Public Health vs. Public Health no es simplemente una serie sobre políticas de control del tabaco. Es, ante todo, una exploración de las fracturas internas de la propia salud pública: un campo que, aunque guiado por la ciencia, se encuentra a menudo atravesado por tensiones ideológicas, inercias institucionales y disputas no resueltas sobre qué vidas deben ser protegidas —y a qué costo.
En la entrega anterior recorrimos los acontecimientos más relevantes de las primeras semanas de mayo de 2025, un mes que ha concentrado anuncios, reformas y batallas narrativas en torno al futuro del control del tabaco y la nicotina. En esta segunda parte, dirigimos la mirada hacia el cierre del mes, cuando las tensiones se agudizan, los discursos se polarizan, y algunas decisiones comienzan a cristalizar, dejando ver no solo lo que se prohíbe, sino lo que cada sociedad está dispuesta a permitir en nombre de la salud.
Europa transita una encrucijada regulatoria que ya no puede disimularse bajo el barniz del tecnicismo jurídico. Lo que está en juego no es solo cómo legislar, sino para quién se legisla y con qué principios se definen las prioridades del cuidado colectivo.
Desde Bruselas hasta Varsovia, los gobiernos enfrentan una pregunta urgente que la inercia política ha postergado por demasiado tiempo: ¿cómo responder, con sensatez y responsabilidad, al auge imparable de los nuevos productos de nicotina —vaporizadores, sistemas de tabaco calentado, bolsas orales— sin caer en automatismos prohibicionistas ni en retóricas vacías?
La expansión de estas tecnologías ha desnudado una fractura ideológica que atraviesa no solo a las instituciones, sino al corazón mismo de la salud pública contemporánea. De un lado, quienes proclaman la prohibición como una expresión de firmeza moral y sacra protección juvenil; del otro, quienes —apoyados en la ciencia y en la experiencia acumulada de décadas— advierten que reducir el daño no es claudicar, sino asumir con rigor la complejidad del comportamiento humano y de las trayectorias de consumo. En el centro del dilema, una verdad incómoda: el sufrimiento de quienes no logran dejar de fumar no puede seguir siendo invisible en los márgenes de discursos sanitarios que olvidan que, antes que cifras, hay cuerpos; y antes que estadísticas, hay vidas.
Un bloque fragmentado frente al desafío de la innovación
El 26 de mayo, quince Estados miembros de la Unión Europea —entre ellos Alemania, Francia, España y Chequia— urgieron a la Comisión Europea a revisar, sin más dilación, la Directiva sobre Fiscalidad del Tabaco. En una carta conjunta, advirtieron que “el alcance y las disposiciones actuales son insuficientes para abordar los retos del mercado europeo del tabaco”, cada vez más tensionado por el auge de productos alternativos que escapan a los esquemas fiscales tradicionales.
Pero la misiva revela algo más que una inquietud tributaria: expresa la creciente sensación de que el andamiaje normativo europeo se ha vuelto anacrónico frente a una innovación que corre —y muta— a mayor velocidad que la política. En este desfase, el riesgo no es sólo de evasión fiscal, sino de una desconexión más grave: la que se produce cuando el diseño institucional se aferra al pasado y pierde de vista que la salud pública no se defiende persiguiendo sombras, sino comprendiendo las formas en que el consumo se reinventa.
La fragmentación del bloque europeo frente a este desafío no es solo administrativa: es conceptual, y deja a millones de ciudadanos en un limbo regulatorio donde lo nuevo es castigado no por su daño probado, sino por su capacidad de incomodar lo establecido.
Pocas horas después del llamado a revisar la fiscalidad del tabaco, Países Bajos y Bélgica reactivaron una iniciativa lanzada en marzo de 2024: una carta conjunta —suscrita entonces por doce Estados— que solicita a la Comisión Europea la imposición de paquetes neutros, la prohibición de sabores y un tope uniforme de nicotina en vaporizadores y bolsas.
El gesto no es casual ni menor. En medio de un entorno regulatorio en crisis, algunos gobiernos parecen buscar en la homogeneización normativa una forma de recuperar el control que sienten haber perdido.
Pero el impulso hacia lo uniforme no siempre nace de la evidencia, sino del miedo: miedo a la incertidumbre tecnológica, miedo a perder autoridad sobre los cuerpos, miedo al juicio moral que recae sobre toda política que no prohíba lo nuevo. Bajo la retórica de la protección —legítima en su intención— se filtra una tentación autoritaria: la de despojar al ciudadano de su capacidad de discernimiento, como si la salud pública solo pudiera preservarse a través de la obediencia y no del conocimiento.
El 27 de mayo, los responsables políticos de ambos países —el secretario de Estado neerlandés Vincent Karremans y el ministro belga Frank Vandenbroucke— se reunieron con funcionarios comunitarios para dar un paso más: transformar aquella petición de marzo en propuestas concretas dentro del engranaje legislativo de Bruselas.
Se trató de un movimiento coordinado, pero no necesariamente coherente. Dos frentes que comparten la urgencia del momento, pero no el diagnóstico ni el rumbo. Uno —centrado en la arquitectura fiscal— busca adaptar los marcos impositivos a una realidad que ha dejado obsoletos los criterios del pasado. El otro —anclado en una arquitectura moral— insiste en neutralizar visual y sensorialmente los productos, como si el problema fuese el color del envase y no la ausencia de un debate público maduro sobre el derecho a elegir alternativas menos nocivas.
En esta bifurcación se revela una disyuntiva más profunda: si regular es acompañar la transformación del consumo o castigar su desplazamiento hacia nuevas formas que incomodan los reflejos de la política tradicional.
Francia entre la prohibición nacional y el desencuentro comunitario
Mientras en Bruselas se multiplican los llamados a una respuesta coordinada, París avanza por cuenta propia. El gobierno francés notificó a la Comisión Europea un decreto destinado a prohibir la venta, importación y tenencia de bolsas de nicotina en su territorio.
No se trata de una mera discrepancia técnica: el gesto —tajante, simbólico— marca un distanciamiento político cada vez más explícito entre las ambiciones nacionales y los compromisos compartidos del mercado único.
La reacción no tardó. Suecia —cuna de este tipo de productos— junto con Rumanía, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Italia y Chequia objetaron que la medida “dañaría gravemente la libre circulación” en la Unión. Pero más allá de las cláusulas del tratado, el episodio ilustra una fisura más profunda: la creciente incapacidad de Europa para hablar con una sola voz cuando el tema no es el tabaco tradicional, sino su reconfiguración tecnológica y cultural.
En paralelo, el 21 de mayo, un diputado de La République En Marche presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que, sin llegar a la prohibición total, propone una regulación exhaustiva de las bolsas de nicotina: se limitarían los sabores a menta, mentol y fruta; las advertencias sanitarias cubrirían el 30 % del envase; quedaría prohibida toda forma de publicidad; las ventas a menores serían vetadas; y la concentración máxima de nicotina no podría superar los 16,6 mg por gramo.
Francia parece debatirse entre dos pulsiones que no son excluyentes, pero sí reveladoras: la del control absoluto —que busca erradicar el riesgo prohibiendo su existencia— y la del orden normativo minucioso, que desconfía tanto del mercado como del juicio individual. En ambos casos, el resultado es el mismo: un Estado que reacciona más desde la desconfianza que desde la pedagogía, más desde el símbolo que desde la eficacia.
Nuevas trincheras nacionales en el Este y el Norte de Europa
Mientras el debate europeo se enreda en cartas, notificaciones y contrapropuestas que rara vez trascienden el papel, algunos países han optado por avanzar solos, cavando nuevas trincheras regulatorias en el frente nacional. En Varsovia, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que limita la concentración de nicotina en las bolsas a 20 mg por gramo y prohíbe toda forma de publicidad. La medida, ya enviada al Senado, entraría en vigor dos semanas después de su publicación, con un periodo de gracia de seis meses para ciertas disposiciones.
El mensaje es nítido: frente al vacío normativo europeo, la autodeterminación legislativa se impone como única vía de acción. Pero también como declaración política: cuando Bruselas titubea, las capitales actúan, incluso a costa de la fragmentación. La Polonia de hoy —como la Dinamarca de semanas atrás— parece decir que la espera por el consenso no puede ser excusa para la inacción.
Más al norte, en Islandia, el debate ha adquirido un tono tan inusitado como revelador. La diputada Halla Hrund Logadóttir anunció que en otoño presentará un proyecto de ley para someter las bolsas de nicotina a las mismas restricciones que el tabaco tradicional.
Su motivación admite ambigüedades: por un lado, busca frenar el creciente uso juvenil de estos productos, que —según datos preliminares— alcanzaría al 30 % de los jóvenes islandeses. Sin embargo, por otro, instala en el discurso público una equivalencia normativa entre sustancias de riesgos sustancialmente distintos, una equiparación que no solo borra matices científicos, sino que oscurece el mensaje sanitario al reemplazar la precisión por el impacto simbólico.
En contextos donde el vacío legal se convierte en refugio comercial y atractivo inadvertido para los menores, la urgencia reguladora suele irrumpir como una necesidad práctica, táctica y, a menudo, cargada de moralejas. Pero también —y quizás, sobre todo— como un gesto simbólico de autoridad. El problema es que, en la prisa por cerrar portillos, se corre el riesgo de legislar desde la alarma, no desde la comprensión. Y entonces cabe preguntarse: ¿se está edificando una política pública informada y eficaz, o apenas levantando un dique moral que tranquiliza a la política, pero no necesariamente protege a las personas?
Entre la protección y la sobreprotección hay una línea fina, y cruzarla no es menor: puede significar sustituir la pedagogía del riesgo por una lógica de castigo que raras veces disuade, pero que casi siempre expulsa —y castiga doblemente— a quienes más necesitan acompañamiento.
Contrastes latinoamericanos y asiáticos
La batalla por el control de los nuevos productos de nicotina no respeta fronteras ni consensos ideológicos. Se libra en latitudes diversas, pero con preguntas comunes: ¿cómo regular lo que aún se está comprendiendo?, ¿cómo legislar sin replicar los errores del pasado?
En Santiago de Chile, una ley en vigor desde el 20 de mayo marca un punto de inflexión. Vaporizadores y sistemas de tabaco calentado (THP) pasan a ser tratados legalmente como cigarrillos convencionales. La normativa prohíbe su venta a menores, restringe su uso en espacios públicos y veta toda publicidad en radio, televisión y en un radio de 400 metros alrededor de escuelas y centros de salud. Un decreto adicional impone advertencias sanitarias del 20 % en vapes y del 50 % en productos de tabaco.
El mensaje institucional es inequívoco: normalizar su tratamiento legal para desactivar su atractivo cultural y comercial. Pero la estrategia plantea un dilema más profundo: ¿es adecuado aplicar a tecnologías nuevas un marco normativo pensado para un daño históricamente distinto? ¿Puede una lógica de control heredada responder eficazmente a un escenario de innovación acelerada, donde lo simbólico pesa tanto como lo químico?
Chile no solo está regulando productos; está produciendo sentido sobre el riesgo, la juventud y la autoridad del Estado. En esa operación se juega algo más que salud pública: se disputa quién tiene derecho a redefinir los umbrales de lo permisible.
Del otro lado del Pacífico, un salto hacia la penalización total. En Hanoi, la apuesta es distinta y más radical. El Ministerio de Salud ha propuesto extender la prohibición vigente desde 2005, que hasta ahora cubría la importación y la venta, para incluir también la posesión y el uso de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Si se aprueba, Vietnam se convertiría en uno de los pocos países del mundo que penaliza no solo la oferta, sino también la demanda.
La iniciativa, que se prevé sea revisada por el Ejecutivo en el segundo trimestre de 2025 antes de su debate parlamentario, no se limita a trazar nuevas fronteras normativas: pretende borrarlas. Aquí, no se busca regular la compleja tensión entre consumo y protección, entre libertad y salud, sino erradicarla por completo. La lógica es clara: si no puede ser controlado, debe ser eliminado.
Pero esta lógica —eficiente en su forma, severa en su fondo— plantea interrogantes incómodos. ¿Qué lugar ocupa el individuo en una política de salud que considera el uso como delito? ¿Qué pedagogía es posible cuando el Estado opta por castigar antes que comprender? En lugar de construir herramientas de reducción de daños o marcos de acceso seguro, Vietnam parece apostar por una pedagogía de la expulsión, donde el riesgo no se gestiona, sino que se prohíbe por decreto —como si así desapareciera.
El fin de una generación en el Índico
Tal vez la decisión más radical no provenga de una potencia regional ni de una capital europea, sino de un pequeño archipiélago en medio del océano Índico. El 21 de mayo, el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, ratificó una enmienda a la Ley de Control del Tabaco que establece una prohibición sin precedentes: ninguna persona nacida a partir del 1 de enero de 2007 podrá adquirir productos de tabaco en ningún momento de su vida.
Con esta medida, Maldivas se convierte en uno de los primeros países del mundo en aplicar plenamente la llamada “prohibición generacional”, una estrategia que busca romper de raíz la cadena de reemplazo intergeneracional del tabaquismo, no mediante campañas o incentivos, sino a través de un corte legal tajante en el tiempo.
Celebrada por algunos sectores de salud pública como un acto visionario y de largo aliento, esta política ha despertado también duras críticas desde el campo de la reducción de daños, que la considera un experimento extremo, más moral que pragmático, y cargado de efectos no deseados: desde la estigmatización progresiva de los consumidores hasta la expansión inevitable de mercados paralelos.
Entre el sueño de una generación libre de tabaco y la realidad persistente de las economías informales, Maldivas lanza una apuesta que es, a la vez, símbolo y advertencia: una visión del futuro que interroga no solo qué riesgos queremos evitar, sino qué formas de control estamos dispuestos a normalizar en nombre de la salud.
Asia del Sur pone toda la artillería sanitaria
En Katmandú, el Ministerio de Salud de Nepal decretó el 21 de mayo una medida tan contundente como simbólica: a partir del 17 de agosto, el 100 % de la superficie frontal y posterior de todos los paquetes de tabaco deberá estar cubierta con advertencias gráficas. Con esta disposición, Nepal no solo refuerza su régimen normativo, sino que reafirma la línea pionera que trazó en 2015, cuando se convirtió en uno de los primeros países del mundo en exigir pictogramas de alto impacto visual.
En una región donde las tasas de consumo siguen siendo alarmantemente altas, y donde el poder regulador convive con una economía informal robusta y presiones institucionales persistentes, Katmandú apuesta por una estrategia de saturación visual. La intención es clara: neutralizar, desde el envase mismo, el relato aspiracional del tabaco, desmantelar su estética, y desactivar su carga simbólica como objeto de deseo.
Pero esta pedagogía del choque visual, que opera desde el impacto más que desde la comprensión, también enfrenta sus propios límites. ¿Qué ocurre cuando la advertencia gráfica deja de provocar rechazo y se convierte en parte del decorado cotidiano? ¿Hasta qué punto puede el terror visual seguir funcionando como política pública cuando el entorno cultural ya ha normalizado el riesgo? La medida es audaz, sin duda. Pero también abre una pregunta crucial para todo el sur global: ¿basta con saturar de imágenes el consumo, o es necesario reconstruir —desde la raíz— las narrativas que lo sostienen?
Washington: continuidad en el timón regulatorio
Mientras buena parte del mundo reformula —con premura o con pulsos contradictorios— sus políticas frente a la nueva generación de productos de nicotina, Estados Unidos opta por mantener el rumbo. El 19 de mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) designó a Bret Koplow como director interino de su Centro de Productos de Tabaco. Con esta decisión, la agencia refuerza una línea de continuidad institucional en la aplicación de la Ley de Prevención y Control de los Productos de Tabaco, una legislación que, si bien ha sido cuestionada por la lentitud con la que evalúa productos de riesgo reducido, ha definido las bases del modelo regulatorio estadounidense.
En un tablero global cada vez más fragmentado, donde conviven prohibiciones generacionales, saturación visual, penalización del uso y mercados grises, Washington —por increíble que parezca— encarna, al menos por ahora, una forma de equilibrio: no sin fallas, no sin demoras, pero con la convicción de que la coherencia normativa es también una forma de proteger.
Este artículo es una publicación original. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.
