Cómo el uso político de la sospecha ha llevado a ignorar la participación ciudadana en la Unión Europea.
Las consultas públicas europeas existen para algo más que cumplir un trámite administrativo. En teoría, son el mecanismo mediante el cual la Comisión Europea contrasta sus propuestas con la realidad social, económica y política de los Estados miembros. En la práctica, su valor depende de una premisa básica: que las respuestas ciudadanas sean tomadas en serio, incluso —o especialmente— cuando no confirman el resultado esperado.
Eso es precisamente lo que ocurrió con la reciente consulta sobre la revisión de la Directiva de Impuestos sobre el Tabaco. El volumen de participación fue inusualmente alto: decenas de miles de ciudadanos, pequeñas empresas, asociaciones y organizaciones decidieron pronunciarse sobre una propuesta que afecta de forma directa el precio y acceso a productos de nicotina en toda la Unión Europea. El resultado fue claro: una oposición mayoritaria a la orientación planteada por la Comisión.
La reacción posterior, sin embargo, fue reveladora. En lugar de analizar el contenido de esas respuestas, comenzaron a circular acusaciones de “contaminación”, “manipulación” y “captura corporativa” de la consulta. La sospecha sustituyó al dato. El señalamiento reemplazó al análisis. Y la participación ciudadana pasó de ser un indicador democrático a convertirse, de repente, en un problema que había que neutralizar.
Este artículo no trata de defender a ninguna industria ni de impugnar el derecho de las instituciones a regular. Trata de algo más básico y más inquietante: qué ocurre cuando una consulta pública deja de ser válida porque no da la respuesta correcta y cómo la sospecha se convierte en una herramienta política para ignorar a quienes participaron de buena fe.
La acusación
Pocas semanas después del cierre de la consulta comenzó a instalarse un relato alternativo al resultado. No surgió desde la Comisión Europea ni desde una evaluación técnica oficial, sino desde artículos de prensa, publicaciones en redes sociales y declaraciones de personas externas al proceso institucional. El mensaje era consistente: la consulta no reflejaba la opinión real de la ciudadanía porque había sido manipulada.
El argumento central sostenía que una parte significativa de las respuestas —especialmente las críticas con la propuesta fiscal— no podían considerarse legítimas. Se habló de envíos “coordinados”, de participación “artificial” y de una supuesta influencia de la industria del tabaco que habría distorsionado el proceso. En algunos casos, el lenguaje fue más lejos: se insinuó que miles de contribuciones eran “falsas” o producto de la automatización.
Estas afirmaciones fueron atribuidas, directa o indirectamente, a una organización poco conocida hasta ese momento: Impact Unfiltered, una ONG con sede en Bruselas creada en 2025 y presentada como especializada en análisis de políticas de control del tabaco. Sus conclusiones circularon rápidamente en medios especializados y generales, mientras activistas y comentaristas influyentes en el ámbito de la salud pública las amplificaron por redes sociales.
El problema no fue que se cuestionara el resultado de la consulta —eso es legítimo en cualquier proceso democrático—, sino la forma en que se hizo. Las acusaciones se formularon sin que se publicara ningún informe técnico verificable, sin acceso a los datos analizados y sin una metodología explícita que permitiera contrastar las conclusiones. No hubo un documento público que explicara cuántas respuestas eran supuestamente irregulares, por qué lo eran o bajo qué criterios se llegaba a esa conclusión.
Aun así, el relato cumplió su función. La duda quedó sembrada. La atención se desplazó del contenido de las respuestas al origen de quienes las habían enviado. Y la participación ciudadana pasó a ser presentada no como una expresión legítima de interés público, sino como un fenómeno sospechoso que debía ser filtrado antes de ser tenido en cuenta.
Cuando la sospecha sustituye al procedimiento
Las acusaciones de manipulación no vinieron acompañadas de una pregunta básica: qué norma concreta del proceso de consulta se habría vulnerado. Se habló de “contaminación” y de “captura corporativa” sin definir ninguno de esos términos en relación con el marco institucional europeo. La sospecha se presentó como un hecho consumado, no como una hipótesis que debiera ser demostrada.
En ningún momento se explicó qué volumen de respuestas sería considerado legítimo, cuántas coincidencias textuales invalidarían una consulta o qué grado de movilización ciudadana resulta aceptable antes de convertirse, según este criterio, en un problema. Tampoco se aclaró si existía un umbral técnico, jurídico o procedimental a partir del cual una consulta pública deja de ser válida. Las acusaciones se formularon en abstracto, sin anclaje normativo.
Este desplazamiento no es inocente. En lugar de analizar el contenido de las contribuciones, el foco se trasladó al origen de los participantes. La pregunta dejó de ser qué opinaban miles de ciudadanos sobre una propuesta concreta y pasó a ser si esos ciudadanos merecían ser escuchados. El procedimiento fue tratado como secundario frente al resultado, y el resultado como sospechoso por definición.
Resulta especialmente llamativo que este cuestionamiento se produjera sin que ninguna institución europea declarara irregular el proceso. No hubo invalidación formal de la consulta, ni advertencia pública sobre fraude, ni apertura de una investigación administrativa. El sistema siguió su curso. La duda, en cambio, se instaló fuera de los canales institucionales, a través de artículos, declaraciones y mensajes en redes sociales.
Ese es el punto crítico: se empezó a juzgar la legitimidad de una consulta pública sin explicar cómo funciona realmente ese mecanismo ni bajo qué criterios puede ser impugnado. Antes de aceptar o rechazar las acusaciones, conviene entender el procedimiento que se está poniendo en cuestión. Porque sin ese marco, la sospecha no es una herramienta de control democrático, sino una forma de desviar la atención del proceso hacia el resultado.
Cómo funcionan realmente las consultas públicas en la Unión Europea
Las consultas públicas de la Unión Europea están reguladas por normas claras y transparentes. No son ejercicios de opinión espontánea ni encuestas abiertas sin filtro. Son herramientas formales de participación diseñadas para recabar aportes de ciudadanos, profesionales, organizaciones civiles, empresas y expertos sobre iniciativas legislativas en fase temprana.
La Comisión Europea no pondera las respuestas por “pureza” ideológica ni por ausencia de coordinación. Evalúa la coherencia de los argumentos, la evidencia aportada, la diversidad de perfiles y la consistencia de las respuestas. La movilización organizada no invalida una consulta; es, de hecho, un resultado esperado en cualquier democracia funcional.
Además, los resultados de una consulta no obligan automáticamente a adoptar una política concreta. Sirven para identificar impactos, detectar problemas regulatorios y anticipar consecuencias no deseadas. Ignorar ese material no es ilegal, pero sí requiere una justificación política y técnica explícita.
Por eso, cuando determinados actores describen estas consultas como “manipuladas” simplemente porque el resultado no coincide con su marco previo, no están defendiendo el rigor institucional. Están cuestionando selectivamente un mecanismo democrático que solo parece legítimo cuando produce la respuesta correcta.
Impact Unfiltered: el marco, las omisiones y lo que no se dice
El artículo de Clearing the Air —Cómo una misteriosa ONG está difamando a la gente corriente— señala como pieza central de esta narrativa a Impact Unfiltered (impactunfiltered.eu), un sitio que se presenta como plataforma de investigación independiente pero cuya construcción discursiva merece un análisis más fino. No estamos ante un trabajo académico ni ante un informe institucional, sino ante un producto editorial con objetivos políticos claros, aunque no siempre explicitados.
Impact Unfiltered no aporta un “estudio” en sentido estricto. No hay metodología reproducible, criterios de muestreo, evaluación independiente ni marco analítico verificable. Lo que ofrece es una compilación de capturas, inferencias y asociaciones indirectas que buscan instalar una sospecha: que la participación ciudadana en consultas europeas sobre reducción de daños no es genuina, sino el resultado de una manipulación encubierta. El método no es demostrar, sino sugerir.
Las imágenes utilizadas —capturas de redes sociales, fragmentos de campañas públicas, gráficos sin contexto metodológico— no prueban irregularidades. Funcionan como recursos visuales de insinuación, diseñados para generar una sensación de trama organizada sin necesidad de establecer causalidad. Es un enfoque narrativo, no probatorio.
Más relevante aún es lo que no aparece. No hay análisis del marco legal de las consultas europeas, no se explica cómo la Comisión filtra y procesa las respuestas ni se confronta la evidencia de que la movilización ciudadana es habitual en múltiples áreas políticas, desde medio ambiente hasta derechos digitales. Tampoco se examina por qué esta “preocupación” emerge casi exclusivamente cuando el tema es reducción de daños.
El resultado es un texto que no busca mejorar la calidad del debate público, sino proveer munición discursiva para deslegitimar procesos participativos ya realizados. No cuestiona el sistema en general; lo hace solo cuando el sistema produce resultados incómodos. Y es en ese punto donde Impact Unfiltered deja de ser un observador crítico para convertirse en un actor político más, aunque se presente bajo la máscara de la neutralidad investigativa.
La reducción de daños como anomalía política
La reducción de daños ocupa una posición incómoda dentro del ecosistema regulatorio europeo. No encaja del todo en el paradigma prohibicionista, pero tampoco se alinea con la narrativa clásica de abstinencia total que durante décadas ha guiado las políticas sobre nicotina y tabaco.
A diferencia de otros ámbitos, la reducción de daños produce resultados medibles: descenso del consumo de cigarrillos, sustitución de productos de mayor riesgo por otros sustancialmente menos dañinos y cambios de comportamiento impulsados desde la base, no desde la coerción. Precisamente por eso altera equilibrios preexistentes.
Cuando estos resultados emergen de procesos participativos —consultas públicas, movilización ciudadana, evidencia aportada por usuarios y profesionales— el conflicto deja de ser técnico y se vuelve político. Aceptarlos implica revisar marcos regulatorios, discursos institucionales y prioridades presupuestarias que muchos prefieren mantener intactos.
En ese contexto, deslegitimar el proceso se vuelve más funcional que refutar la evidencia. No porque el sistema esté roto, sino porque funciona en una dirección inesperada.
Cuando la participación se vuelve incómoda
Este caso no trata sobre una ONG, un sitio web o una consulta concreta. Trata sobre qué ocurre cuando la democracia deja de producir las respuestas esperadas. Cuando la participación ciudadana funciona, pero lo hace en una dirección que incomoda a determinados marcos políticos y regulatorios.
Deslegitimar el proceso es siempre más sencillo que asumir sus consecuencias. Convertir a la ciudadanía organizada en sospechosa permite preservar discursos, estructuras y decisiones sin tener que debatirlas de frente.
La pregunta, entonces, no es si las consultas públicas europeas son imperfectas —lo son, como cualquier mecanismo democrático—, sino otra mucho más incómoda:
¿Defendemos la participación ciudadana solo cuando confirma nuestras certezas o también cuando las pone en crisis?
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