Paraguay, Argentina, Brasil: donde la mercancía pierde su nombre.
Cuando los inspectores de aduanas abrieron dos contenedores en el puerto de Santos, no encontraron cigarrillos electrónicos. Al menos, no a primera vista. Tampoco sobre el papel.
Según los manifiestos de carga, el envío contenía algo muy distinto: juguetes, herramientas, accesorios informáticos, piezas de automóvil e instrumentos musicales. Sin embargo, bajo esa capa de disfraz burocrático yacían alrededor de 450.000 cigarrillos electrónicos, apilados, embalados y listos para circular.
El envío aún no había cruzado el país, pero ya había atravesado una frontera más decisiva: la frontera entre la prohibición y el lenguaje. Había dejado de llamarse por su nombre.
Esa puede ser una de las claves para comprender el nuevo comercio ilícito de nicotina en América del Sur. Los vapers no desaparecen porque nadie los vea. Los ven los agentes de aduanas, la Policía Federal, los usuarios y los vendedores. Lo que desaparece es otra cosa: la cadena de responsabilidad: origen, importador, número de lote, composición, clasificación aduanera, responsabilidad regulatoria y, sobre todo, dinero.
Un camino antiguo
El comercio ilícito de vapers no tuvo que inventar su propio mapa. Heredó uno.
En las zonas fronterizas donde se encuentran Brasil, Paraguay y Argentina, ciertas mercancías parecen circular antes de existir oficialmente.
Pero el nuevo comercio ya no encaja en la geografía habitual del contrabando. Se mueve por ríos, puentes, almacenes, carreteras y puertos. Se mueve por el puerto de Santos, el mayor centro logístico del país, que gestionó 186,4 millones de toneladas de carga en 2025, a casi 1.000 kilómetros de la Triple Frontera. Y se mueve a través de una frontera sin puestos de control aduanero: las redes sociales, donde 144 millones de usuarios activos forman un vasto mercado de escaparates, contactos y entregas.
Los vapers heredaron el camino abierto por los cigarrillos convencionales. Pero aprendieron a recorrerlo de otra manera.
En la Triple Frontera, donde Foz do Iguaçu, Ciudad del Este y Puerto Iguazú se miran a través de los ríos Paraná e Iguazú, ese camino ya estaba trazado.
Antes de los pods desechables y de los anuncios en Instagram, los cigarrillos convencionales ya conocían las orillas del río Paraná, los almacenes de Ciudad del Este, las carreteras secundarias y las horas laxas de inspección. Pasaban por las manos de ojeadores, cargadores, conductores, intermediarios y jefes, dentro de una economía entrenada durante décadas para convertir las mercancías en categorías móviles.
Esa geografía nunca fue meramente territorial. Reorganizó la vida administrativa, laboral y social de la frontera: tolerancias locales, asimetrías fiscales, jornadas precarias, aplicación selectiva de la ley y pequeñas zonas de ambigüedad donde la ley pierde filo sin llegar a desaparecer.
El problema allí no siempre es la ausencia del Estado. A menudo es un Estado que llega tarde, llega parcialmente o solo alcanza hasta cierto punto.
A lo largo del corredor Paraguay-Brasil-Argentina, el contrabando dejó hace tiempo de ser un simple flujo clandestino de mercancías. Se convirtió en una infraestructura social, política y económica, habitada por generaciones de funcionarios, comerciantes y trabajadores.
Dentro de esa maquinaria, Paraguay ha ocupado durante décadas el centro nervioso.
A lo largo de la década de 1990, Paraguay dejó de funcionar simplemente como corredor para cigarrillos producidos por empresas transnacionales y empezó a desarrollar su propia capacidad para producirlos y distribuirlos. Lo que había sido un sistema de reexportación evolucionó gradualmente hasta convertirse en una empresa industrial, con fábricas, cadenas de suministro, líneas de producción, excedentes y redes regionales de distribución.
Los cigarrillos ya no solo atravesaban las zonas fronterizas. Cada vez más, se fabricaban allí, en una economía moldeada por la propia frontera.
Ese precedente revela una infraestructura de rutas, almacenes, trabajadores, códigos de silencio, rutinas de inspección, tolerancias locales y un talento discreto para convertir los vacíos regulatorios en márgenes.
Los cigarrillos abrieron primero el camino. Los vapers siguieron las huellas.
En la frontera, esta economía tiene nombres, horarios y funciones. El trabajo se divide en roles: patrones, conductores, ojeadores, señalizadores, cargadores e intermediarios. No una masa indistinta de “contrabandistas”, sino una división del trabajo en la que el riesgo y el beneficio rara vez recaen sobre las mismas personas.
Detrás de esos roles hay rutas migratorias, tácticas de supervivencia, empleos informales e intentos frágiles de movilidad social. La frontera no es solo un camino para las mercancías. Es una biografía, una estrategia familiar y una forma de mantenerse en pie allí donde lo oficial y lo informal no dejan de filtrarse el uno en el otro.
Algunos pasan la noche vigilando controles policiales desde el móvil. Otros empujan cajas por el río en pequeñas embarcaciones, ya de noche. Unos organizan pagos y rutas. Otros cargan la mercancía a la espalda cuando el camión ya no puede avanzar. En ciertas carreteras, la noticia de una inspección llega antes que el coche patrulla.
El vocabulario local no es folclore. Es lenguaje operativo.
El patrão, por ejemplo, funciona como empresario del cruce: calcula pérdidas, negocia cargamentos, distribuye pagos, a veces desde una silla de plástico al fondo de un almacén caluroso.
Cigarreiro, en cambio, funciona casi como una borrosidad administrativa. La palabra comprime toda la cadena en una sola figura y borra la distancia entre quienes controlan el flujo y quienes ponen el cuerpo frente a la incautación, el robo de carga y la violencia difusa de la frontera.
Circular en la clandestinidad
Este mercado persiste no solo porque el territorio tenga grietas. Persiste porque ha aprendido a vivir dentro de los intervalos de la ley. Las franquicias de equipaje, los cupos para viajeros, los regímenes especiales de circulación y las formas toleradas de transporte se convierten en canales parciales de legalidad.
A través de ellos, la mercancía cruza sin parecer del todo clandestina. Turistas, compradores y contrabandistas cambian de posición dentro de la misma economía de circulación, sostenida por esa franja inestable entre la tolerancia y la infracción.
La Nomenclatura Común del Mercosur ya tiene un nombre técnico para el producto: “cigarrillos electrónicos y dispositivos eléctricos personales de vaporización similares”. Pero en Brasil, un nombre técnico no abre el mercado. Anvisa prohíbe la importación, venta, distribución, almacenamiento, transporte y publicidad de estos productos. Por eso, cuando la mercancía entra ilegalmente, rara vez viaja con su nombre propio.
En los contenedores de Santos, los vapers también aparecían como bebidas, perfumes, pequeños aparatos electrónicos y embalajes vacíos de teléfonos móviles. La falsificación documental no era un detalle burocrático. Era parte del cruce.
El producto desapareció primero del formulario. En esta frontera más sofisticada, la ley no falla sin más. Cambia de densidad.
En Paraguay, el rastro más claro suele aparecer justo antes del cruce. Si en Santos la mercancía se desvanecía en los papeles, en la frontera reaparecía en las orillas del río Paraná.
Hace dos años, en Presidente Franco, las autoridades paraguayas incautaron decenas de miles de vaporizadores falsificados en envíos valorados en alrededor de un millón de dólares. Las cajas estaban cerca del río, embaladas, organizadas y listas para moverse irregularmente hacia Brasil.
La escena sugiere que el vape ya había entrado en algún punto de la cadena paraguaya. La incautación no reveló el origen completo. Capturó la antesala del cruce: el instante en que el stock se convierte en carga, la carga se convierte en riesgo y la ribera deja de ser paisaje para convertirse en paso.
Al otro lado, el estado brasileño de Paraná aparece como eje de internalización. Según estadísticas de la Policía Federal de Carreteras, el estado concentró la mayor parte de las incautaciones de cigarrillos electrónicos en 2024.
El dato no mide el tamaño real del mercado. Mide lo que la fiscalización consiguió tocar. Aun así, muestra dónde el producto se encuentra con mayor frecuencia con el brazo vial del Estado.
Ciudad del Este sigue siendo un personaje inevitable. Su historia de reexportación, comercio electrónico, almacenes y circulación transfronteriza ayuda a explicar por qué los vapers encuentran una estructura ya preparada para recibirlos.
Aun así, en el caso de los cigarrillos electrónicos, las pruebas públicas más sólidas llegan en fragmentos: envíos en tránsito, incautaciones en Presidente Franco, en carreteras de Paraná, en tiendas de tabaco y en operaciones interestatales. La ciudad forma parte del escenario. Nombrar a sus operadores es más difícil.
En la Triple Frontera, el vape no desaparece de una vez. Se descompone por etapas. Antes de llegar al mostrador de una tienda brasileña, al feed de Instagram de un vendedor o a la mochila térmica de un repartidor, el dispositivo sufre pequeñas metamorfosis. Sale de la cadena global de producción como producto de nicotina. Llega a un distribuidor como electrónica. Entra en una declaración aduanera como accesorio. Cruza la frontera como mercancía fragmentada. Reaparece en Foz do Iguaçu como venta minorista. Finalmente, cabe en la palma de la mano de alguien en una estación de autobuses.
Todavía no es posible reconstruir esta cadena con la claridad ya lograda para los cigarrillos convencionales. Pero esa opacidad es precisamente lo que vuelve decisivo al corredor. El eje Paraguay-Brasil-Argentina no es solo un paso geográfico. Es una máquina de traducción.
Allí, lo que las regulaciones sanitarias llaman “Dispositivo Electrónico para Fumar” puede reaparecer como batería, recarga, difusor de aromas, componente electrónico, paquete o mercancía transportada por un comprador transfronterizo. La frontera material importa: el río Paraná, el Puente de la Amistad, los almacenes, los galpones, los vehículos adaptados. Pero la frontera más decisiva puede estar en los papeles, en el estrecho espacio entre el nombre técnico del producto y los nombres administrativos que le permiten moverse.
Incautaciones recientes muestran que esta red logística ya no se limita a los cigarrillos convencionales. Furgonetas modificadas, compartimentos falsos, taxis y camiones han empezado a transportar cigarrillos electrónicos ocultos entre electrónica barata, juguetes importados y mercancías corrientes.
La diferencia está en el propio objeto. Los cigarrillos dejaban rastros pesados: fábricas oficiales, cajas, barcos, camiones. Los vapers dejan rastros dispersos: pequeños envíos, vendedores atomizados, plataformas en línea y circuitos de entrega de última milla. Pueden separarse en piezas, mezclarse con otra carga, reclasificarse en un formulario y absorberse en el flujo ordinario del comercio.
La cadena puede estar menos concentrada en el cruce físico que distribuida entre frontera, plataforma y entrega. Esa hipótesis se ve reforzada por la indicación de las autoridades de que Paraguay se ha convertido en la principal puerta de entrada de millones de dispositivos de vapeo vendidos y consumidos ilegalmente en Brasil.
La llegada a la ciudad
Los vapers usan el camino abierto por los cigarrillos, pero no lo recorren de la misma manera. Heredan parte del corredor y de su inteligencia logística, pero aportan otra materialidad: más pequeños, más ligeros, más digitales, más difíciles de seguir.
El producto cambia de nombre, escala y operador antes de que el Estado pueda reconocerlo como un todo. Cuando llega a las ciudades, el vape cambia de apariencia otra vez. En la frontera parecía carga. En la venta minorista parece comodidad.
El mismo dispositivo que cruzó una ruta clandestina, oculto entre mercancías ordinarias, reaparece en la pantalla de un móvil con fotos promocionales, entrega en el mismo día, pago por Pix y promesa de garantía. El contrabando deja de parecer contrabando.
En los envíos clandestinos y en los escaparates, el vape rara vez aparece como un producto genérico. Surgen nombres globales reconocibles: Elfbar, Lost Mary, Ignite, Vaporesso y otras marcas populares entre los usuarios. Pero el logotipo impreso en el envase no responde a la pregunta central. Puede indicar un producto original importado ilegalmente, una importación paralela, una copia, un envase falsificado o un lote no verificado.
En un mercado prohibido, la marca se convierte en una señal de confianza. Para el Estado, sin embargo, rara vez es prueba de origen. Sin trazabilidad, no hay forma de saber quién lo fabricó, quién lo importó, quién lo almacenó, qué sustancias contiene, qué concentración de nicotina se entregó o si el lote corresponde a lo que promete la caja.
La diferencia entre un vape incautado en la frontera y uno vendido en una ciudad brasileña no es necesariamente química. Es logística. En la frontera aparece como volumen: contenedor, camión, caja, ribera, carretera. En la ciudad reaparece como servicio: sabor, precio, entrega en el mismo día, recomendación de un vendedor.
Un vendedor que anuncia pods en redes sociales, y que habló bajo condición de anonimato porque opera en un mercado prohibido, describió la inestabilidad como parte del negocio:
“Si la policía aprieta, cambio el nombre del perfil. En dos horas, el cliente ya sabe cómo encontrarme”.
Puede ser el mismo lote destinado a un mercado regulado, simplemente troceado. Puede ser otro lote. Puede ser un producto original, una importación paralela o una falsificación. Lo seguro es que es mercancía sin origen verificable. Y ese es precisamente el problema: entre el envío mayorista y la unidad vendida por mensaje, la cadena se atomiza. El objeto sigue visible. Su historia y su procedencia desaparecen.
Operaciones recientes muestran que la cadena no termina en la frontera. En 2024, la Operación Vapor Digital identificó sospechosos, tabaco, tiendas efímeras y puntos de venta en redes sociales. Otras actuaciones, en estados como Amazonas, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, señalaron redes de distribución, tiendas pantalla, dinero en efectivo, activos congelados y documentos utilizados para disfrazar envíos.
En la ciudad, el vape ya no se comporta como carga ilícita. Entra en la vida ordinaria del consumo: galerías comerciales, tiendas de tabaco, perfiles de Instagram y TikTok, grupos cerrados, reparto por aplicación y pago instantáneo.
La prohibición no interrumpe necesariamente el fenómeno. Más a menudo, lo reorganiza.
Los problemas de la prohibición
En Brasil, internet ya no es solo un escaparate; se ha convertido en el propio corredor. Un estudio cualitativo sobre usuarios brasileños sugiere que, aunque la prohibición dificulta las compras físicas, los canales en línea se han convertido en la principal vía de acceso. Allí, los influencers hacen más que anunciar. Prueban líquidos, reseñan marcas, comparan dispositivos, convierten el producto en una rutina estética, lo transforman en mercancía y luego envían discretamente un enlace por mensaje directo.
Lo que desaparece en este paso del contrabando a la comodidad no es solo el rastro del producto. Es la posibilidad de control público.
En un mercado regulado, el Estado puede exigir composición, etiquetado, trazabilidad, restricciones de edad, estándares de fabricación, límites toxicológicos y responsabilidad. En un mercado ilegal, nada de eso está garantizado. El usuario puede recibir un logotipo reconocible, una caja sellada o una promesa de origen. Pero la promesa no es un certificado. El envase puede decir nicotina. Puede decir sabor. Puede decir marca. No puede decir, con autoridad pública detrás, qué está inhalando realmente la persona.
Aquí es donde la cuestión abandona el derecho aduanero y entra en el terreno de la bioética. Una prohibición que no consigue impedir el acceso pero sí consigue destruir la supervisión produce una peculiar inversión moral: afirma proteger a las personas mientras las abandona a la opacidad. El consumidor no está más seguro por ignorar. Tampoco la autonomía tiene sentido cuando la elección disponible se reduce a cigarrillos combustibles, un dispositivo ilegal de procedencia incierta o ninguna información creíble.
El paradigma de la reducción de daños empieza precisamente en este punto. No exige inocencia al producto ni pureza al usuario. Parte de una premisa menos teatral: las personas hacen cosas arriesgadas; la política pública debería reducir la probabilidad de que esos riesgos se conviertan en lesión, enfermedad o muerte. Desde esta perspectiva, la pregunta central es si el Estado puede tolerar una situación en la que millones de personas usan productos de nicotina sin control de calidad, sin información estable y sin ningún mecanismo fiable para distinguir una alternativa menos dañina de un peligro falsificado.
Para Brasil, México ofrece una advertencia, no un espejo. Investigaciones han revelado un aumento del número de puntos de venta de cigarrillos electrónicos pese a una prohibición formal. Reportajes de Associated Press describieron un paisaje más duro: en algunas regiones, cárteles tradicionales de la droga han empezado a competir por la distribución, intimidar a comerciantes y apropiarse de puntos de venta.
El caso mexicano no debe trasladarse mecánicamente a la Triple Frontera. Pero hace visible un riesgo: cuando un mercado persistente es empujado fuera de la regulación, alguien más empieza a regularlo.
Sabemos que el dispositivo circula. Lo que sigue siendo mucho menos visible es la maquinaria que lo mueve:
¿Quién paga los lotes?
¿Quién controla el capital?
¿Quién asume el riesgo y quién blanquea después el dinero?
¿Qué papel desempeña realmente el sistema bancario formal?
¿Cómo se organizan bancos, cambistas y operadores de cambio el flujo de fondos bajo la superficie de la legalidad?
¿Y hasta qué punto los fondos de inversión, las family offices y estructuras de gestión patrimonial por lo demás respetables están expuestos, directa o indirectamente, a empresas vinculadas al contrabando, ya sea mediante financiación de capital circulante o mediante la compra de inmuebles, almacenes y participaciones societarias que pueden servir como infraestructura de blanqueo?
En la práctica, el mercado sobrevive en la brecha entre una fiscalización intermitente, una disponibilidad generalizada y una información inestable. El usuario oye que el producto está prohibido, pero encuentra entrega en el mismo día en plataformas populares. Lee advertencias sanitarias y luego ve a influencers probando sabores. Sabe que no hay supervisión formal, pero recibe garantías de marca, garantía y procedencia. La duda no detiene la circulación. Se convierte en parte de la carga.
El vape no inaugura una nueva frontera criminal. Lo hace el Estado. Y cuando llega, entra en un terreno ya disciplinado por los cigarrillos. Las rutas, los almacenes, los intermediarios y el vocabulario operativo del contrabando convencional son anteriores al dispositivo. Operaciones de la Policía Federal brasileña contra cigarrillos electrónicos en la Triple Frontera mencionan estructuras de fabricación, almacenamiento, carga y distribución. El solapamiento está organizado. La estructura de mando, no.
Según las fuentes disponibles públicamente, sigue sin estar claro si los mismos financiadores, facciones u operadores que controlan el contrabando de cigarrillos convencionales controlan también el mercado de vapers. La hipótesis es plausible. Sigue sin estar demostrada.
Un camino ramificado
El tablero, sin embargo, ha cambiado. La Triple Frontera ya no enfrenta simplemente a países que prohíben mercancías con un país que permite su paso. Brasil mantiene su veto sanitario. Paraguay tiene normas que regulan ventas, publicidad, nicotina y edad mínima. En 2026, Argentina se alejó de la prohibición y creó un registro para productos de nicotina.
El mismo objeto vive ahora bajo tres regímenes legales. En Brasil, el mayor mercado, está prohibido como mercancía. En Argentina, puede convertirse en producto registrable. En Paraguay, circula bajo regulación específica, en un entorno comercial históricamente orientado a la reexportación.
La frontera cambia el producto sin cambiar su materia: legal aquí, prohibido allí, reclasificado unos kilómetros más adelante.
El giro regulatorio de Argentina puede sacar parte del mercado local de la sombra.
También puede crear una nueva zona gris. Un vape registrado en Argentina sigue estando prohibido en cuanto cruza a Brasil. Un producto más barato, no registrado o vendido en un sabor no autorizado, puede seguir entrando desde Paraguay. Un mercado legal, cuando es caro, estrecho o débilmente fiscalizado, puede coexistir con otro más barato, más rápido y más opaco.
Donde está prohibido, el vape circula como contrabando. Donde está regulado, se exige registro y responsable. Donde la fiscalización se adelgaza, reaparece con otros nombres: dispositivo electrónico, accesorio, paquete fragmentado absorbido por el flujo cotidiano de la frontera.
En este escenario, la prohibición no elimina necesariamente el riesgo. Más a menudo, desplaza el riesgo hacia los lugares donde el Estado ve menos, prueba menos, sabe menos y protege menos.
“Compro a alguien de confianza. Pero no sé a quién le compra él. Sé que no hay control… que puede ser perjudicial… pero los cigarrillos normales son peores, ¿no?”.
La frase contiene todo el impasse ético. La confianza sustituye a la verificación. Un vendedor ocupa el lugar de un regulador. El rumor reemplaza a la etiqueta. El usuario queda obligado a hacer la evaluación del riesgo solo e informalmente, en el mismo espacio donde las instituciones públicas se han negado o han fracasado en organizarla.
Quienes tienen dinero, pasaportes y acceso a mercados extranjeros regulados pueden comprar productos con controles sanitarios, marcas reconocibles y canales más fiables. Quienes carecen de ese acceso dependen con mayor frecuencia de desechables baratos, líquidos de origen poco claro, concentraciones inciertas de sustancias y vendedores convertidos en su principal fuente de información sanitaria.
La prohibición, por tanto, no distribuye la protección de forma equitativa. Estratifica la exposición.
Dentro de este marco, Argentina se convierte en una especie de laboratorio regulatorio para el corredor. No porque haya resuelto el problema, sino porque ha elegido reconocerlo. Brasil, en cambio, insiste en una prohibición formal ante un mercado que es digital, visible y ya está parcialmente normalizado. Paraguay sigue siendo la bisagra logística, sostenida por una frontera históricamente entrenada para convertir mercancías en categorías móviles.
La prohibición crea un margen.
Quien sea capaz de mover el producto a través de la frontera, borrarlo de los papeles y hacerlo reaparecer en la venta minorista captura la prima de riesgo. El dinero entra en el punto final como consumo ordinario: una transferencia por Pix, un cargo de tarjeta de crédito, una compra en efectivo, una entrega acordada por mensaje o una factura emitida por otro producto. Luego viaja hacia arriba en la cadena: minorista, distribuidor, mayorista, operador logístico, proveedor fronterizo, inversor.
Las investigaciones ya han descubierto dinero en efectivo, activos congelados, empresas bajo escrutinio en jurisdicciones lejanas y redes que mueven millones a través del sistema financiero formal.
Pero la capa más difícil apenas es visible: quién financia los grandes lotes, quién absorbe la pérdida cuando se incauta un envío y cómo el dinero regresa a la frontera o vuelve a salir del país.
Resulta tentador reducir el mercado a facciones. En el contrabando de cigarrillos convencionales, documentos e investigaciones han señalado la participación de redes criminales organizadas y transfronterizas. Con los vapers, esa hipótesis aún debe probarse caso por caso.
Lo que ya puede decirse es que la cadena recompensa la opacidad: importadores clandestinos, distribuidores, minoristas ilegales, operadores logísticos y posibles facilitadores. Quién captura la mayor parte sigue siendo una de las preguntas centrales.
En Santos, los inspectores encontraron 450.000 cigarrillos electrónicos en un envío cuyos documentos enumeraban juguetes, herramientas, accesorios informáticos, piezas de automóvil e instrumentos musicales. Quizá esa sea la imagen más precisa del mercado actual. La mercancía estaba allí. Lo que faltaba era su nombre.
La ley no había desaparecido. Estaba lo bastante presente para prohibir, lo bastante porosa para dejar pasar el envío y, después, demasiado frágil para reconstruir toda su historia. No solo de dónde venía. No solo quién la pagó. Sino qué, exactamente, iba a entrar en los pulmones de alguien.
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