Más que una verdadera política de salud pública, la prohibición del vapeo en México muestra la debilidad de un Estado que, en lugar de regular, aparenta fuerza con la prohibición.
Acto I
Las luces frías del pleno recortan rostros en movimiento constante: sutiles contracciones de mandíbula, cejas que se alzan, dedos que tamborilean sobre papeles. Todo se desarrolla con la coreografía precisa de la formalidad: micrófonos encendidos, corbatas bien ajustadas, miradas entrenadas para el arte del improviso controlado. El murmullo no interrumpe el rito; lo integra. Plenos como estos han aprendido a amar el espectáculo del poder y las democracias liberales lo convirtieron en costumbre hace tiempo.
En el centro de la escena, una senadora alza la voz para recitar el artículo recién incorporado a la Ley General de Salud:
“Queda prohibida en todo el país la producción, comercialización, distribución y venta de cigarrillos electrónicos…”.
Hace una pausa calculada y recorre la sala con la mirada. Ya lo sabe: hay votos suficientes. Setenta y seis a favor, treinta y siete en contra. Aplausos contenidos. Uno se acomoda las gafas. Otro ya proclama la victoria en las redes sociales.
Pero ¿qué se ha prohibido exactamente?
Una neblina dulce que se disipa en el aire como un susurro. Una promesa envuelta en vapor: alivio, control, autonomía, distancia del tabaco. Más que un objeto, un ritual portátil de pertenencia y fuga. Ahora, el Estado se viste con su toga sanitaria y dicta sentencia: “Ya no se inhala”.
Acto II
La mochila cae sobre la tierra apisonada, encajada entre dos cajas de fresas maduras. El chico que la carga —22 años, camiseta del Pumas, acento forjado en los márgenes urbanos— sonríe con el gesto automático de quien vende chicles en los semáforos. Pero lo que él ofrece no se disuelve en la boca: son vaporizadores importados de algún rincón del mundo, con sabores que rozan la ciencia ficción: dragón glacial, mango explosivo, cereza atómica.
“Está prohibido, así que ahora vale más”, dice sin apartar la mirada del entorno. Habla con la autoridad de quien entiende la lógica subterránea de la escasez. Los dispositivos circulan como moneda paralela, libres de impuestos, invisibles para el control sanitario. Solo queda el beneficio. Cinco millones de unidades al mes. Ese es el nuevo cálculo de las redes que ocuparon el vacío dejado por la regulación estatal.
Tras él, en un muro agrietado, la pintada no ironiza, simplemente constata:
“Prohibido, pero se vende”.
Acto III
Desde el púlpito, un senador alza la voz en defensa de la medida. Habla de “daños a la salud” y de proteger “a los niños”, cita estudios aún inciertos, invoca la infancia y el futuro como quien alza escudos morales. “Nos quieren envenenar”, lanza, mirando a la cámara con precisión milimétrica.
La frase se vuelve viral.
Al día siguiente, su imagen ocupa las portadas de los periódicos, flanqueada por gráficos de pulmones ennegrecidos, de juventud arruinada y de sabores con nombres de villanos de dibujos animados.
Pero nadie menciona lo que se excava bajo la superficie de la legalidad: una nueva ruta hacia la ilegalidad, abierta de par en par. Nadie habla de la ausencia de un plan de reducción de daños. Ni de la inexistencia de algún programa público para dejar de fumar.
La prohibición ocupa el centro del escenario.
Fuera de él, reina el vacío.
Acto IV
El Senado, por fin, vota como si fuese posible legislar sobre el aire.
Con setenta y seis votos a favor y treinta y siete en contra, aprueba la reforma de la Ley General de Salud que prohíbe en todo el territorio nacional la producción, comercialización, importación, exportación, almacenamiento, publicidad y venta de cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos, incluidos los desechables, hasta aquellos que no contienen nicotina.
La nueva legislación no solo prohíbe. Criminaliza.
Fabricar, vender o importar estos dispositivos puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión. Las multas superan los 200.000 pesos. El vapor, antes tolerado, pasa a ser tratado con el rigor reservado a los delitos graves.
La medida, defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum como un gesto de protección a la salud pública, enfrenta duras críticas de opositores y activistas. Alertan sobre el riesgo de alimentar un mercado negro que ya mueve alrededor de cinco millones de unidades al mes y denuncian la ausencia de políticas de reducción de daños o de alternativas reguladas para fumadores.
Se prohíbe, dicen, sin ofrecer salida.
La reforma ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y ahora espera la sanción presidencial.
La prohibición como lengua del Estado
En México, la prohibición es una lengua antigua del Estado: se habla en términos de interdicción con el mismo ímpetu con que se acallan las alternativas. El país acumula leyes que suenan como murallas, pero actúan como cedazos. En 2022, un decreto presidencial ya había intentado frenar la circulación y la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina y dispositivos similares. La norma fue clara. La práctica, difusa. El mercado siguió creciendo.
Bastaba con caminar por cualquier zona comercial de Ciudad de México para presenciar el efecto previsible de una prohibición sin regulación: oferta abundante, informalidad ingeniosa y la creciente impresión de que el Estado habla alto, pero pisa suave.
La ley existe, pero el vapor, como siempre, se escapa entre los dedos.
Lo que cambia ahora es la escala del castigo. Y la simbología de castigar.
El prohibicionismo deja de ser un decreto en el aire y se convierte en una arquitectura legal con barrotes.
La reforma contempla penas de hasta ocho años de prisión y multas cuantiosas para quienes produzcan o vendan. Es el Estado intentando recuperar autoridad, no mediante una regulación inteligente, sino con la promesa de castigar con dureza.
Ahí es donde se revela la grieta moral del argumento sanitario. México es un país donde la salud pública convive con carencias estructurales: promesas de abastecimiento, megaplanes de compra de medicamentos y, al mismo tiempo, relatos persistentes de escasez.
Las reformas suelen barajar de nuevo los fondos esenciales. El caso de FONSABI dejó esa fragilidad al descubierto: normas que antes garantizaban partidas obligatorias del presupuesto para enfermedades de “gasto catastrófico” (como el cáncer) pasaron a estar sujetas a modificaciones legislativas que ampliaron el margen de maniobra política y redujeron la previsibilidad del financiamiento.
El contraste salta a la vista: el Estado encuentra fuerza para criminalizar el comercio del vapeo, pero duda —o fracasa— cuando la agenda exige logística, inventario, compras y atención continua.
La interdicción avanza donde la asistencia se retira.
Y hay un segundo contraste, más silencioso, más cruel, que no se escucha en las tribunas.
México cuenta con literatura científica y datos que evidencian los obstáculos en el acceso médico a opioides para el dolor: escasez, trabas regulatorias, desabastecimiento crónico que afecta sobre todo al sistema público.
Dicho de otro modo: un país que aún falla en garantizar morfina a quien agoniza decide gastar capital político en encarcelar a quienes venden dispositivos de nicotina.
Donde falta cuidado sobra castigo. Esa frase bien podría ser ya un refrán nacional.
No es que el vapeo sea inofensivo. No lo es. Es que la elección del instrumento (la cárcel) dice más sobre el Estado que sobre el producto.
“Un regalo para el narco”: la oposición solo nombra lo obvio
En el pleno, a veces, la frase que se vuelve viral es la que, sin rodeos, dice lo que todos murmuran.
Eso hizo la diputada Iraís Reyes (Movimiento Ciudadano) al llamar a la reforma un “aguinaldo” para el crimen organizado: un regalo de fin de año envuelto en buenas intenciones.
La imagen es brutal porque resulta familiar: en un país marcado por las heridas de la guerra contra las drogas, crear mercados clandestinos parece más un reflejo condicionado que un error inédito.
Desde el Senado, el senador Luis Colosio formuló otra crítica habitual del repertorio liberal: prohibir, dijo, es “una salida fácil” a un problema que el gobierno no quiere (o no puede) regular ni fiscalizar. En lugar de elaborar normas, se recurre al interdicto. Donde faltan políticas sobran prohibiciones.
Estas voces aciertan en un punto crucial: cuando se prohíbe toda la cadena, desde la importación hasta la publicidad, el mercado no desaparece, simplemente cambia de dueño. Y en un país donde la economía ilegal ya opera con sofisticación logística y dominio territorial, ese cambio es especialmente peligroso.
El vacío regulador se convierte en una invitación. Y quien responde primero no es el Estado.
La ironía es evidente: el propio ordenamiento jurídico mexicano ya contempla zonas de tolerancia en otras esferas de la vida privada.
Desde 2009, la Ley General de Salud incluye una tabla de “dosis máximas” para el consumo personal e inmediato de ciertos narcóticos, un mecanismo de despenalización parcial del usuario.
Es decir, el Estado admite que, en ciertos contextos, prohibir todo no funciona. Pero cuando se trata de vapor aromatizado —un producto que sustituye a los cigarrillos y a los tratamientos de reemplazo de nicotina— la excepción se convierte en una cadena.
México, por tanto, sabe (o supo) distinguir entre usuario y mercado.
En la reforma del vapeo, esa distinción se mantiene, pero con un giro: el usuario se salva, el intermediario se aplasta.
La pena más dura recae sobre el eslabón más frágil: el vendedor ambulante, el pequeño distribuidor, el comerciante informal. Gente sin lobby, sin protección institucional, sin ejército de abogados.
Y, como siempre, la ley no cae igual para todos.
Cae según el código postal.
La selectividad como método
Imagine a dos jóvenes.
Uno sale de un bar en Polanco con un vapeador elegante, “limpio”, comprado en una tienda aún abierta. O en el extranjero. El otro cruza una calle en Ecatepec con un desechable barato en el bolsillo y una mochila llena de mercancía para revender.
Al primero, como mucho, se le verá como alguien con un “hábito”. El segundo corre el riesgo de convertirse en estadística y en expediente penal.
La oposición advirtió justamente sobre este efecto colateral: con una prohibición tan amplia, se amplía también la ventana para la extorsión, el decomiso arbitrario y las “mordidas” policiales.
El producto sigue existiendo, pero su circulación se encuentra en una zona gris, propicia para el abuso.
Prohibiciones así son perfectas para cometer delitos sin víctima: crímenes que no necesitan denuncia, solo una redada.
Al final, no se trata únicamente de cigarrillos electrónicos. Se trata del viejo reflejo de prohibir antes de comprender, de castigar antes de regular. Se trata de cómo el Estado intenta recuperar autoridad donde ha perdido presencia y de quién paga el precio de ese intento.
El usuario permanece.
El mercado se adapta.
El pequeño, el que comercia por necesidad, se convierte en blanco.
El nudo Philip Morris: ¿salud pública o rediseño del mercado?
Entre los muchos puntos delicados del debate, hay uno que requiere algo más que intuición y certezas fáciles. México discute la regulación de la nicotina, pero la línea que separa la salud pública del rediseño del mercado sigue siendo difusa.
En distintos momentos, críticos señalaron que la reforma se centraba en los vapeadores y dispositivos electrónicos de nicotina, pero dejaba huecos, o los habría dejado, en versiones anteriores, para los productos de tabaco calentado. Un segmento vinculado a las grandes tabacaleras, con especial protagonismo de Philip Morris y de su dispositivo IQOS.
El diario La Jornada recogió esta inquietud: era una ley que, en la práctica, funcionaría como un traje a medida para que la única opción legal quedara en manos de la industria dominante.
La evolución del texto legal solo refuerza esa ambigüedad.
Al principio, hubo dudas sobre la declaración de que el usuario no sería sancionado. Después, según reportajes posteriores, también hubo reticencia a incluir los calentadores de tabaco en la prohibición.
Cuando un texto cambia por presión pública la pregunta no es solo “¿qué se prohibió?”, sino “¿a quién se estuvo a punto de proteger?”.
Pero la crítica requiere matices.
Existe evidencia acumulada —especialmente en la experiencia japonesa— de que los productos de tabaco calentado, al eliminar la combustión, reducen los riesgos y los daños respecto al cigarrillo tradicional. La simple ausencia de quema constituye un avance sanitario. Además, es positivo que existan alternativas para fumadores adultos que no pueden o no quieren dejar de fumar por completo.
El problema, según advierten especialistas, no es la existencia de estas tecnologías, sino quién las controla y quién queda fuera. Otras empresas, como BAT, también operan en este segmento. El riesgo, por tanto, no es solo sanitario, sino también de concentración de mercado.
La frontera entre “alternativa” y “trampa” no se resuelve ni por decreto ni por eslóganes publicitarios. Exige lo que la prohibición suele evitar: regulación técnica, fiscalización y transparencia. Las partes difíciles de la política pública.
La guerra que México conoce de memoria
México ya sabe cómo termina una cruzada moral envuelta en castigos severos: con más clandestinidad, más corrupción, más violencia para sostener el mercado prohibido. El vocabulario es el mismo, solo cambia el objeto.
Antes eran cocaína, marihuana, metanfetamina. Ahora es un dispositivo del tamaño de una palma que circula en fiestas universitarias y videos de TikTok.
La diferencia es que el vapeador no necesita cruzar selvas ni puertos clandestinos. Solo necesita seguir siendo deseado. Y el deseo es una mercancía obstinada.
Cuando el Estado dice “desaparece”, el mercado responde: “multiplícate”.
Sale del mostrador y entra en un grupo privado de WhatsApp; cambia la tienda por el repartidor, el producto rastreable por una mezcla dudosa.
Y en un país donde la prohibición ya existía desde 2022, pero los dispositivos nunca dejaron de circular, el nuevo texto no suena a contención. Suena a una escenificación de firmeza, diseñada para parecer control.
Cómo sería una verdadera salud pública
Una política de salud pública auténtica, especialmente cuando se trata de nicotina, debe combinar, casi siempre, tres elementos: restringir el acceso a menores, informar sobre los riesgos con una claridad brutal y honesta y ofrecer alternativas reales a quienes quieren dejar de fumar o cambiar de producto.
Algunos países, con todas sus contradicciones, avanzan en esa dirección con pragmatismo.
El Reino Unido, por ejemplo, trata el vapeo como una herramienta de cesación para fumadores adultos, aunque con advertencias severas y restricciones crecientes, como la reciente prohibición de los desechables.
México ha optado por otro camino: la salud pública se ha convertido en policía.
Y entonces, aquella frase adquiere peso: “prohibir, castigar, desaparecer”.
No se trata solo de cigarrillos electrónicos. Se trata de la fantasía de que el miedo educa, de que la cárcel puede sustituir a la regulación, de que basta con prohibir.
Pero en el subsuelo de la prohibición, la vida sigue.
Los vendedores seguirán abriendo mochilas.
Los usuarios seguirán comprando.
Los adolescentes seguirán descubriendo sabores.
Lo que cambia, como casi siempre, es quién pagará el precio. Y quién se llevará el beneficio. Y la pregunta que el prohibicionismo nunca responde sigue en pie:
Si el objetivo era proteger, ¿por qué se optó por castigar?
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