Ginebra, noviembre: anatomía de una cumbre a puerta cerrada

La COP11 del Convenio Marco para el Control del Tabaco definirá el futuro de la reducción de daños entre decisiones globales y tensiones alrededor de la nicotina.

Primero, el escenario. El 17 de noviembre de 2025, delegaciones de todo el mundo se sientan en Ginebra para decidir el rumbo del control del tabaco. No es un trámite; es la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, el órgano que puede redefinir qué cuenta como “tabaco”, cómo se regula la nicotina y qué margen queda para la reducción de daños. La cita es, oficialmente, del 17 al 22 de noviembre.

Luego, está el método. La COP tiene su liturgia: los informes que se discutirán se publican 75 días antes y entran al Comité A. Si nadie objeta, se vuelven política, según sintetiza una guía operativa. Si una sola delegación objeta, el proceso se enreda: traslados al Comité B, borradores nocturnos sin traducción, círculos concéntricos de negociadores. Al amanecer, los grupos regionales alinean posiciones y presionan a los disidentes.

Mientras tanto, el público queda fuera. 

Desde 2021 se retransmiten aperturas y clausuras. Después de la inauguración, nada: ni debate en directo ni transcripciones oficiales. Las discusiones sustantivas ocurren a puerta cerrada. El contraste con otras cumbres multilaterales es evidente. La COP climática admite miles de observadores el CMCT, en cambio, mantiene una lista exigua y, hasta hoy, sin presencia de usuarios afectados —incluidos quienes utilizan productos de nicotina de menor riesgo—.

¿Importa el procedimiento? Sí, y mucho. 

El modo de decidir condiciona el contenido. En una COP que invoca el “consenso”, pero puede “empujar” decisiones porque una objeción “no puede retrasar el proceso”, la arquitectura institucional ya inclina el terreno de juego. Lo decisivo no es sólo qué se discute, sino quién puede decir “no”, cuánto dura ese “no” y a qué precio.

En paralelo, la epidemiología apenas cede. En 2005, la OMS estimaba 1.300 millones de consumidores de tabaco; en 2022 seguíamos en torno a 1.250 millones. Cada año se atribuyen al tabaco unos ocho millones de muertes. La curva baja, sí, pero lentamente y con persistencia entre varones de renta media y baja.

Aquí es donde la historia se abre. Por un lado está el CMCT, adoptado en 2003, en vigor desde 2005, con un artículo definitorio —el 1.d— que incluye la “reducción de daños” como parte del control del tabaco. Por otro lado está la práctica política: resoluciones que, en la última década, han tendido a posiciones restrictivas sobre cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y tabaco calentado, con un énfasis constante en prevenir la iniciación juvenil y la exposición publicitaria. Entre ambos planos —texto y práctica— se juega el margen de maniobra.

¿Qué se juega en 2025?

Para empezar, las definiciones. Si “producto de tabaco” incluye dispositivos y consumibles sin hoja de tabaco —por ejemplo, pouches de nicotina sintética o líquidos de vapeo—, el perímetro regulatorio cambia. Si, en cambio, se separa “tabaco” de “nicotina”, se abren vías normativas específicas: fiscalidad diferenciada, advertencias proporcionales (quizás) al riesgo, restricciones de sabores sólo donde haya evidencia de aumento de iniciación.

Sigue la fiscalidad. La pregunta es tan simple como decisiva: ¿se grava por igual combustibles, calentados y vapor? Un diseño fiscal sin distinciones protege la recaudación, pero un diseño proporcional al riesgo puede acelerar la sustitución de la combustión por alternativas de menor daño.

Prosiguen los entornos libres de humo y vapor. La cuestión no es binaria, es granular: espacios cerrados, terrazas, transporte, prisiones, hospitales. La evidencia de riesgo pasivo por aerosol de nicotina no es igual que la del humo; la política puede serlo o no.

Llegan, después, la publicidad y los sabores. Aquí pesa la sociología de la adopción: ¿cómo combinar reducción de daños en fumadores con una mínima atracción para no fumadores? Las prohibiciones totales reducen la exposición; las regulaciones con guardarraíles —empaquetado neutro, restricción de publicidad, canales adultos— aspiran a un equilibrio más fino.

Y, de fondo, está la comunicación del riesgo. El sistema informativo que hoy rige —advertencias sanitarias, paquetes, campañas— se diseñó para la combustión. La pregunta es si puede —y debe— decir con precisión que no todo riesgo es igual, que un régimen de nicotina sin humo reduce el daño individual en comparación con la combustión sin venderlo como inocuo.

¿Quién está en la sala (y quién no)?

Conviene aclararlo. En la COP hablan los Estados parte, apoyados por el secretariado y por informes de grupos de expertos. Entran también observadores: agencias de la ONU, algunas OIG, algunas ONG. No entran, en general, usuarios organizados ni asociaciones de consumidores; tampoco la industria tabacalera, expresamente excluida por el artículo 5.3 y sus directrices sobre conflictos de interés. 

El resultado es un foro relativamente blindado frente a la “captura», pero también ciego a la experiencia de uso en primera persona.

El clima, por contraste, opera con una ecología de actores más amplia, con riesgos de lobby, sí, pero también con ventanas de escrutinio ciudadano, periodístico y académico. La decisión aquí es de diseño institucional: qué costos aceptamos para blindar un proceso y qué pérdidas asumimos cuando silenciamos voces.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Una cronología mínima

Primero, la arquitectura: 

• 2003, adopción del CMCT; 
• 2005, entrada en vigor; 
• 2012, adopción del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito; 
• 2018, entrada en vigor del Protocolo. 

Después, el ciclo reciente de COP: reuniones periódicas, una edición virtual en 2021 y una COP celebrada en América Latina, en 2024, tras aplazamientos. En paralelo, irrumpen los nuevos productos de nicotina: cigarrillos electrónicos, calentados, pouches. La conversación cambia de escala.

Entre medias, los países experimentan. 

El Reino Unido utiliza el vapeo como herramienta de cesación en el Servicio Nacional de Salud, con regulación estricta de productos y comunicación pública a favor de la cesación. Suecia empuja la prevalencia de fumadores adultos hacia el umbral del 5%, atribuible en parte al desplazamiento hacia formas sin combustión. Nueva Zelanda ensaya paquetes de medidas agresivas de control del tabaco, con ida y vuelta legislativa en la última legislatura. Ninguna de esas trayectorias es replicable tal cual; todas iluminan posibilidades y riesgos.

Lo que no veremos en pantalla

Conviene insistir en esto: las decisiones más duras —definiciones, fiscalidad, marcos de comunicación— se negocian en salas sin cámaras. Se filtrarán documentos de sala y minutas oficiosas, habrá rumores sobre líneas rojas, circularán “non-papers” con redacciones de última hora. La prensa podrá asomarse a las ceremonias de apertura y cierre; el resto será una caja negra procedimental.

Para la esfera pública, queda la periferia: @FCTCofficial, #COP11 y #FCTCCOP11; agregadores no oficiales que compilan documentos; foros de consumidores, académicos y clínicos que analizan borradores. No es ideal. Es lo que hay.

Y, sin embargo, la tensión permanece. Las decisiones que afectan a millones se toman detrás de puertas cerradas. El derecho a la salud se invoca como universal; el procedimiento, en cambio, excluye a quienes cargan con el riesgo día a día.

Queda dicho. La COP decidirá a puerta cerrada cómo definir, gravar y comunicar la nicotina en los próximos años. Afuera, millones esperan una señal clara: si la estrategia prioriza reducir humo —y daño— o si, por prudencia mal calibrada, termina por mantenerlo donde más duele. Entre el texto y la práctica, entre el consenso y el empujón, ahí se juega la salud pública de esta década.

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