El Reino Unido, pionero en reducción de daños por tabaquismo, gira a una regulación más restrictiva del vapeo en 2026. El debate ya no es solo sanitario, sino también narrativo.
Durante años, el Reino Unido fue el país al que miraban los técnicos cuando querían separar la salud pública de la teatralidad política. No lo hacían porque el debate estuviera resuelto, sino porque existía una idea guía: si la gente no abandona la nicotina, al menos que abandone el humo.
En 2015, Public Health England impulsó un giro que recorrió el mundo bajo la consigna de que vapear sería “alrededor de un 95% menos dañino” que fumar. La cifra, controvertida y discutida en sus márgenes metodológicos, funcionó como señal política: el objetivo era desplazar a la combustión del centro del consumo.
A partir de ahí, el enfoque británico se volvió pragmático: integración de vapeadores en servicios de cesación, mensajes públicos comparativos y un tono más cercano a la jerarquía de riesgos que a la pureza moral. En paralelo, el tabaco cayó de manera sostenida: la Oficina de Estadísticas Nacionales registró descensos significativos en la proporción de fumadores a lo largo de la década.
El problema es que la política rara vez tolera la complejidad durante mucho tiempo.
El relato
En 2025, el Reino Unido empezó a legislar en una atmósfera distinta: menos “reducción de daños”, más “control del relato”.
Una pieza publicada en The Guardian, enmarcada en una clave alarmista, sugería que los jóvenes que vapean serían “tres veces más propensos” a fumar y enumeraba riesgos (como asma, depresión y trastornos mentales), aunque reconocía el límite central de esa literatura: la evidencia era observacional y no permitía establecer causalidad. El titular, no obstante, ya había hecho su trabajo.
De esa presión —mediática, social, institucional— nace el gesto clásico del Estado ansioso: endurecer. El texto menciona la aceleración del Proyecto de Ley sobre Tabaco y Vapeadores, con medidas como la prohibición de desechables, límites severos a sabores y empaquetado estandarizado. Es el retorno del guión conocido: se invoca a la infancia y, con ese salvoconducto moral, se castiga un instrumento que muchos adultos usan precisamente para dejar el cigarrillo.
Aquí el punto no es negar el problema de la experimentación juvenil. Es preguntarse si la respuesta elegida reduce el daño neto o simplemente lo redistribuye: menos vapeo visible, más cigarrillo persistente en los márgenes; menos acceso a productos de sustitución, más mercado ilícito; más “mensaje ejemplarizante”, menos cesación real.
Los datos
La tensión se vuelve más aguda cuando los propios datos que sostienen el pánico no sostienen la narrativa.
Según la Encuesta de Salud para Inglaterra 2024, solo el 4% de los adultos nunca fumadores usa vapeo actualmente. Y en menores (de 8 a 15 años, siempre según el texto base) la experimentación con cigarrillo convencional sería muy baja frente a la prueba ocasional de vapeo. La pregunta clave es la que suele evitarse: ¿estamos ante una “epidemia” o una mutación de la iniciación en una dirección menos tóxica?
La crítica técnica también existe.
Ann McNeill (King’s College London) ha cuestionado el sustento científico de la nueva legislación: 53 de 56 revisiones sistemáticas utilizadas para justificar las restricciones serían de calidad “baja” o “muy baja”. El error, según esa lectura, es elemental y devastador: confundir la asociación con la causalidad. Convertir correlaciones en destino.
Mientras tanto, el Servicio Nacional de Salud (NHS) sigue respaldando el vapeo como herramienta de cesación y las revisiones de evidencia —incluidas las revisiones de Cochrane sobre cigarrillos electrónicos para dejar de fumar— suelen situarlo entre las ayudas eficaces para muchos fumadores, con el matiz imprescindible: no es inocuo, pero la exposición a tóxicos es, en general, significativamente menor que con la combustión.
Distinciones esenciales
Hay un nudo semántico que envenena el debate: tratar “nicotina” y “cigarrillo” como sinónimos.
La mayor parte de la mortalidad del tabaco no la produce la nicotina, sino la combustión y su coctel: miles de compuestos y decenas de carcinógenos bien establecidos. La nicotina genera dependencia; el humo genera enfermedad.
Como resume Cliff Douglas: “La nicotina no mata; mata el humo”.
La política británica, atrapada entre el recuerdo de su vanguardia y el miedo al titular, se enfrenta a una disyuntiva que parece técnica pero es ética: proteger sin castigar. Informar sin manipular. Regular sin convertir la salud pública en una liturgia de control. La reducción de daños ocurre —con o sin permiso—. La pregunta es si el Estado va a acompañarla con coherencia o si va a obstaculizarla por ansiedad moral.
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