Cuando la política sanitaria se confunde con la prohibición, la salud pública se convierte en una herramienta de control.
El almuerzo en Bruselas parecía intrascendente. Pan. Agua con gas. Un plato que se enfriaba. Los ministros hablaban el lenguaje familiar de la salud pública contemporánea: proteger a los menores, abordar los “productos emergentes”, salvaguardar el futuro. Nada sonaba urgente. Nada parecía radical.
Solo más tarde aquel momento empezó a parecer significativo. Ahora, aquel almuerzo parece menos una pausa en la formulación de políticas y más un portal. Más allá de ese umbral se encuentra una transformación amplia, una que ya no se centra en la nicotina.
Desde Austria hasta México, desde Noruega hasta Filipinas, gobiernos bajo sistemas políticos radicalmente distintos están reformulando en silencio la salud pública sobre nicotina. No lo hacen para comparar riesgos o ampliar la atención a fumadores, sino para moldear comportamientos, rediseñar mercados y reducir el espacio para la autonomía, la educación sanitaria y la toma de decisiones informadas.
Una vez que se revela el patrón, la prohibición aparece como solo uno de sus instrumentos. Donde fracasa la prohibición, el Estado monopoliza. Donde resisten los mercados, se reestructuran. Donde los productos persisten, se oculta la información. Y donde reina la incertidumbre, se legisla el futuro.
Una pregunta más profunda, rara vez planteada en los medios globales, recorre esta transformación: ¿de quién son los intereses que se están protegiendo y a qué costo?
¿Qué clases sociales e industrias salen beneficiadas?
¿Qué formas de consumo se toleran, se regulan y resultan rentables y cuáles se criminalizan o desaparecen?
La tarde del 9 de diciembre, dentro de la Cámara de Diputados de México, no se debatía ningún producto específico. No había botellas, ni dispositivos, ni marcas sobre la mesa. Lo que se aprobaba era algo más abstracto. Y mucho más ambicioso. Una nueva reforma a la Ley General de Salud prohibía ahora tecnologías, mecanismos y sistemas diseñados para vaporizar o atomizar sustancias inhalables, incluso aquellas que aún no existen.
Esa misma semana, a miles de kilómetros, el presidente del Senado de Tayikistán publicó un mensaje en Telegram. En unas pocas líneas, anunciaba haber emitido “instrucciones específicas” para que las comisiones parlamentarias preparasen una prohibición total del uso, producción y circulación de cigarrillos electrónicos. No había proyecto de ley. No había estudio. No hubo debate. La decisión precedió al texto.
En Europa, el tono era diferente, más comedido, más técnico.
En España, la autoridad nacional de competencia instó al gobierno a considerar “alternativas menos restrictivas” antes de prohibir los vapeadores desechables. En Noruega, un organismo supranacional señaló un hecho incómodo: el país prohíbe los vapeadores con nicotina y, aun así, el 6% de la población los utilizó en 2024. Si la prohibición está vigente desde hace años, ¿qué está protegiendo exactamente?
Los regímenes políticos difieren. También lo hacen los lenguajes institucionales. Pero el movimiento es inquietantemente similar.
Desde Viena hasta Manila, desde Hanói hasta Cardiff, los gobiernos están redibujando sus políticas sobre nicotina y productos alternativos no para reducir el riesgo, sino para redefinir qué puede existir, qué puede decirse y quién puede elegir. A veces mediante prohibiciones directas. A veces mediante monopolios estatales. A veces restringiendo la publicidad. Y a veces legislando el futuro para generaciones enteras.
El objeto inmediato puede parecer el vapeador. Pero lo que está en juego es algo mucho mayor. Lo que emerge globalmente no es una política coordinada contra los productos de vapeo, ni una respuesta uniforme a nuevas evidencias científicas. Es algo más callado y más serio: la transformación de la salud pública en una técnica de gobernanza.
En lugar de centrarse en comparar riesgos, identificar usos y responder a comportamientos reales, muchos gobiernos han comenzado a usar el lenguaje de la salud pública para perseguir otros objetivos: moralización, regulación de mercados, disciplina social, gestión del discurso y gobierno proactivo del futuro.
La reducción de daños, pragmática e imperfecta, está siendo sustituida por soluciones simbólicas: legalmente expansivas, políticamente cómodas. No se trata solo de prohibir productos. Se trata de gobernar (la posibilidad de) las elecciones.
Ese desplazamiento, del riesgo medible a la conducta aceptable, conecta a países tan distintos como México, Vietnam, Austria, Filipinas, Noruega, España, Zambia y Tayikistán.
El vapeo es solo el hilo conductor. Lo que se despliega es un nuevo repertorio de poder, ejercido en nombre de la salud, pero no siempre guiado por ella.
México y Tayikistán
La prohibición como borrado
Algunas prohibiciones regulan comportamientos. Otras hacen algo más radical: niegan la existencia misma del objeto. Es en esta segunda categoría donde se sitúan México y Tayikistán, aunque por caminos muy distintos.
En México, la prohibición llega envuelta en densidad legal.
La reforma de la Ley General de Salud no prohíbe simplemente dispositivos o líquidos existentes. Prohíbe tecnologías, mecanismos y sistemas diseñados para calentar, vaporizar o atomizar sustancias inhalables, con o sin nicotina, incluidas formulaciones hipotéticas que aún no existen.
Geles, sales, ceras, aerosoles secos, extractos de resina, compuestos oleosos: la lista funciona menos como una especificación técnica y más como un gesto político autoritario.
El legislador intenta clausurar el futuro.
Al hacerlo, las autoridades eluden la tarea incómoda de explicar por qué productos con niveles de exposición tóxica significativamente inferiores a los cigarrillos combustibles no deberían ser regulados, sino erradicados.
La ley no se pregunta cuál es el riesgo relativo, para quién o en comparación con qué. Parte de una premisa previa: que ciertas categorías de práctica tecnológica ni siquiera merecen el estatus de objeto regulable.
Por eso aparecen juntos productos con y sin tabaco, con y sin combustión, tratados como amenazas equivalentes. El problema no es la sustancia, es el gesto. No es el daño medible, sino la posibilidad de existencia.
Esa lógica —ontológica antes que sanitaria— es rara incluso en políticas prohibicionistas clásicas. El alcohol, las drogas ilícitas, los pesticidas o los fármacos de alto riesgo se regulan con base en gradaciones, excepciones y límites de uso.
En el caso de las tecnologías de nicotina, la diferenciación se descarta como principio. La prohibición no responde a un problema concreto, sino que se anticipa a la posibilidad misma de soluciones alternativas.
En Tayikistán, el mismo resultado se alcanza por una vía más breve.
No hay texto legal, ni debate parlamentario, ni justificación pública.
Solo hay una directiva.
En un mensaje de Telegram, el presidente de la cámara alta anunció haber dado “instrucciones específicas” a las comisiones para preparar una prohibición sobre el uso, producción y circulación de cigarrillos electrónicos.
Antes que la ley viene la decisión. Antes de la decisión, nada. Aquí, la política pública no nace de datos ni de una elección entre alternativas. Surge como un acto de autoridad.
El lenguaje es revelador: no habla de regular, limitar o controlar. Habla de eliminar del espacio legítimo. La salud pública opera como un lenguaje de mando. No como un campo de deliberación.
En ambos casos, con grados de sofisticación institucional radicalmente distintos, el efecto es el mismo. El vapeo deja de ser tratado como un objeto peligroso a gobernar y pasa a ser algo que no debe existir.
La pregunta sobre su eficacia —si la prohibición reduce el consumo, desplaza los mercados o cambia comportamientos— se vuelve irrelevante. El objetivo no es gestionar el riesgo. Es declarar fronteras morales.
Cuando la política pública opera en ese registro, la evidencia deja de ser central. Lo que importa es la afirmación del poder. Y una vez que el Estado decide que algo no puede existir, cualquier discusión posterior sobre reducción de daños, uso adulto o comparación con el tabaco suena a herejía técnica.
Vietnam
La prohibición que exporta el ‘riesgo’
Si en México y Tayikistán el Estado decide que ciertos productos no deben existir, Vietnam ofrece un mensaje más preciso y quizá más cínico: los productos pueden existir… pero no deberían circular entre ciudadanos vietnamitas.
Las enmiendas a la Ley de Inversiones de Vietnam prohíben la fabricación, importación, venta y uso doméstico de productos de vapeo y tabaco calentado. Hasta ahí, el guión resulta familiar. Lo que hace que el caso vietnamita sea revelador es lo que viene después: la misma ley autoriza expresamente su producción para exportación, siempre que las empresas se registren en un plazo administrativo determinado.
La contradicción no es accidental. Es la clave para interpretar toda la política.
Si el producto fuera intrínsecamente inaceptable desde un punto de vista sanitario, exportarlo sería impensable. Si la preocupación fuese la reducción de daños, la regulación interna sería inevitable.
Al permitir la exportación y prohibir el uso interno, el Estado reconoce implícitamente que el problema no es el riesgo en sí, sino quién lo asume y dónde.
Aquí, la salud pública no funciona como un principio universal. Opera como un instrumento territorial. La hipótesis de riesgo usada para justificar la no regulación no cambia al cruzar fronteras. La nicotina no se vuelve menos activa en el extranjero. Lo que cambia es el cálculo político.
Vietnam protege su narrativa interna de vigilancia sanitaria, evita fricciones culturales domésticas y, al mismo tiempo, preserva ingresos, empleos industriales y relaciones comerciales exteriores.
Esto no es incoherencia. Es economía política en estado puro.
Esta elección revela algo esencial sobre el uso contemporáneo del discurso sanitario: no necesita ser coherente. Necesita ser funcional.
Al separar el consumo interno de la producción externa, el Estado señala virtud hacia dentro y pragmatismo hacia fuera. La salud se convierte en escudo moral; el comercio, en arquitectura real.
Hay además un detalle institucional revelador.
En lugar de operar principalmente a través de legislación sanitaria, el gobierno enmienda la Ley de Inversiones. Al hacerlo, desplaza el debate del comportamiento individual hacia la estructura productiva. El producto no se regula. La inversión se bloquea.
Es una forma particularmente eficaz de prohibición: actúa antes de que emerja un mercado regulado y antes de que actores nacionales adquieran fuerza política suficiente para impugnarla.
El calendario refuerza esta lectura.
El requisito de registro previo, junto con una fecha de entrada en vigor en 2026, crea una ventana de transición controlada. No se trata de una respuesta a una crisis. Es una reorganización planificada. Aquí, el tiempo mismo se convierte en lenguaje político. El resultado es innegable: el consumo doméstico es indeseable, invisible, prohibido. La producción para exportación, tolerable, rentable, manejable.
Y cuando la política pública acepta explícitamente que un riesgo es inaceptable para sus propios ciudadanos pero aceptable para los extranjeros, el argumento sanitario deja de ser un criterio analítico. Se convierte en retórica conveniente.
Gales
El futuro se legisla sin evidencia
En Gales, la prohibición no niega la existencia del producto ni exporta el riesgo a otros países. Hace algo más ambicioso y más desafiante: legisla el futuro.
Al aprobar la Ley de Tabaco y Vapeo del gobierno británico, elParlamento galés respaldó una innovación jurídica sin precedentes empíricos: cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009 nunca podrá comprar legalmente productos de tabaco, incluidos los calentados.
No importa cuántos años tenga. No importa el contexto.
La prohibición es permanente, basada no en el comportamiento, sino en la fecha de nacimiento. Se trata de la llamada “prohibición generacional”, un experimento político y legal a largo plazo que no puede probarse, corregirse ni evaluarse en el presente.
El Estado apuesta hoy por unos resultados que solo serán visibles dentro de décadas, cuando revertir la decisión implicaría admitir un fracaso político.
Esto marca un cambio profundo en la lógica de la salud pública.
Históricamente, las políticas sanitarias regulaban acciones: fumar en interiores, vender a menores, hacer publicidad de productos nocivos. Aquí, la unidad de regulación es la persona, clasificada por cohorte de nacimiento.
Dos adultos con los mismos hábitos y perfil de riesgo serán tratados de forma diferente simplemente por haber nacido a uno u otro lado de una línea arbitraria del calendario.
Más allá de lo normativo, el problema también es metodológico. No existe evidencia actual capaz de demostrar que una prohibición generacional permanente reduce el consumo a largo plazo, evita mercados ilícitos selectivos, previene una aplicación desigual o no empuja a los usuarios hacia alternativas más perjudiciales.
La política pública abandona los datos observables y empieza a funcionar como una forma de fe regulatoria.
Y el proyecto de ley va más allá.
Otorga al Ejecutivo amplios poderes para restringir el contenido, diseño, envasado y venta de productos de tabaco, nicotina y vapeo, incluidos dispositivos y sustancias que aún no existen en el mercado.
Estos poderes no están acompañados de normas claras de proporcionalidad ni de requisitos explícitos de revisión basada en evidencia.
La política de salud pública se desplaza, silenciosamente, del Parlamento al Gobierno, del debate abierto al decreto administrativo.
Otro elemento revelador es el tratamiento de la nicotina.
Las bolsas de nicotina están, con razón, restringidas en cuanto a ventas a menores. Pero el marco legal más amplio trata toda la nicotina como un problema indiferenciado, sin importar el método de entrega ni el perfil de riesgo.
Al aplicar automáticamente las normas de los vapes con nicotina a los que no la contienen, el proyecto deja claro que el objetivo real no es la sustancia en sí.
Como se ha visto a lo largo de esta serie, el blanco global no es la nicotina ni el cigarrillo combustible, sino el gesto simbólico históricamente asociado al tabaco.
Curiosamente, no es la forma más letal de nicotina la que recibe la respuesta política más severa, sino sus alternativas de menor riesgo. El cigarrillo perdura a pesar del endurecimiento normativo porque es familiar, gravable y simbólicamente domesticado.
Lo que incomoda a los reguladores no es solo el producto, sino la posibilidad del placer fuera de los marcos autorizados. La gente disfruta de la nicotina y eso también es parte de lo que se está gobernando.
Pero el silencio más elocuente está en otro lado.
Durante años, el Reino Unido fue un referente mundial por su uso pragmático del vapeo como herramienta para dejar de fumar, con apoyo explícito del sistema de salud pública. Esa tradición ha desaparecido simplemente del marco político actual.
El fumador adulto —presente, medible, persistente— ha dejado de ser sujeto de la política sanitaria. Se convierte en una externalidad aceptable.
El enfoque exclusivo en la “próxima generación” funciona como un escudo retórico perfecto. Cualquier crítica puede ser tachada de indiferencia hacia los niños. La moralización del futuro sustituye la gestión del presente.
Lo que Gales aprueba finalmente no es solo una política antitabaco. Es un modelo de salud pública que abandona la comparación de riesgos y apuesta por categorías morales fijas, que transfiere poder duradero al Ejecutivo y a sus agendas pasajeras, todo en nombre de un futuro idealizado que aún no existe y, por tanto, no puede responder.
Austria
En Austria, la salud pública no se manifiesta tanto mediante la prohibición directa como a través de la reorganización del mercado bajo control estatal. Es un gesto menos moralista, más administrativo y, precisamente por eso, potencialmente más duradero.
El Estado que captura el mercado
En diciembre, el Parlamento aprobó, como parte de la ley presupuestaria de 2026, la extensión del monopolio estatal del tabaco a las bolsas de nicotina y a los líquidos para cigarrillos electrónicos, al mismo tiempo que abrió una consulta pública para prohibir los desechables e imponer límites técnicos estrictos a los productos de nicotina sin tabaco.
No se trata de medidas aisladas, sino de elementos de una estrategia unificada.
Al incorporar el monopolio en la legislación presupuestaria —un terreno técnico, de baja visibilidad y sin mecanismos claros de fiscalización pública— el Estado produce un efecto estructural: las bolsas y líquidos de nicotina quedan sometidos al mismo régimen administrativo que los cigarrillos y su venta queda restringida a estancos con licencia o a vendedores autorizados.
Críticos en la prensa han señalado que esta decisión no parte de nueva evidencia toxicológica, sino de una lógica más antigua y eficaz: si algo no puede eliminarse, puede capturarse. El consumo persiste, pero canalizado por circuitos previsibles, fiscalmente trazables y controlables institucionalmente.
Este tipo de monopolio no es, en sí mismo, ilegítimo. En otros contextos se ha utilizado para reducir daños y limitar abusos del sector privado. Puede ser beneficioso si va acompañado de acceso amplio, precios justos, transparencia y mecanismos fundamentales de control social.
El problema de Austria no es la existencia del monopolio, sino su diseño: emerge sin un debate público sólido, sin objetivos sanitarios explícitos y sin canales reales de participación ciudadana.
En este esquema, la captura deja de ser una herramienta deliberada de salud pública y pasa a convertirse en una curaduría estatal opaca.
El Estado no solo regula quién puede vender, sino que decide qué productos pueden sobrevivir, en qué formatos y a qué precio, sustituyendo la competencia de mercado no por gobernanza democrática, sino por administración centralizada: más predecible fiscalmente que racional desde una perspectiva sanitaria.
La segunda jugada, la regulación técnica detallada, completa la primera.
La consulta pública propone una prohibición de los productos desechables y la creación de una nueva categoría legal de “productos de nicotina sin tabaco”, sometidos a un conjunto específico de restricciones: peso máximo por unidad, techo de nicotina por gramo, una lista cerrada de descripciones de sabor y prohibición de ingredientes como vitaminas, cafeína y taurina.
Esto va más allá de proteger contra riesgos desconocidos. Es la microingeniería del consumo. El Estado empieza a definir no solo qué se puede vender, sino cómo puede el cuerpo absorber la nicotina, en qué cantidades, con qué estímulos sensoriales y bajo qué límites simbólicos. El uso adulto aceptable deja de ser una elección informada para convertirse en un comportamiento disciplinado.
Pero la contradicción central, raramente explicitada, es que estas medidas afectan principalmente a productos sin tabaco, cuyo perfil de riesgo es sustancialmente menor que el de los cigarrillos combustibles, que siguen siendo legales, ampliamente accesibles y están integrados en el mismo monopolio estatal.
El producto más letal sigue disponible. Las alternativas menos dañinas son capturadas, posiblemente restringidas, encarecidas y técnicamente domesticadas.
Esto no es una incoherencia. Es coherencia política.
El cigarrillo es conocido, estable y predecible en términos de recaudación fiscal. Los productos alternativos son dinámicos, tecnológicos y difíciles de integrar en los modelos tradicionales de control.
El Estado austriaco parece elegir lo que puede administrar, más que lo que tiene más sentido desde una perspectiva de reducción de daños.
Ahí radica la sofisticación del modelo austriaco. No hay retórica de guerra contra las drogas ni pánico moral explícito. Hay números precisos, categorías jurídicas elegantes, consultas públicas e instrumentos presupuestarios.
La salud pública actúa como lenguaje legitimador. El control económico se convierte en una estructura permanente. El consumo no se elimina. El riesgo puede que no se resuelva. Lo que se decide, silenciosamente, es quién puede vender, cómo puede vender y qué versión del usuario adulto es considerada tolerable.
Filipinas
Gobernar el discurso, gestionar el silencio
En Filipinas, el Estado ni prohíbe el producto ni monopoliza el mercado. Hace algo más sutil y potencialmente más eficaz: somete toda comunicación comercial a autorización previa.
Una orden propuesta por el Departamento de Comercio e Industria exige que los fabricantes de productos de vapeo y los llamados “productos novedosos del tabaco” obtengan autorización gubernamental para cualquier actividad publicitaria o promocional al menos 30 días antes de su difusión.
A primera vista, parece un ajuste procedimental. En la práctica, supone una inversión profunda del paradigma regulador. Hasta ahora, la lógica era conocida: las empresas comunican mientras el Estado vigila, sanciona abusos, corrige excesos.
La nueva norma invierte ese eje. Ninguna comunicación puede tener lugar sin autorización previa del gobierno. Toda publicidad se presume sospechosa. Ya no se trata de “no engañar”, sino de convencer al Estado para que permita hablar.
Esto no se limita a regular la publicidad, sino que instaura un sistema de autorización previa sobre el discurso comercial, algo que, en democracias liberales, se aplica con gran cautela y suele implementarse de forma más matizada.
El requisito de presentar todo con antelación crea un mecanismo permanente de demora, incertidumbre y autocensura. Informar se vuelve arriesgado; comunicar, costoso; planificar, una apuesta. El poder de decisión queda concentrado en una “oficina especializada” dentro del ministerio.
El borrador, sin embargo, no especifica criterios objetivos de aprobación, ni estándares científicos, ni plazos de respuesta, ni mecanismos de apelación.
Este vacío normativo amplía la discrecionalidad administrativa y permite decisiones basadas no solo en el riesgo real, sino también en el estado de ánimo político, la presión moral o la conveniencia institucional.
La definición de “productos novedosos del tabaco” es deliberadamente amplia: incluye cualquier sustancia no combustible, sólida o líquida, que contenga nicotina derivada del tabaco o se utilice como sustituto del cigarrillo.
Esta elasticidad conceptual permite que perfiles de riesgo muy distintos, tecnologías emergentes y herramientas potencialmente útiles para dejar de fumar sean tratadas bajo el mismo filtro burocrático.
No hay diferenciación de riesgos. Ni de usos. Ni de públicos. Como en otros países analizados en esta serie, el consumidor adulto desaparece del encuadre.
No se menciona el derecho a la información, ni la distinción entre discurso persuasivo e informativo, ni la comunicación relacionada con la reducción de daños.
Al controlar la publicidad, el Estado determina qué narrativas pueden circular y, con ello, define qué opciones quedan disponibles.
La paradoja filipina es evidente. En 2022, el país aprobó una ley específica para regular los productos de vapeo, con o sin nicotina, reconociendo implícitamente que gobernar el mercado era preferible a prohibirlo.
La nueva orden no revoca esa lógica, pero la vacía por dentro. Sin prohibir formalmente nada, crea un entorno donde existir en el espacio público depende de la autorización previa.
Es una forma de prohibición por desgaste, un concepto desarrollado por el historiador brasileño Henrique Carneiro para describir estrategias que multiplican las barreras prácticas, las cargas administrativas y las fricciones cotidianas con el fin de desincentivar conductas sin prohibirlas explícitamente.
El producto sigue siendo legal. Pero la conversación sobre él es vigilada.
La salud pública ya no actúa únicamente sobre las sustancias. Comienza a gobernar el silencio.
Noruega y España
Cuando la ley aún ofrece resistencia
En medio de la expansión global de las prohibiciones, los monopolios y los controles discursivos, algunos sistemas jurídicos aún generan fricción. No porque promuevan activamente la reducción de daños, ni porque rechacen el discurso de salud pública, sino porque insisten en lo que ese discurso ha empezado a evitar: la proporcionalidad, la evidencia y la comparación.
En Noruega, esta fricción aparece en su forma más clínica.
La Autoridad de Supervisión de la Asociación Europea de Libre Comercial (AELC), que vela por el cumplimiento de las normas del Espacio Económico Europeo, examinó una propuesta para mantener la prohibición de los vapeadores con nicotina y extenderla a los productos sin nicotina.
La opinión reconoce que los Estados tienen margen para adoptar medidas restrictivas en nombre de la salud pública.
Pero hace una observación demoledoramente sencilla: Noruega ha prohibido la venta legal de estos productos durante décadas y, aun así, en 2024, el 6 % de la población declaró usarlos. Eso equivale a unas 150.000 personas. La pregunta implícita es inevitable: si la prohibición está en vigor desde hace años, ¿qué está protegiendo exactamente?
En el derecho europeo, las buenas intenciones no son suficientes. Una restricción solo es válida si es necesaria, proporcional y eficaz para alcanzar su objetivo declarado. Al señalar que el consumo persiste a pesar de la prohibición, la autoridad invierte la carga de la prueba: prohibir no es prueba de protección.
Una medida puede coexistir con el mismo comportamiento que pretende eliminar e incluso potenciarlo en la clandestinidad.
El umbral legal se vuelve aún más exigente cuando el gobierno propone prohibir productos sin nicotina.
Sin dependencia química clásica, el argumento sanitario estándar se debilita.
El supuesto riesgo se vuelve indirecto, simbólico o conductual, justificaciones que, en el marco jurídico europeo, exigen una demostración concreta de necesidad.
Invocar la protección de la juventud ya no basta.
En España, la disidencia adopta otra forma. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no bloquea la propuesta del gobierno para prohibir los vapeadores desechables ni defiende el vapeo como solución de salud pública. Simplemente recomienda que el Ejecutivo evalúe si existen “alternativas menos restrictivas” a la prohibición total.
La expresión es burocrática, pero sus implicaciones son profundas. Reabre el espacio que el debate actual intenta cerrar: la comparación de políticas, la evaluación de impacto y la diferenciación del riesgo.
La prohibición deja de ser un punto de partida legítimo y vuelve a lo que siempre debió ser: un último recurso. Se insta al Estado a demostrar que regular sería insuficiente y que prohibir es necesario.
La Comisión también recuerda que muchos de estos temas se abordarán pronto a nivel europeo con la próxima revisión de la Directiva sobre Productos del Tabaco (TPD).
Prohibir ahora puede implicar tener que deshacer después, con costes regulatorios, inseguridad jurídica y distorsiones en el mercado. El derecho europeo, con sus principios de coherencia y proporcionalidad, todavía impone límites al entusiasmo prohibicionista.
La arquitectura del control
Vistas en conjunto, estas experiencias no forman un mosaico accidental. Países con historias políticas divergentes, sistemas jurídicos distintos y tradiciones regulatorias incompatibles están, sin embargo, convergiendo hacia soluciones sorprendentemente similares. No lo hacen porque compartan la misma evidencia científica —esta varía, es disputada o simplemente ignorada—, sino porque comparten ansiedades contemporáneas.
Ansiedad frente a tecnologías que desafían las categorías clásicas.
Ansiedad frente a mercados dinámicos, difíciles de fiscalizar y aún más difíciles de controlar.
Ansiedad frente a comportamientos adultos que resisten la pedagogía estatal, sanitaria y moral.
Ansiedad frente a la incertidumbre misma: científica, económica, social, política.
Ante ello, emerge un cambio en la salud pública contemporánea: deja de operar como campo empírico de comparación de riesgos y se transforma en un lenguaje legitimador de decisiones ya tomadas.
La pregunta central se desplaza. Ya no es ¿cómo reducir el daño real?, sino ¿cómo volver ciertos comportamientos indeseables, invisibles o administrables?
Las respuestas varían en cada contexto, pero obedecen a una lógica común:
- Negar la existencia del objeto;
- Externalizar el riesgo;
- Legislar el futuro;
- Capturar el mercado;
- Gobernar el discurso;
- Desplazar el debate fuera del alcance democrático.
Lo que los une no es el vapeo en sí, sino la sustitución de una regulación imperfecta, comparativa y revisable por una gestión moral del riesgo: políticamente cómoda, económicamente viable para ciertos sectores y empíricamente poco exigente.
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