Sumándose a la voz de los consumidores y en sintonía con RELDAT, la Asociación de Reducción de Daños de Iberoamérica (ARDT) envió una carta al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, instándolo a desistir de la aprobación del proyecto de ley 178.
La Asociación de Reducción de Daños de Iberoamérica (ARDT) ha dirigido una carta al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, para expresar su posición sobre la aprobación del proyecto de ley 178, que prohíbe totalmente el consumo y la venta de dispositivos administradores de nicotina. Pese a que ya se encuentra aprobado en Cámara, aún falta el visto bueno y la firma del presidente Cortizo. La decisión parlamentaria ha causado revuelo en la región por sus condiciones totalmente prohibitivas que menosprecian la evidencia científica y los casos exitosos de otros países que han incluido estos dispositivos en sus políticas de salud pública.
Francisco Ordóñez, presidente de ARDT Iberoamérica y, en consecuencia, vocero de diversas organizaciones que velan por los derechos de los usuarios de productos de administración de nicotina de riesgo reducido, ha señalado en tres puntos las debilidades y posibles consecuencias que la sanción presidencial de la ley 178 podría tener para la economía, la salud pública y el pueblo panameño.
Una ley obtusa
Según explica la carta, la falta de rigor científico en el proyecto de ley 178 es clara y evidente, puesto que “existen más de 2.000 estudios en distintas áreas de investigación que demuestran los beneficios que estos productos alternativos al tabaquismo podrían traer a la población fumadora de Panamá”. Se destaca especialmente la revisión científica de Cochrane, que avala la seguridad de los vaporizadores. Incluso, el Convenio Marco de la OMS afirma que “las estrategias de abandono y tratamiento de la dependencia del tabaco deberán basarse en los mejores datos disponibles demostrativos de su eficacia. Existen pruebas científicas fehacientes de que el tratamiento de la dependencia del tabaco es eficaz, de que se trata de una intervención sanitaria costo efectiva y de que, por lo tanto, es una inversión conveniente para los sistemas de atención de salud”, argumenta la ARDT.
Al pasar esto por alto, es claro que el Ministerio de Sanidad de Panamá no tiene en cuenta las estrategias firmadas en el Convenio Marco. Con respecto a esto, Ordóñez señala los casos exitosos de implementación de la reducción de daños en países como Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda e incluso Estados Unidos, que se destacan por su lucha contra el tabaquismo. También expuso estudios y leyes regulatorias, así como políticas de salud pública que van en este mismo sentido. “Ninguna de estas experiencias y apoyos se están teniendo en cuenta en el Proyecto de Ley 178”, concluye Francisco.
Consecuencias indeseadas y cómo evitarlas
El mensaje al presidente Cortizo también señala que, inevitablemente, este tipo de prohibición brinda las condiciones para el surgimiento o consolidación de un mercado negro que Panamá ya sufre con los cigarrillos de combustión. Este contexto conlleva a la aparición de productos de mala calidad que ponen en un riesgo mayor la salud de los panameños. Además, se dejarían de captar importantes cifras en impuestos aplicables al vapeo. Todas estas condiciones derivarían en el aumento de las cifras de tabaquismo y las consecuencias se verían reflejadas en la salud pública de Panamá.
La carta de la ARDT cierra explicando los datos de Public Health England, organización que afirma que el uso prolongado del vaporizador es hasta un 95% menos nocivo que el cigarrillo convencional. Adicionalmente, sugiere puntos que deben ser tenidos en cuenta para una política exitosa de regulación, como establecer una categoría específica para los productos de administración de nicotina de riesgo reducido, tanto para el sector económico como legislativo, invitar al fumador a cesar mediante productos más seguros y educar a los jóvenes y no fumadores para desalentar el consumo de nicotina en cualquiera que sea su presentación.
Incluso, ARDT sugiere que “optar por una regulación adecuada en lugar de la prohibición no solo pondría al gobierno panameño a la vanguardia del control del tabaco, sino que le daría la oportunidad de proporcionar a sus ciudadanos una alternativa para mejorar su salud y calidad de vida sin desconocer sus derechos y libertades”.
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