vapeo y de tabaco calentado en locales públicos, incluidas las oficinas privadas y los “entornos públicos y privados, abiertos o cerrados, destinados a actividades deportivas”. Ya en el ámbito tributario el proyecto de ley prevé introducir un impuesto del 50% sobre el precio minorista del producto.
¿Por qué es importante la regulación?
El presidente de la Asociación por la Reducción de Daños por tabaquismo de Panamá (ARDT PANAMÁ), Tomás Sánchez, comenta que el proyecto de ley es un avance. Insiste en que la prohibición es una mala práctica de política pública en todos los países. También indica que aunque la regulación sea positiva hay que hacer algunos estudios en cuanto a los impuestos y otras normativas, que si no se toman en cuenta podrán recaer en el consumidor.
Actualmente el Ministerio de Salud ha dado la espalda a muchas personas en relación con el tabaquismo. No les ha ofrecido herramientas eficaces que puedan ayudarles a dejar el tabaco de combustión. 8 de cada 10 cigarrillos son de contrabando y 200 mil fumadores en Panamá no tienen alternativas eficaces para la cesación tabáquica. Estas personas necesitan una alternativa. Por ese motivo dice ¡sí a la regulación!
De acuerdo con la nota de prensa divulgada por el diputado, la reglamentación para los productos de reducción de daños estaba completamente «dispersa» en varias resoluciones y decretos ejecutivos, lo cual había creado una «confusión normativa». Afirma que su proyecto de ley busca establecer un marco legal para combatir el comercio ilícito y proteger a los consumidores.
«Es importante reconocer el valor de estos productos para mitigar los riesgos para la salud del consumo de tabaco», dijo Zuñiga. «En Reino Unido se han adoptado plenamente estos productos para reducir el daño del tabaquismo animando activamente a los fumadores que no dejan de fumar a pasarse a los cigarrillos electrónicos”.
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