La prohibición fue aprobada por el Senado y solo espera la firma de la presidenta para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México está a un paso de convertir en ley la prohibición total de todas las actividades comerciales relacionadas con el vapeo. La minuta, ya aprobada en ambas cámaras, solo necesita la firma presidencial para entrar en vigor. El miércoles 10 de diciembre de 2025, el Senado aprobó las leyes secundarias que completan la prohibición constitucional del vapeo, decretada un año antes.
Y mientras todo esto avanza en fast track legislativo, el Gobierno federal y Morena celebran lo que denominan “una victoria histórica para la salud pública”, como si el país estuviera ante un logro incuestionable, y no ante una decisión que alimentará el mercado ilícito y dejará a los usuarios aún más expuestos.
Basta con leer con atención los artículos 282 Ter y 282 Quater de la nueva Ley General de Salud para descubrir una verdad incómoda: México no prohibió el vapeo. México destruyó el mercado legal del vapeo. Y con ello, entregó el negocio a las redes ilegales que ya dominan buena parte del país.
La reforma, presentada originalmente en septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente “ajustada” por el senador Ricardo Monreal, revela un proceso legislativo que, lejos de ser técnico, parece guiado por intereses opacos y decisiones apresuradas. La versión inicial de Monreal contenía definiciones amplias que incluían tecnologías de tabaco calentado como IQOS. La versión final, aprobada el martes 9 de diciembre en la Cámara de Diputados, eliminó deliberadamente esas referencias.
No es casualidad. No es técnica jurídica. Es una intervención política.
Lo aprobado mantiene una prohibición total de toda actividad comercial: producción, importación, exportación, venta, distribución, almacenamiento y suministro. Sin embargo, permite la posesión y el consumo individuales, lo que constituye una contradicción evidente para cualquier legislador mínimamente competente.
¿Por qué el gobierno decide blindar a los consumidores en una reforma que supuestamente protege la salud?
Porque, simplemente, no quiso arriesgarse a una batalla constitucional que sabía perdida. El libre desarrollo de la personalidad, la presunción de libertad, el derecho a la privacidad y diversos criterios de la Suprema Corte limitan fuertemente la capacidad del Estado para prohibir hábitos privados. Intentar criminalizar a los usuarios habría provocado una lluvia de amparos que el gobierno no podía permitirse. Ni política ni jurídicamente.
Por eso, la 4T optó por una “solución intermedia”: destruir el mercado legal, permitir el consumo y dejar intacto el acceso a través del mercado negro.
Una fórmula perfecta… si el objetivo es eliminar la competencia de los contrabandistas y de las redes informales que ya controlan el negocio.
La inclusión redundante de los productos “desechables” en el texto final —algo jurídicamente innecesario, ya que estaban incluidos en la definición general— delata una intención política muy específica: golpear a los negocios formales, los que pagan renta e impuestos, contratan personal y cumplen con las normas sanitarias.
No se golpea al producto, sino al competidor del producto ilegal.
El resultado es un ecosistema de salud pública completamente disfuncional. Mientras países como Reino Unido o Nueva Zelanda regulan para reducir daños, México apuesta por un modelo de prohibición absoluta que históricamente ha producido exactamente lo contrario de lo que promete:
Más riesgo, menos control. Más mercado negro, menos seguridad para el consumidor.
Y todo esto bajo un gobierno que hoy atraviesa su mayor fragilidad económica. Las cifras oficiales confirman que el Estado opera con presupuestos reducidos, instituciones debilitadas y una COFEPRIS incapaz de fiscalizar siquiera los productos farmacéuticos básicos, mucho menos un mercado ilícito que mueve miles de millones de pesos al año.
¿Quién se beneficiará?
- No los usuarios, que seguirán consumiendo productos sin control sanitario.
- No la salud pública, que pierde toda capacidad de prevención.
- No los comercios, que serán perseguidos.
- No el Estado, que deja millones de pesos en impuestos sobre la mesa.
Los únicos beneficiados son quienes ya operan —o protegen— el mercado ilegal.
A ellos, la ley les entrega un regalo de Navidad envuelto con moño: el monopolio absoluto.
Con esta reforma, México no avanza hacia un futuro más saludable. Retrocede hacia una economía paralela donde los productos prohibidos circulan sin regulación, sin trazabilidad, sin responsabilidad y, lo peor, sin ingresos fiscales para el Estado.
Mientras tanto, se repite una narrativa triunfalista sobre “proteger a los jóvenes” que no guarda relación con la realidad: los jóvenes no compran en tiendas formales; compran en Instagram, en Telegram, en puestos ambulantes.
La prohibición no reduce el acceso: solo cambia el proveedor.
Y frente a este escenario, queda una última pregunta inevitable para cualquier analista serio:
¿Puede un gobierno en quiebra implementar una ley diseñada para destruir a los comercios formales mientras el mercado negro crece con total impunidad?
¿O estamos, en realidad, presenciando el final del mercado del vapeo tal como lo conocíamos… y el ascenso definitivo del mercado negro como el verdadero actor dominante en México?
Porque, como suelo decir —y sostengo sin rodeos—:
En México, lo prohibido no desaparece… solo cambia de dueño.
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