La prohibición de fumar en los pubs británicos transformó la vida social, protegió a algunos y afectó a otros. Ahora, el debate entre salud pública, libertad y reducción de daños vuelve a abrirse.
La pregunta tiene la precisión de un formulario y la inocencia aparente de una trampa: ¿deberían los pubs y clubes poder ofrecer una sala separada y bien ventilada para los fumadores?
Según la información difundida por la entidad que encargó la encuesta, el 35 % de los entrevistados responde que sí, el 51 % dice que no y el 15 % no sabe. La suma alcanza el 101 % debido al redondeo. Sin embargo, la mayor incertidumbre no está en la aritmética, sino dentro de la propia pregunta. «Sala separada» y «bien ventilada» no son simples detalles descriptivos. Son argumentos.
La encuesta fue encargada por Forest, sigla de Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco, un grupo de presión británico fundado en 1979 que afirma representar a los adultos que eligen fumar. La propia organización se define como un grupo de presión política y mediática, no como una asociación de fumadores, e informa que la mayor parte de sus recursos procede de empresas tabacaleras británicas. La investigación fue realizada por Yonder Consulting con 2.067 adultos del Reino Unido.
Simon Clark, director y principal portavoz de Forest, ofrece su interpretación en el blog Taking Liberties: casi dos décadas después de la prohibición, ese 35 % favorable a una sala para fumadores constituiría una prueba de la persistencia de una libertad que el Estado se niega a reconocer.
Clark proporciona una pista interesante al comparar la encuesta con una votación abierta publicada en el sitio web del Daily Express. En aquella consulta, el 79 % se oponía a «traer de vuelta el tabaco a los pubs». Señala correctamente que esta formulación no equivale a permitir una sala separada. Sin embargo, la comparación no permite calcular el efecto de las palabras: además de formular preguntas diferentes, ambas consultas emplearon métodos de selección distintos. La votación del Express era abierta y autoseleccionada; la encuesta de Yonder se realizó con un conjunto de participantes previamente reclutados. Aun así, el contraste revela el verdadero objeto de la disputa. «Traer de vuelta el tabaco» evoca el recuerdo de un salón invadido por el humo. «Ofrecer una sala bien ventilada» presenta una solución limitada. La investigación mide la respuesta ante esta segunda descripción y, al hacerlo, participa en la lucha por definir qué es exactamente lo que se propone.
Entre la externalidad y la elección; la aceleración y la causa
Esta lucha suele organizarse en torno a dos vocabularios. En el primero, la prohibición de 2007 aparece como una medida de protección a los trabajadores, reducción de la exposición pasiva y consolidación de entornos más saludables. En el segundo, representa el nanny state, la autonomía asfixiada y el ciudadano adulto reducido a la condición de menor de edad. La diferencia no es meramente retórica: el primero se apoya en un beneficio sanitario demostrable; el segundo recoge experiencias también reales de expulsión, incomodidad y estigmatización.
Sin embargo, el fumador aparece de forma parcial en ambos discursos: unas veces como fuente de una externalidad y otras como consumidor abstractamente soberano. Con menor frecuencia aparece como sujeto situado en una relación social más compleja: alguien para quien fumar puede reunir placer, dependencia, rutina, pertenencia y alivio, sin que ninguna de estas dimensiones anule las demás.
El resultado entre los jóvenes vuelve menos previsible la disputa. De los 225 entrevistados de entre 18 y 24 años, el 39 % permitiría la sala, el 40 % no la permitiría y el 20 % no supo responder. No existe un rechazo masivo ni una mayoría favorable, sino una diferencia de apenas un punto porcentual en una submuestra pequeña. Se trata de la primera generación que ha llegado a la edad adulta sin haber conocido el humo como parte habitual del interior de un pub.
Sería razonable esperar que el ambiente sin humo se hubiera vuelto tan natural que cualquier excepción pareciese inconcebible. No fue así. La norma se convirtió en paisaje, pero no clausuró la imaginación política. Tal vez ahí se encuentre el dato más interesante: el sentido común producido después de 2007 no es una conciencia uniforme. Puede considerar natural un pub sin humo y, al mismo tiempo, admitir una excepción que preserve esa normalidad.
Las divisiones por clase social ofrecen otra pista, aunque no una demostración. Entre los participantes clasificados como AB, el 33 % apoyó la sala; entre los DE, el 39 %. No se trata, como podría suponerse, de una comparación entre fumadores pertenecientes a esas categorías. Tampoco sabemos si la diferencia de seis puntos se mantiene dentro de los márgenes de incertidumbre muestral. No permite identificar a los partidarios como trabajadores precarios ni convertir la categoría DE en sinónimo de clase obrera. Solo permite vislumbrar si esta solución encuentra más respaldo entre los grupos en los que el tabaquismo continúa siendo prevalente y en los que la desaparición de determinados pubs ha generado mayores costes sociales.
Existe un objeto material detrás de la pregunta. Según la serie utilizada por el Institute of Economic Affairs (IEA), un laboratorio de ideas británico partidario del libre mercado, el Reino Unido perdió alrededor de 21.000 pubs entre 1980 y 2013; aproximadamente la mitad de los cierres se produjo después de 2006.
La aceleración registrada en esa serie es evidente. La atribución causal no lo es. Un cálculo publicado en el blog del IEA comparó la tasa media anual anterior a 2007, del 0,65 %, con el 2,8 % observado a partir de ese año y sugirió que la prohibición podría explicar tres cuartas partes de los cierres «excedentes». No se trata de una estimación causal. Es un contrafactual construido mediante la prolongación lineal de la tendencia anterior, incapaz de separar los efectos de la prohibición de los de la recesión, el alcohol duty escalator, la caída de los ingresos, la estructura de deudas y contratos de las grandes empresas propietarias de pubs y el desplazamiento del consumo hacia el alcohol más barato de los supermercados.
El documento más prudente del propio IEA abandona esa precisión. En Closing Time, Christopher Snowdon atribuye unos seis mil cierres al conjunto formado por la fiscalidad, la regulación y la caída de los ingresos, y otros cuatro mil a transformaciones culturales a largo plazo. La prohibición y la escalada fiscal aparecen como factores especialmente culpables, pero ninguno recibe una cifra específica. Ni siquiera el laboratorio de ideas más dispuesto a destacar la responsabilidad de la prohibición consigue aislar su contribución.
La conclusión defendible es más modesta: probablemente la medida aceleró el declive de los establecimientos dependientes de clientes fumadores, sobre todo de los pubs centrados en la venta de bebidas y sin espacios exteriores. En qué medida contribuyó al total nacional sigue sin tener una respuesta convincente.
Quién perdió ingresos, quién ganó protección
Un estudio de Robert Pryce permite observar el mecanismo sin exagerarlo. Con datos de la Living Costs and Food Survey, el investigador calculó que, tras las prohibiciones británicas, los hogares clasificados como compradores de tabaco redujeron en unas 1,70 libras semanales —aproximadamente entre un 15 % y un 20 %— su gasto en alcohol consumido fuera de casa. Entre los demás hogares no se produjo ningún cambio estadísticamente significativo. El resultado agrupa diferentes establecimientos del sector hostelero y no permite distinguir los pubs de los restaurantes, identificar locales concretos ni medir los cierres.
El propio estudio reconoce, además, que los datos son transversales, no siguen a los mismos hogares a lo largo del tiempo y pueden contener errores de medición. Aun así, sus resultados respaldan la existencia de una caída de ingresos concentrada en el sector. Ese efecto afectó a un mercado que ya perdía clientes frente a los supermercados, soportaba deudas, pagaba más impuestos y se enfrentaría, un año después de la prohibición inglesa, a una recesión. La medida no creó esas fuerzas. Hizo que algunos establecimientos fueran más vulnerables a ellas.
En el ámbito sanitario, la dirección fue distinta. Un estudio con un diseño de regresión discontinua encontró pocos cambios inmediatos en los niveles de cotinina de los fumadores, pero una reducción significativa entre los no fumadores. El beneficio fue mayor entre las personas sometidas a una mayor privación socioeconómica y que partían de niveles elevados de exposición, lo que redujo parte de la desigualdad existente. El resultado tiene límites: el estudio examinó efectos a corto plazo, empleó una medida de privación basada en la zona de residencia y no evaluó todas las consecuencias sanitarias de la política. Aun así, su principal hallazgo se mantiene. La prohibición redujo la exposición de personas que no habían elegido fumar, y una parte importante de esa protección alcanzó a quienes antes estaban más expuestos.
Por tanto, la misma política desplazó beneficios y costes en direcciones diferentes a lo largo de la estructura social. Protegió a trabajadores y clientes no fumadores, redujo el gasto fuera del hogar de las familias compradoras de tabaco, afectó a los ingresos de establecimientos dependientes de esa clientela y alteró las condiciones en las que distintos tipos de pub podían sobrevivir. Los pequeños wet-led pubs —centrados principalmente en la venta de bebidas y, en muchos casos, vinculados a formas masculinas y obreras de sociabilidad— perdieron terreno frente a establecimientos más grandes, gastronómicos y capaces de invertir en espacios exteriores.
Sin embargo, esta transformación no puede atribuirse únicamente a la prohibición: el declive de esos pubs se remonta a la desindustrialización, a los cambios en los patrones de consumo y a la competencia de los supermercados, además de las presiones fiscales e inmobiliarias. Tampoco existe motivo para idealizar por completo el mundo desaparecido. Aquellos ambientes podían ser hostiles para las mujeres y para quienes no dominaran sus códigos. La pérdida de una infraestructura de convivencia y la apertura de espacios anteriormente excluyentes pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Es en esa fractura donde se instala el lenguaje de Forest. La organización no inventa el frío de la acera ni la desaparición del cliente habitual. Recoge esa experiencia y la traduce como una pérdida abstracta de libertad, separando al fumador de las condiciones que moldearon su práctica y de la industria que continúa obteniendo beneficios cada vez que enciende el siguiente cigarrillo. Es una traducción políticamente eficaz, pero depende de mantener el capital fuera del encuadre.
La salud pública produce otro recorte. Sus instrumentos miden con mucha mayor precisión la caída de la cotinina que la pérdida de sociabilidad, al trabajador protegido que al fumador estigmatizado, el desenlace clínico evitado que la desaparición del pub de barrio. No se trata de una omisión equivalente a la de Forest. La narrativa de la libertad puede estar materialmente alineada con los intereses de las empresas que financian la organización; la perspectiva sanitaria puede partir de un beneficio demostrado y de un deber legítimo de protección. Pero también puede confundir aquello que es capaz de medir con el balance completo de la política y relegar los costes no sanitarios a la categoría de ruido. La asimetría de intereses no elimina la necesidad de someter ambos campos a la misma pregunta distributiva: ¿quién recibió el beneficio, quién soportó el coste y quién permaneció sin voz?
Del residuo al riesgo; y después de la combustión
La diferencia entre el humo y el vapor no termina en el pulmón del usuario. El humo ambiental del cigarrillo contiene productos de la combustión que permanecen en el aire, se depositan en el polvo, los tejidos y las superficies, y continúan reaccionando después de que el cigarrillo se haya apagado. Es el denominado third-hand smoke o humo de tercera mano: una contaminación residual cuya química no se limita a la presencia de nicotina. El aerosol de los cigarrillos electrónicos también puede dejar nicotina sobre el cristal, el algodón, los muebles y otras superficies. Esto se ha demostrado tanto en laboratorios como en tiendas de vapeo. Pero detectar un residuo no equivale a medir una dosis absorbida, y medir una dosis no equivale a demostrar un daño. En la literatura examinada, gran parte de los valores más elevados se obtuvo en cámaras pequeñas, con aerosoles generados mecánicamente, o en establecimientos donde muchas personas vapeaban durante periodos prolongados.
Una revisión crítica publicada en 2026 por el físico Roberto A. Sussman, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyó que todavía no se ha demostrado, en condiciones habituales, un proceso de envejecimiento químico del aerosol del vapeo comparable al que produce la contaminación de tercera mano del cigarrillo.
La conclusión no es que el vapor sea únicamente agua, que no deje residuos o que deba permitirse en cualquier lugar. Es más limitada: la analogía directa con el humo traslada al vapeo a una categoría de riesgo antes de que se haya demostrado la equivalencia entre mecanismos, dosis y consecuencias.
La reducción de daños gana claridad cuando se rechaza la falsa elección entre devolver el humo a los pulmones de los trabajadores y tratar al fumador como un error administrativo. Esto significa conservar la protección colectiva conquistada en 2007 y, al mismo tiempo, separar progresivamente la nicotina de la combustión. Los cigarrillos electrónicos no son inocuos y sus efectos a largo plazo todavía no se han establecido por completo, pero, a corto y mediano plazo, exponen al usuario a una fracción de los riesgos asociados al cigarrillo combustible. Para el fumador adulto, el acceso, la información correcta y los productos regulados pueden hacer posible la sustitución sin convertir una política sanitaria en una nueva liturgia de pureza.
Una política orientada a la reducción de daños debe preservar esta distinción: puede restringir el consumo allí donde exista una exposición involuntaria relevante, molestias o riesgos laborales, sin fingir que la nicotina detectable y la combustión constituyen el mismo problema.
El Reino Unido ya ha recorrido parte de ese camino. En 2024, la prevalencia del tabaquismo cayó hasta el nivel más bajo de la serie iniciada en 2011 por la Annual Population Survey. En la Opinions and Lifestyle Survey, que abarca Gran Bretaña y utiliza sus propias definiciones, el número estimado de usuarios diarios u ocasionales de cigarrillos electrónicos superó por primera vez al de fumadores: aproximadamente 5,4 millones frente a 4,9 millones. Las dos encuestas oficiales no deben compararse directamente, porque cubren poblaciones y territorios diferentes; el adelantamiento se observó dentro de la segunda serie.
Al mismo tiempo, la política británica intenta preservar el acceso al vapeo para los adultos que desean dejar el cigarrillo, contener su uso entre los jóvenes y ampliar la capacidad del Estado para restringir productos y espacios. La disputa decisiva ya no cabe por completo en la sala imaginada por Forest. Se ha desplazado desde el permiso para quemar tabaco en un recinto hacia las condiciones en las que quienes fuman pueden abandonar la combustión sin ser abandonados junto con ella.
Nada de esto exige celebrar el cigarrillo o la nicotina, ni negar la capacidad de decisión de quienes fuman. El placer, la dependencia y el condicionamiento social pueden coexistir en una misma práctica. Ninguna de estas dimensiones desaparece por decreto; ninguna hace imposible el cambio. La ausencia de juicio comienza precisamente ahí: tomar en serio lo que el fumador dice sobre su experiencia sin confundir su voz con la narrativa de la industria y sin asumir que protegerlo exige hablar en su nombre.
La sala bien ventilada permanece como emblema de esta disputa. Durante diecinueve años se discutió si debía abrirse una puerta dentro del pub. En la práctica, la puerta que se abrió fue la que daba a la calle: el fumador la cruzó, el salón quedó libre de humo y determinados pubs perdieron parte de su clientela. La protección debe mantenerse. Lo que falta no es devolver la combustión al interior, sino hacer que la próxima salida a la acera deje de parecer la única solución que la política es capaz de ofrecer.
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Fuentes
Simon Clark, «Pub smoking ban still divides the nation«, Taking Liberties, 3 de agosto de 2026. Los resultados y los tamaños de las submuestras se reprodujeron de acuerdo con la información difundida por la organización que encargó la encuesta. No se localizó una ficha técnica pública completa de Yonder que permitiera evaluar el reclutamiento, la ponderación, el margen de error y el periodo de trabajo de campo.
Forest, «About Forest«, «How Forest works» y «Frequently asked questions«. La propia organización declara que es un grupo de presión política y mediática, no una asociación de miembros, y que la mayor parte de su financiación procede de empresas tabacaleras con sede en el Reino Unido.
Office for National Statistics, «Adult smoking habits in the UK: 2024«, 4 de noviembre de 2025. En 2024, la prevalencia del tabaquismo era del 18,8 % entre las personas con ocupaciones clasificadas como rutinarias y manuales, frente al 6,5 % entre quienes desempeñaban ocupaciones directivas y profesionales. Estas categorías no se corresponden directamente con las clasificaciones AB y DE utilizadas en la encuesta.
David Atherton, «Is the smoking ban to blame for the high rate of pub closures?«, Institute of Economic Affairs, 7 de septiembre de 2010; Christopher Snowdon, Closing Time: Who’s Killing the British Pub?, Institute of Economic Affairs, 2014. Para una formulación más amplia de la tesis contraria a la prohibición, véase también Rob Lyons, Road to Ruin? The Impact of the Smoking Ban on Pubs and Personal Choice, Forest, 2017.
Robert Pryce, «The effect of the United Kingdom smoking ban on alcohol spending: Evidence from the Living Costs and Food Survey«, Health Policy, vol. 123, n.º 10, 2019, pp. 936-940.
Matthew Robson, Joseph Lord y Tim Doran, «Estimating the equity impacts of the smoking ban in England on cotinine levels: a regression discontinuity design«, BMJ Open, vol. 11, 2021, e049547. El estudio analizó a 766 fumadores y 2.952 no fumadores que participaron en la Health Survey for England de 2007.
University of Sheffield/Morning Advertiser, «Pub closures greatest in socially deprived areas«, 2017; Institute of Alcohol Studies, «Is the Great British Pub on the verge of extinction? The truth behind the headlines«, 2026. En conjunto, estas fuentes respaldan una explicación multicausal y una distribución desigual de los cierres, no una fracción causal concreta atribuible a la prohibición.
Roberto A. Sussman, «On the Detection and Scope of «Third-Hand Vaping»: A Critical Review of the Literature», International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 23, n.º 7, 2026, artículo 940.
Office for Health Improvement and Disparities, «Nicotine vaping in England: 2022 evidence update — main findings«, 2022. La revisión concluye que, a corto y mediano plazo, el vapeo representa una pequeña fracción de los riesgos del cigarrillo, pero no está exento de riesgo y todavía faltan pruebas sobre sus efectos a largo plazo.
Office for National Statistics, «Adult smoking habits in the UK: 2024«. La OMS advierte que las cifras de la Annual Population Survey para el Reino Unido no deben compararse directamente con las de la Opinions and Lifestyle Survey para Gran Bretaña. El adelantamiento del número de fumadores por el de usuarios de cigarrillos electrónicos se produjo dentro de la segunda encuesta.
Reino Unido, Tobacco and Vapes Act 2026; Department of Health and Social Care, «Tobacco and Vapes Bill becomes law«, 29 de abril de 2026. La legislación combina restricciones a la promoción y venta de productos de nicotina con el compromiso declarado de preservar el acceso al vapeo para los fumadores adultos que desean abandonar el cigarrillo.
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