La experiencia de América Latina y el resto del mundo indica que la regulación del vapeo –no su prohibición– es el mejor camino para enfrentar el tabaquismo.
En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia de México dictaminó que prohibir la venta de vaporizadores y cigarrillos electrónicos es inconstitucional. La decisión, que indica que esta práctica es un derecho mercantil, se tomó luego de que el tribunal vetara el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohibía la venta de vaporizadores en el país.
El argumento central fue que la restricción dañaría el libre comercio y el libre desarrollo de la personalidad, que garantizan la libertad de los ciudadanos para tomar decisiones que involucran sus cuerpos y lo que quieren consumir.
El veredicto de la corte mexicana refuerza la idea de que la regulación y la apertura de un camino para legalizar el vapeo pueden ser alternativas más efectivas que una prohibición total. Esta visión la respaldan no solo representantes de esta industria en todo el mundo –incluso en Brasil, donde la prohibición de venta sigue vigente–, sino también estudios que indican que la adopción de medidas de reducción de daños puede ser una alternativa para los consumidores tradicionales de cigarrillos.
Un estudio realizado por expertos independientes y publicado por Public Health England (PHE) concluyó que los cigarrillos electrónicos son hasta un 95% menos dañinos para la salud que el tabaco, además de ayudar a los usuarios de cigarrillos tradicionales a dejar de fumar. Esto se debe a la reducción, en la misma proporción, del volumen de sustancias nocivas producidas en comparación con el humo del cigarrillo tradicional.
Prohibiciones sin sentido
La prohibición sigue vigente en la práctica y los consumidores adultos mexicanos no tienen una alternativa legal para recurrir al vapeo y los cigarrillos electrónicos. Se trata de un escenario que abre una brecha para el crecimiento del mercado paralelo.
La decisión del más alto nivel de la justicia mexicana se tomó el 19 de octubre de 2021. Unos días después, el gobierno federal de México reaccionó publicando en la edición del 22 de octubre de 2021 de su Diario Oficial una prohibición a la importación de vaporizadores y cigarrillos electrónicos, que se fabrican únicamente en el extranjero. Así, la prohibición sigue vigente en la práctica y los consumidores adultos mexicanos no tienen una alternativa legal para recurrir al vapeo y los cigarrillos electrónicos. Se trata de un escenario que abre una brecha para el crecimiento del mercado paralelo.
Según el Ministerio de Salud de Brasil, cuya población de fumadores alcanza los 20 millones, la situación es similar a la de México. Aquí, la venta, importación y publicidad de cualquier dispositivo electrónico destinado a fumar, incluido el vapeo, está prohibida con base en una resolución de 2009 de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
Aunque hoy en día el 100% de este mercado todavía se considera ilegal en el país, la demanda de estos productos sigue siendo fuerte, especialmente entre los fumadores adultos que quieren dejar de fumar o quieren mantener el hábito de una manera menos dañina. Esta alta demanda hace que los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos se encuentren fácilmente a la venta incluso en las tiendas minoristas tradicionales, además de Internet y las aplicaciones de entrega.
¿Por qué elegir la regulación?
“Prohibir o vetar la comercialización de cigarrillos electrónicos sería como bloquear el acceso a alimentos con menos sodio, azúcar o grasas, por ejemplo.
Expertos y representantes del mercado señalan que prohibir el vapeo y los cigarrillos electrónicos bajo cualquier circunstancia y sin regulación alguna significa privar a los fumadores compulsivos de tener acceso a una alternativa que puede servir como reducción de daños de los cigarrillos tradicionales –o incluso como herramienta de transición para los usuarios que quieren dejar de fumar–. La regulación de vaporizadores y productos de tabaco calentado también permite asegurar la calidad, seguridad y adecuada distribución de estos productos a los consumidores adultos de cigarrillos tradicionales.
En la industria, hay una comprensión mayoritaria de la importancia de los debates sobre el tema liderados por Anvisa para tener en cuenta el concepto de reducción de daños, que ahora han adoptado países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y otros de la Unión Europea. El servicio de salud pública de Inglaterra, por ejemplo, recomienda el vapeo a los fumadores que eligen dejar de fumar o cambiar a alternativas que tienen un menor riesgo potencial para la salud.
Una analogía común ayuda a comprender el punto de vista de la industria. Prohibir o vetar la comercialización de cigarrillos electrónicos sería como bloquear el acceso a alimentos con menos sodio, azúcar o grasas, por ejemplo. Por eso una política de reducción de daños exige permitir alternativas menos dañinas. Si esto no ocurre, se corre el riesgo de restringir el consumo a un producto específico cuyos efectos nocivos para la salud muchas personas desean reducir o incluso eliminar gradualmente.
Desde esta perspectiva, la legalización del vapeo y los cigarrillos electrónicos es una posibilidad que debe ser considerada en Brasil y otros países de América Latina.
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