En la COP11, África no emergió como un seguidor pasivo, sino como una fuerza que exige soluciones basadas en evidencia y adaptadas al contexto.
La undécima sesión del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se celebró en Ginebra a finales de noviembre de 2025. Delegados de todo el mundo llegaron bajo un cielo gris y una sensación de inquietud global. Las tasas de tabaquismo aumentaban en ciertos puntos de África, los nuevos dispositivos de nicotina se propagaban más rápido de lo que los reguladores podían rastrear y la comunidad internacional de salud pública parecía más fracturada que nunca.
En medio del murmullo de los delegados acomodándose en sus asientos, un representante africano de salud pública se inclinó hacia un colega y habló en voz baja, pero con convicción: esta reunión ya no trata de papeleo. Trata del rumbo de la salud global y de quién tiene el poder para definirlo.
Sus palabras capturaron la tensión que flotó en el aire toda la semana.
Cuando la discusión giró en torno al Artículo 18 —que aborda los impactos ambientales y sanitarios de los productos de tabaco a lo largo de su ciclo de vida—, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Filtros y dispositivos electrónicos estaban sobre la mesa. Algunos pedían una prohibición total. Otros advertían que una medida así podría colapsar los sistemas encargados de aplicarla.
Tras horas de debate, la decisión final invitó a los países a explorar opciones regulatorias, pero evitó respaldar prohibiciones o clasificar cada componente como residuo peligroso.
Fue un compromiso frágil.
Una especialista africana en medioambiente, observando las negociaciones, murmuró a los delegados cercanos que todos estaban de acuerdo en que los residuos del tabaco eran una crisis. Aun así, una prohibición global de filtros colapsaría en el continente africano y la flexibilidad es el único camino realista.
El resultado otorgó a los gobiernos africanos margen de maniobra, pero también les impuso una pesada responsabilidad sobre sistemas nacionales que ya enfrentaban dificultades para gestionar cualquier tipo de desecho.
En el marco del Artículo 19, la atención se centró en responsabilizar legalmente a la industria tabacalera. La decisión adoptada animó a las Partes a explorar vías civiles, penales, administrativas, medioambientales y de derechos humanos. No sobrevivieron las propuestas de impuestos globales obligatorios, dejando a las naciones libres para diseñar sus propios enfoques.
Un asesor legal de África Occidental señaló después que, por primera vez, existe un respaldo multilateral claro para construir herramientas legales que permitan responsabilizar a las grandes tabacaleras, aunque advirtió que el marco no litiga en nombre de ningún país. África debe fortalecer sus propios músculos jurídicos.
Para los países que han luchado durante mucho tiempo por confrontar a las corporaciones tabacaleras transnacionales por marketing poco ético o daños ambientales, el momento se sintió como una puerta que se abría lentamente. Pero solo permanecerá abierta si se construyen y financian adecuadamente los sistemas legales.
En el Artículo 2.1, que aborda medidas más allá del Convenio y suele implicar ambiciones de «fin del juego», los delegados reconocieron el informe del Grupo de Expertos, pero mantuvieron el carácter voluntario de dichas medidas.
Algunas voces del sur global pidieron cautela. Un delegado de África austral dijo, en una conversación privada, que es imposible legislar un “fin del juego” para países que ni siquiera han construido servicios básicos de cesación. La ambición debe crecer al ritmo de la realidad.
El enfoque voluntario preservó la soberanía nacional, pero también corre el riesgo de generar inercia allí donde los recursos siguen siendo escasos.
Un diplomático africano explicó el giro a sus colegas observando que el continente no puede enfrentar epidemias de tabaco del siglo XXI con herramientas diseñadas décadas atrás. La reducción de daños, insistió, merece un lugar real en la mesa.
El debate alcanzó su punto máximo durante las discusiones sobre los productos emergentes de nicotina. Una propuesta liderada por Brasil para imponer fuertes restricciones globales encontró fuerte resistencia. Las conversaciones terminaron sin consenso. El asunto fue pospuesto para la próxima conferencia.
A lo largo de la semana, muchos participantes no pudieron evitar comparar esta reunión con el modelo más abierto de las conferencias sobre cambio climático. En Ginebra, la sociedad civil, los periodistas y los investigadores independientes volvieron a quedar, en gran parte, fuera de las salas de reunión. Un líder de la sociedad civil africana expresó su frustración, preguntando cómo podían tomarse decisiones para mil millones de africanos sin que sus voces estuvieran en la sala.
El control del tabaco, argumentó, no puede quedarse congelado en los primeros años del siglo mientras la gobernanza global ha evolucionado.
Para África —donde los agricultores, consumidores e investigadores en salud pública a menudo están subrepresentados— la exclusión tuvo consecuencias reales.
Al cierre de la sesión, los gobiernos africanos enfrentaban una lista exigente de responsabilidades. Tendrían que regular los vapes desechables y los residuos de dispositivos sin garantía alguna de apoyo financiero global. Ahora contaban con una vía ampliada bajo el Artículo 19 para emprender acciones legales contra las tabacaleras, pero solo si sus sistemas judiciales eran lo suficientemente sólidos para asumir el reto. La conferencia reafirmó la independencia nacional en la implementación. Eso ofrecía libertad, pero también exigía apropiación.
La COP11 no concluyó con resoluciones grandilocuentes, sino con batallas abiertas aplazadas para el futuro.
Mientras los delegados hacían las maletas, un negociador de África Oriental comentó en un último intercambio en los pasillos que si esta sesión fue el disparo de advertencia, la próxima será el ajuste de cuentas.
La sesión en Ginebra cambió el terreno en lugar de resolverlo. África no emergió como un seguidor pasivo, sino como una fuerza que exige soluciones basadas en evidencia y adaptadas al contexto. De cara a Armenia, en 2027, una cosa ha quedado clara: África ya no está en los márgenes. Ahora ayuda a definir la mesa misma.
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