¿La salud pública mira tanto al futuro que se olvida del presente?

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La pregunta no es solo cómo será el mundo dentro de treinta años. Es qué hacemos mañana por la mañana con los millones de personas que todavía fuman.

En el Reino Unido no es difícil encontrar a un hombre con cerca de 55 años que fuma desde los 14. Ha intentado dejarlo varias veces. Probó parches, chicles, medicamentos. Lo intentó con fuerza de voluntad y promesas que nunca llegaron al segundo mes. Sabe perfectamente que el tabaco mata. Lo leyó en las cajetillas, lo escuchó en la televisión y lo oyó de boca de su médico.

Mientras tanto, la política de salud pública actual celebra otra victoria: una nueva generación crecerá sin poder comprar cigarrillos legalmente.

Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Pero esa nueva política no contesta la pregunta de qué se puede hacer con ese hombre. Durante años, las políticas de control del tabaco se han concentrado en una estrategia clara y moralmente limpia: impedir que los jóvenes empiecen el consumo. La llamada “generación libre de humo” (impedir por ley la venta de cigarrillos a quienes nacieron después de una fecha determinada) se ha convertido en la gran ambición sanitaria de países como el Reino Unido y puede ser exportada a otras naciones.

Proteger a quien todavía no fuma es necesario. Pero tiene un efecto secundario que casi nunca se discute: deja en una zona de espera a quien ya fuma.

Un comentario reciente publicado en The Lancet por los epidemiólogos neozelandeses Ruth Bonita y Robert Beaglehole rompe ese silencio. Su argumento parte de una distinción aparentemente técnica, pero políticamente decisiva: “generación libre de humo” no es lo mismo que “mundo libro de humo en una generación”.

La primera impide que nuevas cohortes compren tabaco legalmente. La segunda intenta reducir rápidamente el tabaquismo entre quienes ya fuman, con la meta de alcanzar una prevalencia adulta del 5% o menos.

Esa diferencia lo cambia todo.

Dos metas bastante distintas

Una política generacional mira al futuro. Una política de fin del tabaquismo mira al presente. La primera protege a adolescentes que tal vez nunca fumen. La segunda afronta la realidad de los cuerpos que ya acumulan daño: hombres en países de renta baja y media, poblaciones indígenas, trabajadores pobres, personas que viven en territorios donde el cigarrillo todavía organiza la vida cotidiana, el comercio, la ansiedad y la muerte.

Una frena la iniciación. La otra afronta la persistencia. Y la persistencia, a diferencia de la iniciación, no puede esperar treinta años.

Bonita y Beaglehole no desprecian la prevención juvenil. Pero advierten algo que debería inquietar a las autoridades. En países donde el tabaquismo adolescente ya es bajo ―como Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda―, las medidas generacionales consolidan una victoria, pero postergan las mayores ganancias en enfermedad evitable, mortalidad y presión sobre los sistemas de salud.

El comentario puede leerse como una crítica a la lentitud con la que la salud pública produce beneficios tangibles para quienes ya fuman. Porque impedir que un adolescente empiece a fumar hoy es una inversión en el futuro. Ayudar a un fumador de 55 años a abandonar el cigarrillo puede producir beneficios sanitarios inmediatos.

No basta con esperar a que el problema muera biológicamente con las próximas generaciones. El hombre que fuma desde los 14 no puede aguardar a que la generación sin humo crezca.

La ciencia lo sabe desde hace décadas: el problema no es la nicotina

Hay una frase del comentario que reorganiza todo el campo moral: “Las personas fuman por la nicotina, pero mueren por el humo”. La cita al gran Michael Russell no es un eslogan. Es una jerarquía de riesgo.

La combustión del tabaco —el gesto repetido de quemar hojas, producir humo, inhalar alquitrán, monóxido de carbono y toxinas— es la responsable de la inmensa mayoría de las enfermedades atribuidas al tabaquismo. La nicotina genera dependencia, pero es la combustión la que mata. Esta distinción es el núcleo de la reducción de daños.

No se trata de celebrar los vapeadores ni de recomendar que alguien que no fuma empiece a usarlos. Se trata de preguntarse si tiene sentido bloquear alternativas que no generan combustión y que, según la evidencia disponible, presentan un riesgo significativamente menor para adultos que ya fuman mientras el producto más letal sigue siendo legal.

El propio Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS incluye la reducción de daños entre sus pilares, junto con la reducción de la demanda y la reducción de la oferta. Pero, como señalan los autores, ese tercer pilar ha sido el menos desarrollado, o deliberadamente olvidado, en dos décadas de políticas globales.

Esa es una de las tensiones centrales del debate. El tratado ya contiene la puerta. La política parece dudar para atravesarla.

Lo que ocurrió en Nueva Zelanda podría ocurrir en tu país

El comentario cita un ejemplo que merece atención. Nueva Zelanda aplicó durante años medidas convencionales: impuestos, advertencias, espacios libres de humo. El tabaquismo descendió, pero lentamente.

Cuando los vapeadores se volvieron ampliamente accesibles para adultos fumadores, la velocidad de descenso se multiplicó aproximadamente por cuatro en sus mejores años. La caída fue especialmente pronunciada entre la población maorí y los grupos socioeconómicos más vulnerables, precisamente aquellos donde el tabaquismo estaba más enquistado.

Los autores no presentan esto como prueba definitiva. Subrayan que la asociación no implica causalidad automática. Pero sugieren que es una señal difícil de ignorar. Cuando los fumadores disponen de alternativas realistas, algunos abandonan la combustión más rápido de lo que lo harían sin ellas.

Y abandonar la combustión, insisten, es el objetivo. No necesariamente abandonar la nicotina. Abandonar el humo.

Los jóvenes no desaparecen del mapa. Nada de esto implica bajar la guardia con los adolescentes. 

Los autores reconocen riesgos reales como la iniciación juvenil, marketing engañoso, mala calidad de productos, interferencia de la industria y captura regulatoria. Consideran legítimas las restricciones a la publicidad, los sabores y los envases atractivos, claramente direccionados a menores de edad. Saben también que la industria del tabaco tiene un historial de manipulación y que los intereses comerciales por sobre los intereses colectivos justifican toda cautela.

Pero advierten de un desequilibrio: en algunos ámbitos, la preocupación por el vapeo juvenil ha terminado ocupando más espacio que el daño inmediato y masivo que el cigarrillo sigue provocando en millones de adultos.

Bonita y Beaglehole también recuerdan que en varios países de renta alta el vapeo entre adolescentes lleva años disminuyendo y que la evidencia de una transición masiva del vapeo juvenil al tabaquismo sigue siendo débil e inconsistente.

Lo que proponen, en definitiva, es una regulación proporcional al riesgo basada en las evidencias científicas y en las experiencias empíricas que han tenido éxito. Se puede  convertir el cigarrillo en el producto de nicotina menos atractivo y menos accesible sin bloquear por ello las alternativas sin combustión para los adultos que ya fuman.

Entre el prohibicionismo y la desregulación hay un camino. Y es ese camino el que los autores proponen explorar. 

No se trata de celebrar sin reservas los nuevos productos de nicotina ni de asumir que todos los productos implican exactamente el mismo nivel de riesgo. La cuestión que plantean Bonita y Beaglehole es pragmática y apunta a cómo reducir el daño en las personas que ya fuman sin crear nuevos problemas entre quienes nunca han fumado.

El fumador que espera

El texto de Bonita y Beaglehole no es un manifiesto a favor del vapeo. Es un llamado de atención sobre una asimetría ética. Durante años, la salud pública ha mirado con intensidad al futuro. Ha construido leyes ambiciosas, ha soñado generaciones libres de humo, ha imaginado un mundo donde los niños de hoy nunca sepan lo que es encender un cigarrillo.

Todo eso es necesario. Pero mientras tanto, en el presente, hay millones de personas que siguen fumando, que ya han intentado dejarlo varias veces, que conocen los riesgos y que, aun así, no encuentran una salida. Para ellos, la promesa de un futuro sin humo no es consuelo suficiente. Una política que solo protege a quien todavía no empezó corre el riesgo de volverse negligente con quien ya lleva décadas atrapado en la dependencia.

Acabar con el tabaquismo no significa eliminar la nicotina del horizonte. Es, sobre todo, eliminar la combustión del presente. La imagen de una generación libre de humo es politicamente poderosa. Invita a imaginar un futuro distinto. Pero las epidemias no terminan únicamente en el futuro. También terminan en el presente, en las personas que ya existen, en las personas que hoy siguen encendiendo un cigarrillo después del café, antes de entrar al trabajo o mientras esperan un autobús.

La pregunta que plantean los expertos neozelandeses en The Lancet no es solo cómo será el mundo dentro de treinta años. Es qué hacemos mañana por la mañana con los millones de personas que todavía fuman.


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REDACCION VT
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