El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS surgió para combatir el tabaquismo. Clive Bates lo defendió cuando aún se fumaba en los aviones. Hoy denuncia lo que considera una ortodoxia ideológica y sostiene que salvar vidas quizá no depende de prohibir, sino de saber escuchar. Tras haberlo visto todo desde dentro, ahora cree que el mayor error de la salud pública podría ser el miedo a cambiar de opinión.
Cuando las delegaciones aterricen en Armenia para la 12ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el guión ya estará escrito: discursos solemnes y repetitivos, cifras infladas, reafirmaciones ceremoniosas de un pacto global. El tono, como siempre, será de celebración.
Una vez más, se exaltarán las virtudes del “primer tratado internacional de salud pública contra el tabaquismo”, firmado hace más de veinte años, ratificado por 183 países, sustentado en principios universales como “el derecho al grado máximo de salud posible” y armado con un arsenal conocido: impuestos, prohibiciones, advertencias, espacios sin humo. Medidas que, en efecto, han ayudado a reducir el consumo de cigarrillos en algunas partes del mundo.
Pero el humo de la retórica ya no oculta los puntos ciegos.
No se alcanzará la meta de reducir en un 30 % el consumo mundial de tabaco para 2025. Y el fracaso, como casi siempre, no se reparte de forma equitativa: cuatro de cada cinco fumadores viven hoy en países de renta baja y media, justamente donde el tabaco es más letal y donde las tasas de consumo descienden con una lentitud desesperante, si es que lo hacen.
Es en los países más vulnerables económicamente donde se concentra la mayoría de los ocho millones de muertes anuales asociadas al tabaco.
La incomodidad, sin embargo, ya no proviene únicamente de críticos habituales ni de la industria, tradicionalmente acusada de sembrar dudas.
En 2022, dos exdirectivos de la propia OMS, los neozelandeses Robert Beaglehole y Ruth Bonita, ambos profesores eméritos de la Universidad de Auckland y referentes internacionales en la prevención de enfermedades no transmisibles, publicaron en The Lancet un artículo de inusual franqueza:
“El CMCT ya no cumple su propósito, especialmente para los países de renta baja”.
Y no están solos. Un informe reciente de CAPHRA, firmado por Clarisse Virgino y Nancy Loucas, apunta a un problema más estructural: el vaciamiento de la autoridad gubernamental en el marco del tratado.
Con el tiempo, el centro de gravedad del CMCT se ha desplazado de las manos de los Estados miembros a una red cada vez más poderosa de ONG financiadas por fundaciones privadas, en particular por filántropos estadounidenses.
Estas organizaciones —algunas con acceso privilegiado a la redacción de documentos técnicos y a la toma de decisiones de la Secretaría— han terminado por imponer el tono de los debates y moldear la agenda de la conferencia bajo la bandera higienista de un mundo “libre de nicotina”.
El resultado, según el informe, es un paradójico desgaste: un tratado que nació como un instrumento científico y transparente, liderado por gobiernos, se ha vuelto cada vez más opaco, excluyente e ideologizado.
La diversidad de evidencias ha sido filtrada. Expertos en reducción de daños, asociaciones de consumidores y científicos independientes han sido sistemáticamente ignorados o caricaturizados como obstáculos o, peor aún, como infiltrados de la industria.
Mientras tanto, quienes fuman o utilizan productos de menor riesgo han sido reducidos a abstracciones estadísticas. La experiencia de sus cuerpos, la legitimidad de sus voces y sus decisiones han desaparecido del debate, a pesar de ser justamente el público que el tratado prometió proteger.
Es en ese entorno —de plenarios cerrados, lenguaje doctrinario y silencios estratégicos— donde las voces disidentes empiezan a destacar. Y muchas de esas voces, irónicamente, provienen de figuras que un día fueron las más fervientes defensoras del tratado. Una de ellas es la de Clive Bates.
En los años noventa y principios de los 2000, Clive Bates fue una figura clave en la lucha contra el tabaquismo en el Reino Unido. Como director de la organización Action on Smoking and Health (ASH), ayudó a consolidar el control del tabaco como uno de los pilares de la salud pública contemporánea.
Más tarde, se incorporó a la Unidad de Estrategia del gobierno británico y comenzó a participar en iniciativas internacionales. Hoy, al frente de una pequeña consultora independiente llamada Counterfactual, se ha convertido en un crítico feroz y temido de la deriva que ha tomado el CMCT.
Su crítica apunta a una fisura central: el rechazo sistemático a los productos de nicotina de menor riesgo. Según Bates, al negarse a considerar estos dispositivos como alternativas legítimas y potencialmente salvadoras para quienes ya fuman, el tratado traiciona su propósito fundamental: reducir las enfermedades y las muertes causadas por el tabaquismo. En su lugar, ha adoptado un moralismo tecnocrático que lo aleja del empirismo científico y lo desconecta de la complejidad de la vida real.
En esta entrevista —editada por motivos de claridad y concisión— Bates sostiene que el CMCT ha perdido el hilo. Y lanza una advertencia: al convertir la “reducción de daños” en un tabú, el tratado se aísla en una ortodoxia que podría estar costando vidas. Muchas vidas.
Esta lectura, sin embargo, dista mucho de ser consensuada. En ciertos círculos, roza la herejía.
La Organización Mundial de la Salud, la Secretaría del CMCT y una constelación de ONG activas en la salud global sostienen una visión diametralmente opuesta, basada en la premisa de que cualquier reconfiguración del control del tabaco debe, ante todo, proteger a los más vulnerables, especialmente a los jóvenes.
En su lógica, los nuevos productos de nicotina sin combustión —como el tabaco calentado— y también sin tabaco —como los cigarrillos electrónicos o las bolsitas de nicotina— no son una solución, sino el regreso de un viejo fantasma con envoltorio nuevo: normalizan el consumo de nicotina, reeditan estrategias de seducción ya conocidas y, en la práctica, reclutan a una nueva generación para la dependencia.
La “reducción de daños”, en este marco específico, no se presenta como una estrategia legítima de salud pública, sino como un relato encubierto, un caballo de Troya narrativo promovido y financiado por ramas reconfiguradas de la misma industria que durante décadas operó entre la omisión científica y la manipulación del mercado.
Para estos defensores, abrir la puerta a dichos productos es correr el riesgo de desestabilizar conquistas obtenidas con gran esfuerzo. Es repetir, con nuevo vestuario, el ciclo de la inducción, la captura y el arrepentimiento tardío. El precio, advierten, podría ser una recaída colectiva: sanitaria, ética y política.
En el fondo, lo que está en juego va más allá de la eficacia técnica de una medida o de un dispositivo específico. Se trata de una pugna aún mal denominada, pero profundamente política, sobre autoridad, legitimidad, poder y los intereses económico-políticos que moldean lo que entendemos por salud pública.
No se trata solo de una controversia científica, lamentablemente, sino de una disputa sobre quién tiene el poder de definir qué se cuenta como ciencia y, por extensión, qué cuerpos, territorios y riesgos merecen atención prioritaria.
¿Quién decide qué evidencia debe escucharse? ¿Quién traza los límites del riesgo aceptable? ¿Quién ocupa, en la práctica, el centro de la política sanitaria global: los Estados soberanos, los órganos técnicos, las ONG financiadas por filántropos multimillonarios, los consumidores afectados?
En última instancia, la pregunta es otra, más profunda y perturbadora:
¿Qué ocurre cuando un tratado deja de perfeccionarse, fracasa en reinventarse, pierde su capacidad de adaptación y, aun así, continúa operando como si nada fallara? No porque funcione, sino porque alimenta una maquinaria de prestigio, financiación y poder.
Clive Bates es una de las voces imprescindibles para entender esta cuestión.
«Extremadamente burocrática… y en la dirección equivocada»
Estamos en el Hotel Royal de Ginebra. En una sala de líneas neutras y silencio contenido. La luz difusa de la mañana atraviesa las cortinas de lino claro, desdibujando los contornos del espacio y prestando a la escena una calma casi clínica.
Clive Bates está sentado en un sillón de cuero marrón. Viste chaqueta azul marino, camisa clara y pantalones de sarga. Las piernas cruzadas, los brazos apoyados, el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante. Su postura transmite comodidad, pero también atención. Las manos reposan abiertas, en un gesto de escucha y disponibilidad.
El ambiente sereno contrasta con la gravedad contenida en el aire: a escasos metros de allí se desarrolla un tratado internacional de salud que, según él, ha perdido el rumbo y la franqueza necesaria para reconocer sus propios límites.
Empezamos por la arquitectura del poder.
El Convenio Marco está formalmente gobernado por su Conferencia de las Partes (COP), una asamblea bienal en la que delegados de más de 180 países se reúnen para adoptar decisiones que, en teoría, orientarán las legislaciones nacionales. Es un espacio concebido como técnico, colegiado y transparente. Pero con el tiempo, algo se desvió.
Los críticos describen la COP como una maquinaria que gira sobre sí misma: cerrada, opaca, más preocupada por conservar sus propios rituales y dogmas que por medir los efectos reales de sus decisiones. Un organismo donde el proceso ha acabado por eclipsar el resultado y la forma ha desplazado a la función.
En ese contexto planteamos la primera pregunta, directa pero con capas:
Usted ha dicho que el Convenio Marco se ha vuelto excesivamente burocrático y, como consecuencia, menos eficaz. Desde su punto de vista, ¿qué mecanismos prácticos podrían adoptar los países para reequilibrar el poder entre la Secretaría y las Partes, sin reabrir el tratado, para que el proceso sea más transparente, inclusivo y efectivo?
Clive Bates no duda. No esquiva. La respuesta llega con la claridad de quien ya estuvo dentro de la máquina y ahora la observa desde fuera, con escepticismo metódico.
—Sí, el CMCT se ha vuelto extremadamente burocrático —afirma—. Pero el problema va más allá de la forma. El proceso avanza en la dirección equivocada.
Se refiere, en particular, a lo que considera una tergiversación de la letra misma del tratado.
—El artículo 1(d) reconoce la reducción de daños como parte legítima del control del tabaco. Está ahí, escrito. Pero lo que vemos hoy es un esfuerzo coordinado para bloquear cualquier enfoque en esa dirección. En lugar de promover estrategias que alienten a los fumadores a migrar hacia alternativas menos nocivas —como el vapeo o los sobres de nicotina—, lo que se impulsa son prohibiciones y regulaciones extremas. Es completamente contraproducente.
Para él, el problema es doble: la exclusión y el desvío de propósito.
—El proceso no es solo excesivamente burocrático. También se ha vuelto altamente excluyente. En la sala de decisiones hay cada vez menos diversidad de pensamiento, menos voces críticas, menos interpretaciones distintas de la ciencia. Prácticamente cualquiera que no esté 100 % alineado con la postura de la OMS queda sistemáticamente fuera. Y en este punto, la OMS se equivoca.
Bates señala el contraste con otros foros de la ONU.
—En la COP del clima, por ejemplo, hay miles de ONG acreditadas: comerciales, ecologistas, industriales, ambientales. Todos tienen voz. Después, deciden los gobiernos. Eso es un proceso democrático: conflicto, pluralidad, deliberación. En el CMCT, hay 29 ONG observadoras, todas alineadas con la misma agenda.
Según él, el resultado es un espacio homogéneo, donde la disonancia se trata como una amenaza y no como parte legítima del proceso político.
—En lugar de intentar ampliar constantemente el alcance de la convención, la prioridad debería ser hacer lo que funciona. Dejar de apostar por prohibiciones que ignoran las consecuencias: el comercio ilegal, las redes criminales, los productos no regulados que emergen en el vacío de la represión. Ni siquiera hacen lo básico: proponer una política y luego evaluar qué ha pasado. Eso también hay que cambiarlo.
«En lugar de promover la reducción de daños, se empezó a perseguir el propio concepto de reducción de daños»
Para Clive Bates, el problema no es solo el exceso de tecnocracia, sino el rumbo.
El pecado original del Convenio Marco, sostiene, radica en su negativa a evolucionar. Un tratado creado para enfrentar los peligros mortales de los cigarrillos combustibles ha terminado por canalizar su energía institucional, política y simbólica hacia la supresión de alternativas que, aunque imperfectas, resultan mucho menos nocivas.
Según él, la lógica se ha invertido: en lugar de buscar reducir el daño, se ha pasado a perseguir la propia idea de reducir el daño.
Del otro lado de la mesa —pero sin el menor espacio para el diálogo— la narrativa es radicalmente distinta. Para la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos firmantes la proliferación de nuevos productos de nicotina no es una salida, sino una recaída.
Vaporizadores de alta potencia, dispositivos desechables con sabores atractivos, tabaco calentado, elegantes sobres aromatizados: todo esto se interpreta menos como innovación y más como estrategia de seducción. Una nueva generación siendo captada para la dependencia, bajo el barniz de la modernidad.
Documentos recientes de la OMS son tajantes: más de 15 millones de niños de 13 a 15 años usan actualmente cigarrillos electrónicos. La postura institucional es clara: estos productos “aumentan el riesgo de iniciación, sostienen la adicción y agravan los daños para la salud pública”. Se trataría, por tanto, de una nueva epidemia disfrazada de solución.
La tensión no es meramente científica. Es profunda y estructural. Es semántica y política, y juega con la moral y el miedo. Uno de los puntos formales de la agenda de la COP11 abordó expresamente cómo hacer frente a lo que se denomina “la narrativa de la industria tabacalera sobre la reducción de daños”, conforme a los artículos 5.2(b) y 5.3 del CMCT.
La propia formulación ya contiene su juicio: la reducción de daños no aparece como una estrategia sujeta a evaluación, sino como un discurso que debe ser neutralizado.
Y es precisamente ahí donde Bates asienta su argumento: el problema no es debatir los riesgos de los nuevos productos, sino tratar el propio debate como una amenaza.
«De proteger las políticas frente a la industria — a oponerse a todo lo que proponga la industria»
Entramos ahora en una fractura más compleja. Y quizá más incómoda. La que, desde hace años, separa al campo de la salud pública de la industria tabacalera.
El artículo 5.3 del Convenio Marco establece, con un énfasis casi ritual, que los gobiernos deben proteger sus políticas de los intereses comerciales de la industria del tabaco (incluso cuando se trata de empresas estatales). Desde su creación, esta cláusula se ha convertido en un acto de fe: no es solo una directriz técnica, sino también un símbolo.
Durante dos décadas, ha sido elevada a la categoría de trinchera moral y de referencia constante para activistas que denuncian el lobby, la captura regulatoria y las estrategias de desinformación y manipulación que marcaron la actuación de la industria en el siglo XX.
Parte del movimiento antitabaco ha construido su identidad y su carrera en torno a este enfrentamiento. Y en ese proceso, cualquier intento de diálogo con empresas, incluso cuando se trata de productos potencialmente menos nocivos, ha pasado a verse como una contaminación o, peor aún, como una señal de complicidad.
Sin embargo, hoy crece la percepción de que esta vigilancia se ha vuelto rígida. Se ha fosilizado. En ciertos círculos, la lucha contra la industria ya no parece ser un medio para proteger la salud pública, sino un fin en sí mismo, casi una identidad política, que rechaza los matices y bloquea cualquier disidencia o diálogo.
Y es ahí donde planteamos la pregunta:
Desde su punto de vista, ¿hasta qué punto esta mentalidad se ha convertido en una distracción, algo que, al intentar combatir el daño, termina por sostenerlo porque impide considerar alternativas de menor riesgo?
Bates comienza con un punto de consenso, para luego alejarse con claridad de la ortodoxia dominante.
—La cláusula existe, y todos están de acuerdo con ella —dice, refiriéndose al artículo 5.3 del CMCT, que establece que las políticas públicas deben estar protegidas frente a interferencias indebidas de la industria tabacalera.
—Y es completamente razonable. Ningún tratado ambiental debería verse influido por la industria maderera. Nadie quiere que la industria química redacte tratados sobre sustancias tóxicas. Eso es normal. Eso es deseable.
Pero, según él, el principio se ha transformado poco a poco en dogma. Lo que nació como un mecanismo de protección ha pasado a operar como un objetivo en sí mismo: una oposición sistemática a todo lo que provenga de la industria, incluso si eso pudiera salvar vidas. Muchas vidas.
—El problema es: ¿y si parte de la industria desea algo que, de hecho, esté alineado con los intereses de la salud pública? —plantea. Algo no se convierte en malo solo porque también le convenga a alguien desde el punto de vista comercial. Esa es una forma absurda de ver el mundo.
Para Bates, esta lógica binaria —este reflejo condicionado de hostilidad— es lo que ha minado la posibilidad de discutir con madurez el concepto de reducción de daños en el control del tabaco.
—Lo que se intenta hoy es presentar toda la idea de sustituir productos de alto riesgo por alternativas de menor riesgo como si fuera una conspiración maligna de la industria, cuando, en realidad, es una respuesta racional a lo que sabemos sobre el riesgo, la adicción y el comportamiento humano.
Y puntualiza con frialdad: mil millones de personas consumen nicotina en el mundo.
—Seguramente sea mejor que usen productos de bajo riesgo en lugar de productos de alto riesgo. Eso significa que habrá menos personas enfermas. Y menos personas muertas.
Memoria, desconfianza y la cuestión del riesgo
Para muchos dentro del campo del control del tabaco, los llamados productos de reducción de daños no son tecnologías neutrales. Son extensiones hábilmente rediseñadas de un poder maligno que, durante décadas, operó en las sombras: engañando al público, manipulando datos, combatiendo cualquier regulación que amenazara sus beneficios. Estos dispositivos —vaporizadores, sobres de nicotina, tabaco calentado— no transportan solo nicotina, sino también memoria. Y desconfianza.
Ignorando la posición de entidades de referencia como el histórico Royal College of Physicians o la colaboración británica Cochrane, la Secretaría del CMCT mantiene su postura: las afirmaciones sobre “riesgo reducido” carecen a menudo, según su criterio, de evidencia científica sólida y servirían, en la práctica, para debilitar los marcos regulatorios. La alarma se intensifica ante la sospecha —no siempre confirmada— de que estos productos se promocionan agresivamente a personas que nunca han fumado, especialmente adolescentes.
El resultado es un bloqueo casi existencial.
Por un lado, un movimiento de salud pública que se ha definido —ética y políticamente— por su rechazo absoluto a la industria tabacalera (aunque no necesariamente a la farmacéutica) y ha pasado a excluir o etiquetar como parte de la industria a cualquiera que disienta o cuestione.
Por otro lado, una industria que ahora se muestra dispuesta a redefinir su rol precisamente en torno a la transición hacia productos que prometen causar menos daño y que, en muchos casos, pueden salvar vidas. Muchas vidas.
En este territorio de fricción y paradoja Clive Bates formula su pregunta más incómoda (y quizá la más urgente):
—¿Y si, en algunos casos, la industria estuviera realmente en lo cierto?
Uno de los arquitectos del tratado ahora dice que podría estar causando más daño que beneficio
Clive Bates no habla como un extraño al proceso ni como un observador periférico. Recuerda, con la precisión de quien lleva el archivo en la cabeza, que estuvo en la sala cuando se comenzaron a esbozar los primeros borradores del Convenio Marco.
Participó en reuniones, debates técnicos, intercambios de documentos. Vio desde dentro cómo se construyó lo que llegaría a ser el primer tratado internacional de salud pública centrado en el control del tabaco. Por eso, su crítica no suena a oposición, sino a revisión de conciencia.
Planteamos entonces una hipótesis:
Si, mañana, hubiera que reescribir desde cero el CMCT —ante las tecnologías hoy disponibles y lo que se sabe sobre productos de nicotina de menor riesgo—, ¿qué artículos dejaría intactos, cuáles reformularía y qué eliminaría por completo?
Bates no duda. Antes de sugerir cualquier cambio, insiste en volver al punto de partida.
—Volvamos 25 años atrás, al momento en que todo esto comenzó. Estuve implicado en las fases iniciales de redacción del CMCT, entre 2000 y 2003 —dice, con la naturalidad de quien conoce el texto al detalle. Y, sinceramente, creo que es un tratado bastante bueno.
Recuerda el espíritu original del documento: un esfuerzo por consolidar políticas de control del tabaco basadas en evidencia y garantizar su adopción global, con foco principal en la reducción del consumo de cigarrillos combustibles.
—La idea era simple y acertada: restringir la publicidad, aplicar medidas fiscales, promover la cesación. La mayoría de los artículos son sólidos. No cambiaría mucho.
Pero luego ajusta la mirada, del pasado al presente.
—El problema es que el tratado se escribió en 2003. Y el mundo ha cambiado.
Bates enumera: los vapes, los productos de tabaco calentado, los sobres de nicotina —dispositivos que, según él, representan una transformación tecnológica con potencial real para reducir los daños del tabaquismo—.
—Esos productos ni siquiera estaban en el horizonte cuando se redactó el tratado. Y hoy este no ofrece ninguna estructura real para tratarlos como lo que son: alternativas de menor riesgo.
Su propuesta no es reescribir el tratado desde cero, sino activar lo que ya está ahí. Y que ha sido olvidado.
—Lo que cambiaría sería hacer efectiva la parte del tratado que habla de reducción de daños. Está en el texto, pero nunca se ha implementado.
Según él, aplicar todos los artículos del CMCT a estos productos como si fueran simples versiones disfrazadas del cigarrillo tradicional es un error de categoría.
—Necesitamos un enfoque distinto. El objetivo, al fin y al cabo, debería ser claro: fomentar alternativas más seguras al cigarrillo. —Y, hoy por hoy, no hay nada en el tratado que lo haga.
Este es el núcleo de la crítica de Bates: es un tratado concebido para una era tecnológica que no logró adaptarse a la siguiente.
La arquitectura normativa del CMCT —basada en impuestos, prohibiciones, advertencias gráficas— fue diseñada para enfrentar a un enemigo claramente identificado: los cigarrillos combustibles, responsables de matar hasta a la mitad de sus consumidores habituales.
Pero el tiempo siguió su curso mientras el tratado se mantuvo, en gran parte, estático. Siguió callado o ambiguo ante el surgimiento de dispositivos que, aunque polémicos, podrían ser sustancialmente menos nocivos para los fumadores, pese a que también plantean el riesgo potencial de generar nuevas generaciones de usuarios de nicotina.
El documento más reciente de posición de la OMS adopta una lógica de máxima precaución. Propone que todos los productos de nicotina —combustibles o no— se rijan por el mismo marco regulador. Defiende restricciones severas sobre marketing, sabores, concentración de nicotina y acceso de menores. Y trata las alegaciones de reducción de daños con un escepticismo casi absoluto.
Curiosamente, esa rigidez rara vez se aplica a los productos farmacéuticos con nicotina —chicles, parches, aerosoles—, que, aunque contienen la misma sustancia y dependen del uso repetido, gozan de una especie de inmunidad simbólica: son “terapéuticos” por definición, incluso cuando su eficacia real fuera de los ensayos clínicos es limitada.
Bates defiende precisamente el movimiento inverso: no equiparar, sino diferenciar. Construir un marco regulatorio explícito y preferencial para los productos de menor riesgo, anclado en una realidad ineludible que suele ser ignorada por quienes diseñan las políticas:
—Nos guste o no —afirma—, mil millones de personas consumen nicotina.
El multimillonario en la sala
Si los apartados anteriores sonaban como un desacuerdo estratégico sobre métodos, prioridades o marcos regulatorios, el tono cambia radicalmente cuando entra en juego el dinero.
Durante los últimos quince años, el control global del tabaco ha sido financiado no solo por presupuestos públicos y organismos multilaterales, sino también por una fuerza de influencia creciente: la megafilantropía. Y entre sus protagonistas, ninguno con mayor peso que Michael Bloomberg.
Cientos de millones de dólares han sido destinados a la OMS, a la Secretaría del CMCT y a una constelación de ONG, think tanks y centros académicos que orbitan el campo de la salud pública. Para muchos de estos actores, esa financiación ha sido una tabla de salvación: una forma de mantener en marcha políticas esenciales en contextos de desfinanciación crónica. Pero para Clive Bates esta red ha terminado por distorsionar la ecología política e intelectual del sector.
No se trata solo de dinero, sugiere. Se trata de dirección, de relato, de qué voces obtienen legitimidad y cuáles son silenciadas.
Planteamos entonces una nueva provocación:
En un mundo donde muchos países de renta baja y media dependen del financiamiento filantrópico para sostener sus políticas de salud pública, ¿cómo pueden reconocer que el verdadero conflicto de interés tal vez no provenga de la industria, sino del relato dominante, construido y financiado desde fuera?
Bates invierte por completo el concepto tradicional de “conflicto de interés”.
—Todo gobierno necesita asesoramiento independiente —afirma. Y, sobre todo, debe comprender que el conflicto de interés no se limita a la industria. Es estructural. Está en todas partes.
Para él, el término debe tratarse con menos ingenuidad y más honestidad. Todos los que gravitan en torno a los centros de decisión tienen intereses. Las empresas, sí. Pero también las ONG, fundaciones y organizaciones caritativas —muchas con misiones legítimas, aunque no siempre alineadas con las prioridades reales de un Estado—.
—Los gobiernos ya lo saben —dice. Están acostumbrados a navegar entre nubes de intereses contrapuestos, cada uno con su propia agenda. Y eso es precisamente lo que deben seguir haciendo: discernir. Mediar. Resistir.
Ahí su crítica se concreta. Y apunta:
—Cuando hablamos de estos grandes filántropos estadounidenses —dice—, hay que entender lo que ocurre. Tenemos a un solo hombre muy rico hablando a través de decenas, quizá cientos, de ONG. Financiando a la OMS. Financiando campañas. Financiando centros de investigación y medios de comunicación.
Menciona por nombre organizaciones como Vital Strategies y Campaign for Tobacco-Free Kids, que llegan a países del sur global con campañas ya empaquetadas, a menudo acompañadas de borradores legislativos más afines a las prioridades del donante que a las necesidades locales.
Para Bates, es una estructura excesivamente concentrada, donde las ideas de un único financiador, casi siempre un hombre, como subraya, se replican a través de un vasto ecosistema de ONG, investigadores, académicos y medios, todos operando bajo la lógica del mismo donante.
Para Bates, se trata de soberanía narrativa.
—Los gobiernos deben comprender eso. Y resistir —dice con serenidad, pero con claridad estratégica—. No están ahí para obedecer la voluntad de un multimillonario estadounidense. Están para defender los intereses de sus propios pueblos —el pueblo brasileño, el tailandés, los ciudadanos de Rusia, Europa, de donde sea—.
Es una imagen provocadora: un imperio filantrópico que habla a través de decenas de instituciones, ONG, centros académicos y campañas públicas, pero que en última instancia responde a las prioridades de un solo donante.
Tampoco hay consenso entre los estudiosos de la gobernanza sanitaria global. Incluso entre quienes suelen defender el modelo actual, el papel de Bloomberg se ve con ambivalencia.
Por un lado, su financiación es ampliamente reconocida como clave para implementar medidas esenciales del CMCT —subidas de impuestos, leyes antitabaco, apoyo legal—, especialmente en países con presupuestos frágiles, donde muchas estrategias quedarían en el papel sin ayuda externa.
Por otro lado, la fuerte dependencia de un reducido grupo de financiadores introduce distorsiones difíciles de ignorar. Las prioridades tienden a alinearse no tanto con los datos y necesidades locales de salud, sino con batallas regulatorias de alto perfil mediático y político, donde el retorno simbólico suele ser mayor.
En ese proceso, acciones menos visibles —como reforzar programas para dejar de fumar o generar evaluaciones independientes sobre el impacto real de las políticas— quedan relegadas. Son precisamente estas las lagunas que Bates denuncia como sistemáticamente ignoradas por el sistema del CMCT.
Quizá lo más revelador sea cuánto permanece esta tensión fuera del debate público.
Rara vez aparece con nitidez en foros oficiales. Cuando la Secretaría del CMCT agradece a Bloomberg Philanthropies en sus informes, el tono es de gratitud institucional —rozando la deferencia— no de vigilancia crítica, como si el financiamiento privado estuviera exento del escrutinio que se aplica sistemáticamente al sector privado tradicional.
Lo que Bates propone no es el fin de la filantropía, sino la aplicación equitativa de un principio saludable: la desconfianza crítica.
Si el Artículo 5.3 exige cautela ante la influencia de la industria tabacalera, ¿por qué no aplicar esa misma cautela a quienes financian —y moldean— las campañas contra ella?
Y si a la gente le gusta la nicotina, ¿qué importa?
Más allá de la política del tratado, de las disputas institucionales y de la influencia de los megafondos, hay una cuestión más íntima, menos armada: ¿qué hacer con el simple hecho de que muchas personas disfrutan de la nicotina?
Tras décadas de control del tabaco (campañas masivas, impuestos altos, espacios libres de humo), la prevalencia del tabaquismo ha bajado en gran parte del mundo. Pero solo un poco. El número absoluto de consumidores sigue rondando los 1.200 millones, sobre todo en países de ingresos bajos y medios.
A la vez, en países ricos, se observa una transición: el cigarrillo tradicional retrocede, mientras aumentan los vapes, las bolsas de nicotina y otros productos no combustibles, especialmente entre adultos jóvenes y personas menos vulnerables socioeconómicamente.
El hecho bruto persiste: millones siguen usando nicotina, y la mayoría de las veces no por adicción, sino por elección. Como hábito. Como placer. Como compañía.
Frente a esta realidad, lanzamos la última pregunta:
Tras dos décadas de control del tabaco, el progreso parece haberse estancado. El tabaquismo disminuye, pero el uso de nicotina continúa. ¿Cuál debería ser, entonces, el siguiente paso lógico de la salud pública?
Bates no titubea. Responde con pragmatismo, no con moralismo. Y vuelve a lo esencial: la salud pública, dice, existe para reducir daños concretos, no para castigar conductas abstractas.
—Mira —comienza con tono pausado—, hay una razón sólida para intervenir en conductas que causan enfermedades graves: cáncer, cardiopatías, patologías respiratorias. No es moral, es riesgo. Y desde esa lógica, animar a dejar de fumar, o al menos a cambiar a algo menos perjudicial, tiene todo el sentido.
Reconoce que las políticas de control del tabaco han dado frutos. No espectaculares, pero sí reales. En muchas regiones, las tasas de tabaquismo están bajando. Pero entonces su tono cambia. Lo técnico cede a lo humano.
—Aun así, mucha gente sigue usando nicotina —dice. Te guste o no, hay gente a la que la nicotina le gusta. Hay placer. Hay alivio. Hay algo que sienten que ganan.
Él mismo nunca la ha usado. Pero no le parece razonable que la salud pública siga ignorando la persistencia del deseo. La pregunta, para él, no es moral, sino práctica.
¿Y ahora, Clive? ¿Qué más puede hacerse?
Su respuesta es clara:
—Hacer que el uso de nicotina sea más seguro para quienes no quieren —o no pueden— dejarlo.
No habla de teoría. Habla de tecnologías ya disponibles, capaces de reducir hasta en un 95% los riesgos del cigarrillo tradicional.
—Es un cambio colosal —dice. Estamos hablando de siete millones de muertes al año por tabaquismo. Si esas personas migraran a productos sin combustión, ese número se desplomaría.
Es una lógica directa. Casi elemental. Pero en el contexto del CMCT aún suena a herejía.
La cifra del “95%” no es arbitraria. Aparece en informes del Royal College of Physicians y de Public Health England, que durante la última década han sostenido que los cigarrillos electrónicos son, para fumadores adultos, significativamente menos nocivos que el tabaco combustible. Eso sí: también piden controles estrictos sobre sabores, acceso y marketing, especialmente para evitar el uso juvenil.
Pero el consenso se detiene ahí.
La Organización Mundial de la Salud, junto con muchas sociedades médicas, adopta una postura mucho más cauta. Sus preocupaciones incluyen posibles daños cardiovasculares, lesiones pulmonares aisladas, uso dual prolongado y, sobre todo, el volumen de experimentación entre adolescentes. Para estas instituciones lo “obvio” no es normalizar nuevas formas de consumo, sino impedir que una nueva curva de dependencia sustituya a la anterior.
Muchos de estos temores, sin embargo, han sido cuestionados por investigadores independientes. Las lesiones pulmonares agrupadas bajo EVALI, por ejemplo, fueron vinculadas a productos adulterados con acetato de vitamina E y no a vapes regulados con nicotina. El “uso dual”, citado como problema, es visto por muchos como una etapa común del abandono gradual del tabaco.
Aun así, la OMS parece ignorar experiencias positivas como las del Reino Unido, Japón, Suecia o Nueva Zelanda, donde estrategias de reducción de daños han coincidido con caídas drásticas del tabaquismo, sin aumento proporcional en el uso juvenil. En esos países, la reducción de daños no es una concesión, sino una política pública basada en datos reales.
El punto en disputa no es si hay menos riesgo. Es cuánto menos, para quién, bajo qué condiciones y con qué consecuencias.
Bates cree que el sistema del CMCT respondió antes de tiempo. Y lo hizo mal: con un veto simbólico, donde debería haber un debate empírico. En lugar de crear marcos para comparar riesgos, identificar beneficiarios y ensayar políticas adaptadas a contextos locales, se optó por rechazar de antemano.
El resultado, según Bates, es una política que no solo ignora las nuevas evidencias, sino que las descarta por principio. Asocia toda disidencia al lobby de la industria, no a la posibilidad legítima de revisión científica. En la práctica, dice, es un dogma disfrazado de precaución. Y como todo dogma, bloquea lo que debería fomentar: el aprendizaje institucional.
El sistema, concluye, no responde a la incertidumbre con investigación, sino con negación.
¿Quién sirve a quién? La Secretaría, las ONG y los Estados miembros
En este punto, la crítica se profundiza. Hay quienes van más allá de Bates y perciben en la estructura del Convenio Marco no solo un tratado desactualizado, sino un desequilibrio más profundo en la gobernanza. Según esta lectura, la Secretaría del CMCT habría dejado de ser un brazo técnico al servicio de los gobiernos signatarios para convertirse en un centro de poder autónomo, con sus propias prioridades, alianzas y agenda normativa. Una suerte de feudo institucional protegido por su lenguaje técnico e inmune a cuestionamientos externos.
Planteamos esa caracterización a Bates y le preguntamos:
Algunos críticos afirman que la Secretaría del Convenio Marco actúa hoy más como un centro de poder independiente que como un órgano subordinado a las Partes. Casi un enclave que responde solo a sí mismo. ¿Está de acuerdo con esa lectura?
Bates elige no personalizar la crítica. Su blanco no son las personas, sino el engranaje.
—Creo que el problema es estructural, no personal —responde sin alterar el tono—. La Secretaría del CMCT, la Organización Mundial de la Salud, varias ONG… están todas bastante alineadas. Siguen, en esencia, la misma agenda prohibicionista.
Para él, se trata de una maquinaria unificada que opera con precisión programada, empujando a los países en una dirección concreta, con recursos, narrativa y estrategia que, según Bates, reflejan el manual de Michael Bloomberg.
—Funciona como un engranaje único —afirma. Y el verdadero problema en este arreglo no está en la máquina, sino en los gobiernos que aceptan ser conducidos por ella.
Es aquí donde Bates invierte el eje de la crítica. En lugar de exigir reformas técnicas o reestructuraciones internas, devuelve la responsabilidad política a las Partes: los países signatarios del tratado.
—Es deber de los gobiernos reaccionar. Buscar buenos consejos de la Secretaría y de la OMS, sí. Pero también corregir cuando se distorsiona la ciencia y resistir la presión de ONG —muchas de ellas financiadas externamente— que difunden afirmaciones sin base empírica.
Su tono sigue siendo comedido, pero el mensaje es incisivo:
—El tratado pertenece a los países, no a la Secretaría. Ellos son las Partes. La OMS y la Secretaría están allí para servirles. Pero para eso los gobiernos deben imponerse. Deben dejar de simplemente ir con la corriente.
En Ginebra, sin embargo, el discurso oficial sigue una lógica inversa. La Secretaría del CMCT y la OMS alertan sobre lo que describen como “niveles sin precedentes de interferencia de la industria”. Las ONG denuncian eventos paralelos, supuestamente patrocinados por organizaciones vinculadas al sector, que acusan al tratado de haberse vuelto ideológico, anticientífico y cerrado al debate.
En ambos lados, el léxico se repite: todos dicen defender “políticas basadas en evidencias”. Todos acusan al otro de haber sido capturado, ya sea por las corporaciones, ya sea por filántropos y activistas con agendas propias.
Pero lo que falta, según Bates, es algo más elemental. No es una nueva ideología. Ni más convicción. Es prueba. Evaluación. Confrontación con la realidad.
Cuando un gobierno prohíbe los cigarrillos electrónicos o las bolsitas de nicotina, ¿qué ocurre con el consumo de tabaco tradicional? Cuando opta por regular, controlando el marketing, el acceso y la calidad, ¿se produce una migración hacia productos menos nocivos?
Estas preguntas retóricas no son imposibles. Los datos existen, dispersos, emergentes, fragmentados. Lo que no existe, dice Bates, es una estructura formal dentro del CMCT que permita recopilar esas evidencias de forma sistemática y debatirlas con neutralidad.
Sin eso, el tratado opera a ciegas, basado más en premisas ideológicas que en experimentos.
“Ahora probablemente está aumentando el tabaquismo —y el crimen organizado—”
Terminamos con una hipótesis que flota como una acusación no formulada y quizá imposible de refutar: ¿Y si un tratado creado para reducir los daños del tabaco los estuviera, en realidad, agravando?
La pregunta desplaza la crítica de Bates hacia algo más amplio —y más inquietante—: ¿qué ocurre cuando una política pública global empieza a fracasar no por falta de datos, sino por fidelidad a una ortodoxia? ¿Qué pasa cuando salvar vidas se vuelve secundario frente al impulso de preservar estructuras?
Entonces preguntamos, por última vez, sin metáforas ni eufemismos:
Tras dos décadas de existencia y millones en financiación, ¿está el Convenio Marco preparado para cambiar su paradigma? ¿O está, en la práctica, alejándose cada vez más de lo que realmente funciona en salud pública?
La pregunta queda suspendida en el aire como una sentencia a punto de dictarse. Bates no duda. Lo que en otras voces podría sonar a exageración, en la suya emerge con frialdad estratégica y convicción acumulada.
—A lo largo de estos 20 años, el pensamiento solo ha ido a peor —dice. Al principio, el foco era claro: luchar contra los cigarrillos. Ahora, luchan contra las alternativas, que son mucho más seguras.
Ese giro, para él, no es solo un error de enfoque. Es un retroceso político que cuesta vidas.
—En lugar de utilizar los productos sin combustión para reducir el daño, el tratado eligió el camino contrario —afirma. Y con cada ciclo, empeora.
Hace una pausa. Respira. Y entonces pronuncia la frase que parece haber madurado durante años: demasiado clara como para evitarse, demasiado grave como para decirla a la ligera:
—Hoy, en mi opinión, el CMCT, en su conjunto, está haciendo más mal que bien.
Se inclina levemente hacia delante. El tono se mantiene sereno, pero firme.
—Al principio, tuvo un efecto positivo. Pero ahora… ahora, probablemente esté aumentando el tabaquismo. Y sin duda está alimentando al crimen organizado.
Una disputa mayor de lo que parece
Para los gestores del Convenio Marco, afirmar que el tratado está causando más daño que beneficio no es solo un error: es un peligro. Sostienen que las políticas clásicas de control del tabaco —impuestos, espacios libres de humo, restricciones y, en algunos países, prohibiciones de alternativas— han salvado millones de vidas desde su adopción.
Pero, como advierte Clive Bates, es precisamente ese legado el que ahora corre el riesgo de convertirse en un obstáculo para el futuro. Lo que comenzó como una estrategia pragmática para contener el daño del cigarrillo se ha transformado, según él, en una ortodoxia institucional: resistente a la innovación, impermeable a la disidencia y cada vez más alejada de la realidad.
Y no es una crítica aislada. Resuena en un escenario más amplio, en el que la gobernanza global de la salud atraviesa una crisis de legitimidad. La pandemia de la COVID-19, los conflictos por el acceso a las vacunas y las tensiones en torno a un nuevo tratado pandémico han sacado a la luz, de forma brutal, preguntas que durante mucho tiempo fueron tratadas como secundarias: ¿Quién define lo que es “ciencia válida”? ¿Con cuánta independencia? ¿Hasta qué punto deben las secretarías internacionales, financiadas por entidades privadas, influir en las políticas nacionales? ¿Qué ocurre cuando un tratado congela las premisas de 2003 y se niega a reconocer los avances de 2025?
La disputa en torno a la nicotina cristaliza esas tensiones. No se trata solo de una pelea sobre vapes o bolsitas. Es la incapacidad de un modelo institucional para gestionar tecnologías que cambian paradigmas, deseos humanos que no desaparecen por decreto y estrategias de reducción de daños que desafían dogmas profundamente arraigados.
Para Bates, negar ese debate en nombre de una pureza política tiene un precio: vidas que podrían salvarse con alternativas menos nocivas y que siguen expuestas al riesgo del cigarrillo tradicional.
Mientras las delegaciones recorren los pasillos enmoquetados de Ginebra y repiten eslóganes sobre “generaciones libres de tabaco”, la realidad persiste: más de mil millones de personas siguen usando nicotina. Y muchas de ellas no van a dejar de hacerlo, por voluntad, por dificultad o por placer.
—Si queremos que mueran menos personas —dice Bates—, tal vez debamos aceptar que la nicotina no va a desaparecer.
Y que un tratado diseñado para un tipo de nicotina tal vez debe doblarse, o incluso romperse, para enfrentar lo que viene. Esa es, al final, la propuesta más radical en circulación. Y también, quizá, la más realista.
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