Cómo una crisis respiratoria se convirtió en un problema de encuadre en salud pública y por qué la evidencia por sí sola no logró corregirlo.
I – El pulmón y el vacío
A finales de julio de 2019, un hombre de poco más de veinte años fue ingresado en un hospital del sureste de Wisconsin con una saturación de oxígeno inferior al 85 %. Un nivel compatible con una insuficiencia respiratoria aguda. Era deportista. No fumaba. No tenía antecedentes conocidos de enfermedad pulmonar. Tosía sangre. Respiraba con el esfuerzo visible de alguien que intenta extraer aire de un líquido espeso.
La tomografía computarizada mostró opacidades difusas en vidrio esmerilado, con manchas blanquecinas dispersas por los pulmones, como si una sustancia oleosa hubiera llegado a los alvéolos y alterado su superficie.
“Parecía una quemadura química”, diría más tarde un neumólogo implicado en los primeros casos, hablando bajo condición de anonimato.
El joven no había estado en un incendio. No trabajaba en una fábrica. No había ninguna exposición laboral conocida. Solo quedaba una pista en la historia clínica, todavía incierta: el uso reciente de productos de vapeo.
En los días siguientes, empezaron a llegar más pacientes.
Primero en el sureste de Wisconsin, luego en otras zonas del estado. Jóvenes. Sanos. Síntomas similares: dificultad para respirar, fiebre, náuseas e infiltrados pulmonares bilaterales. Ninguna explicación parecía suficiente.
Antes de parecerse a una crisis generalizada, era algo más elemental: todavía no existía una categoría clínica capaz de decir, con alguna certeza, qué estaba ocurriendo.
II – El momento en que algo empieza a existir
En Milwaukee, los médicos del Children’s Hospital of Wisconsin empezaban a advertir algo que aún no tenía nombre. Los casos no habían llegado todos a la vez. Aparecieron de forma sucesiva a lo largo de varias semanas, como episodios aislados de insuficiencia respiratoria aguda en adolescentes previamente sanos, hasta que poco a poco comenzaron a encajar en un mismo patrón. A medida que se acumulaban las historias clínicas, las semejanzas entre ellas dejaron de parecer casuales.
En julio de 2019, ocho adolescentes fueron hospitalizados con lesiones pulmonares graves tras declarar el uso reciente de productos de vapeo. Los hallazgos radiológicos eran constantes: opacidades en vidrio esmerilado, inflamación difusa y signos de una agresión que no se correspondía con ningún patrón infeccioso conocido.
Neumólogos y radiólogos del hospital, entre ellos Lynn D’Andrea y Michael Gutzeit, comenzaron a comparar los casos. No solo los síntomas, sino también las trayectorias: pacientes jóvenes, sin antecedentes médicos relevantes, deterioro rápido y necesidad de soporte respiratorio intensivo.
Entre los casos documentados durante ese periodo, una proporción significativa evolucionó de forma más grave: insuficiencia respiratoria progresiva, ingreso en unidades de cuidados intensivos, ventilación mecánica invasiva y, en situaciones refractarias, uso de oxigenación por membrana extracorpórea: una medida extrema reservada para pacientes cuyos pulmones ya no pueden sostener el intercambio de oxígeno necesario para la vida.
Lo que al principio parecía una serie de incidentes aislados empezó a tomar forma. Todavía no era una explicación. Pero ya era un patrón.
III – El momento en que la crisis se vuelve pública
El 25 de julio de 2019, el Milwaukee Journal Sentinel publicó información digital sobre ocho adolescentes de Wisconsin hospitalizados con lesiones pulmonares graves tras el uso reciente de productos de vapeo. El artículo hablaba de sospecha. No afirmaba causalidad. Pero en momentos así la cautela rara vez dura tanto como la velocidad de su circulación.
Al día siguiente, a las 11:19 de la mañana, la historia cambió de escala.
En un reportaje de Susan Scutti, CNN afirmó que “ocho adolescentes fueron hospitalizados con los pulmones gravemente dañados”, llevando a la atención nacional una alerta clínica que, hasta entonces, había permanecido en el ámbito local: “Sospechamos que estas lesiones fueron causadas por el vapeo”, dijo Michael Gutzeit, director médico del Children’s Hospital of Wisconsin.
Lo que en Wisconsin seguía siendo un inquietante grupo de casos bajo investigación empezó a circular nacionalmente como señal de una crisis de salud pública más amplia. La pregunta ya no era solo clínica. Se había vuelto pública:
¿Es el vapeo la causa?
El brote no comenzó allí. Los cuerpos ya estaban enfermando antes. Pero fue allí donde empezó a existir, para el público estadounidense, como un fenómeno reconocible. Desde ese momento, el país ya no observaba solo casos; observaba un patrón.
Y con el patrón llegó una demanda tan inmediata como imperfecta: darle un nombre.
IV – El laboratorio de Bristol
Mientras la crisis se expandía en el discurso público, su epicentro material estaba en otra parte.
No era un hospital. Era una vivienda.
En Bristol, Wisconsin, entre céspedes recortados y fachadas de ladrillo claro, dos hermanos —Tyler y Jacob Huffhines— dirigían una operación doméstica que producía miles de cartuchos de THC al día.
No había nada improvisado en ello.
Dentro de la casa, los investigadores encontraron una línea de montaje muy organizada: tarros de cristal llenos de un aceite oscuro y viscoso; cajas con decenas de miles de cartuchos vacíos; envases con marcas falsificadas —Dank Vapes, Dabwoods, Chronic Sour Patch— listos para circular como productos legítimos. Los cartuchos se distribuían a través de redes sociales e intermediarios locales, moviéndose rápidamente por los circuitos informales que ya sostenían el mercado ilícito del cannabis en Estados Unidos.
La escala era industrial: 31.200 cartuchos llenos; 98.000 cartuchos vacíos; 1.616 onzas de aceite de THC.
La lógica, sencilla. El destilado puro de THC era caro. Espeso. Valorado precisamente por esa densidad, que funcionaba para el consumidor como una señal visible de potencia. Para aumentar el volumen sin alterar esa apariencia, había que diluirlo sin que pareciera diluido.
Fue en ese punto donde una lógica económica se encontró con la química.
La solución no procedía de un laboratorio clandestino, sino de un insumo corriente de la industria estadounidense: el acetato de vitamina E. Producido a gran escala por empresas como DSM y BASF para los sectores cosmético, de suplementos y farmacéutico, el compuesto circulaba por cadenas de suministro industriales en volúmenes suficientes para abastecer no solo a fábricas, sino también a los circuitos paralelos que orbitaban el mercado ilícito del THC.
Dentro de ese contexto ilícito, su función era ideal. Espeso, barato y visualmente indistinguible del aceite de cannabis, el acetato de vitamina E permitía diluir el concentrado conservando la apariencia de calidad. En grandes lotes, podía incorporarse fácilmente al líquido, reduciendo costes y ampliando los márgenes de beneficio.
Dentro de esa lógica de mercado, pudo parecer una solución inteligente. Desde el punto de vista pulmonar, fue un desastre.
Inofensivo cuando se ingería o se aplicaba sobre la piel, el compuesto nunca había sido concebido para ser inhalado. Al calentarse e inhalarse, podía adherirse al tejido pulmonar, interferir en la función alveolar y dificultar el intercambio de oxígeno del que depende el cuerpo para seguir vivo.
Lo que en ese momento aún parecía un detalle técnico —una decisión de formulación, un ajuste de viscosidad— era, sin que nadie lo supiera, la firma del crimen.
Había, sin embargo, un obstáculo que no era químico, sino social.
Muchos de los pacientes hospitalizados eran menores.
En Wisconsin, en 2019, el uso y la posesión de THC por parte de menores de 21 años se trataba como posesión de una sustancia controlada de la Lista I, castigada con hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 1.000 dólares para una primera infracción. Las reincidencias podían ser imputadas como delitos graves. Y cuando había indicios de distribución, las penas podían extenderse a años de prisión, con agravantes en casos relacionados con menores o con la proximidad a centros escolares.
En ese contexto, el silencio no era solo vergüenza. Era también un cálculo.
Estigma, miedo a la familia, miedo al colegio, miedo a la policía. Todo conspiraba contra la precisión de los testimonios. Algunos pacientes ocultaron el consumo de THC. Otros quizá simplemente no sabían qué contenía el cartucho comprado a un amigo, a un intermediario o a través de redes sociales.
Scott Aberegg, neumólogo de University of Utah Health, resumiría más tarde el problema con brutal franqueza. Tal vez solo había dos tipos de personas que desarrollaban aquella enfermedad: quienes habían consumido THC y quienes no lo admitían.
La afirmación era dura. También era una pista. La ciencia intentaba acotar la causa; los relatos, moldeados por el miedo, la ilegalidad y la incertidumbre, ralentizaban ese estrechamiento. Y, mientras tanto, el lenguaje público seguía siendo más amplio que la evidencia.
V – La palabra amplia
Mientras la causa material del brote permanecía invisible, el lenguaje público avanzaba por su cuenta. En agosto, la crisis parecía estar en todas partes. Los titulares repetían la misma fórmula de alarma e imprecisión: “misteriosa enfermedad del vapeo”, “lesión pulmonar relacionada con el vapeo”.
La palabra hacía algo más que describir. Organizaba el miedo.
“Vapeo” —un término amplio, impreciso, funcional bajo la incertidumbre— pasó a nombrar el fenómeno. Todo cabía dentro: dispositivos regulados de nicotina, cartuchos ilícitos de THC, productos industriales y mezclas caseras.
El efecto fue sutil, pero profundo. Casos distintos, con orígenes potencialmente diferentes, empezaron a percibirse como manifestaciones de un mismo problema. La escala parecía expandirse: decenas de estados, quizá más allá de las fronteras de Estados Unidos. La categoría era lo bastante amplia como para sostener esa expansión y el pánico moral.
Más tarde, un documento de trabajo del National Bureau of Economic Research describiría aquel momento como un shock informativo. No era exactamente desinformación. Era algo más sutil y, en ciertos aspectos, más poderoso: información verdadera, pero agregada demasiado pronto y de forma demasiado amplia.
Los autores estimaron que, durante el shock inicial de EVALI, la proporción de encuestados que pasó a considerar los cigarrillos electrónicos más dañinos que los cigarrillos convencionales aumentó en unos 16 puntos porcentuales. Antes del brote, aproximadamente el 9 % de los adultos estadounidenses tenía esa percepción; durante la crisis, la cifra subió hasta alrededor del 31 %.
Cuando los CDC refinaron más tarde su comunicación y empezaron a subrayar el papel del THC y de las fuentes informales, la corrección fue solo parcial. La impresión inicial sobrevivió a la revisión de la evidencia.
El lenguaje ya había hecho lo que la evidencia aún no podía hacer: había proporcionado un contorno. Y con ese contorno, fijó un vector de miedo.
VI – El nombre
En octubre de 2019, los CDC formalizaron aquella unidad todavía inestable. El día 11, al informar de 1.299 casos y 26 muertes, la subdirectora principal Anne Schuchat anunció en una rueda de prensa telefónica que el término oficial sería “EVALI”: E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury, es decir, lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo. A finales de mes, las cifras habían ascendido a 1.604 casos y 34 muertes.
El gesto era administrativo. Parecía prudente. Técnico. Exhaustivo. Y lo era. Pero también hacía otra cosa.
Nombres como este no se limitan a describir fenómenos. Organizan el campo de lo que parece plausible y, al hacerlo, distribuyen miedo, responsabilidad y atención. Al elegir una palabra, una autoridad también elige un protagonista semántico, una vía de interpretación, un campo posible de responsabilidad.
En salud pública, el primer nombre rara vez es la última palabra de la ciencia.
Pero a menudo es la palabra que permanece.
El proceso que condujo a la elección del término sigue estando, en gran medida, fuera del registro público.
VII – El detective encuentra el arma
A medida que el nombre se consolidaba, la investigación avanzaba. En colaboración con autoridades estatales y con la FDA, los laboratorios de los CDC comenzaron a analizar líquido recogido directamente de los pulmones de los pacientes.
Los resultados eran difíciles de ignorar. El acetato de vitamina E aparecía de forma constante en los casos. No aparecía en los controles sanos. Al mismo tiempo, otro patrón se hizo evidente: la mayoría de los pacientes había usado productos con THC, a menudo obtenidos de fuentes informales.
La investigación, publicada en el New England Journal of Medicine, presentó datos contundentes. Entre 51 pacientes con EVALI de 16 estados, 48 tenían acetato de vitamina E detectado en sus pulmones. Entre los 99 participantes sanos del grupo de comparación —incluidos usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos de nicotina— ninguno presentaba la sustancia. Entre los casos con datos de laboratorio o epidemiológicos disponibles, 47 de 50 tenían THC detectable, metabolitos de THC o habían informado del uso de productos con THC en los 90 días previos a la enfermedad.
La hipótesis se estrechó. No era la vaporización en sí. Era qué se estaba vaporizando exactamente —y de dónde procedía—. Era una respuesta clara a la pregunta científica. No a la pregunta que ya circulaba entre el público.
La sustancia que había resuelto un problema de mercado —la viscosidad— se reveló en el pulmón como un agente de asfixia química.
El arma había sido identificada.
No era la que había sido nombrada.
VIII – El mapa que no cuadraba
Había una pista aún más sencilla, una que, en aquel momento, fue ampliamente pasada por alto por los grandes medios corporativos. En 2019, el vapeo de nicotina ya llevaba años siendo un fenómeno global: contaba con millones de usuarios, mercados diversos tanto legales como ilícitos y regímenes regulatorios distintos en todo el mundo.
Si el vapeo de nicotina hubiera sido el agente causal intrínseco detrás de aquel aumento de lesiones pulmonares, brotes similares deberían haber aparecido en otros países.
No aparecieron.
En octubre de 2019, algunas autoridades sanitarias ya señalaban un patrón incompatible con el uso de productos regulados de nicotina.
Public Health England emitió una declaración que casi sonaba como una corrección geopolítica del lenguaje estadounidense.
El brote, decía el comunicado, no parecía estar asociado al uso prolongado de cigarrillos electrónicos de nicotina. Si lo estuviera, el patrón sería distinto: demográfico, clínico, geográfico. Sería más amplio, más distribuido, más coherente con la geografía global del uso.
La declaración añadía algo todavía más delicado: una respuesta indiscriminada podía amplificar el malentendido ya existente sobre la seguridad relativa de los cigarrillos electrónicos y empujar a exfumadores de vuelta hacia los cigarrillos convencionales.
La diferencia entre Atlanta y Londres no era, en el fondo, una diferencia de datos.
Era una diferencia de encuadre.
IX – El shock
La evidencia avanzó.
La percepción no.
En el punto álgido de la crisis, la proporción de personas que pasó a considerar los cigarrillos electrónicos más dañinos que los cigarrillos convencionales aumentó de forma pronunciada. El cambio fue rápido y persistente.
En octubre de 2019, una encuesta de la Kaiser Family Foundation encontró que solo alrededor del 30 % de los encuestados creía que los cigarrillos electrónicos eran más seguros que los cigarrillos combustibles. La crisis clínica seguía desarrollándose. La reclasificación mental del riesgo ya estaba en marcha.
Cuando los CDC ajustaron su comunicación en diciembre de 2019, subrayando el papel del THC y de las fuentes informales, la corrección llegó solo en parte.
En febrero de 2020, el brote prácticamente había desaparecido. La cadena de suministro contaminada había sido interrumpida. El balance final alcanzaría 2.807 hospitalizaciones y 68 muertes.
La curva epidemiológica cayó más rápido que la curva semántica.
La biología resolvió el problema. El lenguaje público, no.
Lo que surgió no fue exactamente desinformación. Fue algo más duradero: una inferencia formada bajo incertidumbre, amplificada a escala nacional y, después, difícil de deshacer.
Un estudio de 2022 de Amanda Katchmar y sus colegas examinó las páginas web de departamentos estatales de salud en tres momentos distintos. En enero de 2020, cuando el acetato de vitamina E ya había sido identificado como el principal vínculo causal, solo una minoría de los estados con datos comparables identificaba claramente el papel del THC vaporizado, y pocos mencionaban directamente la sustancia.
Muchas agencias sanitarias seguían recomendando evitar todos los productos de vapeo.
La distinción, ya entonces central, rara vez se hacía explícita. Los autores concluyeron que buena parte de la comunicación pública no había sido actualizada para reflejar con precisión los riesgos tal como se entendían mejor en ese momento.
El shock se difundió en forma de titulares.
La corrección llegó como una actualización tímida.
La crisis clínica empezó a retroceder.
La reclasificación mental del riesgo, no.
X – La cicatriz
El efecto más duradero no estuvo en los hospitales.
Estuvo en la mente de la gente.
El “vapeo” pasó a asociarse con un acontecimiento agudo, dramático y potencialmente letal.
El brote de EVALI no produjo solo una crisis pulmonar. También produjo una reclasificación mental del riesgo. El público no se limitó a oír hablar de una enfermedad; aprendió a asociar el “vapeo” —y en particular los cigarrillos electrónicos de nicotina— con un episodio agudo, letal y visualmente perturbador. El desplazamiento fue profundo, rápido y, según todos los indicios, persistente.
Incluso cuando la evidencia apuntaba a cartuchos ilícitos de THC adulterados, la percepción pública seguía centrada en los dispositivos de nicotina.
El objetivo, una vez desplazado, permaneció así.
En algunos casos, el miedo pudo llevar a usuarios a abandonar el vapeo como alternativa al tabaco. Cuántas personas volvieron a los cigarrillos no es algo fácil de medir. Pero la hipótesis no surge en el vacío. Cuando dos productos funcionan como sustitutos, cambiar el riesgo percibido de uno altera la conducta respecto al otro.
En ese punto, el error ya no es meramente semántico.
Empieza a producir consecuencias.
XI – La disputa por el nombre
El 5 de agosto de 2021, un grupo de expertos pidió a los CDC que cambiaran el nombre de la afección. La propuesta: ATHCVALI —Adulterated THC Vaping Associated Lung Injury—, lesión pulmonar asociada al vapeo de THC adulterado.
La carta, firmada por 75 expertos en salud pública, citaba una estadística reveladora: dos tercios de los encuestados asociaban las muertes del brote con “cigarrillos electrónicos como JUUL”; solo el 28 % las asociaba con “cigarrillos electrónicos de marihuana o THC”.
El nombre ya había organizado el campo de la sospecha.
El argumento era sencillo. El término existente no aclaraba. Oscurecía. Seguía asociando el problema con una categoría más amplia de lo que la evidencia justificaba y, al hacerlo, producía un estigma etiológicamente laxo.
Pero hubo resistencia. Cambiar el nombre podía generar nueva confusión. Podía interpretarse como una forma de minimizar el riesgo.
El debate no enfrentaba ciencia contra error. Enfrentaba dos formas de responsabilidad: precisión etiológica y estabilidad comunicacional.
Entre los firmantes estaba Michael Pesko, quien volvería a escribir en 2026, instando a que por fin se hiciera el cambio.
No existe registro público de una respuesta formal de los CDC a la solicitud de 2021. Esto no significa que el debate no ocurriera. Solo significa que no afloró. Los documentos internos de la agencia, si salen a la luz, quizá muestren todavía si hubo una discusión sustantiva sobre el cambio de nombre: quién defendió conservar el término, quién propuso revisarlo y por qué prevaleció la formulación original.
Este no es un daño que dependa de una falsedad explícita. Basta una categoría demasiado amplia, nombrada demasiado pronto y repetida durante suficiente tiempo.
Incluso después de que el mensaje se afinara, la corrección siguió siendo parcial.
En abril de 2026, todavía es posible encontrar titulares en todo el mundo que vinculan las lesiones pulmonares del brote de 2019 con los cigarrillos electrónicos de nicotina. El nombre sigue haciendo el trabajo que la evidencia ya ha deshecho.
XII – La tragedia secundaria
Toda crisis tiene sus víctimas directas. Algunas también dejan un rastro indirecto, menos visible, más difícil de medir. En el caso de EVALI, ese efecto fue cognitivo y posiblemente conductual.
El documento de trabajo del National Bureau of Economic Research es cauto al abordar la conducta, pero sugiere una consecuencia plausible: los cambios bruscos en la percepción del riesgo pueden disuadir a fumadores adultos de pasar de los cigarrillos combustibles a los cigarrillos electrónicos.
Katchmar y sus colegas sitúan esta posibilidad dentro de una literatura económica más amplia, en la que los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos combustibles se tratan como sustitutos. Un estudio de Cotti y coautores estimó que un aumento del 1 % en los precios de los cigarrillos electrónicos eleva las ventas de cigarrillos en un 1,11 %. Otro estudio de Saffer y sus colegas encontró que un aumento del 10 % en los precios de los cigarrillos electrónicos condujo a un incremento del 13 % en el consumo de cigarrillos, además de reducir el abandono del tabaco.
Esto no demuestra que EVALI causara, a una escala medible, un retorno masivo al tabaquismo. No hace falta afirmar tanto.
Lo que sí puede decirse, con confianza, es algo a la vez más modesto y más importante: el lenguaje público alteró la jerarquía percibida de los riesgos.
Y cuando una crisis lleva a los fumadores a tratar como equivalentes un producto conocido por ser más letal y otro considerado menos letal, o incluso a invertir esa relación, el daño indirecto deja de ser meramente conceptual y empieza a tomar forma práctica.
El miedo amplificado pudo llevar a algunos usuarios a reconsiderar el vapeo como alternativa al tabaco y, en algunos casos, a abandonarlo. Es difícil determinar cuántos volvieron a fumar a causa del brote.
En ese punto, el error deja de ser meramente interpretativo.
Se convierte en daño medible.
XIII – El nombre es infraestructura
La crisis terminó.
La sustancia fue identificada.
El mercado ilícito se ajustó.
Los casos desaparecieron.
El nombre permaneció.
Y con él permaneció una versión de la realidad más amplia de lo que la evidencia todavía podía sostener.
Quizá esta sea la verdadera —y breve— historia de EVALI. No solo la de un brote respiratorio localizado ni la de un fallo de comunicación bajo incertidumbre. Sino la de cómo, en momentos de incertidumbre, una autoridad debe producir inteligibilidad antes de poder producir certeza, y cómo esa inteligibilidad, una vez puesta en marcha, tiende a sobrevivir a la propia evidencia que más tarde la vuelve insuficiente.
Quizá porque los nombres, a diferencia de las hipótesis científicas, no están diseñados para desaparecer. Están diseñados para permanecer.
Y a veces permanecen más de lo que deberían.
La ciencia, por lo general, se corrige.
La burocracia estabiliza.
El lenguaje público sedimenta.
Y, al final, lo que queda no siempre es lo que ocurrió.
Es el nombre que dimos a lo que ocurrió.
Fuentes:
Layden, Jennifer E., et al. “Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin”. New England Journal of Medicine, 2020.
Blount, Benjamin C., et al. “Vitamin E Acetate in Bronchoalveolar-Lavage Fluid Associated with EVALI”. New England Journal of Medicine, 2020.
Centers for Disease Control and Prevention. Press Briefing Transcript. October 25, 2019.
Kenosha County Sheriff’s Department. “Sheriff reveals details of illegal THC vaping cartridge investigation”. September 11, 2019 (updated October 1, 2019). Kenosha County, Wisconsin.
Ghinai, Isaac, et al. “E-cigarette Product Use, or Vaping, Among Persons with Associated Lung Injury — Illinois and Wisconsin, April–September 2019”. Morbidity and Mortality Weekly Report 68, no. 39 (October 4, 2019): 865–869.
Children’s Wisconsin. “Teens hospitalized with lung damage after reportedly vaping”. July 26, 2019.
Scutti, Susan. “8 Wisconsin teens hospitalized with severe lung damage due to vaping, doctors suspect”. CNN, July 26, 2019.
Grothaus, Michael. “‘This is an evil I haven’t faced before,’ says surgeon of vaping-disease teen who received double-lung transplant”. Fast Company, November 13, 2019.
UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. “E-cigarette use or vaping: reporting suspected adverse reactions, including lung injury”. January 2020.
Kaiser Family Foundation. “Data Note: Public Views on vaping and E-Cigarettes”. October 2019.
Dave, Dhaval M., Daniel L. Dench, Donald S. Kenkel, Alan D. Mathios, and Hua Wang. “News that Takes Your Breath Away: Risk Perceptions During an Outbreak of Vaping-related Lung Injuries”. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 26977, April 2020.
Katchmar, Amanda, Paul Shafer, and Michael Siegel. “Analysis of State Portrayals of the Risks of E-Cigarette Use and the Cause of the EVALI Outbreak”. Harm Reduction Journal 19 (2022): 112.
Letter to the Centers for Disease Control and Prevention regarding renaming of EVALI to ATHCVALI, signed by 75 public health experts, August 5, 2021.
Pesko, Michael F. “Evidence-based Request to Revisit CDC Terminology for EVALI”. Letter to Jay Bhattacharya, Acting Director, Centers for Disease Control and Prevention, April 4, 2026.
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