La prohibición, el mercado negro y el abuso policial son algunos de los efectos del abandono regulatorio.
México decidió enfrentar el vapeo prohibiendo todo, excepto el uso. La consecuencia no fue el control sanitario, sino el desorden: un mercado ilegal en expansión, usuarios legalmente permitidos pero prácticamente indefensos y una autoridad con margen suficiente para convertir la ambigüedad en una herramienta de presión. No es un problema de interpretación; es un problema de diseño.
Marco legal: el punto de partida
El marco legal que sustenta esta política es claro. El artículo 282 Quáter del Código Penal Federal prohíbe la producción, distribución, comercialización y suministro de dispositivos electrónicos de vapeo, pero exceptúa el consumo y la posesión sin fines comerciales. En términos jurídicos, el uso no constituye un delito.
Sin embargo, esa claridad normativa no se traduce en certeza para el ciudadano. En la práctica, la prohibición total de la cadena comercial ha generado un vacío operativo en el que el usuario legal se mueve en un terreno de sospecha permanente. La distinción entre uso permitido y comercio prohibido rara vez opera como garantía frente a la autoridad.
Ventanas rotas: cuando la norma envía señales de abandono
Aquí es donde la teoría de las ventanas rotas permite comprender lo que ocurre. El problema no es el vapeador, sino la señal que envía el Estado al sustituir la regulación por la prohibición y dejar a la norma sin mecanismos claros de aplicación. Una ley que permite el uso, pero criminaliza todo lo que lo hace posible, no ordena el entorno, lo fragmenta. En ese vacío, la ley deja de funcionar como marco de certeza y empieza a operar como instrumento de control discrecional.
Las políticas públicas no fallan únicamente por lo que prohíben, sino por lo que abandonan. Cuando el orden regulatorio se retira y no se reemplaza por información, protocolos y una presencia institucional clara, el desorden se vuelve previsible. No como excepción, sino como consecuencia. Es en ese contexto donde la discrecionalidad no aparece como un abuso aislado, sino como una respuesta incentivada por el propio diseño de la norma.
Como mostró Philip Zimbardo, no hace falta mala intención para que surja el abuso: basta con un entorno que lo permita.
Usuario legal, ciudadano indefenso
En la práctica cotidiana, la prohibición ha creado una figura paradójica: el usuario legal convertido en ciudadano vulnerable. Aunque el artículo 282 Quáter no penaliza el uso ni la posesión sin fines comerciales, esa distinción rara vez opera como garantía frente a la autoridad. Para muchos usuarios —especialmente jóvenes— el vapeador se ha transformado en un objeto de sospecha, no por lo que representa jurídicamente, sino por lo que simboliza en un entorno de prohibición generalizada.
La falta de información pública y de protocolos claros para los cuerpos de seguridad reduce la interacción a un juego profundamente desigual. El ciudadano desconoce el alcance de la ley; la autoridad sabe que esa ignorancia existe. En ese margen, la advertencia, la amenaza o la insinuación sustituye al debido proceso. No es necesario que haya una detención formal: basta con el temor a una consecuencia mayor para que la discrecionalidad se imponga.
Este escenario resulta particularmente preocupante en el caso de jóvenes y de personas en contextos vulnerables. La prohibición no solo los expone a productos sin control sanitario, sino también a dinámicas de intimidación en las que el miedo —a antecedentes, a problemas familiares o a consecuencias legales mal explicadas— se convierte en moneda de cambio. El resultado es una relación invertida entre la ley y la ciudadanía: la norma no protege, sino que presiona.
Desde la lógica de las ventanas rotas, esto no es una desviación del sistema, sino una señal de que el sistema ha dejado espacios sin cubrir. Cuando la ley se aplica sin claridad ni acompañamiento institucional, el orden se degrada y el poder lo concentra quien puede interpretarla en el momento. En ese punto, el abuso deja de ser excepcional y empieza a normalizarse.
Salud pública sin regulación: el costo invisible de la prohibición
Desde una perspectiva de salud pública, la prohibición del vapeo en México no solo ha fallado en reducir el consumo, sino que también ha eliminado los mecanismos que permitirían gestionarlo con criterios sanitarios. La desaparición del mercado regulado implica la ausencia de controles básicos: calidad del producto, trazabilidad, etiquetado, información al consumidor y límites verificables. El consumo persiste, pero ocurre en un entorno completamente desprovisto de supervisión.
La reducción de daños parte de una premisa incómoda pero comprobada: las personas no dejan de consumir solo porque una sustancia sea prohibida. Lo que cambia es el nivel de riesgo al que se exponen. Al cerrar la vía regulatoria, el Estado no elimina la práctica; la empuja hacia circuitos informales donde la composición del producto, la concentración de nicotina o las condiciones de fabricación son desconocidas.
Este enfoque no solo afecta a usuarios adultos que tomaron una decisión informada, sino que también contradice los objetivos declarados de protección de poblaciones jóvenes. Sin regulación, no hay controles efectivos de edad ni mecanismos de prevención. El resultado es un escenario en el que el discurso sanitario convive con una realidad de mayor exposición al riesgo.
La salud pública no se fortalece con vacíos normativos ni con la criminalización de conductas que siguen ocurriendo. Se fortalece con reglas claras, información accesible y una presencia institucional constante. Cuando esos elementos se retiran, el sistema deja de reducir daños y empieza a producirlos.
El verdadero saldo de la prohibición
La prohibición del vapeo en México no ha producido orden sanitario ni certeza jurídica. Ha generado desorden, mercado negro y una relación cada vez más frágil entre la ciudadanía y la autoridad. Cuando una política pública elimina la regulación, abandona la información y delega el control a la discrecionalidad, no está previniendo daños, los está redistribuyendo hacia los sectores con menos herramientas para defenderse.
Desde la lógica de las ventanas rotas, el problema no es que la ley se incumpla, sino que se diseñe de modo que su cumplimiento dependa del miedo y no de la claridad. En ese contexto, el abuso deja de ser una anomalía y pasa a ser un efecto sistémico.La pregunta, entonces, no es si el vapeo debe existir o no, sino algo más incómodo: ¿qué tipo de política sanitaria permite el uso legal de un producto, pero deja a sus usuarios expuestos al mercado ilegal y a la extorsión como costos aceptables? Porque cuando el abandono se normaliza, el abuso se legitima.
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